¿Cómo una guatemalteca podría ayudar a acabar con la crisis en Nicaragua?

El pueblo nicaragüense lleva casi 80 días en la lucha contra la dictadura del presidente Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo. La crisis que inició el 18 de abril de este año, ha llevado a los ciudadanos al límite. Empezaron protestando contra una reforma a la seguridad social y después de la represión ya solo piden la salida de la pareja dictatorial y una transición sin impunidad. Ahí es donde podría ayudar una guatemalteca.

De acuerdo con un informe preliminar de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH), entre el 18 de abril y el 2 de julio se registran 309 muertes (de los cuales solo 288 han sido identificados); hay más de 1,500 heridos, 158 secuestrados por grupos paramilitares de la dictadura y 246 civiles encarcelados por participar en las protestas.

Ante esta situación, el 30 de mayo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) entregó 15 recomendaciones al Estado de Nicaragua. La lista está encabezada por el cese inmediato a la represión y la creación de un mecanismo de investigación internacional sobre los hechos de violencia. La primera no fue atendida pero la segunda sí, y ayer fue presentado el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). Este grupo está integrado por los reconocidos profesionales Amérigo Incalcaterra de Italia, Sofía Macher de Perú, Pablo Parenti de Argentina y Claudia Paz y Paz de Guatemala.

Ellos tendrán a analizar las líneas de investigación que llevan las instituciones de justicia en Nicaragua y deberá recomendar acciones para que los crímenes desde el 18 de abril no queden en la impunidad. Tendrán que estudiar si se han usado todas las vías para investigar y si han usado las figurales legales correspondientes para cada posible delito y sus responsables. Al finalizar, deberán hacer recomendaciones al gobierno nicaraguense para que haya justicia.

¿Por qué en 2018 hay una dictadura que asesina manifestantes en Nicaragua?

Daniel Ortega fue el líder de la Revolución Sandinista que derrocó en 1979 a la dictadura dinástica familiar de Anastacio Somoza e instauró un régimen socialista que despertó gran simpatía en Europa y América Latina. Tras una guerra con la contrarevolución financiada por Estados Unidos, aceptó unas elecciones en 1990 y perdió contra Violeta de Chamorro.

En 2000, Ortega pactó con el entonces presidente liberal Arnoldo Alemán un acuerdo para empezar el fin de la democracia en Nicaragua. Como resume el periodista Carlos Fernando Chamorro, director de Confidencial, “hace 18 años pactaron una reforma constitucional que desmanteló la Constitución reformada de 1995, suprimió el derecho a las candidaturas para Movimientos por Suscripción Popular, se repartió en un pacto prebendario con el Partido Liberal Constitucionalista el control de los Poderes del Estado, y modificó la norma de la segunda vuelta electoral, como un traje diseñado a su medida, de manera que podría ganar una elección presidencial en primera vuelta con solo el 35% de los votos”.

Así regresó a la presidencia en 2007, “liderando un régimen corrupto que demolió la institucionalidad democrática y concentró todos los poderes del Estado”, continúa Chamorro. El régimen se alimentó de la otrora millonaria cooperación venezolana de Hugo Chávez y de una alianza con la élite empresarial nicaragüense, institucionalizada en el equivalente del Cacif, el Cosep.

Cuando hizo una reforma a la seguridad social para subir impuestos a los jubilados, los jóvenes reaccionaron en protestas. La respuesta del régimen desde el 18 de abril fue asesinar manifestantes. Desde entonces, las demandas ciudadanas ya no solo es la marcha atrás a la reforma al Seguro Social sino, como resume Chamorro, cuatro premisas: “1) el cese a la represión y la supresión de grupos paramilitares, 2) su rendición ante esta rebelión pacífica y el adelanto de las elecciones para 2019, 3) una transición sin impunidad ante los crímenes cometidos y 4) asistencia internacional para reformas para reinstaurar la democracia”.

¿Por qué una guatemalteca puede ayudar?

Ante la gravedad de los crímenes y la cooptación de las instituciones de justicia, en América Latina empieza a ser más común la asistencia internacional para resolver crímenes o luchar contra cuerpos paralelos. En Guatemala se fundó en 2008 la CICIG, en 2015 la MACCIH en Honduras y en 2015 el GIEI en México para resolver el crimen de la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa.

Claudia Paz y Paz fue integrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que resolvió el crimen contra los 43 estudiantes mexicanos.

Paz y Paz es doctora derecho penal y derechos humanos por la Universidad de Salamanca en España, con una carrera de más de 25 años en el sistema de justicia guatemalteca, que pasó por la oficina de derechos humanos del Arzobispado junto a monseñor Juan Gerardi en donde elaboraron el informe de esclarecimiento histórico “Guatemala: nunca más”. También por el Instituto de Ciencias Penales Comparadas (ICCPG) y como jefa del Ministerio Público entre 2010 y 2014. En el MP procesó a 19 narcotraficantes, a banqueros, al expresidente Alfonso Portillo y a militares por crímenes de lesa humanidad, incluido el exdictador Efraín Ríos Montt por genocidio en 2013. Al concluir su período en el MP, fue nombrada Secretaria de Seguridad Multidimensional de la OEA para el período 2017-2018.

En México, el GIEI en el que participó Claudia Paz demostró la responsabilidad de las autoridades mexicanas en la desaparición y asesinato de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. El resumen de la historia va así.

El día de un mitin de un narco-alcalde en Ayotzinapa, Guerrero, en el Pacífico mexicano, estudiantes tomaron cinco buses para ir a una manifestación en rememoración de la masacre contra estudiantes en Tlatelolco en 1968. El Gobierno dijo en un principio que los estudiantes habían molestado al alcalde, pero el GIEI descubrió que era más profundo.

La policía municipal empezó a disparar contra los buses –una represalia desproporcionada– no por el mitin sino porque en buses eran de narcos que transportaban heroína rumbo a Chicago, algo desconocido por los estudiantes. Entonces, la policía municipal entregó a los estudiantes a bandas de narcotraficantes para que los criminales pudieran ‘vengarse’ por la toma de los buses. El GIEI descubrió que la policía federal (nacional) y el ejército monitorearon esta entrega de los estudiantes por parte de la policía municipal a los narcotraficantes y que el ejército fue el que protegió la escena del crimen para evitar dar con los responsables.

Aquí, el resumen más amplio de los hallazgos del GIEI en México. 

En Nicaragua, la investigación del GIEI en el que participa Claudia Paz podría ser una puerta para que el final de la dictadura de Ortega y Murillo con la represión de abril a julio de 2018 no quede en la impunidad.