Por qué tiene tanto poder Lau, el diputado que evitó que su hijo fuera a la cárcel

Juan Ramón Lau Quan migró de Suchitepéquez a la Ciudad de Guatemala cuando tenía 18 años. Cambió la locución por un trabajo en el Organismo Judicial. Tras dos décadas como dirigente sindical se convirtió en un diputado influyente. Ahora busca su reelección para afianzar el modelo de quienes defienden la impunidad.

Un par de minutos con la puerta entreabierta, que apenas deja un mínimo espacio para ver adentro, ayudan a entender el poder de Juan Ramón Lau en el Congreso. El diputado revisa que su traje azul marino esté impecable mientras habla con su secretaria, hasta que se acerca su asesor y le habla al oído.

No es cualquier asesor. Es Érick Álvarez, expresidente de la Corte Suprema de Justicia entre 2009 y 2010, cuando Lau era sindicalista en ese organismo del Estado. Ahora las cosas son distintas. Los papeles se invirtieron.

El expresidente de la Corte Suprema es el subordinado. Y el antiguo trabajador ahora es el jefe. Aunque por la calle casi nadie lo reconocería, este sindicalista de 47 años es el número dos del partido más influyente en la alianza que se conoce como el Pacto de Corruptos. Tiene como secretario general a Felipe Alejos, quien se libró de momento de una investigación del MP y la CICIG tras recusar a más de 15 jueces y que tiene como candidato presidencial a Freddy Cabrera, amigo personal del presidente Jimmy Morales y ‘nuevo rey’ de las comisiones de abogados que eligen jueces cada cuatro años. Es el partido que se llama Todos.

En el Organismo Judicial, Juan Ramón Lau pasó la primera parte de su carrera con asignaciones como llevar documentos de un lugar a otro, revisar expedientes, ocuparse de notificaciones y mucho papeleo para los jueces de Escuintla, Jutiapa y Guatemala. Sus últimos diez años en el poder judicial fue sindicalista. De ese tiempo, pocos recuerdan su paso por los juzgados y tribunales; pues casi solo se le podía encontrar en el nivel 13 de la Torre de Tribunales, en la sede del sindicato.

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Antes de desaparecer en el nivel 13, en el año 2000 fue oficial en el primer tribunal para conocer casos de mayor riesgo, entonces integrado por los jueces Yassmin Barrios, Walter Villatoro y Miguel Ángel Gálvez. Personas que trabajaron con él recuerdan que era poco el tiempo que pasaba en esa oficina, pues solicitaba permisos para ausentarse por su actividad sindical.

—Constantemente iba a reuniones. Pasaban semanas en la que no lo veíamos. Cuando llegaba, le asignaban procesos antiguos porque no se le tenía confianza—, dijo una persona consultada por estos periodistas, quien solicitó no ser citada por seguridad.

Sus colegas no sabían a qué tipo de reuniones iba. Pero era hábil. Juan Ramón Lau era visto como “el amigo, el aliado de los magistrados”, un personaje con acceso directo a las más altas autoridades del poder judicial.

En 2007 fue electo secretario general del Sindicato de Trabajadores del Organismo Judicial (STOJ), el más grande de las cortes, y a partir de entonces logró la firma de cinco pactos colectivos. En el sector justicia, los sindicatos no solo buscan beneficios más allá de cualquier racionalidad financiera para los trabajadores y privilegios para los dirigentes; también tienen poder político y lo ejercen al más alto nivel.

Juan Ramón Lau siempre ha tenido acceso directo a las autoridades del poder judicial. Foto: Carlos Sebastián

Aquí, un ejemplo. Junto al entonces presidente del poder judicial, Óscar Humberto Vásquez, Juan Ramón Lau firmó en 2008 un pacto en el que acordaron la creación de un incentivo económico para los trabajadores por su buena conducta, aumentos salariales, bonos por antigüedad, por impresión de tesis, por ayuda estudiantil, por Semana Santa, por fin de año y financiamiento por proyecto de vivienda, entre otros.

