CICIG: Iván Velásquez desmiente acusaciones de Jimmy Morales

Desde la reciente ofensiva a la CICIG por parte del gobierno de Jimmy Morales, Iván Velásquez ha evitado pronunciarse ante la ONU acerca de los argumentos de la cancillería y del mismo presidente para expulsar a la comisión y a sus investigadores. Sin embargo, este viernes envió una carta al secretario António Guterres con respuestas a las denuncias de abusos que sostienen los opositores a la comisión.

A continuación, hacemos un detalles de cada punto. Se explica la denuncia puntual hecha por Jimmy Morales y el argumento que Velásquez expone ante la Organización de Naciones Unidas.

1. Intervención asuntos internos

El Gobierno acusó a la comisión de inmiscuirse en asuntos internos para promover reformas constitucionales para el fortalecimiento del sistema de justicia.

El comisionado Velásquez cita el artículo II del acuerdo de la CICIG donde se incluye en las competencia la promoción de reformas jurídicas e institucionales para prevenir la reaparición de cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad (Ciacs).

También hace referencia al artículo VI donde se acuerda que el mismo Organismo Ejecutivo presentará ante el Congreso propuestas de reformas consensuadas con las instituciones interesadas para mejorar el funcionamiento del sistema de investigación y procesamiento judicial.

Recordó que en el 2016 bajo el auspicio de los tres poderes del Estado se comenzó con la elaboración de una propuesta para la reforma del sector justicia. Para ello se hizo una presentación en el Teatro Nacional con la presencia de los presidentes de los tres poderes. Fue el presidente del Congreso, Óscar Chinchilla, pidió que se diera acompañamiento con los diputados que verían las reformas. La falta de voluntad política frenó el proceso.

2. Allanamiento a Casa Presidencial

Jimmy Morales afirmó que CICIG abusa de la fuerza en las diligencias de allanamiento. Pone como ejemplo, un allanamiento llevado a cabo en el 2016 en las oficinas de la SAAS y asegura que hubo “un atentado contra la seguridad nacional”.

Velásquez responde que el trabajo de la comisión se ha realizado bajo la legislación guatemalteca. Recordó que es el MP el que solicita los allanamientos y son autorizados por un juez. Los investigadores de la comisión dan apoyo técnico.

Para los procedimientos se forma una unidad de gestión para cada allanamiento, la cual se integra con normalidad entre un fiscal titular, uno auxiliar y una patrulla de la PNC. Es el MP quien coordina junto al Ministerio de Gobernación. Auxilian cada equipo un experto de CICIG —en ocasiones 2— como observador.

—La CICIG, por lo tanto, acompaña estas diligencias sin utilizar la fuerza—, dice el comisionado.

Cita que el caso denunciado ante la ONU por el gobierno de Guatemala ha tenido dos reacciones. Primero, Jimmy Morales y su entonces vocero presidencial negaron que haya ocurrido un allanamiento y que ellos mismos permitieron el ingreso para recolectar documentos en las oficinas de SAAS. Meses después, cuando Morales cambió su discurso para atacar el trabajo de CICIG, sostuvo que la Casa Presidencial fue allanada de forma violenta.

Velásquez acompaña esta aclaración con este video:

3. Abuso de prisión preventiva

Se ha afirmado que CICIG abusa de la prisión preventiva.

CICIG no envía a la cárcel, es la conclusión a la que llega el comisionado Velásquez. Según la legislación, quien dicta la prisión preventiva es un juez y se hace solo cuando exista peligro de fuga o riesgo de obstaculización de la investigación de parte del sindicado.

Por la naturaleza de investigación, las estructuras criminales son de alto poder e influencia en la institucionalidad y la sociedad guatemalteca, por ello el MP y la CICIG solicitan que los ligados sean enviados a prisión mientras se investiga el caso.

Según Velásquez, el 40 por ciento de las personas ligadas a proceso en casos de CICIG guardan prisión preventiva. La media nacional de esta condición para los sindicados es muy superior. La población carcelaria guatemalteca es de 23 mil 986 personas, de ellas, 12 mil 612 están en prisión preventiva, frente a 11 mil 374 que están sentenciados.

—En realidad, las personas privadas de libertad relacionadas con CICIG son menos del 1.1% del total de la población carcelaria—, recuerda Velásquez.

A esto recuerda que los abogados defensores de los casos realizan un litigio malicioso y esto evita que avancen los casos y las condenas.

4. Presunción de inocencia

Se ha afirmado que las conferencias de prensa realizadas conjuntamente por el Ministerio Público bajo la dirección de la ex fiscal Thelma Aldana y CICIG para presentar sus investigaciones fueron violatorias de la presunción de inocencia.

