Leyla Lemus: del “juicio maldito” a ser la abogada del Presidente

El 14 de enero, cerca de las 12 horas, un maestro de ceremonias anunció que Leyla Lemus sería la encargada de otorgar sus cargos a los ministros y secretarios que integrarían el gabinete de Alejandro Giammattei. Ella se acercó al podio en el acto, pero prefirió cederle el espacio y el protagonismo al presidente. Eso sí, se quedó a su lado indicando con su dedo el nombre de cada funcionario.

Desde entonces, Lemus es oficialmente una pieza clave en el círculo de poder más cercano al presidente. Un círculo en el que, según diversas fuentes, solo comparte lugar con Luis Miguel Martínez, el jefe de la Comisión del Centro de Gobierno.

Dos secretarios forman la primera línea de respaldo de todo presidente, el Secretario Privado y el Secretario General. El primero porque negocia y articula, como sucedió con Gustavo Alejos durante el gobierno de Álvaro Colom. El segundo, el secretario general, es nada más y nada menos que el abogado de mayor confianza de un presidente. Por eso Otto Pérez Molina le otorgó ese cargo a su yerno, Gustavo Martínez.

Desde la secretaría general Leyla Lemus se encarga, junto con un equipo jurídico, de asesorar y darle rutas de acción al presidente para plantear iniciativas de ley, emitir acuerdos y decretos, o bien vetar disposiciones del Congreso. Por ejemplo, el decreto 15-2020, que prohibía la suspensión de los servicios básicos en medio de la crisis económica y de salud que enfrenta el país pasó por el escritorio de Leyla Lemus y luego se decidió su veto.

Son escasas las publicaciones periodísticas en las que Leyla Lemus emite declaraciones. A pesar de su rol, ella prefiere quedarse detrás de las cámaras en los actos públicos y las conferencias, y dejar que los reflectores iluminen a Giammattei.

A pesar de eso, el 8 de junio, accedió a una entrevista para completar este reportaje. La acompañó un equipo de comunicación de la Presidencia, en uno de los salones del edificio de la Secretaria General.

“¿La cúspide? Espero que no, estoy muy joven”, responde Leyla Lemus cuando se le pregunta si este es el momento más alto de su carrera.

En la entrevista cuenta que conoció a Giammattei cuando él era Director del Sistema Penitenciario, en 2006, y ella era letrada de la Corte Suprema de Justicia con el entonces magistrado Luis Fernando Molina. Los letrados son abogados y abogadas que ayudan a los magistrados a redactar sus ponencias y proyectos de sentencia.

Eso pasó hace unos 15 años. Después de eso, no volvieron a coincidir. Ese contacto entre dos puestos tan distantes, según ella, fue suficiente para que más de una década después, él le propusiera formar parte de su equipo de trabajo. Antes de eso, cuenta Lemus, el actual canciller, Pedro Brolo, la invitó a tener un acercamiento con el partido. Ella no aceptó: “Después que él ganó las elecciones me convocó, me dijo que quería saber si yo tenía la disposición de participar en el proyecto de gobierno. Yo le dije que sí, cuenta”.

Leyla Lemus no es una abogada más. Su larga trayectoria en instituciones públicas y sus conexiones le han dado, según quienes la conocen, suficiente “colmillo político” para llegar al cargo que ostenta.

El partido Vamos fue la primer organización política con la que se involucró antes de tomar posesión de su cargo. Según explica, porque no le gusta la política partidaria.

En el mismo partido de gobierno, pocos diputados saben cómo llegó a la organización. Juan Francisco Mérida, diputado electo por Listado Nacional, asegura, sin escatimar halagos, que Lemus fue asesora de temas legales en el Consejo Político del partido:

“Nuestra compañera y amiga Leyla Lemus estuvo muy al tanto y dando seguimiento a nuestra campaña en un apoyo que fue creciendo de menos a más, Ella es una abogada penalista y fueron floreciendo sus virtudes a tal punto que fue tomada en cuenta por el presidente para ser secretaria general.

