Continúa el guión: Jimmy desvaría y desacata, los ministros amenazan y Consuelo sigue vigilante

Como se preveía desde hace dos semanas, cuando el 31 de agosto el presidente Jimmy Morales se acuerpó de decenas de militares y policías y sacó a carros artillados para decir que ‘no cumpliría resoluciones ilegales’, el Estado de Derecho de Guatemala está a punto de quebrarse.

La primera violación (y delito) de Jimmy Morales fue el 4 de septiembre, cuando ignoró una resolución de 2017 en la que la mayoría de la Corte –Gloria Porras, Francisco de Mata Vela y Bonerge Mejía– le había ordenado permitir a la CICIG y al comisionado Iván Velásquez trabajar en Guatemala. Ese 4 de septiembre dio la orden de impedir el regreso del comisionado al país, pues salió a un viaje de trabajo a Washington, principal financista de la Comisión.

Ayer, 17 de septiembre, ocurrió la segunda violación a un fallo de la Corte de Constitucional. El máximo tribunal había alcanzado una sentencia unánime en la que ordenaba al presidente y a los ministros permitir el regreso del comisionado de la CICIG. Según fuentes de la Corte, a cambio de ignorar la primera violación, se daba esta nueva orden al presidente y se sumaron sus ‘magistrados aliados’, Dina Ochoa y Neftalí Aldana.

Jimmy Morales, junto a su vicepresidente, tres ministros y decenas de militares y policías.

Pero esta fue la reacción del régimen de Jimmy Morales.

Primer Acto: Jimmy desvaría y desacata

El presidente no logró intimidar a la Corte con la presencia militar permanente desde el 31 de agosto. Un días después de este nuevo revés, Jimmy Morales dio la cara. O bueno, apareció en público.

Se presentó al acto de inauguración de un complejo polideportivo en el metropolitano municipio de Mixco, junto al populista alcalde Neto Bran. Pero no dio la cara a las preguntas de la prensa, a la que se convocó para que llegara a las 10:30 horas, aunque el evento empezaría media hora antes. Así se evitó un cruce entre periodistas y el presidente, que hubiera implicado preguntas agudas por parte de los medios y explicaciones del mandatario ante este nuevo desacato de la Corte.

En su discurso, Jimmy Morales no mencionó la polémica por Iván Velásquez y la CICIG, aunque sus ministros más cercanos estaban trabajando en el plan de respuesta.

Lo que sí recordó el presidente fueron los chistes que contaba durante su faceta como comediante. También habló sobre fútbol y repitió el intento por apropiarse del discurso a favor de la vida y la familia. Aquí, una de las frases más chuscas de su disvarío en plena desobediencia a la Corte:

– Yo hice una película (cuando era comediante) que se llamaba ‘Repechaje’ y allí perdíamos todos los partidos. En esa película habían nombres de pueblos como ‘San Goloteo el Chiquito’ (en referencia a mover el pene) y eso es lo bonito de nuestro país, que hay identidad con cultura.

También intentó cautivar a su público hablando sobre fútbol:

– Un aplauso para Mixco que ya le ganó a los Rojos en su propia cancha. Ahora le voy a Mixco y a Petapa (donde juega su hijo José Manuel, procesado en un caso de corrupción, es parte del plantel; en Petapa jugó antes el hijo futbolista de Manuel Baldizón).

Y por último Jimmy volvió a aprovecharse, como es usual en estas últimas dos semanas, de la multitudinaria manifestación del dos de septiembre convocada por las iglesias católica y evangélicas, a favor de la vida y la familia:

– La identidad más grande que he visto en nuestro país es aquella marcha donde hubo 300 mil personas y que los medios dijeron que eran unos cuántos.

Esto es mentira, todos los medios cubrieron profusamente la manifestación y en la que no hubo una sola alución a defender a Jimmy Morales ni a atacar a la CICIG.

El presidente Jimmy Morales desacató la sentencia de la Corte porque no anuló la orden de prohibir el ingreso del comisionado Iván Velásquez.

Segundo Acto: El desacato y la amenaza de los ministros

Dos horas más tarde, en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, tres ministros fijaron la postura del Gobierno ante la resolución de la Corte.

La canciller Sandra Jovel, el ministro de Gobernación Enrique Degenhart y el procurador general Jorge Luis Donado dijeron que el Ejecutivo sí permitirá el ingreso al país del comisionado de la CICIG, pero sólo el comisionado que ellos decidan. Interpretaron (inventaron) que el fallo de la Corte dice que se debe permitir el ingreso de un nuevo jefe de la CICIG.

