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Los ataques de los sectores que han sido afectados en la lucha contra la corrupción, centran su vista en el fiscal Juan Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), y quien ha trabajado en el Ministerio Público desde hace más de 15 años.
El fiscal ha sido denunciado en 19 ocasiones. En la Fiscalía de Asuntos Internos del Ministerio Público se tramitan denuncias por incluso por reunirse con su jefe, Iván Velásquez, en El Salvador, por participar en una caminata contra la corrupción el 14 de septiembre de 2017 y por judicializar la investigación en contra de Carlos Vielmann por ejecuciones extrajudiciales y tortura.
La última denuncia fue presentada por Sandra Torres, candidata a la presidencia del partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), que utilizó la ley contra el femicidio para que una jueza dictara medidas de protección a su favor, con las cuales le prohíbe a Sandoval y al fiscal Andrei Vladimir González Arteaga, que “la intimiden y la perturben”.
La acción de Torres obstaculiza el rumbo del caso en su contra que reveló en la UNE una cuenta paralela de Q20 millones, con financistas que no eran legales ni públicos.
Para defenderse, los fiscales contrataron, con sus propios recursos, los servicios de la abogada Vera Guzmán, quien la noche del domingo 7 de abril se presentó al juzgado para pedir ver el expediente y solicitar una audiencia para que los investigadores se opongan a esas medidas de seguridad, esta fue programada para el próximo 4 de mayo.
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Los detalles de la denuncia que planteó Torres
La abogada Guzmán se mostró sorprendida. La semana pasada recibieron la notificación de las medidas de protección a favor de Torres durante tres meses, pero al llegar al juzgado descubrió que la candidata presidencial presentó una denuncia penal, lo que hace más grave la forma en que utilizó la Ley contra el Femicidio.
—La solicitud de medidas es maliciosa, es una interpretación dolosa de una norma porque ella (Sandra Torres) sabe que no aplica. Para que exista el delito tiene que haber un vínculo con la víctima y una relación de poder.
La abogada Guzmán añade:
—Juan Francisco y Andrei no tienen ningún vínculo con ella, nunca en la vida habían coincidido más que ahora que solicitaron el antejuicio pero en el marco de sus funciones. Es una pésima interpretación de la normativa, pero no me atrevo a decir porqué la jueza admitió la querella y luego otorgarle las medidas.
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¿Qué postura tomará la Fiscalía ante una denuncia, que según la defensa de Sandoval, fue presentada de forma maliciosa? La última información que recibió la abogada Guzmán fue que el expediente sería remitido al Ministerio Público, aunque no supo específicamente a qué Fiscalía, porque en la denuncia que planteó Torres no especifica cuáles son los aparentes delitos.
—Ni ella sabe qué delitos se está inventando. La suposición de Torres es que el fiscal está conspirando para truncar su vida política. Acusa a Juan Francisco Sandoval de asociarse de forma ilícita con Thelma Aldana para perjudicarla y que Aldana gane las elecciones. ¿Eso depende de los fiscales? ¿No del voto? Esto es grave porque una denuncia implica un juicio y una sanción penal—, dijo Guzmán.
La fiscal Consuelo Porras, a través de un comunicado, dijo que que apoyaba a los fiscales, pero no especificó de qué forma. Mientras tanto la presión, la tensión y los ataques contra los fiscales aumenta.
El 25 de noviembre pasado, el fiscal Sandoval publicó un comunicado de prensa donde denunció que se había puesto en riesgo su vida, derivado de la publicación de dos audios con la conversación de dos fiscales y un reo víctima de tortura en el caso por ejecuciones extrajudiciales.
—Han utilizado mecanismos de intimidación desde la estructura gubernamental, socavando avances en materia de transparencia, intimidando a medios de comunicación, jueces y fiscales desde su perversa y millonaria maquinaria publicitaria. A tal punto que audios de dudosa procedencia, legitimidad y autenticidad han servido de instrumento para cuestionar mis actuaciones—, dijo el fiscal Sandoval.
La presión aumenta para los acusadores. Juan Francisco Sandoval, jefe de fiscalía que trabaja con CICIG, denunció intimidaciones a raíz de la publicación de audios donde dos fiscales hablan con un reo víctima de tortura en este caso. "Se ha puesto en riesgo mi vida", señala. 2/4 pic.twitter.com/H4B8fJFDrA
— Jody García (@JodyNomadaGt) November 25, 2018
La FECI contra el tiempo
La Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), es la unidad del Ministerio Público que trabaja junto a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), en la investigación, persecución y litigio de casos de común acuerdo entre los jefes de ambas instituciones. Está conformada por un equipo de 11 agentes fiscales.
