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Giammattei copia la fracasada fórmula de Baldetti y Jimmy en su propuesta anticorrupción

En sus primeras horas como presidente, Alejandro Giammattei lanzó una promesa: crear una comisión presidencial para combatir la corrupción, con el apoyo de otras entidades. Ese nuevo organismo cobrará vida los próximos días pero hay razones suficientes para anticipar que no tendrá dientes para luchar contra la corrupción.

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Giammattei y con los jefes de las instituciones que formarán parte de la comisión presidencial anticorrupción.

Fotos: Carlos Sebastián

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Faltaban 10 minutos para las 23 horas y Giammattei aún no había juramentado a su equipo de ministros y jefes de las secretarías clave del Organismo Ejecutivo. A esa hora, la noche del 14 de enero, se congregaban en el Palacio Nacional diplomáticos, representantes de Estado, algunos diputados de los partidos más conservadores, representantes de la Iglesia Católica, la fiscal Consuelo Porras como los invitados de honor para presenciar la primera disposición presidencial.

—Queremos cambiar al país, queremos apostar a que ese combate contra la corrupción sea esa luz que nos guíe al final del túnel en la resolución de nuestros problemas—, así comenzó a articular un discurso en el que Giammattei empezaba a concretar una de sus promesas de campaña: impulsar la lucha contra la corrupción.

Ubicado al frente de su gabinete, Giammattei anunció la creación de una comisión presidencial contra la corrupción que verá la luz a través de una acuerdo gubernativo. Ese nuevo órgano estará encabezado por la presidencia y conformado por el gabinete, el Ministerio Público de Consuelo Porras, la Procuraduría General de la Nación (PGN), Contraloría General de Cuentas (CGC), Superintendencia de Bancos (SIB) y la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).

¿Con qué intención?

—Que podamos hacer que las personas puedan ser procesadas y que enfrenten la justicia aquellos que pueden haber cometido algo contra el erario nacional—, vociferó, en un tono cada vez más elevado.

Uno a uno, se fueron acercando los ministros recién juramentados para firmar el primer acuerdo gubernativo de la gestión. También lo firmó Consuelo Porras, el contralor Edwin Salazar, el superintendente Abel Cruz, el procurador Jorge Luis Donado y Érick Vargas, el titular de la SIB. Mientras tanto, afuera un grupo de manifestantes gritaba su repudio contra la desastrosa gestión de Jimmy Morales, exigía justicia y combate a la corrupción.

Afuera, en el Hotel Las Américas, a 6k de distancia, Jimmy Morales recibía las muestras de desprecio que acumuló durante toda su gestión, precisamente, por haber detenido todos los avances de la justicia, haber expulsado a la Cicig y haber cooptado las instituciones más importantes para el combate a la impunidad. Y, además de eso, por utilizar las arcas públicas para satisfacer hasta el más caro de sus gustos.

 

Giammattei habla con los medios sobre la comisión y sus primeras decisiones como presidente. Foto: Carlos Sebastián

Giammattei habla con los medios sobre la comisión y sus primeras decisiones como presidente. Foto: Carlos Sebastián

Las primeras sospechas de la comisión

En medio del mal sabor que dejó Jimmy Morales, la promesa de Giammattei, de unir a las instituciones más importantes para combatir la corrupción podría dibujar un escenario alentador. Sin embargo, hay razones para anticipar que la comisión no dará los resultados que la ciudadanía está exigiendo.

Esa comisión presidencial, desde su naturaleza, no muestra independencia. En todo caso, debería haber una comisión independiente, de gente notable para poder tener una agenda de transparencia y evaluar la posible necesidad de un órgano internacional, como lo fue la Cicig. Esa sigue siendo una necesidad porque no estamos preparados para combatir la corrupción por nosotros mismos, opina Álvaro Montenegro, representante de la Alianza por las Reformas.

Cuando se refiere a “gente notable” lo hace porque existen suficientes elementos para sospechar de la voluntad política que los funcionarios miembros de la futura comisión puedan tener para enfrentar los actos de corruptos.

