El dilema de la magistrada Gloria Porras: frenar el Golpe o entregárselo a su cuestionable suplente

Recapitulemos para ver la magnitud de lo que está pasando.

1. Por qué tenemos esta crisis

Tenemos una Corte de Constitucionalidad con una mayoría de jueces que llevan tres años siendo independientes del Gobierno, del Congreso, de la Corte Suprema y de los poderes privados. Esta mayoría de jueces ha frenado abusos de los poderes públicos y privados, como cuando los diputados quisieron legalizar que salieran de la cárcel los condenados por 400 delitos –como corrupción, violaciones o extorsiones–. O cuando el Cacif quería que una minera funcionara sin haber hecho una consulta comunitaria como manda la ley. O cuando el presidente Jimmy Morales ha intentado expulsar a la CICIG desde 2017 para evitar que lo investigue por financiamiento electoral ilícito.

Entonces tenemos un Gobierno que quiere destituir a estos tres jueces. Tenemos una mayoría de la Corte Suprema de Justicia que lo apoya y un Congreso que tiene a muchos diputados con ganas de venganza.

Los expertos lo consideran un golpe de Estado porque rompe con el orden constitucional. Como explica el sociólogo Bernardo Arévalo en esta entrevista en audio, los golpes de Estado contemporáneos ya no son con tanques y militares, sino que se dan con la eliminación del contrapeso de los jueces. Así ocurrió en Honduras, Nicaragua, Venezuela, Hungría o Turquía.

Una pancarta contra Dina Ochoa en una de las manifestaciones recientes. Aquí, el caso sobre su hija.

Se rompe con el orden constitucional porque es ilegal que organismos inferiores (la Corte Suprema, el Congreso y el Gobierno) destituyan a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (el tribunal máximo) por una resolución. Ya hay jurisprudencia porque otras Cortes han fallado en más de tres ocasiones que no se puede perseguir a los jueces por sus fallos, a menos que haya enriquecimiento ilícito o algún delito.

(Aquí, la lista de los 11 magistrados de la CSJ que dieron luz verde al Golpe)

2. ¿Qué es lo que reclama la demanda contra los magistrados de la CC?

Aunque ya por ser ilegal no deberíamos dedicar tiempo al fondo del asunto, quisiera hacerlo como internacionalista para argumentar por qué es una aberración tanto jurídica como políticamente.

El origen de este caso es una demanda que hicieron unos exconstituyentes (Asociación Dignatarios) que ahora son empleados del Congreso dirigido por Álvaro Arzú Escobar, Felipe Alejos, Juan Ramón Lau, Estuardo Galdámez y otras mentes brillantes. Demandaron a los tres magistrados de la Corte –Gloria Porras, Bonerge Mejía y Francisco de Mata Vela– por haber impedido que el Gobierno de Jimmy Morales expulsara al embajador de Suecia, Anders Kompass, sin ninguna razón, en 2018.

Recordemos que el Presidente dirige la política exterior, como debe dirigir el gobierno del país, pero no lo puede hacer fuera de la legalidad. Si Jimmy Morales decidiera invadir Belice porque cree que es ‘nuestro’, la Corte de Constitucionalidad bien puede detenerlo y ordenarle al Ministerio de Defensa que no lo haga. Si decidiera romper relaciones con Estados Unidos porque algún día lo incluyen en la ley Magnitsky, también la Corte podría detenerlo. Cuando el expresidente Álvaro Colom cerró la frontera con Honduras en represalia por el Golpe de Estado de 2009 en ese país, la Corte lo detuvo porque solo el Congreso puede aprobarlo. Y aunque algunos no estuviéramos de acuerdo, era un fallo que había que respetar.

Jimmy Morales intentó expulsar al embajador sueco como represalia porque Suecia donó US$9 millones a la CICIG; la CICIG es una comisión que Guatemala inventó y para la que durante 10 años pidió apoyo financiero a la comunidad internacional. ¿Por qué un presidente que busca protegerse de una persecución penal va a tener la potestad de romper relaciones diplomáticas con Suecia por apoyar a la CICIG? ¿Por qué nos iba a aislar de Suecia, un país que ha apoyado tanto a Guatemala desde la negociación para la firma de la paz? No tiene ningún sentido. Y la Corte encontró que lo había hecho sin seguir con los procedimientos que mandan las relaciones internacionales. Entonces lo detuvieron en una votación 3-2.

Recordemos que Guatemala es un país pequeño en el mundo, que intentamos salir de la pobreza y la desigualdad después de un siglo XX sangriento, con un Estado asesino, y no estamos para andar despreciando amistades. Veamos. En Asia le interesamos a Taiwán, en los países mediterráneos orientales a Israel. A Colombia, México y Centroamérica, y otros diez países en América Latina saben que existimos. Algún poquito a Estados Unidos, a Canadá. Y en Europa le importamos a siete países, liderados en realidad por Holanda, España y Suecia. Tenemos relación estrecha, digamos, con 30 países. De 194. Y vamos a permitir que un presidente rompa relación con Suecia, uno de los 10 más importantes. No solo envió a Estocolmo de embajador a un familiar de su vice Jafeth Cabrera sino que quería forzar el rompimiento de relaciones. No tiene sentido. Menos cuando Suecia nos tiene tan alta estima que tiene como embajador a Anders Kompass, quien probalmente sea el diplomático extranjero que mejor comprende Guatemala y que tiene una historia de vida incorruptible, como demostró denunciando a la ONU por su papel en República Centroafricana.