También empezaron los beneficios para los sindicalistas. En el artículo 14, Juan Ramón Lau y su junta directiva se aseguraron de tener seis días libres, cada mes, para ausentarse de su jornada laboral por actividades sindicales. Además, se decretaron licencia con goce de salario para acudir a seminarios, congresos, conferencias, cursos y otros eventos de capacitación y formación sindical, por un máximo de treinta días hábiles en el año. Es decir, en total, 8.5 de cada 22 días laborales del mes podían faltar a su trabajo para ejercer actividades del sindicato.

Ese fue el primero de cinco pactos colectivos. En 2012, bajo la presidencia de Erick Álvarez —el que se fue a Brasil con su asistente y viáticos pagados, y era aliado de Otto Pérez Molina—, se incrementó el monto del bono por antigüedad, se duplicaron las prestaciones por estudios e impresión de tesis (Q300 y Q2 mil respectivamente), las prestaciones para deportes, el bono anual y de Semana Santa, y se destinó Q30 mil para la celebración del convivio navideño del sindicato y Q20 mil anuales para sus actividades deportivas.

En una materialización de la nueva alianza diputados y magistrados, ahora Erick Álvarez es asesor de Juan Ramón Lau en el Congreso, con un salario de Q20 mil mensuales.

Aquí, el perfil de su asesor, Erick Álvarez: El abogado karateka es el último que presume de un diploma de tiempos del PP

De hecho, Juan Ramón Lau tiene otro capítulo de relación con la cúpula del Partido Patriota. A su historial se suma que en el 2014 le vendió un chalé en la playa, ubicado en la Lotificación Linda Mar, Puerto San José, Escuintla, a Juan de Dios Rodríguez, ex presidente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS). La relación entre Juan Ramón Lau y Juan de Dios Rodríguez probablemente se dio porque el segundo era uno de los principales operadores del expresidente Pérez Molina en el Organismo Judicial. Fue condenado por el fraude conocido como caso IGSS-Pisa. Una investigación de elPeriódico encontró documentos donde consta que la propiedad frente al Pacífico fue vendida por Juan Ramón Lau, en papel, por Q80 mil, poco más de US$10 mil.

Durante 2014 Juan Ramón Lau logró otro acuerdo con el Organismo Judicial. Fue cuando presidía la Corte Thelma Aldana, después fiscal general. Ese pacto colectivo fue el que más aumentos reportó. Se creó el pago de Q80 mil en caso del fallecimiento de un empleado y la guardería para los hijos de las trabajadoras del OJ.

No obstante, ahora Juan Ramón Lau, desde el Congreso, hizo suya la venganza contra Thelma Aldana por su trabajo en el MP. Encabeza una denuncia por una supuesta sobrevaloración en la compra de un edificio para el Ministerio Público, acción en la que la Fundación contra el Terrorismo busca ser querellante.

Pero la historia de su alianza con la Fundación Contra el Terrorismo se remonta a mucho tiempo atrás, los tiempos en los que la asociación de extrema derecha contaba con muy pocos amigos en sus intentos por frenar los avances de la justicia transicional.

Juan Ramón Lau saluda a Ricardo Méndez Ruiz, de la Fundación contra el Terrorismo, el día cuando realizaron una visita al edificio del MP en la zona 5. Foto: Carlos Sebastián

La oposición a una justicia ágil

El magistrado César Barrientos Pellecer (qepd) tuvo una trayectoria de más de 35 años en el sistema de justicia de Guatemala. Fue el encargado de redactar las reformas al Código Penal para modernizarlo hacia uno acusatorio y público, y fue presidente de la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia, desde donde impulsó procesos de transparencia del Organismo Judicial.

Desde ese puesto, César Barrientos también promovió cambios en los juzgados y tribunales para acelerar la resolución de los casos y reducir la mora judicial, el tiempo que se tardan. Además creó más juzgados de mayor riesgo y eligió a los mejores jueces para integrarlos, entre ellos Miguel Ángel Gálvez, Yassmín Barrios y Jeannette Valdés.