Ella niega su participación en la campaña de Vamos: “Yo nunca participé en la campaña, de ninguna forma. Le repito que en algún momento y, si no estoy mal, antes de la campaña conocí a Pedro Brolo y me dijo: Me gustaría que conocieras el proyecto. Me invitó a una actividad política pero yo nunca pude ir”.

Quien fue presidente del Consejo Político de Vamos, Mynor García, intenta mantener distancia. Él sostiene que trabajaron en distintas áreas y que no tuvieron mucha relación. El diputado Cándido Leal, electo por el distrito central, se niega a hablar al respecto: “Eso es algo confidencial”, insiste.

Solo la diputada María Eugenia Castellanos asegura que la conoce desde hace mucho años, cuando Leyla Lemus trabajó en el Ministerio Público.

Los que la conocieron en alguna de las siete instituciones públicas por las que ha pasado en los últimos 27 años, coinciden en la descripción que hacen de ella: una mujer de carácter fuerte y a veces prepotente. Además, inteligente y astuta.

Para bien o para mal, la mayoría de quienes acceden a hablar sobre ella, prefieren hacerlo bajo el anonimato. De las más de 20 personas que accedieron a ser entrevistadas para este reportaje, solo cinco lo hicieron sin temor a ser citados. El resto reconoce que se rodea de personas con mucho poder dentro y fuera de la política, y prefieren no tener problemas con ella.

Una fuente, incluso, interrumpió su relato para aclarar que quería proteger su identidad: “Mire, solo que mejor si no pone mi nombre, ahora ya se le subieron los humos”.

Leyla Lemus durante la juramentación del gabinete de Alejandro Giammattei. Foto: Carlos Sebastián

El inicio de una carrera de 27 años

La carrera de la hoy Secretaria General empezó cuando tenía 19 años y el MP era una institución que daba sus primeros pasos en un país aferrado a la impunidad. Se quedó en la institución por más de 10 años y con el paso del tiempo, sin haber obtenido el título de abogada y notaria, ascendió hasta el puesto de agente fiscal. Alguien que la conoció en esos primeros pasos la recuerda como “una mujer de mucha capacidad y conocimiento en temas jurídicos y de gestión pública”.

En esos años entabló una relación estrecha con el ex diputado Édgar Ajcip. Coincidieron porque Lemus era agente fiscal del MP en San Pedro Sacatepéquez y él era alcalde de ese municipio. Años más tarde, Ajcip fue nombrado director del Fondo Nacional para la Paz (Fonapaz) y ella llegó a trabajar con él como subdirectora administrativa financiera.

Según Leyla, la persona clave para su nombramiento en Fonapaz fue Jorge Arroyave, entonces secretario general de Óscar Berger. Cuando ella salió del MP, él la invitó a ser parte de su equipo de trabajo en la Secretaría General. “Él era el designado por el Presidente para estar en la junta directiva de Fonapaz, yo lo asistí a él y ahí me quedé trabajando”, cuenta Lemus. Se quedó por cuatro años, del 2004 al 2008.

A Fonapaz se le recuerda por haber sido un aparato clientelar y opaco. Después de tantas denuncias por corrupción, el fideicomiso fue cerrado durante el gobierno de Otto Pérez Molina. Sin embargo, Lemus conoció una institución distinta. Al menos, es lo que ella asegura:

“Yo no puedo concluir que haya sido opaca o corrupta. En mi vida me habría prestado a algo de ese tipo. Complicada, sí, como todos los fondos sociales. Todo lo que usted me dice (de la institución) no lo dudo pero a nosotros nos tocó un escenario totalmente distinto”, comenta Lemus con un tono apresurado y mientras su celular no deja de vibrar. Alguien la llama pero no responde. En definitiva, los minutos que se toma para responder la entrevista no le sobran. Como ella misma dice: “aquí se trabaja de lunes a domingo”.

Actualmente, como secretaria general de la presidencia, controla la Comisión Presidencial contra la Corrupción, una promesa de Giammattei para supuestamente continuar la lucha contra la corrupción en ausencia de CICIG.

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Al principio del gobierno se dijo que dicha comisión tendría la suficiente independencia para investigar actos de corrupción en ministerios, secretarías y todos los rincones del Organismo Ejecutivo. Cuatro meses después, Giammattei cambió la fórmula y le dio a Leyla Lemus el control sobre el personal y el presupuesto con el que funciona la comisión. Ella insiste en que no ejerce ningún control y que la normativa no limita la independencia de la comisión.

