¿Qué le espera a Centroamérica si Biden derrota a Trump?

La política exterior de la presidencia de Donald Trump hacia Centroamérica, sobre todo en lo que toca al llamado Triángulo Norte, ha estado marcada por un solo tema, la migración; y por un tono que se ha movido entre el acoso verbal y las palmaditas en el hombro. La diplomacia del garrote y la zanahoria.

Una de las primeras referencias de Donald Trump a Centroamérica fue la de los “hoyos de mierda”, en enero de 2018, cuando habló en una reunión con sus asesores sobre El Salvador, Honduras y otros países de África que recibían beneficios migratorios de Estados Unidos como el Estatus de Protección Temporal (TPS).

Luego, el ánimo hacia Centroamérica se suavizó.

La relación ha estado marcada, en esencia, por un quid pro quo en el que Donald Trump ha obtenido la complicidad de Ciudad de Guatemala, San Salvador y Tegucigalpa, en su afán de llevar la frontera sur de Estados Unidos al río Usumacinta, en la frontera entre México y Guatemala. A cambio, los mandatarios del Triángulo Norte obtuvieron declaraciones de respaldo político, sin importar los señalamientos por autoritarismo, corrupción o complicidad con el narcotráfico que sobre ellos pesaban.

Parece, así escrito, que todos ganaron. Pero no. En medio de los presidentes quedaron decenas de miles de migrantes que siguen empeñados en irse de sus barrios y pueblos en San Marcos, San Pedro Sula o La Unión. Ahí, en sus lugares de origen, sigue sin haber mucho.

En corto. A cambio de permitir que sus respectivos países, plagados de pobreza, violencia y corrupción, recibieran a los migrantes que Trump no quiere en Estados Unidos, los presidentes centroamericanos obtuvieron la palabra solidaria de Washington cuando más lo necesitaron.

Nada representa mejor esta política exterior que los llamados acuerdos de tercer país seguro, instrumentos diplomáticos que comprometen a los países firmantes a acoger a quienes se han ido de esos mismos países para buscar asilo en Estados Unidos. De pronto, los hoyos de mierda pasaron a ser lugares seguros.

Donald Trump observa cómo firma el acuerdo de asilo con el ex ministro de Gobernación, Enrique Degenhart.

Guatemala firmó el suyo el 26 de julio de 2019, en los estertores de la presidencia de Jimmy Morales, el mandatario que pasará a la historia por haber deshecho lo que el país había avanzado en materia anticorrupción, en gran medida gracias al apoyo de sus élites económicas y al silencio cómplice de Washington.

El Salvador hizo lo propio el 20 de septiembre del año pasado. A partir de entonces, el embajador de Donald Trump en El Salvador, Ronald Johnson, ha sido tabla de salvación de Nayib Bukele cada vez que el presidente salvadoreño da un paso más hacia el autoritarismo.

Y Honduras firmó el 26 de septiembre de 2019, poco menos de un mes antes de que un tribunal estadounidense encontró culpable de narcotráfico a Tony Hernández, el hermano de Juan Orlando Hernández, presidente hondureño. En el juicio a Tony, fiscales del distrito sur de Nueva York nombraron a Juan Orlando coconspirador en la red narcotraficante, aunque aún no lo han acusado. A pesar de todo, Washington sigue nombrando al mandatario hondureño como socio en la región y le sigue dando dinero a manos llenas.

¿Cambiaría todo esto con la eventual llegada del demócrata Joseph Biden a la Casa Blanca? En los últimos días hablé con dos de los principales asesores de la campaña Biden en temas latinoamericanos y con un académico que fue asesor del senado en temas latinoamericanos durante la administración de Barack Obama (2008-2016) para contestar la pregunta. Aquí algunas conclusiones basadas en esas pláticas:

1. Migración vs. rendición de cuentas

Barack Obama, el exjefe de Biden, deportó a 1.18 millones de personas, buena parte centroamericanos, en los primeros tres años de su mandato; Trump deportó a poco menos de 800,000 en el mismo periodo, según un reporte de The Washington Post. Los demócratas, desde Biden hasta senadores como Charles Schumer de Nueva York, han defendido las deportaciones y la vigilancia en la frontera sur como una condición política para lograr programas de asistencia más integrales que ayuden a combatir las causas de la migración en Centroamérica, como la corrupción de sus gobiernos, la violencia y la desigualdad económica.

Fulton Armstrong, académico de American University en Washington y exasesor senatorial en temas latinoamericanos, cree que el equipo de Biden trabajará ideas similares a la Alianza de la Prosperidad, el plan del que el exvicepresidente fue punta de lanza durante la administración Obama, y el cual asignó fondos de cooperación por poco más de 2 mil millones de dólares en tres años e incluyó condiciones de rendición de cuentas de esos fondos y reformas institucionales para acceder a ellos. En Guatemala, por ejemplo, una condición impuesta por el senado fue reservar fondos para la CICIG y reforzar al Ministerio Público.

“Ese plan le dio a Biden una plataforma desde la que, al menos en la retórica, parecía estar abordando las causas que origina la migración desde Centroamérica hasta los Estados Unidos. Es un contraste muy fuerte respecto al enfoque de Trump, que se obsesiona con muros, patrullas, amenazas y otras cosas para ‘proteger nuestras fronteras’”, me dice Armstrong.