Montenegro recuerda que el MP de Consuelo Porras dejó que Jimmy Morales tuviera inmunidad y justificó que no tenía tiempo para dar la orden de captura.

—Aquí el componente para darle credibilidad es que estén personas reconocidas y ajenas al gobierno; y al menos en el caso del MP, es claro que tiene una agenda política—, agrega.

Sumado a eso, Consuelo Porras se ha ganado la fama de ser la fiscal vigilante y, lo que es más grave, de haber perjudicado deliberadamente el trabajo de fiscalías clave como la FECI. Los atrasos en las investigaciones que destapó la CICIG y las investigaciones de oficio que se han iniciado en su gestión muestran un panorama sospechoso y desalentador.

Eddie Cux, representante de Acción Ciudadana (AC), no deposita muchas esperanzas en esta disposición presidencial.

—Hay que tomar en cuenta quiénes son las personas que dirigen las instituciones. En el gobierno de Jimmy Morales se intentó conformar una alianza por la transparencia con estas instituciones pero también estaba la PDH y estábamos nosotros (AC) en representación de la sociedad civil. Tomemos en cuenta los antecedentes de los funcionarios, de la fiscal, también me preocupa el rol que pueda jugar la CGC tomando en cuenta los antecedentes de entrega de finiquitos—, explicó Cux.

Baldetti lo intentó y fracasó

Roxana Baldetti también tuvo una iniciativa similar en 2013. La llamó Comisión Presidencial de Transparencia y Gobierno Electrónico. Un organismo que representó erogaciones millonarias para el Ministerio de Finanzas y que, más adelante, perdió todo el sentido cuando se descubrió que su principal promotora también era la líder de una red de corrupción y defraudación tributaria.

La crítica más fuerte a la comisión de Baldetti era que lejos de parecer un sistema anticorrupción se asemejaba a un sistema de rendición de cuentas para la exvicepresidenta. Ella lo controlaba todo y todo trabajo de esa comisión contaba con su autorización. Acción Ciudadana la calificó como una entidad sin independencia, ni autonomía.

Edwin Salazar, el contralor electo por FCN y Todos, también ha sumado suficientes méritos para ser considerado un aliado de grupos que se resisten a ver avances reales en la justicia.

Tampoco despierta confianza el procurador general Luis Donado Vivar, acusado de haber defendido a Rubén Estuardo Rosales Sánchez, sindicado por lavado de dinero y relacionado a la familia Mendoza Matta, señalada de tener vínculos con el narcotráfico. Donado Vivar reconoció haber sido contraparte de Cicig en varias ocasiones.

Además, como abogado de la nación, respaldó a Jimmy Morales en sus esfuerzos para culminar el mandato de la Cicig y creó un andamiaje legal para sustentar la expulsión de Iván Velásquez.

Ni Porras, ni Donado Vivar, ni Salazar son precisamente lumbreras en el camino contra la corrupción. Por ello, la nueva comisión anunciada por Giammattei despierta pocas esperanzas y podría ser la primera estafa de su gobierno.

El experimento de Jimmy Morales

Al inicio de su gestión, cuando Jimmy Morales intentaba abanderar el discurso de la transparencia, anunció la implementación de una alianza entre la Vicepresidencia, PGN, MP, Contraloría, Acción Ciudadana y la PDH.

La alianza fracasó.

—El experimento caminó en cierta medida pero el problema fue cuando el Ejecutivo ya no le dio seguimiento. Todo lo contrario, declaró non grato al comisionado Iván Velásquez—, recuerda Cux.

En su discurso, Giammattei no mencionó la participación de la sociedad civil ni de la PDH en esta nueva comisión para castigar a aquellos que incurran en actos de corrupción. No tomar en cuenta la participación de la institución encargada de velar por la transparencia es otro indicio para dudar de esta iniciativa.

Desde ya el procurador Jordan Rodas advirtió que su mandato le ordena supervisar este tipo de esfuerzos.

—Estaré verificando los resultados, es mi mandato como procurador; y en el momento oportuno daré las recomendaciones correspondientes para que esta comisión tenga resultados reales—, dijo a Nómada el PDH.