Sus ideas hicieron que se ganara anticuerpos en el sistema de justicia, entre ellos el del entonces sindicalista Juan Ramón Lau.

Desde que Juan Ramón Lau se convirtió en el secretario general del STOJ, hizo contacto con grupos que pululaban en las cortes en busca de beneficios directos, mantener el estado de las cosas y que coincidieron con un enemigo: el magistrado César Barrientos.

El 8 de agosto del 2012, frente a la sede del sindicato en la Torre de Tribunales, Juan Ramón Lau posó frente a las cámaras y micrófonos para pedir la renuncia de César Barrientos; lo acompañaron Ricardo Méndez Ruiz y Moisés Galindo, abogado en prisión por un caso de corrupción de Byron Lima en el Sistema Penitenciario.

Juntos presentaron un memorial con firmas ilegibles y veinte argumentos para solicitar que César Barrientos dejara el cargo, entre ellos, la supuesta manipulación a jueces para que resolvieran de determinada forma en procesos judiciales. Para eso utilizaron un audio de la jueza Silvia de León, que días después dijo que estaba manipulado y editado.

Un poco de contexto: La élite prefirió a los corruptos que a los valientes (otra vez)

Juan Ramón Lau se alió con abogados de personas sujetas a investigaciones, que vieron en él la misma piedra en el zapato: un magistrado independiente en el puesto más alto de la justicia penal. En esas fechas, César Barrientos impulsaba una evaluación en los juzgados penales, donde encontró corrupción y resistencia del sindicato para aceptar cambios que buscaban transparentar el sistema de justicia.

En una entrevista a La Hora, César Barrientos dijo que las peticiones en su contra eran resultado de incomodidad por las inspecciones hechas en los juzgados y diferentes entidades del OJ, también le pidió a Juan Ramón Lau que fuera concreto en su denuncia y dijera a qué funcionarios supuestamente acosó o manipuló. El magistrado no renunció y el antejuicio fue rechazado por el resto de magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

La molestia del sindicato incrementó cuando César Barrientos impulsó una reestructuración a la Unidad de Gestión Penal del Organismo Judicial, uno de los ‘corazones’ de las Cortes y del sistema de impunidad. A esa instancia llegan todos los casos para ser distribuidos a diferentes juzgados mediante un sistema “aleatorio” y propenso a manipulaciones, y que se conviritió en uno de los focos más duros de corrupción, donde incluso se fugaba información y donde se tejen redes para llevar procesos a juzgados específicos y afines.

El sindicato que Juan Ramón Lau dirigía se opuso a esa reestructuración y declaró a César Barrientos persona “non grata”.

Habla el diputado

Afuera de su oficina en el Congreso, Juan Ramón Lau accede a dar una entrevista para este reportaje. Ese día salió corriendo del hemiciclo después de votar junto a 128 diputados para integrar la comisión pesquisidora que analizará el antejuicio contra tres magistrados de la Corte de Constitucionalidad, denunciados por amparar al embajador de Suecia, Anders Kompass.

Minutos después también votó junto a 82 diputados para aprobar un dictamen que pretende reformar la Ley de Reconciliación Nacional y otorgar una amnistía a todos los implicados, investigados y condenados por delitos de lesa humanidad durante el conflicto armando interno.

Antes de responder las preguntas, revisa el carnet de estos periodistas y de pie, a pocos metros de la entrada de su oficina, se aclara la garganta para hablar sobre su vida. Después de una mañana ajetreada y de votaciones afines a intereses del Pacto de Corruptos, su traje azul marino sigue intacto. Una de sus asistentes se acerca para grabar con el celular sus declaraciones.

