El espionaje a la jueza Aifán que la Corte Suprema de Justicia ha ignorado

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La Torre de Tribunales tiene 15 niveles y los últimos dos están diseñados para ser los más seguros. Allí están los juzgados de Mayor Riesgo, creados en 2009 para redoblar la seguridad de los jueces, fiscales, víctimas y testigos de los casos más graves. Hay videocámaras, detectores de metal en las puertas, agentes de seguridad y carceletas.

Las medidas de seguridad funcionan a menos de que el peligro venga desde adentro de los juzgados. El caso de la jueza de Mayor Riesgo, Erika Aifán, es una muestra.

Erika Aifán es la titular del Juzgado D de Mayor Riesgo, una instancia creada en el 2016 y que hasta la fecha tramita 45 casos, de los cuales el 38% están relacionados a delitos de corrupción. Entre ellos está el proceso conocido como Construcción y Corrupción, que involucra a empresarios que pagaron sobornos al exministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi, para agilizar pagos en esa institución.

También conoció el caso contra cinco grandes empresarios que admitieron haber entregado dinero para la campaña de Jimmy Morales y ocultarlo al Tribunal Supremo Electoral.

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La jueza Aifán conoce además el Caso Caja de Pandora, una investigación contra una estructura criminal que desde la cárcel incidía en el nombramiento de funcionarios del Sistema Penitenciario, cobraba por el traslado de reos de una prisión a otra y que presuntamente recibía financiamiento de la Municipalidad de Guatemala.

El pasado 4 de octubre Aifán llamó al Ministerio Público para denunciar un posible delito cometido en su propio juzgado, una oficina hacinada entre pilas de expedientes y escritorios, ubicada en el nivel 14 de la Torre de Tribunales.

Una de las oficiales había perdido una parte de otro de los expediente más delicados en ese juzgado: el Caso Fénix, proceso que vincula al empresario Gustavo Alejos con una red para lavar dinero sustraído del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS).

Tres teléfonos, siete grabaciones y dos trabajadores cuestionados

El trabajo del equipo en los juzgados es clave para los procesos. En el caso de la jueza Aifán, la semana pasada fueron suspendidas siete audiencias porque cinco de sus trabajadores no se presentaron a trabajar —dos de ellos denunciados por ella— y esta semana Recursos Humanos del Organismo Judicial trasladó de juzgado a dos de ellos, el notificador Pedro Luis Hernández Debroy y Tatiana Guzmán Figueroa.

Aifán había presentado denuncias contra un miembro de su equipo de seguridad por grabarla mientras estaba en su casa; para ese momento ya tenía sospechas de la oficial de su juzgado, Tatiana Guzmán y del notificador Pedro Luis Hernández Debroy.

La tensión en el juzgado escaló el pasado 4 de octubre cuando la jueza pidió a una agente de seguridad el Organismo Judicial que inspeccionara el teléfono celular de Tatiana Guzmán, en donde se encontraron siete grabaciones realizadas en el mismo juzgado, una de ellas un audio de 152 minutos.

Ese día la agente de seguridad también revisó las pertenencias de la trabajadora y encontró documentos de casos y fotocopias de los Documentos de Identificación Personal de dos sindicadas en el Caso Fénix, citaciones, un oficio dirigido al Sindicato del Organismo Judicial y una hoja con datos de procesos y de la jueza Aifán.

La jueza pidió que fuera consignada ante un juez por indicios de cometer el delito de falsedad ideológica, ya que algunos de esos papeles fueron alterados. Aunado a eso, Tatiana Guzmán ya había sido denunciada de forma administrativa por la desaparición de la pieza de 200 folios del Caso Fénix.

Jueza Erika Aifán. Foto: Carlos Sebastián

Tatiana Guzmán fue detenida ese día y pasó la noche en la carceleta de la Torre de Tribunales. Allí, un juzgado de turno le declaró falta de mérito y la dejó en libertad. El juez Mario Martínez también resolvió que se investigara una supuesta detención ilegal de parte de Aifán.

El notificador Pedro Luis Hernández también fue denunciado por la jueza por compartir notificaciones de su juzgado vía whatsapp. Esta semana fue trasladado -al igual que Tatiana Guzmán- y ya no trabajará con Aifán.

Ambos habían presentado dos denuncias contra la jueza Aifán por supuestos malos tratos. La Junta de Disciplina Judicial la rechazó. Se intentó obtener una postura de ambos trabajadores a través de su abogado Edwin Camey pero no respondió los mensajes a su celular.

