Estas prácticas ponen en duda la transparencia en la postuladora a salas

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En la etapa en que los 37 comisionados deben calificar en una escala de 0 a 100 a los candidatos a magistrados —en el entendido que los que punteen menos de 65 quedan fuera– hay muchos intereses en juego.

Entre los integrantes de las comisiones de postulación hay voluntad de hacer un proceso transparente —o al menos eso quieren aparentar—, en la práctica hay una serie de decisiones y situaciones que demuestran lo contrario.

Esto fue lo que descubrimos:

1. Celulares lejos, asesores cerca

• Supuesta transparencia: Los comisionados tienen prohibido usar celular o cualquier dispositivo de comunicación en las reuniones más importantes, sobre todo en las que califican a los aspirantes a magistrados y definen quiénes pueden llegar a una magistratura. Antes, los grupos de poder —criminales, empresarios y políticos— solían enviar mensajes o llamarlos para decirles a cuáles candidatos favorecer y a cuáles perjudicar, y así elegir a los magistrados de su conveniencia. Por eso se determinó que los comisionados debían aislarse en los momentos estratégicos del proceso.

• Lo que sucede: Aunque no debería haber celulares, tabletas o relojes inteligentes sobre las mesas de los comisionados, ellos en la práctica nunca están aislados. En las reuniones de la comisión se puede observar cómo los comisionados se aproximan y conversan en voz baja con sus equipos técnicos, asistentes o guardaespaldas, quienes sí tienen acceso a celulares.

El comisionado y magistrado de CSJ, Ranulfo Rojas, habla con su equipo técnico durante la calificación de expedientes.

2. Un proceso con secretos

• Supuesta transparencia: La Ley de Comisiones de Postulación, que establece las normas para la preselección de magistrados, dice que todo el proceso debe ser público y transparente. La Comisión de Postulación de Cortes de Apelaciones, a cargo del rector de la Universidad de San Carlos, Murphy Paiz, permite que cualquier persona acuda a la Universidad Mesoamericana —donde se desarrolla el proceso— y observe las sesiones. Además, en su página web comparte información y documentos de los candidatos a magistrados; incluso, hay una pantalla instalada en la comisión donde se observa cómo se administra la información.

• Lo que sucede: Es imposible tener acceso total a toda la información de las comisiones de postulación. En algunos casos, los documentos se comparten tarde en el portal —varios días después de una sesión— y en otros casos nunca se comparten. Pero el problema mayor es que muchos actos son discrecionales y no se pueden fiscalizar. La Comisión de Postulación de Cortes de Apelaciones se dividió en doce grupos, de 3 integrantes cada uno —un magistrado, un decano de Derecho y representante del Colegio de Abogados—, para revisar y calificar los 878 expedientes de candidatos a magistrados. Los comisionados sentados en grupos revisan cada expediente, discuten y analizan el perfil de cada candidato. En ese momento no hay posibilidad de fiscalizar a cada grupo: aunque las 12 mesas trabajan frente a la vista de la prensa y la sociedad civil, es imposible escuchar sus discusiones y deliberaciones, y entender qué comisionado beneficia a qué candidato.

Guatemala Visible compartió la forma en la que se dividieron los grupos para calificar expedientes.

3. Dos sorteos que no garantizan transparencia

• Supuesta transparencia: Con la tarea de revisar y puntuar los expedientes la Comisión de Postulación determinó que debían dividirse el trabajo. Por sorteo se establecieron 12 grupos, de 3 integrantes cada uno, para hacer el trabajo en dos días —el 15 y el 16 de septiembre-—. Así, cada grupo se encargaría, en promedio, de 73 expedientes. Solo se quedó fuera el rector Murphy Paiz, quien dirige el proceso. ¿Cómo se dividieron los cientos expedientes de los candidatos? Los colocaron en cajas numeradas y, por sorteo, les asignaron las cajas a los grupos de comisionados. De esa forma, los comisionados no tendrían claridad de qué candidatos debían evaluar.

• Lo que sucede: Juan Salvador Soto, asesor legal de medio tiempo en la Municipalidad de Guatemala y abogado del alcalde Alvaro Arzú Irigoyen en el caso Caja de Pandora, quien está en la Comisión de Postulación como representante del Colegio de Abogados, propuso la mañana del 15 de septiembre que ese día, temprano, se hiciera el sorteo de las cajas con expedientes para asignar a cada grupo de comisionados y que por “eficiencia” no hubiera cambios. Eso significó que durante la tarde y noche del 15 de septiembre los comisionados ya sabían a qué candidatos les correspondería evaluar el 16 de septiembre. Eso abrió un lapso para negociaciones y presiones, en dos vías, entre comisionados y candidatos.

Los expedientes fueron colocados en cajas numeradas y por sorteo se asignaron a los grupos de comisionados, también conformados por sorteo.

Estas situaciones se suman a los vicios que ya han quedado en evidencia en el marco de las comisiones de postulación, como los conflictos de interés que acarrean comisionados involucrados de corrupción —como señalados o defensores— o los que aspiran a un puesto en la Corte Suprema de Justicia.

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