—Usted tuvo diferencias con el magistrado César Barrientos. Incluso, pidió su renuncia junto a miembros de la Fundación contra el Terrorismo.
—En esa época, ustedes se acordarán, había algunos problemas con el doctor César Barrientos Pellecer, toda vez que él había logrado como presidente y como único magistrado, cooptar a los juzgados penales. Es más, sus hijos litigaban en el Organismo Judicial; unos en Mazatenango y otros acá en Guatemala. Ellos, cuando llegaban a los tribunales, amenazaban a los jueces que si no les resolvían favorablemente se iban a quejar con su papá. De eso hay registros. Incluso, pueden entrar a Youtube, (y ver que) en una entrevista que yo tuve con Sylvia Gereda y Pedro Trujillo, en Canal Antigua, en donde yo hice esos señalamientos. Posteriormente, el hijo de César Barrientos resultó señalado por temas muy graves como de violación o trata de personas. ¿Qué hizo César Barrientos Pellecer? Llamaba a los jueces. Y hay denuncias de los mismos jueces. Incluso, hay una denuncia de Silvia de León, que era juez de primera instancia en esa época, en donde había sido amenazada por miembros del Ministerio Público, y por miembros de la Cámara Penal, para que convalidara las resoluciones del MP, incluso sin escuchar a la víctima. Y la víctima es la prueba madre dentro de un proceso.

—Pero la jueza Silvia de León dijo que ese audio estaba manipulado y editado.
—Pues yo no creo que haya sido editado porque son sus palabras. Y las palabras son claras, concretas y precisas donde dice que, fueron llamados por la Cámara Penal para convalidar las resoluciones. Entonces, podrían decir también que muchas declaraciones que se presentaron en el Organismo Judicial también han sido editadas.

—¿Por qué necesitaban a la Fundación contra el Terrorismo?
—La Fundación contra el Terrorismo no existía. Era un grupo de abogados que fueron a quejarse al sindicato de que se estaban manejando influencias dentro del Organismo Judicial. Había varios abogados y estaba, dentro de estos personajes, que yo me acuerdo, el señor Méndez Ruiz. Pero si ustedes toman nota, van a ver que no existía la Fundación contra el Terrorismo.

—Pero Méndez Ruiz no es abogado.
—No, pero había varios abogados que lo acompañaban a él. Y como a cualquier persona que llegaba al Organismo Judicial, pues como empleado o servidor público, tenía la obligación de escucharles.

—¿Por qué declararon ‘non grato’ al magistrado César Barrientos?
—Había varios temas. Yo respeto mucho la memoria del señor, que no está para defenderse. Pero ustedes se recordarán de que había muchas denuncias, de que ahí en la misma Cámara Penal tenían incrustada a la gente de la CICIG cuando recién empezaba a trabajar. Eso fue vox populi. Lo que pasa es que nunca le dieron cobertura. Él tenía incrustada gente de la CICIG dentro de la misma Cámara Penal y desde ahí llamaban a los jueces para cooptarlos. En una ocasión hubo un tema donde iniciaron antejuicios a 20 jueces. ¿Cuál era la idea? Era cooptar a los jueces. Y eso lo hemos vivido y lo vivimos en Guatemala hasta el día de hoy.

Cobros ilegales a los trabajadores

No solo el Estado subsidia a sus sindicalistas con 38% de tiempo remunerado para actividades sindicales, como ocurre en otras instituciones públicas y privadas en el mundo. Los líderes sindicales del STOJ, que dirigió Juan Ramón Lau, también le cobraban a sus afiliados.

El secretario general del sindicato rival en el OJ, Marco Antonio Cortéz, del Soltraj , denunció cobros ilegales durante las administraciones de Juan Ramón Lau.

En una entrevista con Nómada, el sindicalista Cortéz dijo que durante años Juan Ramón Lau descontó a los afiliados a su sindicato un cobro por ‘gastos de representación’.

—Cuando se autorizaba un aumento era pagado seis meses después. Por ejemplo, si un aumento de Q500 se autorizaba en diciembre, los trabajadores afiliados debían recibir en junio un pago de Q3,000; a esa cifra el Sindicato le descontaba Q500 de gastos de representación. Esos Q500 por 1,200 afiliados suman un total de Q600 mil. Esos gastos de negociación eran inexistentes porque los pactos se hacían por la vía directa, sin un abogado. No pagaba gasolina, ni comida, porque ellos trabajaban en la Torre de Tribunales y solo tenían que caminar a la sede de la Corte Suprema de Justicia.

