CIDH: no vale la pena poner en riesgo al país por intereses personales
La comunidad internacional está preocupada por el pulso del Gobierno para terminar con el trabajo de la Cicig y procurarse impunidad. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, convocó de oficio a una audiencia para evaluar esa situación y el Gobierno llamó a un viejo conocido para defenderlo: Antonio Arenales Forno.
La CIDH quiere evitar que la crisis en Guatemala escale a los niveles de Nicaragua. En la audiencia —celebrada ayer lunes— participaron también el Procurador de los Derechos Humanos y organizaciones de la sociedad civil para discutir la situación del país.
Arenales Forno fue exsecretario de la Paz de Otto Pérez Molina y defensor de militares. Durante el gobierno del Partido Patriota fue el responsable del permanente desacato de las sentencias de la Corte Interamericana. Actualmente, es embajador de Guatemala en Uruguay.
La reunión se realizó en Boulder, Colorado, y fue a puerta cerrada por solicitud del Gobierno. Fue Jordán Rodas y la organizaciones de la sociedad civil quienes compartieron detalles de la reunión a través de una videoconferencia.
Según el PDH, Arenales Forno repitió a calco el discurso de Jimmy: la Cicig ya finalizó su labor en Guatemala y debe retirarse el próximo año. En respuesta las organizaciones civiles denunciaron la actitud del Presidente por negarse a acatar las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad que ordenan permitir el ingreso del jefe de la Cicig, Iván Velázquez.
—Destacamos cómo, en el marco de este rompimiento constitucional, se ha amenazado la institucionalidad de derechos humanos, en el caso de la PDH. Se ha amenazado la independencia judicial, lo cual atenta también contra garantías constitucionales. Y cómo, la existencia de al menos 14 iniciativas de ley de carácter regresivo en materia de derechos humanos, representan una amenaza para Guatemala– explicó Iduvina Hernández, de la Convergencia por los Derechos Humanos, asistente en la reunión.
Los comisionados de la CIDH —aseguró el Procurador— instaron al Gobierno a sujetarse al Estado de derecho y cuestionaron si vale la pena poner en riesgo la institucionalidad del país por intereses personales. Además, pidieron utilizar el diálogo como mecanismo de resolución del conflicto. Hasta el momento, el Ejecutivo no ha confirmado esta información.
Los representantes de la comisión hicieron una solicitud al Estado para realizar una visita al país y corroborar las situaciones discutidas en la audiencia. Los miembros de la sociedad civil invitados esperan que la CIDH pueda mediar en la crisis para evitar que las tensiones sigan escalando.
La CC y Jimmy hacen silencio
La Corte de Constitucionalidad juega un rol importante en este guion. Ya resolvió rechazar los recursos planteados por el Ejército y Gobernación para rechazar el amparo que permite el ingreso del comisionado Velásquez. Solo el Ejército dijo que harían caso y que respetarían la decisión del máximo tribunal.
Sin embargo, aún no resuelven todas las solicitudes planteadas para que se declare la desobediencia del presidente, algo que lamenta Rodas, pues esto genera un ambiente de incertidumbre y un mal precedente para el país. La fiscal general y jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras, puso como requisito para actuar, que la CC declare el desacato.
—Ante la fiscal general la sociedad civil presentó una denuncia por desobediencia y yo también presenté una solicitud de desobediencia en la CC. Estoy esperando que resuelva la honorable Corte, pues ya son muchas actitudes del Gobierno que rayan en la ilegalidad-, dijo Rodas.
La oposición en el Congreso defiende a Jimmy
Mientras en Colorado se desarrollaba la audiencia sobre la Cicig, en el Congreso de la República los diputados se las arreglaban para hacer quedar mal al Ministerio Público, que asistió para ratificar la denuncia contra Jimmy Morales ante la comisión —presidida por Luis Fernando Montenegro, de Encuentro por Guatemala— que analiza si procede retirarle la inmunidad.