“Nosotros solo somos su outsourcing”, dice con una sonrisa en el rostro.

Personal del MP inspeccionando el vehículo en que fue asesinado Víctor Rivera en 2008.

La CICIG y el “juicio maldito por la impunidad”

Además de los asuntos relacionados a sus cargos actuales, Lemus y Giammattei también comparten cierto rechazo hacia el trabajo de la Comisión Internacional Contra la Corrupción (CICIG), instancia que en su momento presentó acusaciones contra ambos.

Cuando Giammattei ocupaba el cargo de Director del Sistema Penitenciario (SP) existía una oficina clandestina de inteligencia frecuentemente vinculada con ejecuciones extrajudiciales y estaba a cargo de Víctor Rivera, un venezolano que llegó al país durante el gobierno de Álvaro Arzú para crear un comando antisecuestros y se quedó dirigiendo durante una década una organización conocida como “Los Riveritas”. La dirigió hasta que fue asesinado en el Boulevard Vista Hermosa en abril del 2008.

Ni Giammattei, ni Lemus pueden desconocer el nombre del venezolano. Giammattei porque, según la CICIG, Víctor Rivera habría sido parte de las ejecuciones extrajudiciales ocurridas en Pavón cuando dirigía presidios; y Leyla, por los acontecimientos que ocurrieron a partir del asesinato.

Los primeros indicios apuntaban que María del Rosario Melgar, la asistente de Rivera habría sido cómplice del asesinato. El crimen quedó en manos de la Fiscalía de Delitos contra la Vida, dirigida por Álvaro Vinicio Matus Flores, con múltiples acusaciones de haber desviado investigaciones.

Según la CICIG, a un mes de llegar al MP como Subdirectora del Programa de Protección de Testigos, Leyla Lemus y Matus se coordinaron para sacar del país a la ex asistente, la única testigo y principal sospechosa de la muerte de Rivera. La CICIG catalogó esas acciones como obstrucción a la justicia y acusó a ambos por ese delito.

Junto con Matus y Lemus, la CICIG también acusó de a Dennis Billy Herrera, entonces auxiliar y subordinado de Matus, de haber incurrido en conspiración y obstrucción de la justicia. Ellos dos, en una visita al despacho de Rivera, encontraron cámaras, casetes, grabadoras, computadoras, archivos y un revólver de 9 mm, pero no embalaron ninguno de los objetos que podrían haber arrojando indicios del asesinato.

El nombre de Dennis Herrera suena familiar porque hace algunas semanas apareció de nuevo en los titulares de prensa. Es uno de los comisionados en el proceso de elección de cortes, que se reunió con Gustavo Alejos y fue fotografiado por investigadores de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI).

Con la ayuda de Lemus y Matus, María del Rosario Melgar salió del país con gastos médicos y logísticos pagados, sin haber rendido su testimonio como prueba para el proceso penal. Los abogados defensores de Lemus y Matus fueron Omar Barrios y Jorge Luis Donado Vivar, respectivamente. Hoy Donado es el jefe de la Procuraduría General de la Nación (PGN) y Omar Barrios es asesor de Leyla Lemus en la Secretaría General de la Presidencia, actual representante de la Comisión Portuaria Nacional y desempeña un rol activo en la discusión de las reformas constitucionales que recientemente anunció Giammattei.

"El juicio maldito" y las razones de su eterno agradecimiento a Omar Barrios.

Luego de varios recursos legales de su defensa, el caso de Lemus se sobreseyó. Ella lo llama “el juicio maldito de la impunidad” por el cual, según ella misma, tiene una deuda eterna con su abogado Omar Barrios:

“Se le hizo una evaluación de riesgo a alguien que estuvo en medio de un asesinato, recibió dos impactos de bala y estuvo hospitalizada. Con base en el análisis de riesgo de su actividad, el hecho delictivo y el perfilamiento de los expertos tenía que relocalizarse a nivel nacional o internacional. Es complicado defenderse de algo que usted hizo porque era su trabajo”.

