Mirador hacia el abismo: Estrada (UCN), su oferta a los narcos y sus ganas de matar a Thelma y ¿a Zury?

Este artículo fue actualizado el 23/04/19 a las 11:30.

Guatemala, en abril de 2019, es un país con cinco características.

1) Mario Estrada, candidato de UCN, fue detenido por la DEA (la oficina antidrogas estadounidense) en Miami, acusado de ser un conspirador para el narco y para dos asesinatos de rivales políticas. No es un candidato cualquiera. Su partido es aliado del gobierno de Jimmy Morales, y firmó junto a políticos y a empresarios el lobby contra la CICIG. Ya estaba inscrito como candidato presidencial.

2) Al mismo tiempo, hay cuatro exfuncionarios que han luchado en primera línea contra el narco y las mafias, pero no pueden ser candidatos a elección popular por argumentos “legales” de la Contraloría, el Ministerio Público o el Tribunal Supremo Electoral.

3) La mayor parte de la élite empresarial está perfectamente tranquila con los últimos dos puntos. Es más: ha hecho alianzas con diputados de UCN para su campaña contra la CICIG.

4) Tenemos a una jefa del MP, Consuelo Porras, quien dijo ayer que desde febrero sabía de la denuncia contra Mario Estrada, pero solo “lo judicializó” (es decir, empezó a investigar). Pero no le advirtió a Thelma Aldana que había una amenaza en su contra, que no pidió apoyo a la CICIG para frenar esto y que Mario Estrada no participara como candidato. Además (aunque en público lo defiende), sé que el último año ha hostigado a su mejor fiscal y jefe de la FECI, promueve una amnistía para el financiamiento electoral ilícito, y cree que en realidad la CICIG ya debería irse del país.

5) Vamos a ir a unas alegres elecciones en estas condiciones el 16 de junio, dentro de 8 semanas.

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Guatemala —como Colombia, Venezuela, Panamá, Nicaragua, Honduras, El Salvador y México— está en riesgo de convertirse en un narco-Estado.

Estamos en esta situación desde que la CIA le dio carta blanca a la dictadura militar de financiar parte de la contrainsurgencia desde 1978 con dinero del narcotráfico. Y después se convirtió en un dominó: ejército, aduanas, contrabando, corrupción y narcotráfico. Y no es unidireccional, Guatemala —como los vecinos— ha podido dar pasos hacia narco-Estados o hacia un Estado de Derecho.

1. El camino del PP, frenado por la CICIG

Este modelo de narco-Estado desde las dictaduras tuvo una breve interrupción tras la firma de los acuerdos de paz en 1996.

Pero muchos militares retirados volvieron a la carga con su primer partido, el FRG, de Ríos Montt, Zury Ríos, Alfonso Portillo y Mario Estrada, entre 2000 y 2004. Hubo una pausa con dos gobiernos “de civiles”. Y después llegó el segundo partido de militares, más sofisticados, el Partido Patriota, de Pérez Molina, Roxana Baldetti y Mauricio López Bonilla, entre 2012 y 2015.

Pero como ocurrió en el dominó, no fue solo ‘la defraudación aduanera el corazón del proyecto militar y del PP’. Fue el comienzo. La CICIG de Iván Velásquez y el MP de Thelma Aldana nos fueron demostrando con más investigaciones que el gobierno del Partido Patriota no solo estaba dedicado a robarse todo lo que podían de impuestos en las aduanas, sino que le habían dado una concesión del puerto TCQ a una firma española del gigante empresarial Pérez Maura no solo a cambio de sobornos, sino de una condición muy extraña: que en el puerto no hubiera máquina de rayos X, crucial para detectar el narcotráfico.

Así, Estados Unidos pidió en 2017 la extradición de la ex vicepresidenta Roxana Baldetti y el exministro de Gobernación, el militar retirado Mauricio López Bonilla, por tráfico de drogas. Tampoco creamos que la DEA puede sustituir a la CICIG. Esa solicitud de extradición vino dos años después, cuando la CICIG y el MP ya habían procesado a Baldetti, López Bonilla y buena parte de las cabezas del sistema de corrupción e impunidad.

