Fiscal del MP: “El ejército nos niega información para enjuiciar a guerrilleros”

El conflicto armado interno se terminó el 29 de diciembre de 1996, con la firma de los Acuerdos de Paz Firme y Duradera entre el ejército y la guerrilla. Para que eso pasara, 11 días antes el Congreso aprobó la Ley de Reconciliación Nacional y así se le daba garantía a las dos partes de que no se les perseguiría por los delitos cometidos durante el enfrentamiento de 36 años y que dejó 42 mil 275 víctimas.

Esa amnistía excluyó a quienes cometieron delitos de lesa humanidad, como genocidio, tortura o  desaparición forzada. Y es por eso que entre 1999 y el 2018 en los tribunales se conocieron 13 casos de violaciones a derechos humanos cometidos en el conflicto armado interno que llevaron a 40 militares y a un exguerrillero a prisión.

Ahora, el objetivo de un grupo de diputados, encabezados por el congresista Fernando Linares Beltranena es ampliar el perdón para todos los involucrados. Incluso para quienes cometieron los delitos más graves. Eso dejaría a todos los condenados en libertad y dejaría impunes miles de casos más que están en investigación.

Hilda Pineda, fiscal de Derechos Humanos del Ministerio Público, explica cómo la reforma a la Ley Nacional de Reconciliación afectaría los procesos contra criminales de guerra, principalmente militares:

—¿Qué opina de dar una amnistía a quienes cometieron crímenes en el conflicto armado?
—Estamos preocupados. Sabemos que es improcedente una reforma a la Ley de Reconciliación Nacional porque existen tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos, que establecen que no es aplicable la amnistía en este tipo de procesos. También hay sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ordenan que el Estado de Guatemala continúe con estas investigaciones. Una amnistía sería un obstáculo a la persecución penal. Y el Estado está obligado a remover todos esos obstáculos que impiden que las víctimas tengan acceso a la justicia. Existe un total desconocimiento de los señores diputados en ese sentido. O una renuencia para acatar los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para cumplir con estas obligaciones del Estado.

—¿Cree que llevar a los criminales a juicio es un acto injusto?
—Tenemos 41 personas condenadas que guardan prisión, pero antes han enfrentado un proceso penal con todas las garantías de la ley. Todos han ejercido su derecho de defensa, y al final, con pruebas suficientes, la Fiscalía ha logrado sentencias condenatorias. Se ha respetado todo el debido proceso. No ha habido ni una sola violación a ningún derecho, como a veces se quiere hacer pensar.

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—¿Cómo responderán frente a la reforma a la Ley de Reconciliación?
—Pensamos hacer algunos planteamientos desde la Fiscalía, con el apoyo del equipo especial que conoce estos procesos, para presentar un recurso de inconstitucionalidad. Vamos a dar la batalla legal. Creemos y estamos convencidos de que hemos hecho el trabajo de conformidad con la Ley.

—Esta amnistía dejaría libres a todos los ya condenados por crímenes del conflicto armado. ¿Cuántos son?
—Tenemos alrededor de 16 casos que conoce la Unidad de Casos Especiales del Conflicto Armado Interno.

(Esto equivale a 13 casos con condena, por los que hay 41 personas guardando prisión).

—¿Por qué la Fiscalía tiene más condenas de militares y solo hay un guerrillero condenado?
—Es un hecho notorio que las graves violaciones a los derechos humanos fueron cometidas, en mayor medida, por el ejército. Es una cuestión que planteó la Comisión de Esclarecimiento Histórico. En menor cantidad tienen responsabilidad las fuerzas guerrilleras o no estatales. Eso nos da un panorama de por qué hay más casos de personas vinculadas a las fuerzas de seguridad del Estado. Y eso se refleja en las denuncias que recibimos en la Fiscalía.

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—Puntualmente, ¿cuál es la diferencia entre casos del ejército y de la guerrilla?
—La Unidad de Casos Especiales del Conflicto Armado Interno de la Fiscalía de Derechos Humanos tiene 4 mil casos a fuerzas de seguridad del Estado -principalmente del ejército- y 87 casos de la guerrilla.

Aparte, tenemos 10 mil denuncias de violaciones a los derechos humanos cometidas en 4 departamentos -Quiché, Huehuetenango, Alta Verapaz y Baja Verapaz-, que estamos tratando de sistematizar para poder un tratamiento especial.