Nació en el 2008, a través de la firma del Acuerdo 26-2008, donde se creó como una unidad especializada que concentra el trabajo de expertos nacionales e internacionales. Desde esa oficina del MP se han revelado 86 casos de corrupción gubernamental, de ejecuciones extrajudiciales, de manipulación del sistema de justicia, adopciones ilegales y financiamiento electoral ilícito, entre otros.
Tiene el tiempo contado, pues el acuerdo que es la base de su existencia, se respalda con el Convenio entre el Gobierno de Guatemala y las Naciones Unidas para la creación de la CICIG, el cual no fue renovado más allá del 3 de septiembre de 2019.
Se intentó conversar con Julio Cordón, Secretario de Política Criminal, qué haría la Fiscalía cuando el mandato de la CICIG venza, pero no atendió las llamadas a su celular. En una entrevista anterior, dijo a Nómada que no era un tema que la jefatura del MP estuviera tratando.
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Acción Ciudadana denunció a la jueza Salazar ante la Junta de Disciplina Judicial del Organismo Judicial por considerar que incurrió en el delito de prevaricato al tramitar las medidas cautelares en contra de los fiscales.
La Asociación de Jueces y Magistrados del Organismo Judicial, presidida por el juez Mynor Moto, defendió en un comunicado la decisión de la jueza Salazar y dijo que es el funcionario judicial el intérprete final de las leyes.
—No se justifica ningún acto de reproche y menoscabo realizados por cualquier persona a la investidura de las juezas, jueces, magistradas y magistrados que realizan su labor—, dice el comunicado.
Mynor Soto fue recusado en el 2017 por la CICIG, que lo señaló de no ser imparcial en el caso conocido como Bufete de la Impunidad, donde según el ente internacional, mostró una actitud complaciente a favor de los sindicados. También defendió el nombramiento de Roberto Mota Bonilla como Director de Seguridad del OJ, cuando jueces como Miguel Ángel Gálvez dijeron temer por su vida por la relación de esa persona con militares y el gobierno de Jimmy Morales.
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Pasos para minar la lucha contra la corrupción
Las denuncias contra los fiscales son el reflejo más evidente de las trabas para la lucha contra la corrupción.
Cuando el gobierno de Jimmy Morales destituyó a Francisco Rivas y puso al frente del Ministerio de Gobernación a Enrique Degenhart, la FECI recibió menos apoyo para operativizar las investigaciones.
En una entrevista, el fiscal Sandoval dijo que en Gobernación, su aliado por mandato legal en la lucha contra el crimen, les cerraron las puertas y explicó que las complicaciones para trabajar con ese ministerio iniciaron con el retiro de tres agentes de la Policía Nacional Civil que estaban asignados a la CICIG, y que mientras investigaban una empresa llegaron al condominio donde vive el ministro Degenhart.
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El siguiente acto fue el retiro de 20 agentes de la PNC asignados a la CICIG, la intimidación en la sede de la Comisión con vehículos artillados donados por Estados Unidos para la lucha contra el narcotráfico, la orden de dejar ingresar a Iván Velásquez y a once trabajadores de la CICIG al país, para finalizar con una conferencia de prensa en la que el presidente Jimmy Morales dijo que su gobierno daba 24 horas al ente internacional para retirarse del país.
La Unidad de Comunicación del MP informó que la Fiscal General Consuelo Porras se reunirá mañana, martes 9 de abril, con Juan Francisco Sandoval para abordar el tema de la denuncia que interpuso en su contra Sandra Torres.
CHARO /
COMO ALUMNOS DE LA EX-CICIG, ESTOS FISCALES SON EXPERTOS EN COMPRA DE TESTIGOS FALSOS Y SEMBRAR PRUEBAS .EL QUE LA HACE LA PAGA.
juan parola /
es difil leer con esos cintillos obligatorios, que no tienen ni como eliminarlos, mejor me voy a leer otra cosa
Miriam /
Apoyo a los fiscales de la FECI porque ellos hacían su trabajo.. Se siente frustración y cólera contra Sandra Torres y la jueza por utilizar mal y desvirtuar la ley contra femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, están retorciendo la ley a su conveniencia y de la forma más descarada. Espero que se le caiga la farsa a la Sandrita para que le quiten la inmunidad y que la jueza que le dio esa medida de protección sea sancionada.
Víctor López /
Si esos fiscales han sido acusados injustamente a través de esa ley, que nos espera a nosotros ... Gracias feministas , por dejarnos totalmente desarmados , falta que aprueben el matrimonio igualitaro, y nos terminan de enterrar .