Lea también: Les cambiamos a 40 diputados ladrones por 1 diplomático sueco.

3. ¿Deben los tres magistrados de la Corte inhibirse de conocer este caso por ser juez y parte?

El Congreso podría haber ya enterrado este absurdo jurídico y rechazado conocer el antejuicio contra los tres magistrados de la Corte y someterlo a una comisión pesquisidora y a una votación en el pleno. La UNE decidió alargar el trámite, porque sin ellos no hubieran alcanzado los 105 votos para recibirlo. Como sin ellos tampoco alcanzarán los 105 votos que necesitan para destituir a los tres magistrados. No sabemos cuándo lo decidirán ni si en realidad la UNE frenará el Golpe desde el Congreso. Pero hay una alternativa.

El Procurador de los Derechos Humanos ya interpuso un amparo para que la Corte de Constitucionalidad frene este Golpe de Estado técnico, en cámara lenta.

Pero los tres magistrados, que son decentes, están en una encrucijada porque no saben si deberían conocer un amparo sobre un caso en el que ellos son los acusados, o si deberían abstenerse. Es un caso de dilema ético entre conocer el caso y ‘ser juez y parte’, o inhibirse y permitir la consumación del Golpe de Estado.

Aquí me gustaría hacer un paréntesis. Hemos llegado hasta este momento por la obstinación de Jimmy Morales de frenar una investigación de la CICIG en su contra, al extremo de desacatar órdenes judiciales por primera vez desde el Golpe de Estado del entonces presidente Jorge Serrano en 1993.

Pero también hemos llegado a este momento por la timidez de los tres magistrados independientes de la Corte de Constitucionalidad, que no han frenado al Gobierno destituyendo a sus ministros en flagrante desacato ni pidiendo al MP que inicie un antejuicio contra el presidente Jimmy Morales.

Como dijeron en una reciente investigación periodística los consultores estadounidenses que crearon la campaña de odio contra el empresario húngaro George Soros: “Soros es el enemigo ideal. Porque al enemigo ideal se le puede pegar y pegar y nunca reacciona”. La Corte de Constitucionalidad –los magistrados Mejía, de Mata Vela y Porras– dejaron que el Gobierno de Jimmy Morales avanzara en su desacato hasta sacar del país a la CICIG y promover este Golpe de Estado contra la Corte. Los magistrados tienen la potestad y la obligación de hacer cumplir sus sentencias. No entiendo por qué no se han atrevido a hacerlo. No tengan miedo. No están solos.

¿Los tres magistrados deberían inhibirse de conocer esta acusación espuria en su contra?

Pues a cinco abogados prestigiosos les parece que no. Eduardo Mayora (ex decano de Derecho de la UFM), Gabriel Aguilera (excanciller del FRG), Rodolfo Rohrmoser (exmagistrado de la CC), Mauro Chacón (exmagistrado de la CC) y Jorge Mario García Laguardia (exmagistrado de la CC) publicaron hoy un comunicado en el que alertan sobre el grave golpe a la institucionalidad, el peligro del rompimiento constitucional y la potestad de los tres magistrados de no inhibirse para defenderse y defender a la Constitución.

En sus palabras:

“De continuar el Congreso con un atropello en contra de la independencia de la Corte de Constitucionalidad, se fuerza a sus miembros (los magistrados), para cumplir con el deber de defender el orden constitucional, facultados por el artículo 170 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, a tomar las medidas necesarias”.

El artículo 170 de la ley de Amparo dice que a los magistrados de la CC es a los únicos a los que la ley no obliga a inhibirse de casos.

De momento, el pulso en la Corte es porque Dina Ochoa, la magistrada presidenta hasta abril y acólita de Jimmy Morales, está exhortando a los tres magistrados independientes para que se inhiban. Y ellos se están resistiendo. No han acudido al pleno, pero no se han inhibido.

Dina Ochoa, magistrada presidenta de la Corte hasta abril de 2019.

Si llegaran a considerarlo por la presión del Gobierno y el Cacif, pues los magistrados Bonerge Mejía (electo por el Colegio de Abogados) y Francisco de Mata Vela (electo por la USAC) tienen a magistrados suplentes que son independientes y decentes. María Cristina Fernández (Colegio de Abogados) y José Mynor Par (USAC).

Pero la magistrada Gloria Porras está en una situación más complicada porque no puede inhibirse y ceder su silla. No puede porque su suplente es María de los Ángeles Araujo, quien es esposa y comparte bufete con el abogado William Méndez, quien guarda prisión por un caso de obstrucción de justicia, acusado por el MP y la CICIG.

Gloria Porras y María Araujo de Méndez son como el día y la noche.