Entonces, cuando el candidato presidencial Mario Estrada (UCN) le dijo a narcos del “Cartel de Sinaloa” (que en realidad eran agentes de la DEA) o del cartel Jalisco Nueva Generación que “les entregaría el control de puertos y aeropuertos”, no estaba inventando nada nuevo.

El gobierno de Pérez Molina, Roxana Baldetti y Mauricio López Bonilla, toda la evidencia indica, ya estaba entregando el control de puertos y aeropuertos a los narcos. Además del caso de TCQ, desde Nómada publicamos que Pérez Molina hizo gestiones para que un juez ‘de la impunidad’, Adrián Rodríguez Arana, dejara en libertad a narcos ecuatorianos capturados con 405 kilos de cocaína en el Aeropuerto La Aurora en 2012.

Y no es que los gobiernos “de civiles” de Óscar Berger y Álvaro Colom hubieran sido una panacea contra el narcotráfico, pero al menos eran contradictorios en sus nombramientos.

Gracias a WikiLeaks pudimos saber que Carlos Vielmann, ministro de Gobernación de Berger (2004-2006), se quejaba con la embajada de Estados Unidos que el jefe de bancada de su propio partido en el Congreso, Jaime Martínez Lohayza, era “narco”.

En tiempos de Colom y Sandra Torres (2008-2011), mientras por una parte su campaña era financiada con dinero narco y por eso después asesinaron a su funcionario Obdulio Solórzano, por otra parte nombraron a funcionarios que sí lucharon contra el narcotráfico.

Carlos Menocal fue su cuarto Ministro de Gobernación, a Claudia Paz fue su segunda jefa del Ministerio Público, y Gloria Porras, ex número dos del MP, fue designada como magistrada de la Corte de Constitucionalidad. Y ellos tres, Gloria Porras, Claudia Paz y Carlos Menocal, fueron quienes empezaron a perseguir a los capos del narcotráfico en serio en Guatemala. A alejarnos de un narco-Estado. Entre los tres lograron 19 capturas de capos, algo inédito en el país.

La CICIG los apoyó después con la captura de la familia Mendoza, acusada de narcotráfico y despojo de tierras en Petén e Izabal; del exalcalde del Puerto de San José, y el caso de narcos mexicanos aliados con funcionarios en Puerto Quetzal.

Hay un detalle importante, intangible:

La CICIG no solo puso contra la pared y tras las rejas al ¿narcogobierno? del Partido Patriota y a todo el sistema de corrupción e impunidad tan amigable con los narcos. También envalentonó a policías y fiscales y tenía a los mafiosos intimidados.

Aquí, una frase que recogimos en Nómada después de la fuga de la secuestradora La Patrona de la cárcel VIP, Mariscal Zavala, en mayo de 2017. Esto fue lo que nos dijo uno de los presos:

— Aquí se rumoraba (la fuga) y lo estuvieron proponiendo. Pudo haber sido una onda masiva, pero mirá, si uno quisiera irse se va. Lo que pasa es que así como están las cosas, si vos te fugás y te vuelven a atrapar, olvidate que después podás conseguir algún trato con la fiscalía.

Es decir, entre 2012 y 2015, durante el gobierno del Partido Patriota, sin que nos diéramos cuenta, estábamos encaminados a ser un narco-Estado. El mismo Ministro de Gobernación y la misma Vicepresidenta de la República estaban comprometidos con el narco. Lo que nos salvó fue un Ministerio Público independiente con Claudia Paz primero y Thelma Aldana después. Jueces independientes. Medios independientes. Y la CICIG.

2. Asesinar candidatos rivales, el dejavú de un candidato a alcalde de Líder en 2011

Luis Marroquín era el candidato a alcalde de Líder para San José Pinula, en los primeros kilómetros de la Carretera a El Salvador en los suburbios capitalinos. Para ganar la contienda, el candidato de Líder asesinó a sus rivales Gustavo Ovalle Barreda, del partido Unionista, y Carlos Enrique Dardón Girón, de CREO. Después de asesinarlos, fingió un atentado en su contra. Los fiscales del MP de Claudia Paz lo descubrió, lo capturó y lo acusó. Tres años después, el Tribunal A de Mayor Riesgo, presidido por Jazmín Barrios, lo condenó a 142 años de prisión.