Marco Antonio Cortéz y su sindicato denunciaron los cobros entre los trabajadores del OJ y en sus redes sociales. El resultado fue que en el pacto de 2016-2018 el entonces presidente del STOJ, Fabricio Regnier, tuvo que devolver el dinero por los reclamos de sus afiliados.

En el último pacto aprobado (2018-2020), los trabajadores lograron un aumento a su salario de Q800 y un incremento adicional de Q400.

Pero esa no es la única queja contra la actividad sindical de Juan Ramón Lau. Otra de las denuncias, que incluso llegó al Régimen Disciplinario del Organismo Judicial, fue que usaba la licencia para ausentarse a sus labores por ser sindicalista para hacer campaña para ser diputado.

De 8.5 días al mes para dedicarse al sindicalismo, pasó a 30 días. En el pacto colectivo de 2014-2016 incluyó que podía dedicar todo su tiempo a sus labores sindicales.

“El Organismo Judicial concede permiso o licencia con goce de salario mientras dure en el cargo a un directivo por el tiempo que determine el Comité Ejecutivo del STOJ”, dice el artículo 15 del Pacto Colectivo. El único requisito era notificar a la presidencia del OJ.

De acuerdo con Marco Antonio Cortéz, el secretario del sindicato opuesto, esto le permitió hacer campaña para ser candidato a diputado.

—Él utilizó esa licencia para fines políticos. La Unidad del Régimen Disciplinario lo sancionó por una falta leve. Pero eso no fue leve. Era falta una gravísima, porque la Ley del Servicio Civil de nosotros establece que si un empleado no va a trabajar tres días es una falta gravísima. Él se ausentó casi tres meses. La sanción debió ser una suspensión sin goce de salario.

Cuestionado sobre este tema, Juan Ramón Lau vuelve a aclararse la garganta.

—La ley establece un arancel, un 1%. sin embargo, de todas las conquistas que se lograron jamás se les (nos) pagó el 1%. Por ejemplo, uno de los pactos colectivos tuvo un precio de Q120 millones y a los abogados se les tuvo que haber pagado de conformidad con la ley, Q1.2 millones, pero no se pagó eso. Los afiliados voluntariamente aportaban para el pago de los afiliados.

De Vea Canal a Todos

Juan Ramón Lau todavía era secretario general del STOJ cuando participó en la organización y fundación de Todos. Una persona que participó en ese partido, casi al mismo tiempo que Lau, recuerda que fue Karina González de Rottmann quien lo presentó con Roberto Alejos, quien entonces dirigía las actividades para formar el partido en 2012.

Karina Rottmann y su esposo Otto Rottmann son presentadores de Vea Canal. Se trata de un medio por cable e internet y que se instaló en un terreno aledaño al partido Líder, de Manuel Baldizón.

Vea Canal ha tenido la consigna en los últimos años de criticar todos los esfuerzos para combatir la impunidad, especialmente de la CICIG y la sociedad civil.

Juan Ramón Lau tuvo varias apariciones en Vea Canal entre de 2013 y 2014. Aprovechó las cámaras y los micrófonos para defender las posturas de su sindicato frente a los críticos. Y luego, en 2015, cuando aún era candidato a diputado fue invitado a exponer su plan de trabajo. Ahí Karina Rottmann reconoció que su medio transmitió la propaganda del político sin cobrarle, porque “es amigo de Vea Canal, ha colaborado muchísimo con Vea Canal, le tenemos muchísimo cariño y sí quisiésemos que llegue a ser diputado”.

¿Cómo pasó de ser un candidato apoyado por Vea Canal al puesto número dos del partido? Fue cuando Felipe Alejos y los diputados más cuestionados –incluido uno condenado por narcotráfico– tomaron el control del partido en 2016. Felipe Alejos, electo primer vicepresidente del Congreso desde 2016, designó a Juan Ramón Lau como jefe de bancada desde entonces y como secretario de la Directiva desde 2018.