—Pero, ¿por qué avanzan más los casos contra militares?
—Una diferencia es que el ejército tenía registros de los operativos militares durante el conflicto armado interno. Y esa información documentada ha sido clave para sustentar los procesos. Además, hay informes históricos y archivísticos que son útiles para establecer quienes han sido responsables en los casos. A pesar de eso, no ha sido fácil obtener la información. El Ministerio de la Defensa ha sido renuente a darla; no ha colaborado con la Fiscalía. Incluso hemos tenido que solicitar autorizaciones judiciales para tener los documentos. A veces, cuando se dan cambios de mando dentro del Ministerio de la Defensa, alguien facilita información.

—Y contra la guerrilla solo hay una condena. ¿Cómo se explica eso?
—En cuanto a los casos que involucran a la guerrilla no hay ningún archivo. Recordemos que eran fuerzas no estatales, totalmente clandestinas y sin registros de sus actividades. La investigación se nos hace más complicada. No tenemos un lugar específico en donde podamos buscar información documental.

En la estructura del ejército hubo fuerzas de inteligencia que estudiaron a los grupos guerrilleros. Ellos estudiaron a su enemigo, su contraparte. Sin embargo, el mismo ejército nos ha negado información de los grupos guerrilleros. Es una cuestión política por parte del Ministerio de la Defensa. Yo así lo considero. No quieren facilitar información para que estos casos no avancen y así poder tener el argumento de decir que “solo se nos está persiguiendo a nosotros y a ellos no”.

Pero el interés va mucho más allá. El interés es tener un argumento para pedir una amnistía total. Si de verdad quieren cumplir con la justicia, entonces el Ministerio de la Defensa nos debería facilitar todos sus archivos y sus procesos de información. Lo que requerimos es información de su enemigo, de cómo estaban las estructuras guerrilleras. Eso lo tienen ellos. Ellos pueden decir que no, pero sabemos que sí.

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—¿Es vital que el ejército abra sus archivos para perseguir a los excombatientes insurgentes que cometieron excesos contra civiles?
—Exacto. Pero como ellos no abren sus archivos, entonces no hay forma de obtener información. Y lo que hemos logrado es por otro tipo de investigación.

Tengo que decir que a veces sí nos han provisto de alguna otra información, pero es porque no saben hacia dónde vamos con la investigación. Aunque a veces nos dan la información tergiversada. Y por eso tenemos que corroborar.

—¿Qué pasaría si se reformase la Ley de Reconciliación y tuviera que excarcelar en 24 horas a criminales de guerra?
—Eso sería complicado. Yo esperaría que no llegáramos a ese punto, sería el peor escenario.

Esto representa un grave riesgo para los testigos y las víctimas que han participado en los procesos; también para los investigadores, fiscales y jueces. Primero habría que tomar acciones inmediatas de seguridad en favor de todas las personas involucradas.

En una situación así esperaríamos una inconstitucionalidad para dejar sin efecto la reforma. Pero a las personas que queden en libertad creo que ya no nos logramos capturar. No han tenido voluntad de someterse a los procesos y tratan de escapar de la justicia.

—¿Tiene un ejemplo concreto?
—Tenemos el caso del exdiputado Justino Ovalle Maldonado, que compareció en la audiencia en donde pidió que se le levantara la medida de arraigo, la jueza accedió a su petición y nosotros nos opusimos. Pero al final la jueza le dio el beneficio y él se fugó. No tiene ningún interés de enfrentar a la justicia. Y eso que está sindicado a graves violaciones a derechos humanos.

—¿Cómo enfrentarían las víctimas esta reforma a la Ley de Reconciliación?
—Para las víctimas es frustrante ver un panorama como este. Ellos han confiado en el Estado y le han dado a las instituciones del Estado la oportunidad para que se haga justicia a través de los tribunales. Y esto, a pesar de que en el pasado el Estado violentó sus propios derechos, acabó con sus proyectos de vida y desapareció a sus seres queridos.

Con esta Ley quedarían en un estado de indefensión total. Fueron víctimas de violencia estatal. Y ahora serían víctimas de la impunidad. Eso es gravísimo. Guatemala de reflexionar sobre este punto y el derecho de las personas a la justicia.

—¿Qué pasa con los militares que dicen que se han violado sus derechos?
—Tenemos que entender que ahora a nadie se las ha violado sus derechos. Los condenados son personas que tuvieron poder y actuaron de manera totalmente desproporcionada y que abusaron de ese poder que se les dio.

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El Congreso aprobó en primera lectura las reformas a la Ley de Reconciliación Nacional el 17 de enero de 2018 con el voto favorable de 83 diputados.