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Las cortes, CICIG, el PDH y las últimas batallas que dará aún este Congreso

No es la desnutrición infantil, ni la crisis de los hospitales públicos o la precaria situación de las escuelas lo que preocupa a los diputados. En el Congreso hay una agenda de temas clave de las bancadas, especialmente de la alianza oficialista, para garantizar impunidad, cooptar al sistema de justicia y manejar las finanzas del Estado. Estas son las batallas que se avecinan en la recta final de la octava legislatura.

Entender la política Congreso de la República

El Congreso juramentó a los comisionados a CSJ y Apelaciones.

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1. La comisión anti-CICIG en desacato a la CC

Aunque la Corte de Constitucionalidad (CC) suspendió las actividades de la comisión anti-CICIG, los diputados Luis Pedro Álvarez (independiente), Manuel Conde (PAN), Luis Hernández Azmitia (Podemos), Juan Ramón Lau (Todos) y Aníbal Rojas (Viva) insisten en continuar escuchando a las supuestas víctimas de Iván Velásquez y la CICIG en audiencias públicas.

Al desacato de la Corte también se sumaron los diputados Felipe Alejos (Todos), Julio Lainfiesta (UCN), Juan Manuel Giordano (FCN), Fernando Linares Beltranena (PAN) y el presidente Alvaro Arzú Escobar (Unionista), quien en el Congreso dijo que “aquí vienen muchos guatemaltecos y los recibimos porque estamos facultados para hacerlo”.

En esta batalla se enfrentan los diputados de la alianza oficialista contra la CC, que le dio la razón al abogado Alfonso Carrillo, la organización Acción Ciudadana y la fiscal general Consuelo Porras, pero ésta última no detuvo a la comisión ilegal, aunque en declaraciones a la prensa dijo “que el MP hará lo que le corresponde como ente investigador si advierte que alguna comisión actúe de forma ilícita”.

Por la comisión anti-CICIG ya pasaron familiares de Jesús Oliva Leal, un médico que se suicidó y estuvo involucrado en el Caso IGSS-Pisa, por el que murieron al menos 50 personas; también Enrique Zimeri Gándara, padre de Andrés Zimeri, quien se peleó con guardias de la CICIG; el exalcalde de Antigua Guatemala, Adolfo Vivar, quien fue señalado de asociación ilícita, concusión, fraude, peculado y lavado de dinero por desviar fondos de la comuna para su beneficio; iego Chacón Yurrita, quien fue abogado de Baldizón y le ayudó a construir los medios de comunicación para hacerse propaganda, entre otras supuestas víctimas.

2. La presidencia para el 2020

El 14 de enero del 2020 empezará una nueva legislatura en el Congreso, pero desde ya están en marcha las negociaciones, entre los diputados reelectos y los nuevos, para definir a la próxima Junta Directiva que debe ser elegida ese mismo día.

Ahora hay dos candidatos claros, aunque no se presentan así. De un lado está Alvaro Arzú Escobar, el hijo menor del fallecido alcalde Alvaro Arzú Irigoyen, quien busca su segunda reelección en ese cargo con el apoyo de la alianza oficialista.

Del otro lado está Orlando Blanco Lapola, el jefe de bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza, y quien espera dirigir por primera vez el Organismo Legislativo con los grupos de oposición.

En la bancada de Vamos, de Alejandro Giammattei, también hay diputados electos que están interesados en la presidencia del Congreso, pero con escasas posibilidades de ser electos, pues las alianzas no están claras. Y en otras bancadas también hay diputados con intenciones de ocupar cargos directivos, pero las negociaciones políticas se manejan aún con discreción.

Controlar la Junta Directiva en el Congreso significa una importante cuota de poder con la posibilidad para contratar personal, administrar recursos y, sobre todo, controlar las sesiones del Congreso, con la posibilidad de decidir cuándo empieza y termina una sesión, limitando el tiempo de las votaciones y administrando la agenda legislativa.

3. El presupuesto para Giammattei

La gestión de Alejandro Giammattei dependerá de los recursos que estén a su disposición cuando tome posesión en 2020, el 14 de enero a las 14 horas. Y el Congreso tiene todo el poder para decidir qué le espera al próximo gobierno.

El ministerio de Finanzas propuso un presupuesto de casi Q92 mil millones, apenas 4.1% mayor al presupuesto vigente de 2019 y con un estimado de carga tributaria de 9.9%, que equivale a una recaudación Q67,009 millones. Pero esos números esconden problemas serios.