En su defensa, Lemus insiste en que la CICIG nunca tuvo pruebas contra ella y el resto de acusados. Después de casi ocho años y de varias acciones legales de parte de la defensa, el caso se cerró y varios de los señalados lograron reubicarse dentro del Estado. Matus, por ejemplo, trabaja para la PGN de Donado Vivar.

“Se logró llevar el caso hasta la apertura del debate en Tribunal de Sentencia con la Jueza Jazmín Barrios, pero recusaron a la jueza y retardaron el proceso hasta que lograron sobreseerlo”, recuerda una fuente de CICIG.
“Tuvieron un rol protagónico, interesante, complejo. Creo que Guatemala es una antes y una después de la comisión”, comenta Leyla Lemus sobre la CICIG.

Luego evita cuestionar la forma en que la comisión salió del país: “Soy una mujer de derecho. Si eso fue autorizado y eso pasó por el visto bueno del Congreso y de la CC, a eso se tiene uno que sujetar.

Además de la denuncia por el Caso Rivera, ha sido acusada por falsedad ideológica, lesiones leves, robo de equipo terminal y tráfico de influencias. A estas acusaciones, respondió por vía escrita:

“A la presente fecha no he sido NOTIFICADA por el ente investigador de ninguna denuncia o investigación en mi contra, tampoco he sido citada por juez contralor jurisdiccional”.

Lemus durante la entrevista dada para este reportaje.

La compañera de Nora Segura, la contralora que nunca actuó contra el PP

Haber sido ligada a proceso por obstrucción a la justicia en el caso del asesinato de un investigador no le cerró las puertas a Leyla Lemus. Mientras el caso seguía activo, en diciembre de 2010, consiguió un cargo directivo en la Contraloría General de Cuentas (CGC), por invitación de Nora Liliana Segura.

Ocupó el cargo de Directora de Asuntos Jurídicos durante 5 años. Es un cargo clave porque todos los hallazgos de manejos dudosos de recursos públicos, que los inspectores de la CGC hacen durante sus auditorías, deben pasar por dicha dirección. Solo así pueden convertirse en denuncias contra funcionarios públicos. Si la dirección no lo aprueba, no hay denuncias.

“En esa época ella tuvo un control muy fuerte en la CGC. Era muy cercana a Nora Segura, con ella trabajaba de la mano”, cuenta una fuente desde el Congreso.

Nora Segura, a manera de reseña, fue mencionada por el exsecretario privado de Roxana Baldetti, Juan Carlos Monzón, asegurando que le ayudó a anular una licitación en un proceso de compra. Fue una contralora pasiva y permisiva frente a la corrupción que caracterizó al gobierno del Partido Patriota.

También fue denunciada por la misma Contraloría por permitir el contrato de usufructo oneroso de la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ), por ocultar información pública sobre el caso Transurbano y por aferrarse a su cargo cuando su período ya había terminado.

Todos los dictámenes jurídicos emitidos durante esa gestión pasaron por las manos de Leyla Lemus. Era, para Nora Segura, lo que ahora es para Alejandro Giammattei. La relación entre ellas empezó en Fonapaz, cuando Segura se encargaba de la auditoría interna y los recursos humanos de la Institución; y Leyla Lemus era la subdirectora administrativa financiera.

Durante la administración de Nora Segura la CGC no denunció ninguno de los casos de corrupción que involucraban a grandes estructuras criminales y que más tarde solo la CICIG revelaría para acusar a los funcionarios del gobierno de Otto Pérez Molina. Lemus no se considera responsable de eso y esboza una sonrisa cuando se le pregunta cómo fue posible que la Contraloría no se percatara de dichos casos:

“Mire, yo creo que esa duda la tenemos todos los guatemaltecos. Yo no auditaba, yo era la encargada de la dirección jurídica”.

Junto con Nora Segura y Leyla Lemus también estaba Claudia Cáceres, como subdirectora y asesora en asuntos jurídicos. Cáceres aún continúa en la institución. Al igual que Dennis Herrera, su nombre apareció entre los contactos con los que, hasta febrero de este año, Gustavo Alejos se comunicaba vía telefónica.