Era grave, pero esa alcaldía no ponía en riesgo todo el país y toda la democracia.

Mario Estrada está acusado de conspirar para dos candidatas presidencial, y para entregar el país a los narcos a cambio de financiamiento electoral ilícito.

He confirmado que una de las dos candidatas a quienes quería asesinar era Thelma Aldana, del Movimiento Semilla, la exfiscal general, quien está refugiada en El Salvador víctima de una persecución espuria de la actual fiscal, Consuelo Porras.

La otra candidata amenazada podría ser Sandra Torres o Zury Ríos. Sandra Torres, a decir de la escasa seguridad en sus mítines, no parece haber sido amenazada. De hecho, todos los candidatos la prefieren como rival en la segunda vuelta porque creen que pueden ganarle. Y Zury Ríos publicó en redes sociales que “deducía” que ella era una de las amenazadas.

En la acusación pública, en inglés, no se habla del género de las candidatas o candidatos, pero no tendría ninguna lógica mandar a matar en febrero a algún candidato que tuviera menos del 3% de los votos, a quienes Mario Estrada podría haber rebasado sin demasiado esfuerzo.

Así que además de Thelma Aldana, las dos que más probabilidades son Zury Ríos o Sandra Torres.

3. La fiscal, Consuelo Porras, dijo que lo sabía y no hizo nada

La situación adquiere más tintes surreales, muy preocupantes. La fiscal designada por Jimmy Morales, Consuelo Porras, dijo anoche en el programa ConCriterio, que desde el 4 de febrero había una denuncia contra Mario Estrada. Dijo que “estaba en investigación”, pero eso es igual a nada, tomando en cuenta la gravedad de la acusación y sus antecedentes de frenar investigaciones.

Consuelo Porras no hizo nada por frenar la candidatura de Mario Estrada. Ni por proteger la vida de Thelma Aldana y de la otra candidata amenazada. Es más, intentó meter a Thelma Aldana a la prisión; pero llevar a una exfiscal como Aldana, que puso tras las rejas a más de 600 personas poderosas, a cárceles controladas por el crimen organizado y este gobierno de autoritarios y militares, probablemente significaría una condena a muerte.

Para cerrar el círculo, la fiscal Consuelo Porras dijo en ConCriterio –a pesar de todo este caso de conspiraciones para entregar al país al narco y asesinatos políticos al más alto nivel– que no consideraba que había motivos para que la CICIG continuara en el país durante el siguiente Gobierno.

Me parece cada vez más evidente que Consuelo Porras está construyendo una cerca de impunidad para los delincuentes. Me parece que debería renunciar a su puesto. Y que la siguiente Comisión de Postulación no debería dejar pasar a ninguna candidata gris, que no tenga una carrera demostrada a favor del Estado de Derecho, como dejó pasar a Consuelo Porras.

Propaganda de Mario Estrada en la zona 9 capitalina. Foto: Sandra Sebastián

4. La élite, sin problemas con los narcos; el Gobierno de Jimmy, aliado

Este es un extracto de la entrevista al empresario Fernando Sáenz, uno de los voceros y organizadores del lobby entre grandes empresarios, políticos, el presidente y diputados señalados de narcos, en una entrevista que le hicimos en octubre de 2018.

—¿Pero por qué escogieron, ustedes, empresarios, a cuatro diputados con pésima reputación, incluso señalados de tener relación con el narco, para firmar el lobby en Washington contra la CICIG?
—El diputado más cercano era Skipy (apodo de Fernando Linares Beltranena), entonces se le pide que busque a ocho o diez diputados más, pero nadie quería firmar.

—Los tres diputados que encontró Linares Beltranena tenían mala reputación, relaciones con narcotráfico, con el crimen, el papá de uno de ellos está preso por delitos duros. ¿No les provocó algún melindre, algún remordimiento tener que relacionarse con esos diputados?
—El objetivo de la coalición era poder informar a Estados Unidos de la situación con la CICIG, y contra esos diputados en realidad no hay nada probado. Contra algunos ahora sí se tiene pruebas, pero en ese momento no habían sido juzgados.

