La piñata de impunidad electoral: Jimmy, UNE y Cacif celebran nueva ley

Durante el último año los diputados estuvieron obsesionados con una reforma especialmente, la del artículo 407N del Código Penal. Negociaron, hicieron alianzas, pusieron sus mejores cartas sobre la mesa y finalmente lo lograron.

—El Congreso sigue legislando para sí mismo como en el tema de tránsfugas, la remoción del PDH, la lucha contra los magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Todo eso lo están haciendo sólo para ellos mismos–, comentó Marvin Flores, analista político de Acción Ciudadana.

Ayer el diputado de la UNE, Marco Antonio Lemus Salguero, presentó una moción privilegiada que al ser aprobada permitió que el Congreso conociera la reforma del 407N. El artículo tenía en aprietos legales a los secretarios generales de los partidos políticos y a sus financistas, pero tenía un problema que fue señalado por la Corte de Constitucionalidad.

En su anterior versión no hacía distinción entre las formas de financiamiento electoral ilícito. Lo mismo condenaba el financiamiento proveniente de fuentes ilícitas, como el narcotráfico, que el que se entrega de forma anómala a un partido o que sólo no es registrado en la contabilidad. Por eso la CC pidió que fuera reformado para establecer sanciones y condenas justas para cada forma de financiamiento anómalo.

Lea: ¿Los diputados tránsfugas están boicoteando el Congreso?

A los diputados lo que más les importó fue garantizar impunidad.

Dividieron el artículo. Ahora el artículo 407N sanciona el financiamiento proveniente de actividades ilícitas. Tanto los financistas como las personas dentro del partido que reciban los aportes deberán cumplir una pena de 2 a 5 años no conmutables en prisión, y deberán pagar multas por la cantidad de lo financiado o de entre Q20 mil y Q100 mil, de acuerdo con cada caso. Ningún podrá ser funcionario ni proveedor o contratista por hasta 5 años.

El siguiente artículo, el 407O, sanciona el financiamiento no reportado. Este caso tiene la misma cantidad máxima de años en prisión (5 años) pero son conmutables. Tiene una multa y período sin poder trabajar con y en el gobierno exactamente igual que en el caso anterior.

Ambos artículos tienen pequeñas trampas. A diferencia de la versión anterior en que toda la responsabilidad recaía sobre el Secretario General del partido, esta vez no hay un representante directo. Ahora, se culpa a la persona que “consienta, reciba o aporte” financiamiento ya sea de fuentes ilícitas o no reportadas.

En el delito de financiamiento proveniente de actividades ilícitas, la persona que lo recibe debe hacerlo “a sabiendas”, lo que lo convierte en un delito de difícil persecución. Es decir, el Ministerio Público deberá probar que el secretario o la persona del partido que recibió el aporte sabía que el dinero provenía de una fuente ilegal.

—No es lo mismo que lo quieran meter 12 años a la cárcel por un financiamiento anónimo, dinero lícito no registrado, a que usted reciba dinero del narcotráfico–, dice Juan José Porras del Partido ViVa, para explicar las reformas aprobadas. Ante la pregunta sobre la capacidad disuasiva de las sanciones contestó: – Yo creo que nadie quiere pasar 5 años en el bote, y mucho menos por dar un aporte a un Partido Político .

Lea: Aunque no le parezca justa, Nineth no pedirá que se reforme la ley

Juan José Porras fue el único diputado que respondió a los mensajes y las llamadas. Ni Orlando Blanco ni Carlos Barreda, de la UNE, ni tampoco Nineth Montenegro de Encuentro por Guatemala, quisieron pronunciarse.

Javier Hernández (FCN) y Orlando Blanco (UNE) fueron dos de los cuatro diputados que promovieron las modificaciones al Código Penal de 2017, conocidas como el Pacto de Corruptos.

El fiscal encargado de perseguir los delitos electorales, Óscar Schaad, explicó que realizarán un análisis de la reforma, para que cuando entre en vigencia puedan determinar qué será lo procedente en cada caso.

—No conozco el contenido de la reforma en su totalidad y sería prematuro hablar de ella cuando esta no ha entrado en vigencia, dijo Schaad sobre la posibilidad de que los expedientes abiertos por este delito sean cerrados.

