Así operó la estructura que financió parte de la campaña de Sandra Torres en 2015

Políticos, empresarios y colaboradores fueron parte de una estructura que ayudó a la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) a captar más de Q19 millones violando la Ley Electoral y de Partidos Políticos

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Sandra Torres y Mario Leal fueron candidatos a la presidencia y vicepresidencia en 2015.

Foto: Carlos Sebastián

Sandra Torres, la todopoderosa de la UNE, está metida en un problema mayor.

La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el Ministerio Público (MP) iniciaron un proceso para que Torres pierda la inmunidad que ahora posee, luego de inscribirse como candidata presidencial para las elecciones de junio de 2019.

Leé esta opinión: El show de Sandra para que nos olvidemos de sus delitos y de su protectora, Consuelo Porras

El objetivo es investigarla e iniciar un proceso penal en su contra, ya que, según las investigaciones, es una de las responsables en una trama de financiamiento electoral irregular.

Los señalamientos contra la ‘número uno’ de la UNE tienen su origen en 2015, cuando también fue candidata presidencial y su vicepresidenciable era el empresario Mario Leal Pivaral.

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Según la CICIG y el MP, hace cuatro años la UNE captó Q19.5 millones para su campaña, violando la Ley Electoral -en ese entonces, se tipificaba el delito de financiamiento electoral ilícito-.

Para eso el partido utilizó una serie de empresas reales y de cartón, con el objetivo de evitar los controles del Tribunal Supremo Electoral, según el MP y la CICIG.

En este nuevo caso también están señalados Leal Pivaral y Gustavo Alejos Cámbara, señalados ambos en el Caso Traficantes de Influencias; el primero se encuentra prófugo de la justicia y el segundo fue recapturado hoy, porque gozaba de prisión domiciliar.

Las autoridades también pidieron que se le retire la inmunidad a los diputados Julio César Ixcamey, Karina Paz, Jairo Flores y Jorge Vargas y los alcaldes de Nebaj, Pedro Rayumundo Cobo y de Chiché, Ángel Guarcas.

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Tres empresas clave en la operación

Según la CICIG y el MP, la UNE utilizó a las empresas Maariv, S.A., Promotora de Recursos Habitacionales S.A. (Prohabsa) y al Grupo Empresarial San Felipe S.A. —propiedad del diputado Ixcamey—, y otro grupo de empresas satélites, para recaudar y administrar el financiamiento irregular.

El representante legal de Maariv es Luis Fernando Pérez Vargas, un hombre vinculado a Mario Leal.

Según la investigación, en 2015 Maariv aparentaba ser una empresa constructora, pero su función era recibir fondos para financiar la campaña de la UNE. En total movilizó Q9 millones.

Esos fondos llegaron a Maariv provenientes de otras empresas. Unas reales y otras de cartón.

Hay registros de un aporte por Q500 mil de Ingeniería Integral. A cargo de esta empresa está Marlon Estuardo Marroquín Silva, el hijo de Giovanni Marroquín Navas, vinculado con el caso La Línea y Traficantes de Influencias.

Otra de las empresas aportantes fueron Edificaciones Corporativas, que depositó Q3.36 millones para Maariv. Grupo Inmobiliario San Felipe -propiedad del diputado Julio Ixcamey- depositó Q1.7 millones. Maynor Feizal Zimeri Corado y SOSEL dieron Q1.7 millones. Summa Aqua entregó Q204 mil.

También hay registros de los aportes de Juan Pablo García Castro y de Gustavo Andrés Alejos Jansa —hijo de Alejos Cámbara— por Q500 mil cada uno. Y de Antonio Juan Cristiani Burkard por Q100 mil.

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Una reunión con Sandra Torres

Además, para Maariv hay aportes de la empresa Unipharm. Per Michael Erichsen Rydhager, el representante de esa firma, se negó a aportar Q500 mil a la campaña de la UNE, como se lo pedía Leal antes de las elecciones de septiembre de 2015. Así que le dio solo Q250 mil.

Después de que la UNE pasara a la segunda vuelta electoral, en octubre de 2015, Leal le volvió a pedir dinero a Erichsen. Pero el empresario pidió una reunión privada con Sandra Torres para hacer un segundo aporte de Q250 mil..

Erichsen y uno de sus trabajadores acudieron a la cita con Torres, quien los hizo esperar al menos media hora; ahí conversaron y acordaron que la segunda entrega de dinero sería a nombre de Byron Argueta.

Las empresas de Mario Leal Castillo y de Ixcamey

El representante legal de Prohabsa es Mario Roberto Leal Castillo; captó y movilizó Q7.7 millones en la trama.

Prohabsa recibió Q2.9 millones de Ingeniería Integral -la empresa de Giovanni Marroquín-, Q1.8 millones de Compañía Agrícola Industrial Solesa y Q1 millón de Comercializadora Kutno.

En el caso de Grupo Empresarial San Felipe, de Ixcamey, recibió fondos y los dirigió a la campaña de la UNE.