Gloria Porras empezó su carrera pública en el MP y llegó al segundo puesto de mando entre 2008 y 2010; fue quien inició las capturas de capos del narcotráfico desde el MP, y empoderó a muchas fiscalías contra el crimen organizado. Cuando fue nombrada en 2011 para su primer período en la Corte de Constitucionalidad, tuvo un papel destacado. Fue uno de los votos disidentes contra la mayoría de la CC liderada por el actual vicepresidenciable de Zury Ríos, Roberto Molina Barreto.

Entrevista con Gloria Porras en 2015: "La CC no es una corte celestial". 

Gloria Porras votó en contra de la sentencia que anuló el juicio por genocidio, en contra de la sentencia que mantuvo la elección oscura de magistrados de la CSJ, y en contra de las sentencias que protegían a Pérez Molina en 2015. Fue la artífice de que después pudiera mantenerse las órdenes de captura contra Pérez Molina.

Y adivinen quién era suplente en la Corte de 2015 y cuando le tocó votar defendió a Pérez Molina: la magistrada María Araujo de Méndez. Y adivinen quién protegió al militar retirado Edgar ‘Puñalito’ Ovalle de las acusaciones de masacres cuando pudo: María Araujo de Méndez.

El esposo de María Araujo no es un abogado anti-impunidad precisamente. William Méndez fue quien dirigió, según la asistente de Alejandro Sinibaldi, la estrategia de defensa del exministro del PP. Una estrategia basada en el boicot a la justicia.

William Méndez, además, retrasaba de forma maliciosa casos de justicia transicional, como cuando defendió a militares en el juicio por la masacre de Dos Erres, llevada al cine por Steven Spielberg en Finding Oscar. Defendió también a Mario Brol, condenado por defraudación fiscal.

Y pues el MP y la CICIG lo acusaron, está preso y en juicio por obstaculización de la justicia.

¿Cómo podría confiársele a su esposa y socia juzgar a sus tres colegas en venganza? ¿Cómo podríamos confiar al criterio de Dina Ochoa el momento en el que se conoce este caso espurio para consumar el Golpe de Estado?

Suscribo el comunicado de los cinco abogados prestigiosos: los tres magistrados, Gloria Porras, Bonerge Mejía y Francisco de Mata Vela, no pueden inhibirse de conocer este caso espurio y tienen que defender el orden constitucional. Y el magistrado Neftalí Aladana debería respaldarlos, como en sus últimas resoluciones.

Pero si los magistrados Mejía y de Mata Vela sucumben ante las presiones de Dina Ochoa y las intimidaciones de Jimmy Morales o de sus aliados del Cacif, la magistrada Gloria Porras no puede ceder su silla para que esté en las manos de María Araujo de Méndez el futuro del orden constitucional que nos ha costado tantas vidas alcanzar y mantener.

Lea: El final de la gran hipocresía del Cacif con el apoyo al Golpe (editorial)

Gloria Porras, magistrada de la Corte de Constitucionalidad.

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Si usted, estimado lector o lectora, llegó hasta esta parte del texto y se pregunta por qué es tan importante para nosotros los ciudadanos que se defienda el orden constitucional, quisiera recordar dos puntos.

El primero es el caso del hijo del diputado Juan Ramón Lau, del partido Todos de Felipe Alejos y de la Junta Directiva del Congreso aliada del presidente Jimmy Morales. Fue detenido por la PNC con un arma que había sido reportada robada por el Ministerio de Gobernación. Estaba además usando un carro del Congreso de la República, que es ilegal. Pero a pesar de haber sido detenido in fraganti, su papá es uno de los diputados con más poder en las Cortes y logró que el juez Edgar Campos lo dejara en libertad. Y el ministro de Jimmy, Enrique Degenhart –el mismo que desacata a la CC desde septiembre y ha destruido la dirigencia de la PNC–, no solo obligó a la PNC a cambiar la versión de los hechos, sino que ordenó investigar al policía que había capturado al hijo del diputado. Es una perfecta metáfora del reino de la impunidad que quieren construir.

Y el segundo es un punto sencillo. ¿Por qué el Pacto de Corruptos le lleva tanta hambre de venganza a la Corte de Constitucionalidad justo ahora? Porque en este año electoral esa Corte es el último árbitro de nuestra República. Y la mayoría de sus magistrados son quienes tendrán la última palabra para decidir quiénes tienen derecho a participar como candidatos, o si las elecciones y los resultados tienen validez para nuestra democracia.

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Actualización, 24 horas después.

Todos los magistrados titulares -con excepción de Neftalí Aldana, que no tiene suplente- se inhibieron de conocer el caso planteado por la PDH. Se inhibió también la magistrada suplente María Araujo, por el conflicto de interés del caso de su esposo. Asumieron los tres suplentes -María Cristina Fernández, Mynor Par y Henry Comte-, Neftalí Aldana y hubo un sorteo obligatorio en el que resultó seleccionado Francisco de Mata Vela. Ellos cinco decidieron, por unanimidad, dar la razón a la PDH, y enterrar el proceso de antejuicio en contra de De Mata Vela, Gloria Porras y Bonerje Mejía.