Lo que revela la condena de Sperisen, en cuatro puntos

Erwin Sperisen, el ex jefe de la Policía Nacional Civil de Guatemala entre 2004 y 2007, fue sentenciado el pasado 27 de abril, en tercera ocasión, por un tribunal suizo. Luego que en dos instancias judiciales anteriores se le condenara a cadena perpetua por la ejecución de reos durante su mandato al frente de la institución policial, ahora la Cámara Penal de Apelación y Revisión de Ginebra rebajó la sentencia a 15 años de prisión por su responsabilidad como cómplice en las ejecuciones extrajudiciales de siete reos ocurridas en 2006 en la cárcel Pavón.

El fin de cualquier proceso judicial, en cualquier parte del mundo, es establecer la verdad de los hechos y condenar a los responsables. En este caso, la sentencia contra Erwin Sperisen asienta, al menos, cuatro conclusiones que son irrefutables a partir de las pruebas y testimonios que conforman el expediente judicial. Aquí las enumero:

1) La toma de control de Pavón, no fue solo para retomar el control, sino una acción deliberada y preparada para entrar en el penal y asesinar a siete reos. Varios de estos siete detenidos integraban el denominado comité de orden y disciplina que, más que eso, era una suerte de comité ejecutivo dentro de la prisión, integrado por los más poderosos criminales ahí recluidos, desde el cual orquestaban todo un abanico de acciones ilegales. A pesar de ello, y pese a quien le pese, a los reos les asisten derechos, entre ellos a no ser asesinados, ejecutados de manera arbitraria ni extrajudicial. Por consiguiente, la acción en Pavón constituyó una flagante violación de derechos humanos.

2) Hubo un plan B del cual tenían conocimiento los altos funcionarios de la Policía Nacional Civil y del Ministerio de Gobernación. El Plan A, el oficial, el público, era el denominado Operación Pavo Real para 'retomar el control de la cárcel'; el plan B, el oculto, el ilegal, era entrar a matar a esos reos influyentes. El Plan A fue, como menos, un fracaso, porque la acción de ese fatídico 25 de septiembre de 2006 no resultó en la necesaria transformación de ese centro de reclusión; el Plan B fue un éxito, ya que un grupo importante de reos, previamente identificados e incluidos en una lista negra, fue eliminado. Según las pruebas, la lista incluía hasta 16 individuos.

3) Un grupo de encapuchados fue el encargado de ingresar a primeras horas de esa mañana a Pavón con el fin de aniquilar a los de la lista. No eran policías, no eran militares, no eran de la guardia penitenciaria; según numerosas fuentes, eran colaboradores y amigos cercanos de las autoridades, lo cual constituye prueba contundente de la existencia de un cuerpo ilegal de seguridad incrustado en la PNC, con la venia de las autoridades. Por consiguiente, no hubo enfrentamiento armado entre reos y las fuerzas del orden, como lo han querido vender altos funcionarios de la administración del entonces presidente Oscar Berger, como argumento para justificar las ejecuciones extrajudiciales. Los presos fueron identificados, maniatados, llevados a un área específica dentro de Pavón y asesinados a quemarropa.

4) Erwin Sperisen fue cómplice, y lo fue desde que el plan B se elaboró hasta la ejecución del mismo. El Tribunal de Ginebra en esta última instancia fue cauto en indicar que aunque existen indicios de la responsabilidad directa del exjefe de la policía en la ejecución de los reos, no puede establecerse tal alcance con total certeza; por el contrario, su complicidad sí, en estricto apego a lo que establece el Código Penal Suizo, en el artículo 25, al definir como cómplice a quien haya prestado asistencia al autor para cometer un crimen o un delito. Sperisen, en su calidad de jefe de la policía, fue cómplice al permitir que todo lo que aconteció ocurriera.

Para la justicia suiza, la naturaleza de los hechos -ejecuciones extrajudiciales dentro de una institución custodiada por el Estado-, el rol del acusado -jefe de la policía nacional-, así como su actuación el día de los hechos -sus movimientos en la cárcel fueron trazados minuto a minuto durante las audiencias, a partir de fotografías, vídeos, testimonios y declaraciones- fueron motivos suficientes para condenarlo por complicidad.

Si la justicia guatemalteca lo hubiera sentenciado o absuelto, nunca lo sabremos. Lo que es un hecho es que él mismo, Sperisen, optó por la justicia suiza al hacer valer su nacionalidad helvética cuando decidió instalarse en Ginebra tras abandonar Guatemala en 2007. Tres años más tarde, en 2010, desconoció una orden de arresto emitida desde Guatemala por el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) que le hubiera obligado regresar al país y hacer frente a las acusaciones.

Las consecuencias de estas decisiones pesan con fuerza ahora sobre el exfuncionario, quien en el mejor de los escenarios, cuando la sentencia quede en firme tras agotarse los recursos judiciales de la defensa, deberá pasar recluido al menos cinco años más.

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