Un análisis del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) reveló que la propuesta de presupuesto tiene una “alarmante” reducción del gasto público, en relación con el PIB, en los ministerios de Educación —incluyendo una reducción de alrededor de 62,600 estudiantes en las metas de cobertura de la educación pública— y Salud Pública —contando reducción para la provisión de servicios como el monitoreo del crecimiento para niñas y niños menores de cinco años—.

El proyecto presupuestario también contempla Q200 millones la adquisición de equipo militar y de seguridad en la actividad denominada defensa del espacio aéreo para el Ministerio de la Defensa Nacional. También incluye una lista de proyectos que se financiarían parcialmente con hasta Q6 mil millones de deuda pública bonificada y que se pretenden realizar en la modalidad de alianza pública-privada.

Durante octubre y noviembre de 2019 los diputados discutirán y muy posiblemente modificarán la propuesta de presupuesto del Ministerio de Finanzas, para presentar un nuevo planteamiento. El 30 de noviembre es la fecha máxima para aprobar el nuevo plan de gastos, o seguirá en vigencia el presupuesto aprobado para 2019 de Q 87,715 millones.

4. El deseo de la impunidad en la elección de cortes

El Congreso va a toda prisa con la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Corte de Apelaciones (CA); los diputados quieren decidir y moldear la justicia de los próximos 5 años y no dejar esa tarea a la legislatura que asumirá el 14 de enero.

Este 9 de octubre los diputados juramentaron a los 12 magistrados de salas de apelaciones que integrarán la Comisión de Postulación para la elección de CSJ y a Jeniffer Nowell, la nueva decana de la Universidad Regional que participará en las dos comisiones de postulación.

Lo único que frena ahora el reinicio del proceso de postulación de candidatos a magistrados es el Consejo de la Carrera Judicial, que debe evaluar a todos los jueces y magistrados del Organismo Judicial, y enviar los resultados de esas pruebas a las postuladoras.

Los diputados quieren elegir a magistrados a su medida, que respondan a sus intereses y que les protejan cuando asuman en el Organismo Judicial. El interés de apresurar la elección responde a los cambios que habrá en las fuerzas políticas el próximo año. Por ejemplo, Todos, de Felipe Alejos, ahora tiene 14 votos, pero en 2020 solo serán 7. FCN, la bancada del presidente Jimmy Morales, ahora tiene 35 diputados y el próximo año serán solo 8. En cambio, la UNE tiene ahora 28 y pasará a tener 54, aunque varios de esos tienen sobre la mesa ofrecimientos para ser parte de la alianza oficialista de Jimmy Morales.

5. Las leyes anti-derechos y la expulsión del PDH

La alianza oficialista tiene tres objetivos finales para 2019: aprobar la ley de ONG y la ley de protección de la vida y la familia, además, destituir al Procurador de Derechos Humanos (PDH), Jordán Rodas.

El objetivo de la primera ley es dotar al Ejecutivo de poder para controlar y cerrar las organizaciones no gubernamentales que fiscalizan a los poderosos; en este proyecto tiene especial interés el presidente del Congreso, Alvaro Arzú Escobar.

Y por otro lado, la ley de protección de la vida y la familia pretende dejar desprotegidas a las víctimas de violación y penalizar los abortos espontáneos, y prohibir la educación sexual, es una forma de los diputados para conseguir aceptación entre los grupos más conservadores del país; el impulsor de la ley es Aníbal Rojas Espino.

La tarea de despedir a Jordán Rodas está a cargo de Juan Manuel Giordano, el cinco veces tránsfuga y ahora diputado de FCN, quien no ha conseguido los 80 votos que requiere para cambiar al PDH y su conducta ha sido cuestionada hasta por Jimmy Morales.

Rodas ha sido un actor clave en la lucha contra la impunidad y en su momento respaldó las investigaciones de la CICIG contra empresarios, políticos y diputados corruptos, y por eso ahora la alianza oficialista quiere echarlo.

Javier Estrada Tobar
/

Periodista y comunicador. Se formó y trabajo durante casi diez años en Lahora.gt. Apasionado por las letras, el desarrollo humano, la política, las redes sociales, el cuidado del medio ambiente y la buena comida.


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COMENTARIOS

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    Pedro Velásquez /

    10/10/2019 11:58 AM

    Es ...Penalizar los abortos ó los embarazos espontáneos?? Como es eso de embarazos espontáneos? o sea que la mujer se embaraza espontáneamente solo por que sí? No me queda claro!

    ¡Ay no!

    1

    ¡Nítido!



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