Jimmy, Baldizón y estos mega-empresarios organizaron el lobby contra Todd y la CICIG (parte 1)

1. El plan contra la CICIG

En la última semana de febrero de 2017, en un condominio de la zona 15 capitalina, el presidente Jimmy Morales, el diputado Armando Melgar Padilla, los secretarios Alfredo Brito y Carlos Martínez, el embajador Marvin Mérida y otros miembros del gabinete, se reunieron para hacer un plan “contra la cooptación del sector justicia” por parte de la CICIG y la embajada de los Estados Unidos.

Un mes antes, el Ministerio Público de Thelma Aldana, y la CICIG de Iván Velázquez habían capturado al hijo y al hermano del presidente por un caso de corrupción de 2013. Algunos de sus diputados más cercanos y sus financistas de campaña también. El compromiso de Jimmy Morales por la lucha contra la corrupción había terminado. También su relación con el embajador de los Estados Unidos, Todd Robinson, a quien el gobierno señalaba de interferir en los asuntos internos del país; también acabó su simpatía por el trabajo de la CICIG; Estados Unidos, además, financia un tercio de la Comisión.

Fuentes presentes en esa reunión mostraron a Nómada un documento del resumen del plan en cinco puntos:

• 1. “Analizar el actuar del embajador Todd Robinson y la remoción del mismo”.
• 2. “Seguir con el trabajo de la CICIG, pero cambiar de comisionado”.
• 3. “Destituir a la cúpula del Ministerio Público”.
• 4. “Destituir al ministro de Gobernación y viceministros”.
• 5. “Solicitar al gobierno de los Estados Unidos un equipo especial que venga a acompañar a las nuevas autoridades para investigar a las responsabilidades de estos funcionarios señalados”.

El plan consistía en pagar a lobistas en Estados Unidos para que los acercaran a la cúpula de poder en ese país. Para eso necesitaban financistas.

A la reunión en la zona 15 le siguieron otras citas, con más invitados.

Esta fue la lista de quiénes estuvieron detrás de este lobby contra el embajador Robinson y la CICIG:

Encabeza la alianza de Jimmy Morales el excandidato presidencial Manuel Baldizón, quien dejó Guatemala al perder las elecciones de 2015. En enlace entre ambos fue su hijo Jorge Baldizón, quien fue pasante en la oficina de Indiana del entonces gobernador Mike Pence, ahora vicepresidente de Estados Unidos.

Manuel Baldizón, excandidato presidencial. Actualmente permanece en Estados Unidos.

Se sumaron para financiarla algunos de los empresarios más conservadores de las grandes corporaciones del país: Juan Maegli Novella y Tom Dougherty Novella, altos directivos de Cementos Progreso.

El plan se concretó con la firma de dos contratos con Barnes and Thornburg, una de las entidades de cabildeo más importantes de Estados Unidos.

2. Los empresarios que pagaron el lobby

En el reporte de actividades semestrales ante el Registro de Agentes Extranjeros, Barnes and Thornburg, anotó que recibió dos pagos de la Coalición del Congreso, el 8 y el 26 de junio de 2017, por $80 mil y $50 mil.

Una boleta de constancia de transacción bancaria a la que tuvo acceso Nómada, coincide con la fecha y monto del primer pago. La cuenta está a nombre de Juan Estuardo Maegli Novella, co-presidente de Cementos Progreso.

Imagen del pago para la firma de lobistas.

Los recibos de las transacciones de Barnes and Thornburg reportan que los fondos fueron depositados en la cuenta de Craig Burkhardt, socio principal de la firma, desde una cuenta de Guatemala con número 00072617-000001.

Los primos Maegli y Dougherty Novella no tienen ningún caso en el que hayan sido acusados por la CICIG. El único vínculo a financiamiento electoral ilícito fue revelado en 2011 cuando WikiLeaks hizo públicos los cables de la embajada estadounidense. Allí, el expresidente Otto Pérez Molina dijo que entre sus financistas estaba la familia Novella.

En otros casos, el padre de Maegli Novella, ya fallecido, era el propietario de la finca en la que funcionó el centro de torturas y esclavitud sexual durante la guerra, en Sepur Zarco. Su primo, José Miguel Torrebiarte Novella y también directivo de Cementos Progreso, está acusado por la CICIG de ser parte de la alianza de empresarios que financió ilegalmente a Jimmy Morales en 2015.