El comisionado Velásquez explica que es el Ministerio Público quien ha realizado de manera tradicional las ruedas de prensa sobre casos considerados de interés público. Es el MP quien decide sobre la conveniencia de las conferencias, el rol de CICIG ha sido de apoyo técnico. En la actual administración, la fiscal Consuelo Porras, decidió que fuera el fiscal de la FECI quien ofreciera las conferencias.

Hay dos objetivos para estas conferencias —explica Velásquez—:

1. Finalidad didáctica y para hacer conciencia sobre el funcionamiento y alcance de las Ciacs en Guatemala.

2. Evitar especulaciones y manipulación de la información antes de la primera audiencia.

—En las reformas procesales ocurridas en los años noventa en materia penal, Guatemala se adscribió al sistema acusatorio, oral y público, lo que implica que cualquier ciudadano o medio de comunicación puede acudir a una audiencia en el marco de los procesos judiciales que se adelantan—, dijo el comisionado Velásquez.

5. Rendición de cuentas de CICIG

Se ha afirmado que CICIG no rinde cuentas del uso de sus fondos y sus actividades

La Comisión se financia de contribuciones voluntarias de los países miembros de Naciones Unidas. El presupuesto se administra en un fondo fiduciario del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), entidad que cada tres meses presenta informes de ejecución financiera a los donantes y que realiza cada año una auditoría contable. La información está disponible en la página web de PNUD.

Además, señala Velásquez, la Comisión elabora y presenta públicamente en Guatemala un informe anual de actividades y se reúne de forma periódica con los representantes de los donantes en este país.

6. Riña con joven Zimeri

Se ha afirmado que CICIG violó derechos humanos en el caso conocido como “Zimeri”. Se ha afirmado también que se alteró la prueba del caso.

Sobre este tema el Comisionado hizo un recuento del suceso: en junio de 2017, fuera de horario laboral, personal de CICIG se vio envuelto en una trifulca durante un partido de fútbol. Como resultado, un joven de apellido Zimeri y un trabajador de la Comisión resultaron heridos. El joven Zimeri denunció por agresión a los trabajadores de la Comisión.

Los hechos ocurrieron en un horario no laboral, en un espacio de responsabilidad individual, sin ninguna vinculación con su trabajo. Sin embargo, CICIG, dice Velásquez, desarrolló un proceso disciplinario interno, para el cual se solicitó copia del video de seguridad de las instalaciones deportivas como evidencia. Las imágenes originales son parte del expediente del Ministerio Público, “por lo que no hubo posibilidad de manipulación”.

Velásquez dice que la solicitud de las copias del video no tiene vínculo con el trámite de la denuncia en el MP ni influencia su avance.

El personal de CICIG está sujeto a normas generales de conducta y decoro, más allá de su horario laboral, por lo que los trabajadores implicados en el altercado fueron sancionados de forma administrativa e interna.

7. Transferencia de capacidades al MP

Se ha afirmado que CICIG debilita a las instituciones nacionales

Sobre esto el Comisionado afirma que la CICIG transfiere sus capacidades a través del desarrollo de investigaciones y de llevar junto al MP los casos a los tribunales, de manera tal “que se aprenda haciendo”.

Los resultados alcanzados por el Ministerio Público y la CICIG en casos complejos, “se han apoyado en formas novedosas de responder a esta criminalidad, con métodos modernos de investigación y trabajando en la persecución penal en forma estratégica y conjunta entre fiscales, policías y analistas”.

Velásquez resalta que la CICIG ha apoyado a la creación de la Fiscalía Especial contra la impunidad (FECI), la Unidad de Métodos Especiales y la Dirección de Análisis Criminal y ha impulsado la implementación de interceptaciones telefónicas, equipos de extracción de información forense y la figura del colaborador eficaz, entre otros.

8. Falta de control y supervisión

Se ha afirmado que CICIG es un ente supranacional que actúa sin control o rendición de cuentas.

Los actos de la Comisión están regulados por las leyes de Guatemala, dice Velásquez. En el marco de las investigaciones y litigios en los cuales apoya al Ministerio Público, son siempre las autoridades guatemaltecas de justicia quienes dirigen los casos.

Si bien CICIG puede realizar investigaciones independientes, no tiene acción penal: no puede presentar casos ante los tribunales. Solo la Fiscalía de la República decidir qué investigaciones pueden ser judicializadas. Por lo tanto, la supervisión sobre las actividades de persecución penal la realiza en todo caso, el MP.