En 2013, una auditoria realizada por la entonces diputada Nineth Montenegro sobre la millonaria deuda ilegal adquirida por el Ministerio de Comunicaciones detectó un conflicto de interés en torno a Leyla Lemus. La abogada trabajaba para la CGC y también aparecía como representante de las constructoras Toledo, JC y Servicios P y P en contratos firmados entre estas empresas y la cartera de infraestructura. Estaba con las empresas y con la parte fiscalizadora al mismo tiempo.

Lemus se defendió de esas acusaciones diciendo que había sido notaria de COVIAL y por eso su nombre figuraba en los documentos. Ese paso en su trayectoria no lo menciona en su hoja de vida.

“No fue un trabajo directo, solo fui a hacer unas escrituras. Yo fui notario y me contrataron como notario para el MICIVI pero nunca fui representante legal. Sí, yo me acuerdo de esa denuncia (se ríe). Y de hecho llamé a la diputada y le dije: Mire, nada que ver”.

Lemus permaneció en la CGC hasta el 2015, pocos meses después de la llegada de Carlos Mencos.

En la CGC también coincidió con el exfiscal Selvin Galindo, con quien estableció una relación cercana desde su paso por el Ministerio Público y quien, según diversas fuentes, fue un mentor para Leyla Lemus. Galindo actualmente es uno de los asesores del contralor, Edwin Salazar.

Al fondo Leyla Lemus, acompañando a Nora Segura en una citación ante la bancada de Encuentro por Guatemala. Foto: La Hora.

Un receso en su carrera por el Estado

Lemus asegura que salió de la Contraloría, no por decisión de Carlos Mencos, sino por motivos de salud. También dice que durante ese tiempo, se dedicó a trabajar en su bufete L & L y Asociados, del cual es socia fundadora. En su hoja de vida también figura como gerente de la empresa Estrategias Legales, S.A., que brinda asesorías en contrataciones públicas y manejo de legislación para el sector público.

Tras ser diagnosticada con cáncer y empezar una quimioterapia, asegura, se cansó de la gestión pública y optó por tomar su propio ritmo. Leyla Lemus también figura en el Registro Mercantil como abogada mandante de la empresa Carpintería de Exportación Riviera, S.A., una empresa propiedad de la familia Paiz Klanderud.

Uno de los constituyentes de la empresa es Jorge Rolando Paiz Klanderud, actual comisionado del Programa Nacional de Competitividad (PRONACOM). La relación con la familia del comisionado es cercana a tal punto que entre ellos se hizo la transacción de un apartamento en el edificio Casa Veranda, ubicado en la zona 10 capitalina.

“Tenemos unos 10 años de conocer a Leyla, le tenemos muchísimo cariño, muchísima admiración. Ella fue la que casó a mi papá hace varios meses. Ese es el tipo de cariño y aprecio que le tenemos”, asegura Rolando Paiz. Según cuenta, Lemus los ha apoyado para resolver casos complejos y lo ha hecho de una forma muy profesional.

Lemus asegura que esa amistad no influyó en el nombramiento de Paiz.

Mensajes de Claudia Cáceres y Rolando del Cid Pinillos en celular incautado por FECI a Gustavo Alejos.

El IGSS y los nombres que la acercan a Gustavo Alejos

En sus 27 años de recorrido por el Estado también figuran dos instituciones importantes: el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) y el Ministerio de Finanzas.

Al IGSS, Leyla Lemus llegó después de salir del Ministerio Público, tras las acusaciones de la CICIG, en 2008. Ocupó un puesto directivo bajo la gerencia de Rolando del Cid Pinillos, un exfuncionario muy cercano a Gustavo Alejos y con quien ella tuvo una relación de confianza.

Ella asegura que fue por recomendación de Manfredo Marroquín, expresidente de Acción Ciudadana, que supo de ese cargo: “Fui a la entrevista, me entrevistó el gerente y el presidente de la Junta y así fue como entré. Ahí conocí a Rolando del Cid y todo el equipo”, explica.

Al ser consultado Marroquín marca distancia: “No la recomendé, solo le dije que en el IGSS estaban buscando una asesoría legal”, responde. En 2008, según cuentan exfuncionarios del gobierno de Álvaro Colom, ya se rumoraba que Leyla Lemus era cercana al grupo de ministros, viceministros y secretarios que respondía a Gustavo Alejos.