Y el proyecto de la cementera en San Juan Sacatepéquez ha dejado una secuela de muertes entre partidarios y opositores a la planta.

Lea: Los primeros, los últimos y los próximos muertos en San Juan

Para comprender por qué unos grandes empresarios participan de esta alianza con políticos contra la CICIG, Nómada buscó comunicación con el gerente de Cementos Progreso y con personas cercanas a Juan Maegli y Tom Dougherty para pedirles una entrevista, pero no accedieron.

En una agenda de reuniones que Barnes and Thornburg preparó para que diputados y empresarios se reunieran con asistentes y staffers de funcionarios en Estados Unidos, entre el 11 y 19 de julio, figura el nombre de Fernando Sáenz, junto a Maegli y el diputado Jaime Regalado.

Agenda de reuniones entre empresarios y lobistas.

El documento indica que los integrantes de la alianza estuvieron en la Casa Blanca, en el Capitolio, en el Departamento de Energía y de Comercio, en el Departamento de Estado y el Instituto Republicano Internacional, con personas como Mary Fowley, Consejera de Política del Presidente Donald Trump; Andrea Thompson, consejero de Seguridad Nacional del vicepresidente Mike Pence; y Luis Arreaga, en ese momento nominado a embajador de Estados Unidos en Guatemala.

El empresario Sáenz negó que haya acudido a estas reuniones, que haya conversado con el presidente Jimmy Morales y diputados, y que tenga alguna vinculación con estos contratos de lobby.

—No me reuní con ellos. Yo respondo por el contrato que yo firmé, que no tiene nada que ver con los cuatro diputados ni con Marvin Mérida. Es una situación personal y privada, entre yo y mi firma de abogados, dijo.

(Del contrato que tiene al empresario Sáenz se hablará más adelante en este reportaje)

3. Los prestanombres en Washington

El 6 de abril del 2017, Marvin Mérida, entonces embajador presidencial para temas de migración en Estados Unidos, firmó el pago de 12 meses por servicios de cabildeo por casi un millón de dólares (US$960 mil, Q7.5 millones), para arreglar reuniones entre funcionarios de ambos países y hablarles mal de la gestión del embajador Robinson, pedir su remoción y promover negocios bilaterales enfocados en generación de energía y el comercio de ropa de Estados Unidos.

En el Registro de Agentes Extranjeros del Departamento de Justicia de los Estados Unidos está el contrato y una carta adjunta donde los abogados Robert Grand, Craig Burkhardt, Eddie Ayoob y Robert Ganim, aclaran que aunque Mérida firmó el documento prestarán sus servicios únicamente a la Presidencia de Guatemala.

Marvin Mérida fue embajador para migrantes en Estados Unidos. (Foto: Soy502)

El embajador Mérida solo puso la firma para evitar que se pudiera reclamar al presidente Jimmy Morales cuando se hiciera público, pues los lobbys en Estados Unidos quedan registrados y son de acceso abierto.

Cuando las contrataciones salieron a la luz, los cuestionamientos a la Presidencia de Jimmy Morales tuvieron como respuesta que él estaba alejado de Marvin Mérida y de esa contratación. Jimmy Morales necesitaba distanciarse, pero su nombre y gastos a su favor quedaron grabados en los registros públicos del Departamento de Estado de los Estados Unidos.

“Es importante desde el principio de esta relación que tengamos un claro entendimiento de la identidad del cliente de la firma en este compromiso. El único cliente de la Firma es la Oficina ejecutiva del Presidente de Guatemala”.

Contrato entre Barnes & Thornburg y Marvin Mérida.

Este contrato estuvo vigente solo 20 días, ya que tras el escándalo, el gobierno destituyó al embajador Mérida y la transacción perdió validez. No obstante, en un reporte de actividades semestrales, Barnes and Thornburg reportó que el 7 de abril de 2017 recibió un pago de $60 mil de parte de la República de Guatemala y que el 22 de abril, la firma desembolsó $3 mil 870 para pagar un boleto aéreo, hotel y comida para sostener reuniones en la oficina del Presidente de la República, por $3 mil 870.

4. El proyecto Embajador

En un memorándum confidencial de fecha 14 abril de 2017 al que Nómada tuvo acceso, los abogados Burkhardt, Ayoob, Spooner y Bill Jones delinearon los pasos para lograr la remoción de Todd Robinson y seguir con la estrategia de Jimmy Morales y sus allegados separaron los objetivos del lobby en dos partes: El proyecto Embajador y Negociaciones bilaterales.