La canciller Jovel, en cambio, amenazó a la ONU y la responsabilizó “por cualquier circunstancia adversa que surja de la falta de designación del nuevo comisionado o comisionada”. Además, fijó un plazo de 48 horas para que Antonio Gutérres, el secretario general de las Naciones Unidas, nombre a un nuevo jefe de la CICIG. Y con ese nuevo nombramiento, que debe ser aprobado por el gobierno de Jimmy Morales, entonces se le permitirá el ingreso a la nueva cabeza de la Comisión.

Esto contraviene el acuerdo de creación de la CICIG, en el que se establece que el Secretario General de las Naciones Unidas designa al Comisionado. En ese procedimiento no tiene participación el gobierno de Guatemala, pues eso le restaría independencia a la institución.

Contraviene, además, la segunda orden de la Corte de Constitucionalidad, que manda al Gobierno a permitir el ingreso del comisionado de la CICIG, Iván Velásquez.

El procurador Jorge Luis Donado dijo que así interpretaron la decisión de la CC. Pero se quedó en silencio cuando se le preguntó por qué el Ejecutivo insiste en impedir el regreso al país de Iván Velásquez, cuyo nombramiento como jefe de la CICIG por parte de la ONU sigue vigente.

Sobre Iván Velásquez, el ministro Degenhart fue literal en desacatar la orden de la Corte:

– Al ciudadano colombiano Iván Velásquez Gómez no se le permitirá el ingreso al país.

Tercer acto: La fiscal general advierte y el MP investiga otros posibles delitos

La fiscal general Consuelo Porras emitió un comunicado y lo leyó en una rueda de prensa para decir que tomaba nota de la sentencia de la Corte de Constituiconalidad, que ordena al gobierno de Jimmy Morales permitir el ingreso a Guatemala de Iván Velásquez.

La fiscal general Consuelo Porras, junto a fiscales del MP

Recordó que “las leyes nacionales, las convenciones internacionales y las resoluciones judiciales son de carácter vinculante, por lo que sus mandatos deben ser observados y cumplidos”. Y advirtió que el Ministerio Público (MP) actuará “ante cualquier situación que dé lugar a la comisión de un hecho delictivo”.

Pero no actuará de oficio –como la ley le permite– sino que esperará a que la Corte se lo ordene –que es la otra forma que la ley permite–.

En una rueda de prensa brevísima aclaró que no actuará de oficio si el presidente o sus funcionarios desobedecen a la CC, como está ocurriendo. La jefa del Ministerio Público dijo que su labor de investigación empezará solo cuando la Corte haya determinado que su decisión no fue acatada por el Gobierno.

Por otro lado las fiscalías de Derechos Humanos y Delitos Administrativos ya tienen tres expedientes abiertos relacionados con esta crisis.

El primero, por los vehículos del Ministerio de Gobernación que circularon amenazantes el 31 de agosto afuera de la CICIG y la Embajada de Estados Unidos. Los videos con toda la información pertinente a este suceso ya se están la fiscalía de Derechos Humanos, por lo que se encuentran a la espera de explicaciones del Ministerio de Gobernación, quien en una conferencia dijo que eran ‘patrullajes normales’.

Por su parte, la fiscalía de Delitos Administrativos investiga los hechos del viernes 14 de septiembre, cuando el gobierno desplegó dos mil militares, policías y guardaespaldas presidenciales que detuvieron a ciudadanos en el parque y decomisaron pancartas críticas con el presidente, limitando la libertad de expresión.

El tercer expediente abierto es sobre la supuesta agente encubierta que se infiltró en la conferencia de prensa de la Corte para tomar fotos de periodistas. Descubierta, se le intentó detener, pero dijo “soy agente” y los policías la soltaron. No obstante, antes de subir a la motocicleta sin placas que la esperaba afuera, botó el teléfono celular, que fue puesto a disposición del Ministerio Público.

***

Esta crisis no tiene precedentes a nivel presidencial desde 1993. El único caso de altos funcionarios fue cuando el ministro de Educación de la UNE (2008-2011), Bienvenido Argueta, se negó a proporcionar información pública solicitada por la diputada Nineth Montenegro. Entonces, la Corte destituyó al ministro.

Es probable que ahora la Corte destituya a los ministros y le pida al MP que tramite el fin del antejuicio contra el presidente. Pero para llegar a eso, tiene que sesionar, y quien convoca a las sesiones es la magistrada Dina Ochoa, quien ha votado casi siempre en favor del presidente Jimmy Morales.