Electo con el 8.7% de votos de Suchitepéquez, pasó a ser uno de los 9 diputados influyentes.

Suchitepéquez es una tierra caliente en términos de política, violencia y crimen organizado. De ahí surgió la carrera de Roberto Villate en 2007, mano derecha de Manuel Baldizón, quien cedió su lugar en la candidatura departamental en 2015 a Julio Juárez, en prisión y en juicio por el asesinato de dos periodistas en Mazatenango.

El departamento lleva al Congreso a 5 representantes. El último en ser electo fue Juan Ramón Lau, con el 8.7 por ciento, 14,999 votos, de las 171,638 papeletas válidas. Los partidos Lider y UNE consiguieron dos curules cada uno.

Eso aunque Juan Ramón Lau no vivía desde hacía más de 20 años en Suchitepéquez.

A los Lau Quan se les conoce como una de las familias de origen chino que se asentaron en Suchitepéquez cuando miles de chinos migraron hacia América en la primera mitad del siglo pasado escapando de la pobreza, la guerra y la revolución de Mao. Los Lau en Mazatenango son muy populares.

Pero Juan Ramón Lau no vive en el departamento que lo eligió como diputado. Cuando era joven emigró a la Ciudad de Guatemala para ir a trabajar en el OJ y en los últimos años volvió con poca frecuencia a su pueblo. Hasta que se involucró en la política y vio que había una oportunidad de conseguir votos en su distrito.

Se hizo de una propiedad en Suchitepéquez, donde instaló la sede de Todos y desde ahí organizó su campaña política.

Según el portal del partido Todos, Juan Ramón Lau tiene “estudios de derecho de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala, y un diplomado de Realidad Nacional”. Y es verdad. Aunque la rimbombante línea oculta que no tiene el título de abogado. Se presenta como un “consultor jurídico”, aunque en su expediente laboral no hay una constancia o documento que lo compruebe.

Pero no es por la academia que tiene liderazgo. Sus colegas diputados en la bancada reconocen que se ha ganado el espacio de número dos del partido porque es un operador con influencia en el sistema de justicia, un operador como ninguno.

De ‘defender a las personas zurdas’ a atacar a Thelma Aldana

Juan Ramón Lau presentó –de forma individual y en bloque– 26 propuestas legislativas en sus primeros tres años como diputado. La primera, el 15 de junio de 2016, fue la iniciativa de ley para el Reconocimiento de los Derechos y Necesidades de las Personas Zurdas. Pero no todas sus propuestas son tan nobles. Otras benefician a la impunidad.

El septiembre de 2017 impulsó y votó a favor de las reformas al Código Penal para beneficiar a implicados en el delito de financiamiento electoral ilícito y la conmutación de penas para beneficiar condenas en 400 delitos, en lo que se llamó el Pacto de Corruptos. Los diputados dieron marcha atrás con las reformas dos días después cuando la Corte de Constitucionalidad los frenó y miles de ciudadanos rodearon el Congreso, pero entonces quedó en evidencia que Juan Ramón Lau es parte de la alianza pro-impunidad.

Y en julio de 2018 impulsó la ley para dejar en libertad a quienes han permanecido más de un año en la cárcel.

En junio de 2018 también firmó un dictamen para reformar la Ley de Reconciliación Nacional, y así garantizar una amnistía a los militares y exguerrilleros responsables de crímenes de lesa humanidad como la desaparición forzada, la tortura y el genocidio en el conflicto armado interno.

Votó dos veces para proteger a Jimmy Morales de las denuncias por el financiamiento ilícito en su campaña en 2015.

En los últimos meses Juan Ramón Lau dedicó la mayor parte de sus esfuerzos a cuestionar a Thelma Aldana, al exfiscal general, por la supuesta sobrevaloración en la compra de un edificio durante su gestión en el Ministerio Público:

—Con Thelma Aldana no es ningún tema personal. Yo se lo demostré a todos ustedes que el edificio fue sobrevalorado. Y esos documentos aún se tienen y fueron traslados al Ministerio Público. Hay una sobrevaloración porque la Contraloría lo dice y también la Municipalidad.