Quiénes forman el gabinete

Todos los ministros también firmaron el acuerdo para dar vida a la comisión —el documento será público a través del diario oficial en los próximos días—. Los perfiles que conforman el gabinete de Giammattei también despiertan dudas respecto a la voluntad política que puedan tener para rechazar la corrupción.

 

Ilustración: Diego Orellana Xocop

Esto es lo que sabemos de los nuevos ministros:

• Edgar Godoy Samayoa: Para dirigir la cartera de Gobernación, Giammattei eligió a un militar retirado que formó parte de la promoción 73 de la Escuela Politécnica. La misma a la que perteneció Otto Pérez Molina.

Godoy Samayoa es miembro del unionismo, trabajó para la Municipalidad de Guatemala y fue el segundo de Francisco Ortega Menaldo en el Estado Mayor Presidencial en 1992. También, según documentos de inteligencia estadounidense, fue parte de La Cofradía.

• Antonio Malouf: El empresario y economista que se encargará del Ministerio de Economía tiene una sola mancha en su expediente. Malouf ha sido partido del gremio empresarial que se resistió a la continuación de la Cicig en el país.

Fue parte del Cacif que pagó US$135 mil (Q1 millón) a dos lobistas en Washington para tener acceso y hacer influencia en acciones del Gobierno de los Estados Unidos. Su intención era desprestigiar a la Cicig después de todas las acusaciones contra agremiados.

• Claudia Ruiz Cassasola de Estrada: Su experiencia en el sector educativo se limita a haber ocupado el cargo de Directora General de Gestión de Calidad Educativa durante el gobierno del PP. El cuestionamiento más fuerte hacia la nueva ministra de Educación es que sea la esposa del coronel de infantería Julio César Estrada Valenzuela, hermano de Luis Estrada Valenzuela, uno de los sindicados por la Cicig.

Estrada Valenzuela figuraba en la lista de sindicados del Caso Militares que señalaba cómo varios funcionarios habrían robado más de Q470 millones del Ministerio de la Defensa en 2001.

• Alberto Pimentel Mata: Una investigación de Nómada reveló que el ministro de Energía y Minas tiene un conflicto de interés: es accionista de una empresa de energía, FERSA, que ha sido favorecida con contratos con el Estado.

La familia de Alberto Pimentel acompañó a Giammattei desde el principio de su campaña con el partido Vamos. El financista fantasma de Giammattei le otorgó el vehículo que manejaba durante su campaña y las oficinas donde se reunían y filmaban anuncios publicitarios. Estas “ayudas”, no reportadas ante el TSE, se realizaron a través de FERSA, una empresa beneficiada con contratos con el Estado por Q24 millones (US$3.1 millones) que aún no han entregado.

• Josué Edmundo Cifuentes Lemus: El ministro de Comunicaciones inicialmente aspiró a una curul en el Congreso, a través del partido Vamos. La logró pero una semana antes de la toma de posesión fue confirmado como miembro del gabinete.

En 2015 fue electo como diputado por el partido UNE pero no pudo asumir por ser contratista del Estado. Luego de eso, se desvinculó de la empresa Ingeniería y Construcción pero ahora está en manos de su primo. Una publicación de elPeriódico evidenció los vínculos entre Cifuentes Lemus y entidades contratistas del Estado, que han recibido más de Q60 millones en contratos y adjudicaciones.

• Hugo Roberto Monroy Castillo: El nuevo ministro de Salud es médico y cirujano. Sin embargo, en su gremio no es reconocido por su desempeño profesional sino por sus actividades empresariales. En el Registro Mercantil, Hugo Monroy figura como representante legal de Corporación Essencial, S.A. y Grupo Casablanca. Dos empresas proveedoras del Ministerio de Salud, el IGSS y otras entidades, en años pasados.

• Pedro Brolo: El sucesor de Sandra Jovel es licenciado en Administración de Empresas. Fue asesor de comunicaciones en el Congreso de la República en 2005. En cuanto a experiencia diplomática, fue jefe financiero de la OEA en 2006 y en 2010 formó parte de la Comisión de Verdad y Reconciliación en Honduras.