Sin embargo, si se aplica la lógica que los diputados de la Comisión pesquisidora contra Jimmy Morales utilizaron, se puede prever que los casos no van a avanzar más. Si la defensa de los empresarios, diputados y demás funcionarios apela al principio de retroactividad, y a la falta de certeza que existía ante ese delito, existe una gran posibilidad de que la persecución penal sea suspendida.

¿Quiénes son los beneficiados?

CACIF no suele pronunciarse por todo, por ejemplo, no se pronunciaron sobre la decisión del presidente Jimmy Morales de vetar el ingreso al país del comisionado de CICIG, Iván Velásquez. La explicación que da la patronal, es que son tantas cámaras las asociadas que llegar a un acuerdo es difícil. Ayer no les costó mucho.

Apenas unas horas después que el Congreso aprobara las reformas, publicaron un comunicado asegurando que estas:

“Contribuyen a clarificar el marco legal para el financiamiento electoral. Se trata de una medida positiva para que los aportes ilícitos puedan otorgarse a las organizaciones políticas que participarán en la contienda”.

Lea: Salvador Paiz, el privilegio, el ejemplo y la reforma a la ley electoral

Entender “este rápido consenso” no es difícil. Al menos 16 de sus agremiados han sido llamados ante la justicia para responder por haber financiado de manera ilegal a distintos partidos, desde el Partido Patriota hasta el partido FCN de Jimmy Morales. Las investigaciones por financiamiento ilícito tocaron a todos los sectores. A altos directivos de la banca, la construcción, la telefonía y la minería.

El caso Cooptación del Estado y más adelante, el caso Construcción y Corrupción, evidenció como los grandes empresarios daban financiamiento anónimo a cambio de futuros contratos con el Estado o para agilizar pagos atrasados.

Este año 2018, fueron acusados otros grandes empresarios como Felipe Bosch, Guillermo Castillo, José Miguel Torrebiarte, Fraterno Vila y Salvador Paiz. Todos son parte de las mayores corporaciones del país y eran de la directiva de Fundesa, el think tank del sector privado organizado. Todos ofrecieron disculpas públicas por el financiamiento electoral ilícito a Jimmy Morales y FCN en la campaña de 2015. Solo Salvador Paiz se abstuvo de contradecir la acusación del MP y la CICIG en las audiencias.

Stefano Olivero, Felipe Bosch, Salvador Paiz, Guillermo Castillo, Herberth González y Fraterno Vila.

Las contrapartes de los empresarios son los secretarios generales de los partidos políticos. Los diputados Orlando Blanco, Roberto Villate y Nineth Montenegro, enfrentan procesos por este delito en su calidad de secretarios generales de los partidos UNE, Lider y Encuentro por Guatemala durante la campaña de 2015.

Por este delito ya fueron cancelados los partidos Lider, Patriota, CNN y GANA. Mientras que Encuentro por Guatemala, UCN y FCN se encuentran bajo análisis y proceso de cancelación. Sin duda alguna, el presidente Jimmy Morales, es el gran favorecido tras la reforma. Quien en dos ocasiones logró mantener su inmunidad para no ser investigado por haber recibido financiamiento no reportado mientras era secretario general de FCN.

Lea: Eliminar cárcel para políticos y financistas (y las otras claves de la reforma electoral que tiene a todos nerviosos)

La democracia seguirá en venta

“El financiamiento electoral ilícito es el pecado original de la democracia guatemalteca”, es una de las frases que más resuena del comisionado Iván Velásquez. Su postura era que con el financiamiento de las campañas iniciaba la cooptación del Estado. Por eso fue el esfuerzo de CICIG y el MP de Thelma Aldana por investigar estos casos.

Sin embargo, en esta semana los diputados se han esforzado por que las próximas elecciones se realicen bajo las mismas reglas oscuras. Esta semana los diputados aseguraron la inmunidad del presidente Jimmy Morales, intentaron atar de manos al TSE para que no pueda cancelar partidos y modificaron el artículo que les había quitado el sueño a ellos y a sus financistas.

Sólo parecen tener un objetivo en mente, asegurar que la democracia siga a la venta.