El MP y la Cicig señalan al presidente de ocultar al menos Q8 millones utilizados para el pago de fiscales del partido FCN-Nación en la primera y segunda vuelta de las elecciones 2015, sin que esto fuera reportado al Tribunal Supremo Electoral.
Las investigaciones en contra de Jimmy Morales por financiamiento electoral ilícito son los "intereses personales" a los que la CIDH se refirió cuando cuestionó las acciones del presidente que buscan debilitar la lucha contra la corrupción.
Es el segundo intento por remover la inmunidad a Morales. La primera solicitud fue presentada el 25 de septiembre de 2017 y fracasó en el Congreso debido a que no alcanzó suficientes votos favorables en el Hemiciclo. La segunda, se presentó el 10 de agosto pasado, y la actitud asumida ayer por la comisión pesquisidora parece indicar que la historia podría repetirse.
Oscar Schaad, jefe de la Fiscalía de Delitos Electorales, y Rafael Curruchich, investigador de esa misma unidad, dedicaron dos horas a explicar detalladamente el caso contra el presidente a los diputados. El expediente consta de 5 mil folios llenos de evidencias, entre ellas cheques, facturas y correos electrónicos. Pero esto pareció no ser suficiente para los legisladores.
El diputado Rudy Pereira, de FCN-Nación, interrumpió en varias ocasiones al fiscal Curruchich para cuestionar el trabajo del MP. Su principal demanda era que los investigadores presentaran una carta donde constara que el presidente aceptó recibir financiamiento electoral de forma anómala.
—¿Existe en todo ese expediente o la investigación que ustedes tienen, una carta de autorización para hacer todo ese trámite, un correo electrónico del partido o del presidente done él diga que le hagan esos pagos?,– consultó Pereira a los fiscales.
Boris España, electo por el Partido Patriota, que fue cancelado por financiamiento electoral ilícito, incluso intentó desviar la responsabilidad del partido oficialista para exculpar a Jimmy Morales:
—Yo respeto el trabajo de los fiscales, pero tengo algunas dudas. En este tipo de pagos (financiamiento ilegal) ¿será que la empresa o el operador político lo hizo para saber cómo estaba la campaña electoral de FCN y favorecer a otro partido? ¿a quién se vendió esta información?– cuestionó el congresista.
Óscar Schaad señaló a la comisión que la información presentada no puede ser espuria, ya que es la misma utilizada en los proceso penales abiertos contra 9 personas. Eso quiere decir que un juez de primera instancia ya calificó los medios probatorios del antejuicio.
—Creo que hay muchas dudas y yo las respeto, pero obviamente esas mismas dudas son las que nosotros ponemos sobre la mesa de la comisión pesquisidora, porque lo que nosotros estamos pidiendo es el retiro de la inmunidad, para poder nosotros profundizar en la información que ya tenemos– dijo el jefe de la Fiscalía de Delitos Electorales.
Arenas, la reunión con empresarios y el delito que ya no quiere
Las pruebas documentales que tiene el MP respaldan el financiamiento electoral ilícito, del cual Jimmy tuvo conocimiento. En 2015, el entonces candidato presidencial se reunió con los empresarios que le entregaron los donativos y, según la declaración de Rodrigo Arenas, operador de los financistas, fue él mismo quien le llamó para designar a Edgar Ovalle —exdiputado prófugo— como mediador.
Arenas, activista del Movimiento Cívico Nacional, también fue citado por la pesquisidora y dio detalles sobre la reunión entre el entonces presidenciable y un grupo de empresarios. Calificó como "aporte cívico" el dinero que sirvió para financiar fiscales de mesa el día de las elecciones.
Confirmó que a petición del empresario Salvador Paiz hizo un acercamiento el 19 de agosto de 2015 y se acordó el aporte para pagar a fiscales del FCN-Nación para que "defendieran el voto".
La postura de Arenas se complementó con que los diputados reformen el delito de financiamiento electoral ilícito, porque a su criterio está mal tipificado.
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