Es uno de los ministros más cercanos a Giammattei y lo acompañó durante su gira como presidente electo. En el plano diplomático, esta gestión ha dado luces de ir en contra de las disposiciones de Sandra Jovel para mantener en sus cargos a diplomáticos nombrados a dedo.

Vamos a remover el cargo a gente que fue nombrada a última hora”, advirtió Giammattei en un acto público.

• Álvaro González Ricci: El ministro de Finanzas fue diputado por el partido Compromiso Renovación y Orden (CREO) del 2012 al 2016. .

En lo privado, fungió como vicepresidente de Citibank durante 8 años. Días previos a tomar posesión advirtió que pedirá la destitución del jefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), Abel Cruz.

• Rafael Alberto Lobos Madrid: Su paso por el Instituto Nacional de Electrificación (INE) y el Congreso (como asesor) son los antecedentes del ministro de Trabajo, en el sector público.

Tiene estudios de docencia, derecho, auditoría y ciencia política. En 2014 participó como candidato a una magistratura del TSE.

• Raúl Romero Segura: La trayectoria política del Ministro de Desarrollo empezó hace más de diez años.

Inicialmente, participó en las elecciones municipales del 2007 con el partido Casa, al igual que Alejandro Giammattei. Intentó llegar al Congreso en 2011, con el partido de Manuel Baldizón, pero no fue electo sino hasta cuatro años después, con el partido Fuerza, con Giammattei. Como diputado apoyó la iniciativa de Ley para la Protección de la Vida y la Familia, que propone endurecer las penas contra las mujeres que aborten, plantea eliminar la educación integral sexual y prohibir el matrimonio entre personas del mismo sexo.

• Oscar Bonilla Aguirre: A cargo del Ministerio de Agricultura estará un ingeniero agrícola, exgerente de la empresa GanAgro, S.A., que ha sido proveedora del Estado.

Bonilla Aguirre no tiene experiencia en el sector público.

• Lidiette Silvana Amarilis Martínez: Para dirigir uno de los ministerios más descuidados: el de Cultura y Deportes, Giammattei eligió a una psicóloga clínica.

Durante el gobierno de Jimmy Morales trabajó como administradora de centros en la SOSEP, en la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia y la Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo.

Martínez intentó ganar un espacio en el concejo de Puerto Barrios, Izabal, con el partido Vamos pero no fue electa.

• Mario Rojas: Tras la salida de Alfonso Alonzo del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, la cartera tendrá que recuperarse de uno de los ministros menos preparados en temas ambientales.

Rojas se formó en la Escuela Nacional Central de Agricultura, es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Rafael Landívar y expresidente de la Cámara de Comercio de Santa Rosa.

• Juan Carlos Alemán Soto: El general de brigada será el titular de la cartera de Defensa. Es representante ante la Junta Interamericana de Defensa en Washington y es piloto aviador de la promoción 111.

Kimberly López
/

Periodista guatemalteca en constante formación. Empecé a conocer el periodismo en Plaza Pública y La Hora. Me interesa la política, la fiscalización y contar historias. No sé si seré testigo de un mejor país, pero quiero ayudar a construirlo.


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COMENTARIOS

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    Victor lopez /

    17/01/2020 7:03 AM

    Eso no va a servir , será arma política: a sus enemigos perseguirá... pero a sus financistas no , como siempre la oligarquía ganó....

    ¡Ay no!

    1

    ¡Nítido!

    frank lopez hurtarate /

    16/01/2020 7:38 PM

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    EL BEBÉ NACIÓ MUERTO!

    La Comisión Anticorrupción nunca —óigase bien—, nunca funcionará con una Fiscal General vigilante —no litigante— como Consuelo Porras, Consuelo de Corruptos y Ladrones.
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    Remuévala, señor Yamatei.
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    ¡Ay no!

    ¡Nítido!

    José Molina /

    16/01/2020 7:06 PM

    Empezamos con las mismas mentiras, con gente maleada y malintencionada. Qué lástima.

    ¡Ay no!

    1

    ¡Nítido!



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