Los últimos apuros de Jimmy: La CC, Donald Trump, la inmigración y CICIG

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La Corte de Constitucionalidad le recordó al gobierno de Jimmy Morales que convertir al país en un territorio de espera para migrantes o refugiados que buscan llegar a Estados Unidos es una decisión que debe pasar por el Congreso.

Por ser un tema de Estado, antes de comprometerse con Estados Unidos, el presidente Morales solo tiene una vía legal: necesita el voto de la mayoría de diputados, situación que no parece tener futuro en el Legislativo, pues las bancadas Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Compromiso Renovación y Orden (CREO), Winaq y Encuentro por Guatemala ya anunciaron que no aprobarían la propuesta.

La CC resolvió la noche del domingo 14 de junio, un día antes del viaje de Jimmy Morales a Washington, el cual fue cancelado a último momento por Estados Unidos, donde se esperaba la reunión con el presidente Donald Trump.

Los magistrados Bonerge Mejía, Gloria Porras, Francisco de Mata Vela, Dina Ochoa y María de los Ángeles Araujo, ampararon de forma provisional al Procurador Jordán Rodas y a los excancilleres Luis Alfonso Cabrera, Edgar Gutiérrez, Gabriel Orellana, Ariel Rivera y Francisco Villagrán, quienes accionaron en la CC con el argumento de que con la firma del convenio de Tercer País Seguro, Jimmy Morales dejaría “hipotecado el futuro de nuestro país sin ninguna responsabilidad, seis meses antes de concluir su mandato”.

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Suscribir ese convenio constituye una amenaza para la violación de los derechos fundamentales no solo de los guatemaltecos, también de los extranjeros que en calidad de refugiados pudieran solicitar asilo, señalaron los magistrados en su resolución.

Mientras tanto, en Estados Unidos Trump cambió de estrategia contra los migrantes. A través de una nueva medida llamada Regla Final Provisional (IFR, en inglés) de los departamentos de Estado y de Justicia, los migrantes que lleguen a ese país a través de la frontera con México —la mayoría centroamericanos— tendrán que cumplir con un nuevo requisito para solicitar asilo: los extranjeros deben contar con la protección contra la persecución o la tortura en al menos un tercer país, es decir no su país de origen y su destino, sino uno por el cual hayan atravesado en su ruta a Estados Unidos.

“(...) la acción de hoy reducirá las cargas abrumadoras (de solicitudes de asilo) en nuestro sistema interno provocado por solicitantes que no buscaron protección urgente en el primer país disponible”, señala en el comunicado donde se dio a conocer la nueva restricción.

ACLU (la Unión Americana de Libertades Civiles), una de las organización más importantes de defensa de migrantes y refugiados, anunció que apelarán en las cortes inmediatamente. ACLU llamó esta medida la prohibición de asilo más extrema del gobierno de Donald Trump y de la historia de los Estados Unidos.

Today, the Trump administration enacted a ban that effectively eliminates asylum for anyone at the southern border. We will be in court swiftly to stop it. pic.twitter.com/CJsEf07ZkB

— ACLU (@ACLU) July 15, 2019

Inmunidad para el presidente

El Procurador de los Derechos Humanos y los excancilleres que presentaron el amparo que detuvo la firma del convenio que convertiría a Guatemala en un tercer país seguro, acudieron la mañana del lunes a la Corte de Constitucionalidad, donde se pronunciaron por la resolución.

La forma y fondo del convenio entre Guatemala y Estados Unidos es desconocida para los guatemaltecos, tanto para senadores y congresistas de ese país, dijo el excanciller Gabriel Orellana, quien reclamó que el presidente Morales tramaba firmar un “convenio en forma simplificada”, es decir, esquivar el procedimiento establecido en la Constitución, que implica que el Congreso conozca y apruebe una negociación de este tipo.

—En Guatemala, por encima de cualquier acto, está la Constitución y no hay ámbito que no sea susceptible de amparo. El presidente de la República ya no es el jeque que creía ser, dijo Orellana.

Edgar Gutiérrez, ministro de Relaciones Exteriores durante el gobierno de Alfonso Portillo, criticó que hasta el momento no se conoce una declaración pública donde el presidente Morales justifique la intención de convertir Guatemala, el país de Centroamérica de donde más personas migran, en un territorio de espera para migrantes y refugiados que buscan llegar a Estados Unidos.

–Ante esta falta de explicación uno puede deducir que lo único que él individualmente puede ganar es impunidad, es protección irónicamente un “tercer país seguro” para él y su familia, dijo Gutiérrez en relación a que el presidente podría estar buscando un asilo político para no enfrentar la justicia guatemalteca cuando deje el cargo.

Guatemala y Estados Unidos continúan con la discusión de implementar acciones conjuntas bilaterales, en temas de control migratorio y seguridad regional. ???? pic.twitter.com/osDg5Hc8pa

— Gobierno Guatemala (@GuatemalaGob) July 15, 2019

El otro golpe: la CICIG

Ayer lunes, la PDH y la CICIG —con los excancilleres como público— solicitaron en una vista pública en la Corte de Constitucionalidad que quede en firme el amparo que detuvo a Jimmy Morales en su intención de impedir que la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) continuara trabajando.

El 7 de enero de 2019, nueve meses antes de que termine el mandato de la CICIG, el presidente Jimmy Morales finalizó de manera unilateral, el acuerdo entre la Organización de las Naciones Unidas y el gobierno de Guatemala que le dio vida a la Comisión y le dio 24 horas a los trabajadores del ente internacional para que abandonaran el país.

Esa intención quedó en suspenso por orden de la CC, pero los ataques contra la CICIG continuaron.

Durante la vista pública, la abogada de la Comisión, Jennifer Bravo, recordó que el gobierno de Jimmy Morales retiró los permisos de portación de armas para los agentes de la CICIG, canceló la visa de algunos de sus trabajadores, la Policía Nacional Civil retiró a 45 elementos y los vehículos asignados a esa instancia.

Bravo solicitó a la Corte que se pronunciara por esas acciones y solicitó que permitiera continuar con las negociaciones entre el gobierno y la ONU para decidir si se renueva o no el convenio que dio vida a la CICIG.

A la vista pública no se presentó nadie del Ministerio Público de Consuelo Porras, ni del gobierno de Jimmy Morales.

La CC también resolvió otorgar un amparo provisional al PDH y deja en suspenso temporal la disolución de la Comisión Nacional para el Seguimiento y Apoyo al Fortalecimiento de la Justicia. El Gobierno intenta terminar con la comisión creada en 1998 a propósito de la firma de los Acuerdos de Paz.