Por qué el Contralor decide quién sí y quién no puede gobernar en Guatemala

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La alianza que lidera el Pacto de Corruptos (FCN- Todos) fue la que eligió a Edwin Humberto Salazar como jefe de una de las instituciones más importantes y poderosas del país. Una entidad que desde hace un tiempo descubrió que tiene la capacidad de alterar la dinámica electoral, bajo el disfraz de una falsa transparencia.

El contralor Salazar asumió en abril de 2019, siete años después de haber empezado su carrera dentro de la CGC como director de Auditoría de Entidades Especiales. Su experiencia lo convirtió en un perfil adecuado para pelear el cargo a César Elías, un aliado de Carlos Mencos (diputado electo por la UNE).

FCN y Todos se inclinaron por apoyar a Salazar y así aseguraron en el cargo a un funcionario que respondiera a sus intereses políticos. Al llegar al cargo, Salazar expulsó a César Elías y conformó un equipo afín. Entre ellos, Alberto Ramírez Crespín, exasesor de Jimmy Morales en la campaña electoral de 2015 y del proceso de transición.

Ser contador público y auditor, de reconocida honorabilidad y prestigio profesional, no tener juicios pendientes y contar con una experiencia de 10 años son las exigencias que debe cumplir cualquier persona que aspire a dirigir la Contraloría General de Cuentas.

Todos son requisitos técnicos para elegir a un funcionario imparcial que se dedique a la fiscalización de la administración pública, sin preferencias ni intereses políticos. El problema es que cada contralor es elegido por el Congreso de la República, desde donde operan las más grandes estructuras criminales.

Por eso no sorprende que, en más de una ocasión, la CGC ha sido una herramienta para bloquear candidaturas, presentar denuncias, limpiar hallazgos en instituciones cooptadas o, como está por suceder, evitar que funcionarios electos asuman sus cargos.

Edwin Humberto Salazar.

1. La repentina transparencia

Cuando faltaban 36 días para que los funcionarios electos asumieran sus cargos, la Contraloría tuvo un arrebato de repentina transparencia.

Sacó un as de la manga: “Guía para la participación de las unidades de auditoría interna, en el control financiero-administrativo en la toma de posesión de las autoridades de las entidades de la administración central, descentralizadas, autónomas y otros organismos de Estado”.

La guía recién publicada establece 17 instrucciones que cada auditor deberá seguir para supervisar la recepción de cargos públicos, sin excepción. Entre esos pasos figuran, para los entrantes y salientes: contar con la Constancia Transitoria de Inexistencia de Reclamación de Cargos, comúnmente conocida como el finiquito.

Y, específicamente, para los funcionarios salientes: realizar un corte de caja, solicitar a la Unidad de Administración Financiera el saldo de las cuentas, inventario físico, obligaciones pendientes de pago, informe sobre litigios o procesos penales, reporte de personal, listado de obras ejecutadas, solicitar libros de actas constitucionales, entre otros requisitos.

La Contraloría le dio vida a esta disposición el 9 de diciembre, a través de un acuerdo interno en el que destacaron que era obligatorio para la Unidad de Auditoría Interna el cumplimiento de la guía que rige el procedimiento para auditar la recepción de cargos.

Cuando la disposición empezó a despertar sospechas, la CGC la defendió bajo el argumento de la transparencia.

—La idea es que las personas que van a asumir un nuevo cargo, para poder asumirlo, deben presentar su finiquito 2020. Para que ellos sepan que no tienen cuentas pendientes con la Contraloría. En otras gestiones se había dado para asumir los cargos—, argumentó Mónica Monge, asesora del despacho de la CGC.

Lucrecia Hernández Mack.

2. Un truco recurrente

Hasta ahora, es oficial que tres diputados electos están en riesgo de no poder asumir su curul dentro del hemiciclo. Pero este recurso no es nuevo. Desde hace un tiempo, la CGC ha dado señales de ser un organismo con el superpoder de decidir quién participa, quién queda fuera, quién asume y quién no.

El diputado electo por Vamos, Diego Israel González, podría no asumir por supuestas anomalías en su gestión como alcalde de San Francisco El Alto, Totonicapán.

La exministra de salud Lucrecia Hernández Mack electa por el Movimiento Semilla, impulsora de investigaciones internas por corrupción en el Ministerio de Salud, con una larga lista de enemigos políticos, también corre el riesgo de quedar fuera de la legislatura.

Hernández Mack carece de finiquito a consecuencia de una denuncia interpuesta por la Contraloría, por supuestas anomalías en la ejecución de un préstamo internacional.