El Cacif, que ha apoyado los esfuerzos anti-democráticos de Jimmy Morales, no se pronunció en absoluto tras la noticia de la captura de Mario Estrada y la conspiración para asesinar a dos candidatas.

El Gobierno de Jimmy Morales, por su parte, resulta más comprometido con UCN, el partido de Mario Estrada.

Uno de los asesores más cercanos de Jimmy, el exembajador Marvin Mérida, es candidato a diputado de UCN.

Y el hermano de su ministro de Gobernación, Enrique Degenhart, también es uno de los principales candidatos a diputado de UCN.

Además, Estuardo Galdámez, el candidato presidencial del partido de Jimmy Morales, el FCN, al enterarse de la noticia de la captura de Mario Estrada acusado con grabaciones y videos de conspirar para financiarse con dinero del narco y para asesinar a dos candidatas presidenciales, tuiteó en solidaridad. Pero no con las candidatas amenazadas, sino con los diputados de UCN, quienes “injustamente” serían vilipendiados por ser parte de un partido de Mario Estrada.

Y es que con UCN y FCN son aliados; comparten Junta Directiva del Congreso desde hace dos años.

Pero hay un punto más grave todavía. La candidata Sandra Torres sorprendió a todo el mundo con un tuit en el que busca distanciarse de su aliado Jimmy Morales.

¿Qué hacía Jimmy Morales en una reunión en la casa de Mario Estrada el 2 de abril?

Esto, de comprobarse, es terrible. Justo en esas fechas era cuando Mario Estrada estaba conspirando para asesinar a Thelma Aldana y a la otra candidata, y fue cuando le dijo a los agentes encubiertos de la DEA que ya había conseguido quién podía asesinarlas.

En efecto, horas después de esta publicación, el presidente Jimmy Morales reconoció que sí se reunió con Mario Estrada. Lo hizo en una declaración que a decir de expertos en gestos consultados por Prensa Libre, está cargada de miedo y de mentiras.*

El lenguaje corporal puede ser traicionero.

Una aproximación visual. pic.twitter.com/8j0lVmB8bn

— Ronaldo Robles (@roblesronaldo) 23 de abril de 2019

Esto es terrible para la institucionalidad de la democracia, pero también es terrible para el Pacto de Corruptos. Además, ConCriterio reveló hoy que un agente de la DEA, quien Mario Estrada consideraba parte del Cártel de Sinaloa, estuvo presente en la reunión con el presidente Jimmy Morales.*

5. Exembajador McFarland: “Estados Unidos no puede permanecer neutral”

Stephen McFarland fue embajador de Estados Unidos en Guatemala entre 2008 y 2011. Y tras la captura de Mario Estrada y su asesor Juan Pablo González Mayorga, publicó una carta, que tiene estos puntos clave:

“1) Estados Unidos evitó un intento de captura del Estado de Guatemala para beneficio de un cártel de narcotráfico.”

“2) EEUU impidió el intento de manipular las elecciones de Guatemala de 2019 a través de asesinatos y dinero del narco en campañas. Si esto hubiera ocurrido así, esto hubiera generado una inestabilidad enorme, todavía más inseguridad y muchas más migraciones hacia EEUU. No obstante, la amenaza de muerte todavía permanece para al menos un(a) candidato(a) presidencial.”

“3) Hay un peligro de que el dinero del narcotráfico financie campañas en Guatemala. Esto era una de las razones por las que la CICIG había establecido un acuerdo de cooperación con el TSE. Desde la perspectiva de EEUU, los alegatos dentro y fuera de Guatemala de que la CICIG amenaza el proceso electoral no tienen ningún fundamento.”

“4) La asistencia de EEUU para el Estado de Derecho es crucial para apoyar a los jueces y fiscales de Guatemala. La decisión reciente de EEUU de terminar la cooperación a Guatemala, Honduras y El Salvador daña los intereses de EEUU en la democracia, la lucha contra el narco y la migración.”

“5) EEUU tiene que apoyar los esfuerzos para asegurar la integridad de las elecciones democráticas en Guatemala y para asegurarse que el crimen organizado no compre su camino hacia el poder. Esto es más complejo porque hay un debate intenso sobre si Guatemala debe continuar o terminar con sus investigaciones anti-corrupción.”