Para lograrlo necesitaban reuniones en ambos países. En esa carta, los abogados de Barnes and Thornburg reportaron que ya tenían contacto con el Departamento de Estado y personal del Senado de los Estados Unidos para hacerles saber las objeciones contra el embajador Robinson y programaron viajar a Guatemala entre el 22 y 25 de abril del año pasado, para reunirse con empresarios, funcionarios y asociaciones para recolectar evidencias e información contra él. La visita no se concretó porque el contrato se canceló en esa semana.

El entonces embajador Todd Robinson en una protesta frente al Congreso en julio del 2015.

“También buscaremos información relacionada con los reemplazos potenciales. Redirigimos esto como nuestra máxima prioridad y haremos que la gran mayoría de nuestro esfuerzo sea lograr su retiro oportuno con instrucciones para que el personal restante de la Embajada se retire de cualquier implementación de sus instrucciones”, dice el documento.

En la misma carta los abogados solicitaron el permiso para sugerir a la Cámara de Representantes, al Departamento de Estado y a la Casa Blanca, que Guatemala deseaba tener discusiones bilaterales entre Washington y otros funcionarios estadounidenses en junio o julio de 2017, cuando se realizaría la conferencia sobre Seguridad y Prosperidad de Centroamérica.

“Sugerimos que se realicen discusiones separadas entre los funcionarios de Energía, Comercio y Relaciones Exteriores de Guatemala y sus homólogos estadounidenses (…) También solicitaríamos una reunión con el vicepresidente Pence y el presidente Trump en la Casa Blanca”, se lee.

Documento confidencial entre Barnes & Thurnburg y Marvin Mérida.

Los lobistas querían que Jimmy Morales se reuniera con el entonces secretario de Estado, Rex Tillerson, para discutir el nombramiento del próximo embajador de los Estados Unidos en Guatemala, además de acuerdos potenciales en tres áreas en las que, según los lobistas, Donald Trump deseaba explorar sobre Guatemala: relaciones exteriores, cooperación vía USAID (que molesta sobremanera a los republicanos), comercio y energía.

En ese documento confidencial del contrato, Barnes and Thornburg dice que es capaz de ejecutar el proyecto del Embajador y que eso “reubicará completamente a Guatemala y al presidente Morales a nivel internacional”.

“Además, creemos que esto abrirá un capítulo completamente diferente en el funcionamiento de la Embajada de los Estados Unidos en la Ciudad de Guatemala. Todas estas actividades están dentro del alcance actual de nuestro contrato con la Oficina Ejecutiva del Presidente (Morales)”.

5. El plan B: “Los cuatro idiotas”

Con la destitución del embajador Mérida, el contrato perdió validez. Para continuar con el cabildeo en ese país, cuatro diputados del Congreso firmarían un nuevo contrato, bajo los mismos términos, objetivos y mismo número de registro, solo que esta vez más caro y sin un vínculo directo con el Gobierno.

La reputación de los diputados los precede.

Jaime Regalado (MR, ex PP) había sido señalado de relaciones con el narcotráfico en Petén. Fernando Linares Beltranena (PAN), fue abogado de narcos y tramitador de adopciones internacionales durante la guerra, que después serían declaradas ilegales. Óscar Quintanilla (AC, ex Líder) es hermano de Carlos Quintanilla, quien fue enlace con militares oscuros durante el gobierno de Álvaro Colom, fue despedido por instalar micrófonos para espiarlo cuando era su jefe, y que ahora está preso por una investigación en contratos de seguridad para el Transurbano. Y el cuarto era Julio Lainfiesta (UCN), un partido al que la embajada estadounidense describió en el pasado como de ideología ‘narco’.

Lea: El pasado oscuro de los 4 diputados del lobby en EEUU

Los cuatro forman parte de la alianza legislativa del partido de Jimmy Morales, FCN y bajo el nombre Coalición del Congreso, firmaron un contrato el 26 de mayo, un mes después de que el primero queda sin efecto.

Cuando en 2017 se le preguntó al embajador Robinson sobre su opinión acerca de este contrato de lobby, respondió con una frase que pasó a la historia: “Hay cuatro idiotas en el Congreso. He trabajado de cerca con muchos de los congresistas, pero hay algunos por los que no tengo ningún respeto, ni como  congresistas, ni como autoridades de este país”.