Una investigación de Impunity Watch revela que entre 2015 y 2018 a la Fiscalía de Delitos Administrativos del Ministerio Público ingresaron 33 denuncias contra los jueces de Mayor Riesgo. Aifán es la más denunciada, seguida por Pablo Xitumul y Miguel Ángel Gálvez.

Quienes han accionado es su contra son Gustavo Alejos, Igor Bitkov, José Rodrigo de la Peña, Eddy Giovanni Orellana y Livio Homero Morales Juárez.

Cargos que pocos jueces quieren aceptar

Son pocos los jueces que quieren optar a puestos en los tribunales de alto riesgo. En la convocatoria para elegir al titular del juzgado D, solo participó  Erika Aifán, quien fue nombrada. Ese mismo año el Consejo de la Carrera Judicial realizó otras tres convocatorias que fueron declaradas desiertas.

La organización Impunity Watch analizó las dinámicas de este tipo de juzgados y descubrió que hay pocos incentivos para ocupar esos puestos, pues los jueces ganan los mismos salarios que el resto de sus colegas y reciben más presiones, exposición, escrutinio público, campañas de desprestigio, criminalización y riesgos a su seguridad personal y a la de su familias.

El informe Jueces en Riesgo, de Impunity Watch, señala que para proteger a los funcionarios de justicia, el Estado debe actuar en dos vías: la primera, en una dimensión preventiva que implica que se tomen medidas para garantizar la seguridad y protegerlos de las amenazas. La segunda, en una dimensión reparadora, que requiere que cuando se concrete un atentado o violación a la independencia judicial, se investigue, identifique y sancione a las personas responsables.

Hay casos en los que la Corte incluso parece actuar de forma contradictoria. El 31 de agosto de 2018, Aifán reportó que dos vehículos la siguieron desde que salió de Tribunales hasta su residencia. La respuesta de la Corte fue intentar retirarle el vehículo blindado.

Se le consultó a Mario Siekavizza por las medidas que está tomando la Corte Suprema de Justicia y respondió que daría información hasta que Recursos Humanos termine los traslados. Se le indagó sobre las acciones de la Corte por las denuncias de espionaje, seguimiento y acoso contra la jueza y dijo que haría la consulta a la Dirección de Seguridad de esa institución. Hasta el momento no hay respuesta. También se buscó una postura de la Cámara Penal, sin éxito.

La pieza de 200 folios del Caso Fénix, el que vincula a Gustavo Alejos, todavía no ha aparecido.

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Aifán: La Corte Suprema de Justicia no ha tomado medidas

La jueza Aifán fue entrevistada por Nómada y dio detalles sobre lo que ocurre en su juzgado de del desamparo que siente por parte de la Corte Suprema de Justicia.

—¿Qué implica que usted haya sido sujeta de espionaje y sustracción de información en su juzgado, uno de mayor riesgo, no espacio que se supone que es especialmente seguro?
—Se crearon con ese objetivo. Sin embargo, no hemos visto respaldo de la Corte Suprema de Justicia para garantizar la seguridad. Ellos tienen información desde hace dos meses que la seguridad y la información en mi juzgado está en riesgo y hoy el riesgo se vuelve concreto con la pérdida de actuaciones, filtración de información y espionaje.

—¿Qué consecuencias podría tener?
—Vemos la posibilidad de la comisión del delito de obstrucción de justicia o de obstaculización de la acción penal por las personas que pudieran resultar involucradas en todos estos hechos. Yo lo empiezo a ver como una situación coordinada y como un ataque que surge a la independencia de mi judicatura desde lo interior de la propia institución y que tengo entendido que los oficiales podrían estar siendo respaldados y apoyados por algunos supervisores auxiliares de tribunales.

Jueza Erika Aifán. Foto: Carlos Sebastián

—¿Usted se sentiría cómoda si sigue trabajando en este juzgado y con el mismo equipo?
—No, yo ya he pedido la destitución de Pedro Luis Hernández y de Tatiana Gúzman. En lo personal, me parecen muy graves las acciones en que ellos han incurrido. Ellos han tratado de minimizar el impacto de haberme grabado diciendo que se limita a grabaciones de gritos de mi persona hacia ellos. Yo no puedo gritar 152 minutos seguidos a una persona. Esas grabaciones contienen seguramente información relevante de la tramitación de los procesos porque nosotros manejamos información muy sensible.

