Cómo el PP robó Q55 millones con el terremoto de San Marcos (los negocios con la Salud Pública)

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La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) sigue trabajando y, junto a la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público, expuso la estructura criminal de corrupción más grande que se haya identificado en el gobierno del Partido Patriota (PP).

Más de 118 personas están involucradas en ‘Asalto al Ministerio de Salud Pública’, un nuevo caso de corrupción de al menos Q55 millones —unos US$7 millones—, en el que participaron funcionarios, diputados, empresarios y particulares.

A la cabeza de la estructura criminal está Jorge Villavicencio, quien fue ministro de Salud entre 2012 y 2014 —en el gobierno del PP— y ordenó contrataciones y compras con las que ganó millones de forma ilegal.

También habrían participado su hija, Saraí Villavicencio Delgado; su asesor Jorge Estuardo Estévez Cabrera; el exdiputado Luis Fernando Pérez y otros funcionarios y políticos, de los cuales varios aún ocupan cargos públicos y otros están en prisión, como Juan de Dios Rodríguez, exsecretario privado de la Presidencia.

Al asumir en el cargo, Villavicencio y sus supuestos cómplices se dedicaron a explorar qué negocios podían hacer e identificaron tres: construcción y reconstrucción de hospitales con sobrevaloración, contratación de personal y compra de insumos.

También vieron que podían ganar dinero si participaban en el negocio de los medicamentos, pero se dieron cuenta que eso estaba “cubierto por la entonces vicepresidenta Roxana Baldetti y una persona de apellido Jarquín”, según documentos de la CICIG y la FECI.

La jueza Éricka Aifán envía a prisión provisional a los sindicados en el caso "Asalto al Ministerio de Salud Pública". Quedan recluidos en la cárcel de Mariscal Zavala. Foto: Carlos Sebastián

El negocio tras el dolor

Una de las modalidades de este nuevo caso de corrupción tiene que ver con la reparación y rehabilitación de infraestructura de salud pública, después del terremoto del 7 de noviembre de 2012, y la posterior construcción de cuatro hospitales nuevos.

El seísmo de 7.2 grados afectó a una buena parte de los departamentos de San Marcos, Huehuetenango, Quetzaltenango, Sololá y Totonicapán. Más de 3 millones de personas resultaron afectadas por el terremoto y las autoridades cifraron las víctimas mortales en 45 y las heridas en 186 —aunque nunca aclararon la situación de decenas de desaparecidos—.

Uno de los casos más impactantes fue el rescate de los cuerpos de Edilsan Castillo Mérida, 47, y su nieta Melany Castillo, de seis meses, las primeras víctimas halladas en San Marcos, y que se convirtieron en un símbolo de la devastación.

La CICIG y la FECI dicen que el Ministerio de Salud aprovechó el estado de calamidad —una medida que se contempla en la ley para agilizar compras y acciones en medio de situaciones complicadas— en medio de la tragedia para evadir los controles de transparencia. Así podrían entregar millonarios contratos de construcción a empresas que les darían sobornos o coimas.

En ese contexto se hicieron 51 eventos de contrataciones para reconstruir centros de salud y hospitales, por los que se desembolsaron Q131 millones. De esa forma la estructura criminal cobró Q17 millones en coimas.

Después de la tragedia se ordenó la construcción de nuevos hospitales, o su ampliación. Y en esta nueva oportunidad de negocio también habrían participado diputados y funcionarios.

El diputado Estuardo Galdámez y el gobernador Heber Cabrera participaron en el “negocio” de un hospital para Quiché; el diputado Roberto Kestler y Rolando Pérez, en la ampliación del Hospital de Antigua Guatemala y el diputado Boris España en el hospital de Esquipulas; también un hospital en Rabinal, Baja Verapaz y el hospital de Villa Nueva.

Las obras costaron Q368 millones y el grupo criminal ganó Q36 millones en coimas.

Otro de los funcionarios que participó en los negocios fue el entonces secretario privado de la Presidencia, Juan de Dios Rodríguez, quien propuso como su intermediario a Roberto Samuel Dávila Meza.

El exministro Villavicencio ya había sido capturado el 23 de abril de 2019 por un caso de irregularidades en la suscripción de un pacto colectivo. Había quedado bajo arresto domiciliario.

Los negocios que no importaron a Baldetti

Según la investigación, Villavicencio aprovechó otro negocio que no le interesó a Baldetti y fue la compra de insumos para el sistema de salud, como ambulancias, bombas de infusión y colocación de rayos X en varios hospitales —aunque no todos se concretaron—.

La investigación da cuenta que el Ministerio de Salud no compraba los bienes o servicios que necesitaban los centros de salud o los hospitales. Al contrario, las adquisiciones se hacían cuando un proveedor ofrecía un soborno por los contratos.

En el pago de comisiones ilícitas se calcula que en el evento de bombas de infusión se pagó un estimado de Q500 mil en concepto de comisiones ilícitas. En el caso de la publicidad, cuyo contrato fue de Q6 millones 593 mil 970.50 adjudicado (entregado) a la empresa de Rolando Pérez Martínez, hermano del exdiputado Luis Fernando Pérez, la estructura habría recibido al menos Q400 mil quetzales.

En los eventos que no se pudieron ejecutar (compra de ambulancias, módulo de hospital de Mixco, y rayos X), pero sobre los cuales ya se habían pactado empresas y porcentajes de comisión ilícita, se evidenció el mecanismo para hacerse de los fondos del Ministerio de Salud en los que participaron otros actores como Jaime Pérez Castillo.

El gran negocio de las “450 plazas”

No solo se trataba de construcciones y compra de bienes. En el ‘Asalto al Ministerio de Salud Pública’ también hay evidencias de que la estructura criminal ganó dinero con plazas fantasma —personas que reciben salario sin trabajar—, cobrando comisiones a los trabajadores públicos o como una moneda de cambio por favores políticos.

La investigación evidenció que fueron adjudicadas al menos 450 puestos de trabajo en este ministerio, sostienen CICIG y la FECI.

Para que el negocio de las plazas funcionara, la estructura encontraba vital colocar personas afines en los puestos de dirección, así como las jefaturas de recursos humanos o en el área financiera. Eso no era un problema con Villavicencio al frente del Ministerio de Salud.

“Si bien los diputados del Congreso eran quienes realizaban mayores peticiones de plazas en el Ministerio de Salud, también se identificaron solicitudes de contrataciones provenientes de funcionarios de otras entidades públicas, tales como la Contraloría General de Cuentas, el Registro General de la Propiedad, algunos alcaldes y gobernadores”, apunta la investigación.

Parte de la estructura criminal que investiga CICIG y FECI. Fueron detenidos este martes. Foto: Carlos Sebastián

Los responsables

Este caso fue investigado por la CICIG y la FECI durante más de tres años, en los que se recopilaron análisis financieros y criminales, informes policiales, 37 mil correos electrónicos, auditorías y se consiguió la participación de un colaborador.

En este proceso se giraron 29 órdenes de captura de exfuncionarios, políticos, empresarios e intermediarios, de las cuales ya se efectuaron 20. Está pendiente la aprehensión del exministro Jorge Villavicencio. Además, serán citadas a declarar 84 personas que tienen algún vínculo con el caso.

Además se pedirá el desaforo de los diputados Boris España, Estuardo Galdámez, Aracely Chavarría, Luis Alberto Contreras Colindres, Marco Antonio Lemus Salguero, Leonel Sosa, Inés Castillo, Rodolfo Castañón, Ronald Arango y del alcalde de Guastatoya, Saúl Beltetón.