Nineth Montenegro y Encuentro por Guatemala pierden el equilibrio

La primera vez que Nineth Montenegro aprobó una ley no tenía una silla en el Congreso. Ni siquiera era diputada. Fue el 7 de septiembre de 1993. Tenía 36 años y su principal propósito era encontrar a su esposo y a otras víctimas de desaparición forzada durante las dictaduras militares. Era una dirigente del Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), una organización que ayudaba y acompañaba a las familias de las víctimas de la represión estatal.

Ramiro de León Carpio era el presidente y buscaba desaforar a los 116 diputados y a los 9 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, para que se les investigase por múltiples señalamientos de corrupción. La situación política estaba en llamas y la democracia difícilmente se podía sostener, apenas cuatro meses después del intento de autogolpe de Estado de Jorge Serrano Elías. El orden constitucional no se rompió a pesar de la amenaza del ‘Serranazo’ y el expresidente golpista se exiliaba en Panamá, pero las instituciones atravesaban una profunda crisis de credibilidad.

Ese martes de septiembre, a las 11:30 de la mañana, sindicalistas, líderes indígenas y activistas, incluyendo a Montenegro, rodearon y entraron por la fuerza al Congreso. Ya dentro, ocuparon las curules de los diputados para celebrar la sesión “Plenaria del Pueblo”. Ahí aprobaron un decreto que mandaba desaforar a los congresistas para investigarlos por corrupción, reformar la Ley Electoral y de Partidos Políticos, y fijar una fecha para celebrar elecciones legislativas anticipadas. Solo fue un acto simbólico, pero significativo para expresar el descontento social con los gobernantes y políticos.

Los dirigentes sociales y el presidente De León exigían una limpieza profunda de las instituciones corruptas y una reforma del sistema político. El plan no se concretó. Pero la coyuntura provocó que los liderazgos cobraran notoriedad. Y tres años más adelante varios dieron un salto de los movimientos sociales hacia la política. Montenegro fue una de esas personas que resultó electa diputada en 1996 y desde hace 22 años ha conservado su curul en el Congreso.

Hace unas semanas su sólida carrera política comenzó a tambalear.

El anuncio de un nuevo caso de financiamiento electoral ilícito de Q8 millones, con el presidente Jimmy Morales como acusado, no era la principal sorpresa la tarde del 10 de agosto de 2018. Desde tres meses antes —y un día antes de dejar el cargo—, la fiscal general Thelma Aldana ya anticipaba esa investigación contra el mandatario, pero la responsabilidad del caso se la dejaría a su sucesora, Consuelo Porras y a Iván Velásquez, el jefe de la CICIG.

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Lo más inesperado de esa tarde ocurrió inmediatamente después.

Iván Velásquez presentó un caso de financiamiento electoral ilícito y solicitó el desafuero de la diputada Montenegro. Fue la primera vez que una acusación del comisionado colombiano se dirigía hacia una aliada de la CICIG en el Congreso y una de las pocas opositoras al Pacto de Corruptos, como se conoce a la alianza de diputados que procuran impunidad.

Pocos esperaban ese golpe para la diputada que fiscalizó los millonarios negocios en el ejército durante el gobierno de Alfonso Portillo, los proyectos de infraestructura en tiempos de Óscar Berger, los programas sociales manejados con discreción en la administración de Álvaro Colom y los contratos corruptos del Estado en la gestión de Otto Pérez Molina. Los papeles cambiaron y llegó el día en que Montenegro fuera la señalada y no quien señalara.

Líder estudiantil, luego activista y después diputada

A Montenegro no siempre se le conoció con su apellido paterno. El 22 de febrero de 1984 se publicó en Prensa Libre la primera nota sobre la desaparición de su esposo, Fernando García, quien llevaba cuatro días secuestrado. A partir de entonces, Nineth de García empezó a figurar en los medios de comunicación como muchas otras mujeres que buscaban a sus parejas, hermanos e hijos capturados por militares y policías, quienes eran trasladados a centros de detención clandestinos. Y después no se sabía más sobre su paradero.

Nineth Montenegro, encabezando una protesta en el Centro Histórico reclamando información sobre los desaparecidos. Foto: Jean-Marie Simon

Eran tiempos difíciles para los universitarios, sindicalistas y cualquier opositor o crítico del régimen de Oscar Humberto Mejía Víctores. Por ese hecho Montenegro dejó los movimientos estudiantiles y empezó la búsqueda de su esposo, que la conduciría a la creación del GAM, junto a otras viudas e hijas de desaparecidos.