Según la CICIG y el MP, el Grupo Empresarial San Felipe está registrado como financista de la UNE ante el TSE, pero canalizó fondos a través de otras empresas y personas para llevar los recursos al partido.

Esta empresa entregó Q1.7 millones a Maariv, Q. 3.7 millones a Juan Pablo García Castro, Q3 millones a Maynor Feizal Zimeri Corado y Q1.75 a Solesa. En los cheques se observan anotaciones como “UNE” o “Campaña UNE”.

Hasta ahora se desconoce cómo llegó ese dinero hasta la empresa de Ixcamey.

Los fondos ilícitos

De los Q19.5 millones de financiamiento irregular, Q3,4 millones tienen orígenes ilícitos, según las investigaciones. Las autoridades sostienen que esos fondos provienen de las ‘ganancias’ que recibió Mario Leal por su participación en una estructura ilegal que cobraba por la agilización de expedientes de devolución de crédito fiscal ante la SAT. Es el caso conocido como Traficantes de Influencias.

Esos fondos fueron trasladados por Ingeniería Integral S. A. a las cuentas de Maariv S.A. y de Prohabsa. Ese dinero, de origen ilícito, se habría mezclado “con otros capitales y fueron utilizados en gastos de campaña de la UNE”, según un boletín de prensa.

Para extraer el dinero de las cuentas bancarias usaron a mensajeros y trabajadores vinculados Leal Castillo y personas afiliadas a la UNE, que eran utilizados por candidatos a diputados del partido.

La empresa Compañía Agrícola Industrial Solesa, S.A. vinculada a la familia del candidato vicepresidenciable, también movilizó recursos.

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De un delito a otro delito

El sismo del financiamiento electoral irregular en la UNE empezó con otro caso.

En enero de 2018, la CICIG y el MP presentaron el caso “Traficantes de Influencias”; así salió a luz la existencia de una estructura criminal que se dedicaba  al cobro de sobornos para agilizar de crédito fiscal en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).

Entonces se detectaron movimientos financieros irregulares en las cuentas, que exponían transferencias irregulares de  Ingeniería Integral hacia Maariv.

Al frente de Ingeniería Integral estaba Marlon Estuardo Marroquín Silva, el hijo de Giovanni Marroquín Navas.

Al rastrear los movimientos de la entidad Maariv se detectó que las cuentas eran utilizadas por Mario Leal Castillo para el financiamiento ilícito del partido UNE, por lo que se abrió una nueva línea de investigación, la que desencadenó el caso que se presenta.

En este caso tienen orden de captura:

Mario Roberto Leal Castillo, Mario Roberto Leal Pivaral, Rodrigo Leal Castillo, Luis Fernando Pérez Vargas, Carlos Enrique López Girón, Julio César López Villatoro, Guillermo Alejandro Sierra Sierra —capturado—, Susana Patricia Castellanos González, Gustavo Adolfo Alejos Cámbara —capturado—, Víctor de Jesús Duarte Mendoza —capturado—, Maynor Feizal Zimeri Corado y Juan Pablo García Castro —capturado—.

Por este caso serán llamados a declarar:

Antonio Juan Cristiani Burkard, Per Michael Erichsen Rydhager, Héctor Ricardo Quan Serrano, Enrique Sánchez Hernández, Héctor Rafael Leal Valdés, Nelson Alexis García Morales y Edín Alberto Álvarez Pérez.

¿Qué dice la UNE?

En una conferencia de prensa, en las oficinas de la UNE en el Congreso, Sandra Torres dijo que el caso de financiamiento electoral ilícito que toca a su partido es parte de un plan de la exfiscal general Thelma Aldana.

Torres sostuvo que el fiscal Juan Francisco Sandoval, quien presentó al caso, es el ‘operador político’ de Aldana, quien se perfila como candidata presidencial por el partido Semilla.

Pero la candidata de la UNE no presentó documentos o pruebas que respaldaran su acusación contra la exfiscal general. Al final de la conferencia no aceptó preguntas de los periodistas.

Aldana dejó su cargo en el Ministerio Público el 16 de mayo de 2018. En su lugar asumió Consuelo Porras, quien ahora es la fiscal general y responsable de la persecución penal.

Javier Estrada Tobar
/

Periodista y comunicador. Se formó y trabajo durante casi diez años en Lahora.gt. Apasionado por las letras, el desarrollo humano, la política, las redes sociales, el cuidado del medio ambiente y la buena comida.


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    Víctor López /

    06/02/2019 3:49 PM

    Sandra acompañada de la mafia oligarquica del país (azucacareros ) llevan la consigna de pasearse en nosotros... Y la gente todavía les cree , lo peor de todo es que con zury, giammatei y todos los van a participar llevan el mismo objetivo... NI MODO JÓVENES , el país ya no tiene remedio...

    ¡Ay no!

    ¡Nítido!

    en perspectiva /

    06/02/2019 3:24 PM

    anteriormente hubieron varias capturas que se realizaron después de que medios publicaran sus investigaciones.

    nomada publica su investigación un día después de que le dan su credencial y con ello impunidad a Torres???

    wtf!!!

    ¡Ay no!

    ¡Nítido!



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