Los servicios de cabildeo empezaron el 1 de junio de 2017, con correos y reuniones con personal del Departamento de Estado y la oficina del Vicepresidente de los Estados Unidos. El primer asunto a tratar fueron problemas con visas. La embajada le retiró la visa al diputado Linares Beltranena desde abril del 2017.

La firma de lobistas también se puso en contacto con los senadores Marco Rubio, Ted Cruz, Robert Menéndez, John Shimkus, Cory Gardner y Jeff Flake para agendar una reuniones con los diputados Óscar Quintanilla, Jaime Regalado y Julio Lainfiesta.

En los registros también aparece que el 13 de julio de 2017, los lobistas se reunieron con la congresista Norma Torres, quien ha sido crítica del gobierno de Jimmy Morales y de sus alianzas con personas señaladas de corrupción

Un dato que resalta en este reporte es que el 19 y 20 de julio, los abogados de la firma se reunieron con Viviana Bobo y Brandon Yoder, miembros del staff del Comité Relaciones Internacionales del Senado, para una audiencia de confirmación para el siguiente embajador de los Estados Unidos en Guatemala.

En ese tiempo, el presidente Jimmy Morales publicó una selfi en su cuenta de Twitter donde aparecía junto a Todd Robinson y personal de su gabinete. El texto que acompañó la imagen fue: “En una exitosa gira de trabajo con excelentes apoyos para nuestro país”.

En una exitosa gira de trabajo con excelentes apoyos para nuestro país.
Trabajando unidos por Guatemala ??
Bendiciones. pic.twitter.com/YrTJnZAkt5

— Jimmy Morales (@jimmymoralesgt) June 19, 2017

La plataforma cercana al sector privado organizado, República.gt, tituló la fotografía Juntos como hermanos.

El costoso lobby no logró acelerar el cambio de embajador en el país y Todd Robinson se quedó durante los tres años habituales. Ahora es Consejero para Asuntos de Centro América en el Departamento de Estado.

No obstante, los aliados sí aseguran haber incidido en la designación de un sucesor más amigable. Para esa fecha, Donald Trump ya había hecho público que su propuesta para Guatemala era Luis Arreaga. El Senado lo confirmó en el cargo el 3 de agosto de ese año. Nómada solicitó una entrevista con el embajador Arreaga para discutir los documentos donde aparece que se reunió con empresarios y diputados antes de tomar el cargo, pero no se ha recibido una respuesta de la Embajada.

Luis Arreaga, embajador de los Estados Unidos en Guatemala.

6. Los efectos del lobby

El lobby sí tuvo éxitos concretos.

En el marco de los dos contratos, el firmado por Marvin Mérida y el firmado por los diputados Jaime Regalado, Julio Lainfiesta y Óscar Quintanilla, los lobistas se reunieron con varios senadores republicanos y sus equipos.

Dos de ellos fueron Mike Lee y miembros del staff de Marco Rubio, para pedirle que investigara a administración del embajador Todd Robinson y que fiscalizara el trabajo de la CICIG.

Ambos se creyeron el argumento.

El 25 de mayo de 2018, el senador Lee escribió un comunicado donde criticó el trabajo de la CICIG y dijo que con sus investigaciones eran influenciadas por Rusia para atacar a tres personas de la familia Bitkov, condenadas por uso de documentos falsificados.

Desde Guatemala, Betty Marroquín, columnista de República.gt, difundió un audio para pedir que personas escribieran cartas para la Comisión Helsinki (de la que era parte el senador Marco Rubio) donde se quejaran del trabajo de Iván Velásquez, jefe de la CICIG.

El comunicado fue más allá. Mike Lee, junto a los senadores Marco Rubio, Roger Wicker y Christofer Smith, pidieron que el gobierno de Estados Unidos retuviera los US$6 millones de fondos de presupuesto de 2018 para la CICIG. Lo lograron durante seis meses y solo ahora fueron trasladados.

7. Un nuevo lobby

El empresario Fernando Sáenz negó toda vinculación con los pagos a la firma de abogados para desprestigiar el trabajo del embajador Todd Robinson y la CICIG, pero reconoció que firmó una nueva contratación con Barnes and Thornburg donde “los objetivos son distintos”.