El comisionado aclara que la CICIG no puede realizar allanamientos, arrestos o interceptaciones telefónicas.

9. Persecución selectiva y politización de la justicia

Se ha afirmado que los casos que apoya CICIG en materia de investigación y litigio responden a motivaciones y fines de tipo ideológico, encaminado persecuciones selectivas.

Iván Velásquez hace un recuento en esta parte. Desde su creación la CICIG ha apoyado en casos que han afectado a más de mil personas, donde se incluyen diputados de diferentes partidos e ideologías, funcionarios de los últimos cinco gobiernos -incluidos presidentes y ministros conservadores y progresistas-, alcaldes, jueces, magistrados, miembros del ejército, de la Policía Nacional Civil, del sector privado y particulares.

En el propósito de perseguir estructuras criminales, es independiente de la naturaleza, calidad, extracto social, origen e ideología, enfatiza Velásquez.

10. Supuesta violación a la Constitución de Guatemala

Se ha afirmado que CICIG irrespeta la Constitución de Guatemala, aludiendo a las declaraciones de un funcionario de la Comisión que se refirió en una audiencia ante el juez a la superioridad jerárquica del Acuerdo que establece la Comisión.

En esa audiencia, aclara Velásquez, el abogado de la Comisión hizo referencia al artículo 46 de la Constitución, que establece el principio general “de que en materia de derechos humanos, los tratados y convenciones aceptados y ratificados por Guatemala, tienen preeminencia sobre el derecho interno”.

11. Sobre la supuesta injerencia en las elecciones

A raíz de la firma de un convenio de cooperación técnica con el Tribunal Supremo Electoral, se ha afirmado que CICIG trata de manipular el proceso electoral y favorecer a candidatos específicos.

Sobre ese extremo el Comisionado Velásquez dice que el financiamiento electoral ilícito de campañas electorales constituye una de las estrategias de las redes político-económicas ilícitas para cooptar el poder, obtener el beneplácito de las autoridades y enriquecerse de manera irregular.

Por ello, en el 2018, cuando el Tribunal Supremo Electoral implementó la nueva Unidad Especializada de Control y Fiscalización de las Finanzas de los Partidos Políticos, la CICIG apoyó en la capacitación del personal de ese equipo, por medio de un programa de transferencia de conocimientos en conjunto con la Fundación Konrad Adenauer (KAS).

Para combatir la corrupción desde raíz, afirma Velásquez, se debe prevenir que organizaciones criminales y grupos de poder financien la política para posteriormente utilizar la administración pública en beneficio propio y detrimento del bien común.

12. Intimidación y compra de testigos

Campañas bien financiadas han afirmado que oficiales de la Comisión han intimidado u ofrecido beneficios ilegales a testigos.

Iván Velásquez asegura que durante su gestión al frente de la CICIG nunca se ofrecieron beneficios económicos o de otro tipo a testigos, que ningún juez ha solicitado investigar a algún funcionario de la Comisión y que nadie de su equipo ha sido condenado por prácticas intimidatorias o ilegales.

En el marco de las campañas de desprestigio bien financiadas, dice Velásquez, se ha promovido el litigio malicioso y denuncias espurias contra personal de la la Comisión, con el objetivo de intimidarlos, desprestigiar su labor y obstaculizar el avance de los casos.

13. Actos terroristas de los investigadores de CICIG

El presidente Jimmy Morales, con relación a la cancelación de visas de cortesía al personal, indicó que no puede aceptar dentro del territorio a personas señaladas de haber puesto bombas en instituciones y edificios del Estado, sin dar detalles de quienes se trataba.

La CICIG le entregó a la Cancillería de Guatemala certificados de los países de origen de los once trabajadores de la Comisión donde consta que ninguno tiene antecedentes penales. Pese a que el ente internacional solicitó una aclaración por lo dicho por Morales, no obtuvo respuesta.

14. Caso Bitkov

Se ha afirmado que CICIG, en connivencia con el Gobierno ruso, ha favorecido la persecución política por parte de Rusia de la familia Bitkov.

El jefe de la Comisión cita la resolución de los jueces en este caso: quedó probado que los señores Bitkov entraron en Guatemala de forma legal con sus pasaportes rusos y, una vez en el país, compraron documentos falsos a una estructura criminal. Para esa discusión se presentaron en el juicio más de 50 documentos provenientes de instituciones públicas del Estado, como la Dirección General de Migración.

Velásquez destaca que no se han encontrado indicios o evidencias de que la CICIG esté coludida con Rusia y que en un segundo juicio, ordenado por la Corte de Constitucionalidad, Vladimir Bitkov, fue encontrado culpable.

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