“Y algunos políticos y empresarios guatemaltecos ya escogieron terminar con la lucha contra la corrupción a pesar de que (esto implique un aumento en) la amenaza de expansión de los cárteles de droga.”

McFarland remata con una crítica a su propio gobierno estadounidense, ambivalente desde 2017 en sus apoyos políticos entre la CICIG o el gobierno de Jimmy Morales.

“EEUU no va a encontrar una posición ‘neutral’ en este asunto en Guatemala o en otros lugares de la región. Necesita tomar una posición fuerte que apoye la seguridad nacional y la política exterior de EEUU apoyando el Estado de Derecho. EEUU debería usar su influencia y sus herramientas exitosas como el apoyo a la CICIG y a los fiscales, jueces, unidades especializadas de la PNC y a la sociedad civil. Además, a operaciones estadounidenses para el Estado de Derecho, sanciones a individuos y cooperación específica. Así protegeremos los intereses de EEUU”.

6. Los candidatos anti-mafias, fuera de las elecciones o del país

Durante los últimos diez años, no todas las partidas han favorecido al crimen organizado en Guatemala. The New York Times y muchas instituciones consideraron a Guatemala como un ejemplo para América Latina en la lucha contra la corrupción y la impunidad.

No obstante, el caso de Mario Estrada y Consuelo Porras ejemplifica cómo, hoy por hoy, parecemos estar otra vez en el rumbo hacia el abismo de un narco-Estado.

La exfiscal general Claudia Paz (2010-2014) no ha podido regresar al país por las amenazas que hay de arraigarla o inventarle un proceso penal para vengarse por todos sus esfuerzos contra la impunidad.

El exministro de Gobernación, Carlos Menocal (2010-2011), el primero que activó ese ministerio contra el crimen organizado, contra la corrupción y contra la impunidad, no ha podido ser candidato a ningún puesto de elección popular porque la Contraloría todavía no le da su finiquito.

Y tres de los fiscales que encabezaron la lucha contra la corrupción del Partido Patriota y las mafias no tienen certeza de si podrán ser candidatos.

Juan Francisco Solórzano Foppa –fiscal y después jefe de la SAT, la oficina de impuestos– quiere ser candidato a alcalde capitalino con un comité cívico, pero la Contraloría y el TSE no se lo permiten.

Francisco Rivas –fiscal y después Ministro de Gobernación– quiso ser candidato a diputado con Semilla, pero no logró que la Contraloría le diera su finiquito.

Y Thelma Aldana está proclamada como candidata presidencial de Semilla y el Registro de Ciudadanos la aceptó, pero los magistrados Julio Solórzano y Mario Elizardi del TSE lo detuvieron. Ahora la magistrada Patricia Valdés está haciendo trampas ilegales para detener el expediente y que no llegue a la Corte de Constitucionalidad, en donde se decidirá finalmente su candidatura.

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Como escribí hace unas semanas, más allá de defender estas candidaturas de exfiscales como idóneas o equivocadas, me parece una aberración que los narcos y asesinos sí puedan ser candidatos, pero quienes los han perseguido en el pasado desde el Ministerio Público y el Ministerio de Gobernación no puedan competir democráticamente.

No sé cuál es la salida legal a todo esto en el mirador hacia el abismo del narco-Estado, pero me parece que si esto no se revierte, si la fiscal Consuelo Porras sigue haciéndose de la vista gorda de los criminales y enjuiciando a quienes los persiguieron, si el TSE –Solórzano y Elizardi– no impide que participen narcos y asesinos pero sí impide que participen quienes los persiguieron, ¿entonces de qué democracia estamos hablando? ¿Qué sentido va a haber tenido la lucha contra la corrupción y la impunidad de los últimos diez años? ¿Qué sentido van a tener las elecciones de 2019?

La única ventana para el optimismo es que el escándalo de Mario Estrada, Consuelo Porras y Jimmy Morales puede convertirse en un terremoto para el Pacto de Corruptos.*

* Estos párrafos fueron agregados el 23/4/19 a las 11:30.