Juan Ramón Lau integró la comisión creada por Felipe Alejos para investigar la compra del edificio del MP en la zona 5. Foto: Carlos Sebastián

En los medios, Juan Ramón Lau tampoco desperdició las oportunidades para criticar y atacar a la CICIG. Esto es lo que piensa de la Comisión:

—Yo soy del centro. Ni a la derecha ni a la izquierda. Yo creo en la objetividad. En que las cosas deben ser, como deben de ser. Yo nunca estuve en contra de la CICIG, estuve en contra de su actuar. En primer lugar, porque conozco el Derecho Penal y sé que un querellante adhesivo para estar en un proceso debe ser parte agraviada. O puede pretender un resarcimiento. En este caso, no. La CICIG nunca debió ser querellante adhesivo en los procesos y yo siempre lo dije. ¿Qué pretendía? El fin de la CICIG era ser un ente para que coadyuvara con la investigación del Ministerio Público y no que se volviera un grupo paralelo de investigación. Les recuerdo que la Constitución establece que el monopolio de la persecución penal la tiene única y exclusivamente el Ministerio Público.

Las cosas no son tan simples como las cuenta el diputado.

En la gestión de Thelma Aldana, el MP y la CICIG presentaron el caso “Traficantes de Influencias”. En esa trama salió a luz una red de personas externas e internas a la Superintendencia de Administración Tributaria, que se dedicaban a cobrar comisiones por la agilización de expedientes de devolución de crédito fiscal. Ahí estaba incluido el nombre de Felipe Alejos, el número uno de Todos y jefe de Juan Ramón Lau, que supuestamene influyó en ese caso de corrupción.

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Además, la exfiscal se perfila como una candidata presidencial con posibilidades de ganar en las elecciones de junio de 2019 y como tal, es una amenaza para el sistema de impunidad.

Su futuro en la política y la justicia

Juan Ramón Lau será clave en los primeros nueve meses de este 2019. No solo porque buscará su reelección como diputado por Suchitepéquez o porque haya salvado a su hijo de la cárcel por amenazar de muerte a policías y ciudadanos con un arma robada a Gobernación, a bordo de un carro del Congreso, sino por otro detalle.

Entre enero y septiembre de 2019 se eligirán a los magistrados más poderosos del sistema de justicia para los próximos cinco años. Los preseleccionan comisiones de postulación y los definen los diputados del Congreso.

Y Juan Ramón Lau sabe cómo navegar en las aguas del Congreso y de las Cortes.

De personalidad afable en el primer trato, seguro de sí mismo y expresivo, sabe el poder que tendrá en la elección de los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones.

Como otros políticos del Pacto, habla de él en tercera persona para recordar que no se ha presentado ningún antejuicio en su contra, y que estar en contra de la labor de la CICIG, no lo convierte en un hombre a favor de la impunidad, pese a que en sus acciones legales contra César Barrientos y Thelma Aldana, ha estado junto a Ricardo Méndez Ruiz y la Fundación contra el Terrorismo.

—¿Cómo usará su poder e influencia en el Congreso y el Organismo Judicial en la selección de nuevos magistrados?, se le preguntó.

Esta fue su respuesta:

—Por mi misma carrera judicial conozco a cientos y cientos de abogados, y todo aquel que yo considere pertinente, después de haber pasado por la Comisión de Postulación, que espero en Dios sea transparente y sin cooptación, lógicamente como yo conozco a tantos, van a tener preferencia para mí, primero, segundo, los que tengan experiencia, los que considere yo que han tenido una verdadera carrera judicial y tercero, a los que yo pueda confiar que no serán cooptados, que va a ser una justicia nunca selectiva, una justicia apegada a derecho.

Es una de las cartas ganadoras del Pacto para mantenerse en el poder, en el Congreso y en el Organismo Judicial.