Una exfuncionaria de Obama que hoy asesora a Biden me explicó -desde el anonimato por no estar autorizada para hablar en nombre de la campaña- que el exvicepresidente va a cambiar la retórica nacionalista de Trump por “soluciones más factibles”. Los migrantes, me dijo, no tienen la culpa de los problemas económicos y la desigualdad en Estados Unidos.

Esta asesora asegura que un eventual plan Biden pasa por un diálogo con organismos financieros multilaterales y por entendimientos tajantes con los gobiernos socios, que incluyan más compromisos con la transparencia. “Esto no es un baile de uno solo”, me dice.

El tema migratorio, me asegura la asesora, no servirá a Biden como moneda de cambio.

Mike Pence, vicepresidente de EEUU visitó Guatemala, en junio de 2018, para reunirse con los presidentes del Triángulo Norte, Juan Orlando Hernández, de Honduras; Salvador Sánchez Cerén, de El Salvador y el anfitrión Jimmy Morales. El tema principal de la agenda fue el migratorio. El funcionario de Trump abogó porque los presidentes de la región impulsaran políticas para frenar el movimiento irregular de personas.

2. Los socios incómodos.

Cuando se habla con los asesores de Biden queda la idea de que los días de cuentas felices para Bukele, Hernández o Giammattei están contados; de que una eventual administración demócrata sería menos complaciente con los desmanes de estos presidentes.

“Lo que ha sido aceptable bajo la presidencia Trump no lo será en una eventual presidencia Biden”, me dice una de las asesoras con las que conversé por teléfono luego de que le pregunté por las acusaciones contra Juan Orlando Hernández, la falta de compromiso de Giammattei con las instituciones guatemaltecas que investigan la corrupción y las tendencias autoritarias de Bukele.

Tanto esta mujer como otro exfuncionario con el que hablé, también cercano a la campaña Biden, coinciden en que el Ministerio Público de Guatemala, y en específico la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), es, con mucho, el más avanzado de la región. “Eso es lo que hay que cuidar”, reflexiona uno de ellos.

La preocupación por el presidente salvadoreño es evidente: “Bukele está tomando posiciones que son problemáticas… parece que quiere caminar hacia una realidad donde el ejecutivo es todopoderoso. Por mucho que diga que es amigo de nosotros ese juego no es aceptable. La película de acumulación de poder en América Latina ya la vimos muchas veces y nunca termina bien”.

Fulton Armstrong, el exasesor senatorial, no es tan optimista respecto al alcance que Biden pueda tener para cambiar esa fórmula que ha permitido a los mandatarios centroamericanos canjear mano dura migratoria por condescendencia.

“Puede ser que el señor Biden resienta que Bukele y Hernández hayan sido muy cercanos a Trump, (el vicepresidente Mike) Pence y (el secretario de Estado Mike) Pompeo. Pero en lo operativo no veo probable que Biden tenga la disciplina, o que se la demande a su Departamento de Estado, de exigir a los gobiernos centroamericanos las reformas necesarias para construir democracias limpias e inclusivas”, me dice Armstrong.

Joe Biden con Otto Pérez Molina durante una visita en 2015.

3. Las dudas sobre las viejas sombras

Joe Biden es, en el tema centroamericano, hijo de la administración Obama y sus políticas. El mandato del 44avo. Presidente de Estados Unidos estuvo marcado por políticas que le permitieron abordajes más integrales del asunto migratorio y, por ello, echar a andar iniciativas como DACA, que dieron alivio a unos 650,000 jóvenes migrantes. O lograr el espacio político para abrir el diálogo con Cuba.

En el tema centroamericano, sin embargo, el asunto no empezó bien.

El Departamento de Estado de Obama fue blando al condenar el golpe de Estado que depuso al presidente Manuel Zelaya en 2009. A aquello siguió en Honduras la explosión más reciente del narcotráfico y el empoderamiento en el estado de grupos criminales de toda índole.

A Biden le toca responder directamente por el Plan Colombia, el controversial plan que combinó asistencia económica con ayuda militar para combatir la producción y tráfico de cocaína en el país suramericano. Más allá de éxitos relativos y temporales en la reducción de cultivos de hoja de coca en algunas zonas de Colombia, la fórmula probó no ser sostenible en el tiempo si se atiende al boom de la producción que se vive en el sur en la actualidad.

Incluso la Alianza para la Prosperidad y la cruzada anticorrupción tienen hoy poco que mostrar y esto, según Armstrong, no es solo culpa de Trump: “La lucha contra la corrupción y la impunidad era una buena idea, pero incluso durante la administración Obama fue parcial e inconsistente. CICIG en Guatemala tuvo logros importantes, pero nunca gozó de apoyo consistente de Estados Unidos, aun con Obama, lo que hizo mucho más fácil desmantelarla cuando llegó Trump”.

La tarea de reiniciar la política exterior hacia una región que es hoy menos violenta, pero más corrupta y en la que asoma el viejo autoritarismo latinoamericano, no parece fácil.

Armstrong lo resume así: “Reiniciar esfuerzos serios contra la corrupción y la impunidad requerirá de Biden mucho más que retórica”.