A este grupo pertenecía Rolando del Cid Pinillos, exgerente del IGSS, exministro de Finanzas en tiempos de la UNE, actualmente asesor de TODOS y, según diversas fuentes, operador de Gustavo Alejos desde que ya tenía fama de ser el zar de la adquisición pública de medicamentos.

Lemus estuvo en la Dirección Legal de la gerencia del IGSS por dos años y luego migró junto con del Cid Pinillos, al Ministerio de Finanzas. Su paso en la cartera del tesoro fue fugaz porque en cuestión de meses saltó a la Contraloría General de Cuentas para trabajar con Nora Segura.

Eddy Cux, miembro de la organización Acción Ciudadana recuerda que en ese momento la Contraloría se negó a entregar los resultados de las auditorias realizadas a la Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos, incluso llegaron a denunciar penalmente a la CGC por ocultar la información. “Hasta la fecha ni siquiera sabemos si realizaron esas auditorias, todo indica que no existen”, asegura Cux.

En 2018 cuando la FECI presentó el caso Transurbano, los nombres de Gustavo Alejos y Del Cid Pinillos salieron a relucir como responsables de presionar y autorizar el convenio para trasladar millonarios fondos a la asociación de autobuses.

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Recientemente, cuando la FECI, sorprendió a Alejos conversando y negociando con comisionados y aspirantes a las Cortes; encontraron un mensaje en su celular: “Si puede hoy, por la mañana no voy a la bancada”, decía el mensaje enviado por Rolando del Cid.

El exministro se suma a la lista de las otras dos personas (Dennis Herrera y Claudia Cáceres) cercanas a Leyla Lemus que figuran dentro de las llamadas, mensajes y reuniones de Gustavo Alejos. La secretaria general niega cualquier relación:

“Si fuera mi cliente o hubiera sido mi cliente no tengo ningún reparo en decirlo pero no, nunca lo fue. Conmigo no hubo relación cercana. Por eso me llama la atención. Me siento absolutamente orgullosa de ser quien soy, siempre he dicho que no estudié para ser abogada, nací para ser abogada y me encanta hacer lo que hago y jamás trabajaría para alguien que no comparta la forma en que yo trabajo. Por eso no trabajaría para Gustavo Alejos”, comenta levemente exaltada.

También niega cualquier relación con Roberto Alejos. El expresidente del Congreso, en cambio, la considera una gran amiga: “Coincidimos cuando ella estaba en la Contraloría y yo en el Congreso. Esa fue la etapa en que fuimos buenos amigos, anduvimos de arriba para abajo”, recuerda.

Alejos es una de las personas que no se niega a dar su nombre para hablar de ella. Según dice, la admira tanto como abogada y profesional que en su momento, cuando fue candidato a la presidencia, le pidió una opinión sobre su plan de gobierno.

Con el mismo tono de voz con el que se distancia de los cualquier de los dos hermanos Alejos, también rechaza cualquier interés en el IGSS:

“Yo lo lamento mucho porque en mi paso profesional, después del MP, una de las instituciones que más admiro es el IGSS y lamento mucho que esa sea la percepción porque no es así. También hace falta conocer el conocimiento que tiene el doctor (Giammattei) de las instituciones públicas y conocer su personalidad. El doctor no es de las personas a las que usted le va ir a decir qué hacer. Es una persona que escucha, que pide opiniones legales, no solo mías, y que no se deja imponer. Y tampoco es mi interés”.

A finales del 2019, Carlos Contreras, presidente del IGSS, dijo al programa radial Con Criterio, que la llegada de Leyla Lemus al gobierno coincidía con con la intensificación de las auditorías hechas por la CGC (institución en la que varias fuentes reconocen aún su influencia) hacia el IGSS.

Con Criterio hizo una llamada a la empresa Nipro Medical Guatemala, que ofrece tratamientos renales, para verificar si Leyla Lemus trabajaba para ellos. Esta fue la conversación entre los periodistas y la recepcionista de dicha empresa:

-¿La licenciada Leyla Lemus aún labora para Nipro Guatemala?
-Sí, pero ella es un agente externo. Entonces no está en la oficina y solo viene muy de vez en cuando.