Y el excontralor Carlos Mencos, electo por la UNE y opositor a Edwin Salazar, denunció que desde la CGC se interpuso una denuncia en su contra, con la intención de perjudicarlo. En medio de su molestia, confirmó que en esta ocasión la CGC se está prestando a intereses políticos.

—Presentaron una denuncia que ni siquiera he visto porque estoy seguro de lo que he hecho y no tengo ninguna razón para estar preocupado. Es un tema que se está usando políticamente para usar las facultades que el contralor general tiene—, dijo Mencos.

A Juan Francisco Solórzano Foppa, el exjefe de la SAT y quien intentó participar en las elecciones municipales, el bloqueo para Mencos le parece un efecto del karma.

Definición de KARMA:

Carlos Mencos durante su gestión como contralor, se prestó a presentar denuncias espurias para quitar finiquitos.
A mí me lo hizo.

Ahora resulta que el tampoco tiene finiquito y no lo quieren dejar asumir. El Boomerang que le dicen. https://t.co/8ILhe6pqtL

— Foppa (@foppaguate) January 9, 2020

Meses atrás, previo a las elecciones, la exfiscal Thelma Aldana tampoco pudo participar en la contienda a partir de hallazgos impuestos por la CGC.

Foppa, Aldana y Hernández Mack comparten un perfil similar: al ocupar cargos clave desde la SAT, MP y el Ministerio de Salud respectivamente fueron actores incómodos para los sectores corruptos y se hicieron de enemigos políticos poderosos.

Carlos Enrique Mencos Morales, exjefe de la Contraloría General de Cuentas de la Nación. Foto: Carlos Sebastián.

3. El monstruo contralor

Los grandes casos de corrupción a lo interno de las instituciones públicas pasaron desapercibidos para las auditorías de la CGC. Anomalías en el uso de los recursos públicos también han sido minimizadas. Por eso el argumento de que estas medidas son motivadas por esfuerzos de fiscalización y transparencia, resulta difícil de creer.

—Ninguna de las investigaciones del MP fueron hallazgos de la CGC, nunca han podido detectar esas prácticas de corrupción—, señala el abogado Edgar Ortiz.

Según Eddie Cux, representante de la organización Acción Ciudadana, es cierto que “es un derecho y obligación transparentar las elecciones, velar por la pureza electoral pero a nivel político, la CGC pretende afectar a rivales políticos, a funcionarios electos para que no tomen posesión”.

Es inevitable cuestionar: ¿por qué emiten este acuerdo a final de año, a unos días de la toma de posesión?

—Se está usando como excusa la transparencia para sacar de la jugada algunos rivales políticos de la actual administración o de la misma CGC—, responde Cux.

Mucho antes de que estas maniobras se hicieran evidentes, el analista Edgar Ortiz advertía sobre los peligros de otorgar a la CGC el poder de emitir finiquitos como garantía de probidad.

—Es un requisito que viola el derecho a la participación política. Ahora es peor porque se aplica contra personas que han sido elegidas y no se les quiere permitir tomar posesión—, dijo..

Con ese poder, agrega que es acertado pensar que la Contraloría es un monstruo:

—Es uno de los órganos más disfuncionales y débiles del Estado.

Otro de los cuestionamientos es el que hace el politólogo Hugo Novales:

—Uno no se explica que esto no sea intencionado si una de las personas afectadas es una de las candidatas del partido de mayor oposición. Uno no puede más que sospechar que hay una intención de bloquear una candidatura. Es un uso arbitrario que tiene la contraloría, aparentemente para dañar a un oponente político, es algo que no debiera de darse en un sistema democrático, no es parte del juego democrático.

A ese juego se ha sumado el Congreso de la República, a través de la Comisión de Verificación de Credenciales. Para entregar los curules a los diputados electos, los diputados que la conforman exigirán el finiquito vigente con fecha 2020.

***

La tarde del jueves 9 de enero ingresaron tres amparos a la Corte de Constitucionalidad en contra del Congreso de la República, interpuestos por los tres diputados electos Lucrecia Hernández Mack, Carlos Mencos y Diego Israel González Alvarado, quienes temen no poder asumir sus cargos el 14 de enero. La CC resolvió ampararlos de manera provisional.
Estos fueron los argumentos:

• El finiquito extendido en 2019 a los candidatos sigue vigente.
• Cumplen con los requisitos de la Constitución para acceder al cargo de diputados.
• El TSE ya calificó que cumplieran los requisitos correspondientes.
• Fueron electos y el TSE ya les adjudicó el cargo.