El 24 de septiembre, hace tres semanas, un día antes de que Jimmy Morales diera su discurso en la 73 Asamblea General de las Naciones Unidas, Craig Burkhardt de Barnes and Thornburg firmó un nuevo contrato para hacer enlaces entre los gobiernos de Guatemala y Estados Unidos. Esta vez con la Coalición Batab, una palabra maya que significa cacique, y de la que Fernando Sáenz es presidente.

Según los documentos en la página de Registro de Agentes Extranjeros, la firma fue contratada para elaborar un plan estratégico y facilitar reuniones entre los miembros de la Coalición Batab, oficiales del Gobierno de Guatemala y representantes del gobierno de Estados Unidos.

Nuevo contrato firmado el 24 de septiembre de 2018.

El contrato se firmó por seis meses, a un precio de $480 mil ($80 mil mensuales). En otro formulario, Barnes and Thornburg reporta que el 20 de septiembre recibió $100 mil de la Coalición Batab, como pago inicial por sus servicios.

Saénz es un crítico público la CICIG, la lucha contra la corrupción y ha pedido que capturen a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, a quienes llama “traidores” porque frenaron la intención de Jimmy Morales de impedir el ingreso de Iván Velásquez al país. También exalta las cualidades de Jimmy Morales y es simpatizante de Donald Trump.

Al ser consultado, reconoció que días antes de que firmara el contrato, se reunió con los abogados de Barnes and Thornburg. En esos mismos días aumentó sus críticas públicas contra la Comisión. El 19 de septiembre publicó una imagen con la frase: HOY TOCA: #DestroyCICIG (Destruir a la CICIG). También ha llamado “vieja zorra” a la ex Fiscal General, Thelma Aldana.

Publicación hecha por el empresario Fernando Sáenz antes de la firma del nuevo contrato con los lobistas.

El contrato de lobby la Coalición Batab se firmó la misma semana en que Jimmy Morales dijo en la ONU que “en esencia, la CICIG ha llegado a ser una amenaza para la paz en Guatemala”.

Iván Velásquez, jefe de la CICIG.

8. Fotos que cuestan mucho dinero

Esta semana Jimmy Morales está en Estados Unidos para participar en la II Conferencia sobre Prosperidad y Seguridad en Centroamérica junto al vicepresidente estadounidense Mike Pence, la misma por la que el año pasado los abogados de Barnes & Thornburg intentaron que aprovechara para hablar mal del embajador Todd Robinson.

En la cuenta de Twitter del Gobierno ya se postearon fotografías de Jimmy Morales junto a Pence, de pie, en un encuentro que parece informal.

El presidente @jimmymoralesgt, el @VP Mike Pence, y el ministro de Gobernación, Enrique Degenhart hablaron del compromiso conjunto para mejorar la seguridad y prosperidad para la región ???? pic.twitter.com/Ymr0RUFYUv

— Gobierno Guatemala (@GuatemalaGob) October 11, 2018

Los documentos del pago de lobby demuestran que detrás de cada encuentro entre ambos países ha habido una inversión de los grupos que buscan acabar con la CICIG.

Alfredo Brito, Secretario de Comunicación Social de la Presidencia, dijo a Nómada que no participó en la reunión y que nunca ha hecho nada para afectar el trabajo de la CICIG. Pese a los documentos evidenciados en esta nota, aseguró que Jimmy Morales está comprometido con la lucha contra la corrupción.

—Me intriga que se haya mencionado que yo participé en esa reunión. Yo no fui, no estuve presente. Desconozco si se han dado este tipo de reuniones. Yo no creo que el presidente haya suscrito un contrato ni creo que el presidente haya puesto su firma en algún documento para hacer un contrato de ese tipo. Lo que sí le puedo decir y afirmar es que el presidente está comprometido con la lucha contra la corrupción; jamás es su deseo que la CICIG desaparezca, al contrario, siempre ha manifestado que la CICIG es un ente que va continuar y tiene una fecha de vencimiento y en este momento el presidente está abogando porque se inicie la transferencia y el traslado de capacidades a las instancias de justicia de Guatemala.

***

(5/12/2018. Nota del editor: La organización IRI se comunicó con Nómada para informar que sus directivos no se reunieron con ninguna de las personas vinculadas a este lobby. Clic aquí para leer la aclaración completa.)