Al ser confrontada, Lemus minimizó esa relación y simplemente justificó que durante años ha sido abogada de litigios. Quienes han compartido espacios de trabajo con ella no dudan que pueda ser ella la persona detrás de los ataques del presidente hacia el IGSS o el intento por desestabilizar la institución. En la entrevista que otorgó a Nómada, lo negó.

Nipro es una empresa que busca ganar contratos para tratar a pacientes que necesitan tratamiento renal y Lemus fue la encargada de hacer las gestiones para desplazar a la competencia a toda costa.

Leyla Lemus en las oficinas de la Secretaría General.

La sala dónde se construyen las disposiciones de cuarentena

Ahora que volvió a la vida pública, Leyla Lemus figura poco ante las cámaras y pocas veces ha sido cuestionada por las decisiones presidenciales que pasan primero por su despacho. Por ejemplo, el reglamento que permitió a las telefónicas, empresas de energía eléctrica y de suministro de agua, suspender servicios básicos en medio de esta crisis humanitaria. De esas decisiones ella se desliga: Las cosas no salen de acá, la decisión la toman en un consejo de ministros.

Leyla Lemus tiene dos oficinas: una en la Secretaría General y otra en Casa Presidencial. Días antes de esta publicación accedió a una entrevista que se realizó en el salón ubicado a un costado de su oficina principal. El lugar desde el cual, según explica, se construyen las disposiciones legales semanales y restricciones para enfrentar la pandemia actual:

“Esta secretaría tiene que estar todos los sábados escuchando planteamientos de los epidemiólogos. Este es un fin de semana epidemiológico (dice mientras señala un pizarrón con algunos bosquejos) porque escuchándolos a ellos le damos forma legal a los instrumentos”.

Pese a la importancia de su labor y su incidencia en las decisiones que toma el presidente, ella minimiza su influencia: “Influyente, no. Cercana en el trabajo, sí, pero tiene mucho que ver con la coyuntura. Aquí se trabaja de lunes a domingo. De pronto se ve como una Secretaría sobre expuesta pero se debe a que, por lo menos cada 30 días, tiene que haber un Estado de Calamidad, y hay que darle seguimiento a los reglamentos para cada ratificación del Congreso”.

Ahora, lo que la Presidencia tiene en la mira, es la propuesta de una reforma constitucional enfocada en el sector justicia. Dos de los asesores de Lemus figuran como los principales articuladores de la propuesta. Oliverio García Rodas y Omar Barrios.

Mientras Barrios se ha reunido con representantes de sociedad civil para exponerles la propuesta constitucional, García Rodas fue la persona contratada por Lemus para elaborar la propuesta y revisar otras posibles reformas al Código Civil y a la Ley de Infraestructura Vial.

“Con Oliverio García la relación es directa con el Presidente. Al licenciado lo tuve que haber conocido en su fase por el Congreso pero no sé mucho de él. Cuando me enviaron el curriculum me pareció genial. Es un tipo con mucha experiencia y yo no había trabajado antes con él”. Un momento después, niega con risas como siempre suele hacer, cuando se le pregunta si ella recomendó al exdiputado del Partido Patriota, para ser Ministro de Gobernación: “No, no, para nada”, puntualiza.

Pocas veces se sorprende o muestra incomodidad ante las preguntas. Está consciente de lo que se dice de ella: su cercanía con Gustavo Alejos, sus vínculos con empresas farmaceúticas, sus intereses en el IGSS y su poder de influencia sobre el Presidente. Todo se lo toma con humor y responde con explicaciones largas y legales. Ella misma se define como una abogada innata y se apega a una lógica simple: si no se puede demostrar, es falso.

“Un colectivo de mujeres decía: Qué orgullo que hay por primera vez una mujer en la Secretaría General. Hoy dudo eso. Me preguntan por qué lo conoce (a Giammattei), de dónde lo conoce, qué está haciendo ahí. Más que por conocerlo estoy acá porque tengo 27 años en la administración pública y una formación universitaria que le puedo acreditar”, concluye.