Con el tiempo su trabajo ya no consistía solo en seguir pistas para encontrar a su esposo. La desaparición de Fernando García exigía también acciones políticas. Una de las más importantes fue la protesta del 26 de septiembre de 1986 en la oficina del presidente Vinicio Cerezo. Montenegro y otras seis dirigentes del GAM pasaron más de seis horas dentro del Palacio Nacional para exigir la creación de una comisión que investigara el destino de sus familiares desaparecidos, pero no fueron atendidas. Al final del día la Policía les desalojó usando la fuerza.

El gobierno no escuchaba a las víctimas de la guerra. Así que decidieron participar en política para hacerse escuchar. Una década más tarde Montenegro se convirtió en diputada, en las elecciones de 1995, con el Frente Democrático Nueva Guatemala (FDNG) y luego se reeligió dos veces, en 1999 y 2003, con la coalición de izquierdas Alianza Nueva Nación.

Después empezó su carrera con su propio proyecto político, que se consolidó tras separarse de la izquierda tradicional por ‘diferencias irreconciliables’. La construcción de Encuentro por Guatemala llevó varios años de trabajo y se concretó en 2005, cuando Montenegro lo definió como un partido amplio “de izquierda, de centro, socialcristianos y socialdemócratas”.

En las elecciones de 2007 consiguió tres diputaciones y en 2011 fueron cuatro. Montenegro siempre encabezó el grupo de candidatos de lista nacional. Y la última ocasión, en 2015, consiguió siete diputaciones, la mayor de sus victorias.

Montenegro saltó del activismo a la política porque las autoridades no escuchaban sus reclamos. Foto: Jean-Marie Simon

La investigación por financiamiento ilegal

Además de diputada, Montenegro es la secretaria general de Encuentro por Guatemala. Y por tanto, la responsable legal del partido. Por eso, es quien debe responder a las investigaciones del MP y la CICIG.

La carpeta judicial establece que el partido cometió tres ilegalidades. Primero, que incumplió con la entrega de información de financiamiento electoral en 2015, y por eso el Tribunal Supremo Electoral (TSE) no pudo establecer que las donaciones por Q1 millón 748 mil 232 hubiesen sido de procedencia lícita. Segundo, que no se reportó en 2011 el aporte de Maximum, Financial and Investment Services, Inc., por Q76 mil 784 para el arrendamiento de pasarelas digitales en distintos puntos de la ciudad. Y tercero, que no se aclaró el financiamiento que recibió de Publicidad Avance S. A., por Q197 mil 500 en agosto de 2011.

Por esos tres señalamientos, la CICIG y el MP pidieron el desafuero de la diputada. Zonia de la Paz Santizo Corleto es la magistrada de apelaciones que realiza la investigación preliminar de antejuicio en contra Montenegro. Con base a las indagaciones y las pruebas de descargo, la jueza deberá definir si recomienda o no retirar la inmunidad. Ese podría ser el principio de un proceso penal. O bien, se podría extinguir el proceso.

Leonel Lira, secretario de Finanzas de Encuentro por Guatemala, confía en que se archive la causa contra Montenegro. El diputado explica que la administración del partido se retrasó unos meses en la entrega de informes al TSE, pero luego pagó las multas correspondientes y se puso al día con las obligaciones. Hay documentos del Tribunal que confirman que el partido está al día con la entrega de informes financieros, haciendo la salvedad que varios documentos se entregaron de forma extemporánea.

Conferencia de prensa de CICIG y el MP sobre el caso de financiamiento electoral ilícito contra Jimmy Morales y Nineth Montenegro. Foto: Carlos Sebastián

Con respecto a los aportes para el pago de anuncios en pasarelas electrónicas, Lira explica que es imposible determinar si en realidad ese aporte ocurrió o no.

Salvador Paiz, empresario señalado de financiamiento electoral ilícito, fue quien dijo en una declaración que hizo un aporte mediante un pago directo para sufragar el gasto por arrendamiento de pasarelas digitales donde se transmitiría publicidad de 'ese partido o alguno de sus respectivos candidatos'. No especificó qué candidato se benefició con ese pago, pero aclaró que ese dinero no llegó a las cuentas de Encuentro por Guatemala, sino que directamente se envió a la empresa proveedora de publicidad Yeyo, Sociedad Anónima.