—¿Por qué es tan peligrosa la filtración o vulneración de la seguridad de los casos?
—Manejamos información de identidad de testigos, de identidad reservada. Manejamos información de testigos protegidos, de colaboradores eficaces, la información relacionada con autorizaciones de órdenes de aprehensión y allanamientos que, se ha tenido noticia, han sido vulneradas en los últimos procesos porque incluso días antes han salido tuits que hacen referencia a que al día siguiente habrá órdenes de aprehensión y de allanamientos. De hecho, el último operativo fue inefectivo, no se logró ni una sola de las aprehensiones en el caso Construcción y Corrupción.

Lo otro que quiero resaltar es el riesgo a la vida de las víctimas de los testigos protegidos con identidad reservada y quizás también la de los colaboradores eficaces. Que se genera cuando se filtra información de ellos.

Todo el tema de seguridad es información reservada, si tenemos conocimiento por solicitudes, traslados, movimientos de todas estas personas que están bajo seguridad solo se pueden hablar al interior del juzgado. Por esa razón es que nadie puede grabar dentro del juzgado nuestro quehacer.

—¿Cuál es el papel del resto de trabajadores del juzgado?
—La información que ellos tienen del proceso podría generar una obstaculización al desarrollo normal del proceso, dar ventajas procesales a las partes porque conocen con anticipación qué es lo que el juez está decidiendo, ya que los oficiales son los que redactan las resoluciones y son los que tienen la instrucción de lo que se debe hacer antes de que se redacte la resolución. Eso le da una ventaja a la otra parte para poder pensar en alguna forma de atacar esa resolución y de impedir que llegue a fraccionarse esa resolución.

—¿En qué posición se encuentra usted ahora y qué va a pasar mientras se resuelve administrativa o penalmente la situación de los trabajadores de este juzgado?
—Yo estoy preocupada, tanto por mi seguridad e integridad física porque ellos no están actuando de manera aislada. Este no es un hecho mínimo como se ha querido plantear por parte de ellos y la Supervisión (de Tribunales). Creo que hay cosas mucho más graves al fondo. Nosotros conocemos investigación de estructuras criminales que tienen mucho poder económico y político, armamento, posibilidades en redes transnacionales e internacionales, tienen una capacidad operativa increíble, entonces mi posición es bastante delicada, tanto en el ámbito de la seguridad física, la seguridad institucional y la seguridad informática.

—¿Qué acciones ha tomado la Corte Suprema de Justicia?
—Queda comprobado que la Corte no ha podido tomar las medidas para proteger la información que manejamos dentro de los juzgados, tampoco la seguridad institucional ha sido eficaz y ahorita esto me expone públicamente, expone a la secretaria del juzgado y, aunado a ello, ha obstaculizado el trabajo. Hemos tenido que suspender audiencias del Caso Fénix, Salud y Construcción y Corrupción. El trabajo no ha sido desarrollado normalmente.

A mí me queda seguir al frente de la judicatura, tratar de ir solventando los inconvenientes que se dan por la falta de personal y lo demás que ya he expuesto y, a parte de eso, tener que defenderme de ataques infundados y que al final vamos a demostrar que no están fundamentados y generan un desgaste a mí persona.

—Si la Corte Suprema no responde, ¿tiene alguna otra instancia para poder acudir para pedir medidas de seguridad?
—Voy a tener que comunicarme con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos si ellos (los magistrados de la Corte Suprema de Justicia) no responden porque institucionalmente se les ha pedido el apoyo, a ellos y al Ministerio de Gobernación. A Gobernación se le pidió que designara a un agente policía uniformado para garantizar la seguridad en todos sus aspectos. Eso se pidió hace más de ocho meses y no he tenido respuesta. Pedí que se incrementara la seguridad en las salas de audiencia por parte del Organismo Judicial y no se ha hecho. Se hizo un análisis de riesgo y se concluyó que la seguridad de mi juzgado estaba en riesgo y a más de dos meses no se tomó ninguna disposición de prevención, por lo menos para evitar llegar a este punto.

Institucionalmente no se ha cumplido con garantizar la seguridad en ninguno de los aspectos. Las denuncias que he presentado por seguimiento, por acosos, por vigilancias, a ninguna se le ha dado trámite, contrario a las denuncias en mi contra.