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El tercer señalamiento sobre el aporte de Publicidad Avance por Q197 mil 500, es producto de un desorden administrativo. Lira reconoce que el dinero sí se recibió, pero en la contabilidad del partido no se registró como un aporte de la empresa de publicidad. Y, en cambio, se anotó como una donación de Nineth Montenegro.

—El cheque, que tiene el nombre de Publicidad Avance, se depositó en la cuenta del partido. Jamás hubo una intención de ocultarlo. Lo que sí hubo fue un error administrativo que se enmendó—, reconoce Lira y agrega que si se hubiese querido ocultar el origen de esos fondos, el cheque no se hubiera depositado directamente en las cuentas del partido.

La victoria y la caída de Nineth

Jean-Marie Simon, una de las corresponsales de la prensa internacional que documentó buena parte del conflicto armado interno en Guatemala, capturó en una foto uno de los momentos más duros de la vida Nineth Montenegro. La imagen muestra a la entonces activista, de 26 años, cenando con su hija frente a una fotografía de su esposo, semanas después de que García, estudiante y sindicalista, fuera desaparecido por la Policía Nacional el 18 de febrero de 1984 en la zona 11, cerca del mercado El Guarda.

Nineth Montenegro cena junto a su hija, frente a una fotografía de su esposo desaparecido. Foto: Jean-Marie Simon

Pasaron 26 años para que la justicia fuera efectiva. En 2010, Héctor Roderico Ramírez Ríos y Abraham Lancerio Gómez, exintegrantes del Cuarto Cuerpo de la Policía Nacional fueron declarados culpables de la desaparición forzada de García y condenados a 40 años de prisión. Un tribunal determinó que ambos fueron los autores materiales del crimen. Y el mismo castigo recibieron tres años después el exdirector de la Policía, Héctor Rafael Bol de la Cruz, y el comandante del Cuarto Cuerpo, Jorge Alberto Gómez López; se les identificó como los autores intelectuales.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos también condenó al Estado de Guatemala, en 2012, y estableció que la desaparición forzada García "se enmarcó dentro de lo que fue una práctica sistemática del Estado", que era parte "de una política de ataque a las personas identificadas como enemigos internos por la doctrina de seguridad nacional".

Montenegro dice que la pérdida de su esposo es lo más duro que ha afrontado en su vida.

Pero ahora sus luchas son otras y una de sus principales misiones es ‘limpiar’ su nombre y el de su partido. Sobre los señalamientos del MP y la CICIG, dice que durante la conferencia de prensa de Iván Velásquez y Consuelo Porras se sintió "moralmente dañada".

A un lado de lo que pase en el sistema de justicia, este caso cambió las opiniones de Montenegro, quien dice que siente respeto por las investigaciones que hacen la CICIG y el MP, pero aclara que no hay que "absolutizar" a las personas. Se rehúsa a dejar en claro si se refiere a Iván Velásquez, pero todo apunta a que su opinión sobre el Comisionado ha cambiado.

También piensa que se debe reformar la ley, para que la responsabilidad de lo que ocurra dentro de un partido sea responsabilidad exclusiva de los secretarios generales. En Encuentro por Guatemala hay unos 800 tomadores de decisión, entre miembros de la estructura partidaria e integrantes de consejos y grupos internos.

—Yo no puedo controlar todo lo que hacen todos, y por eso tenemos que hablar de cambiar la ley—, apuntó.

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Eso fue lo que pasó el 18 de octubre de 2018. El Congreso aprobó las reformas al Código Penal, específicamente del artículo 407 N, sobre financiamiento electoral ilícito. Los diputados crearon una nueva figura delictiva en el artículo 407 O, que regulará el financiamiento electoral no registrado, que antes se consideraba anónimo; eso le da responsabilidad directa al secretario general de un partido político sobre los aportes, tanto ilícitos o no reportados.

Aunque Montenegro no votó, el resto de sus diputados sí lo hicieron, y coincidieron con otras bancadas que representan a partidos involucrados en financiamiento electoral ilícito, como FCN, UNE y Lider (ya desaparecido).

Montenegro no piensa en las elecciones del próximo año y se dedica principalmente a aclarar la estrategia para fortalecer su partido y aclarar los señalamientos en su contra. Cree que se va a levantar después de su caída. Ahora todo depende de la justicia.