Familiares de Jimmy Morales se beneficiarían por la salida de CICIG

El Tribunal Décimo Tercero dejó fuera a la CICIG como querellante adhesiva en el Caso Botín Registro de la Propiedad, donde están sindicados Sammy Morales y José Manuel Morales, el hermano y el hijo del presidente de la República. A pesar de que el Ministerio Público planteó un recurso de reposición para que los jueces del Tribunal reconsideraran su decisión, fue rechazado.

Los abogados de los Morales argumentaron que los mandatarios de la CICIG no habían acudido a las audiencias, incluso Oscar Poroj, defensor de Sammy Morales, afirmó que “ya no existe Comisión Internacional contra la Impunidad”, repitiendo los discursos del gobierno de Jimmy Morales. Esta es la segunda ocasión que reciben un beneficio.

La primera vez fue con una resolución del magistrado Jaime González Dávila quien resolvió que los Morales tuvieran derecho a arresto domiciliario.

La Sala Tercera del magistrado Jaime González Dávila resolvió en febrero de 2017 enviar a sus casas al hijo y el hermano del presidente Jimmy Morales, enviados a prisión preventiva en enero de ese año para que no pudieran usar su cercanía con el poder para intervenir en las investigaciones del MP y la CICIG, que los acusan de haber estafado al Estado en un caso de corrupción de Q270 mil (unos U$40 mil) en 2013. Así como envió a sus casas a Estuardo Orellana, exsuegro de José Manuel Morales, y a Alma Orellana, implicada en el caso Botín Registro de la Propiedad.

Los cuatro sindicados recibieron las medidas sustitutivas de arraigo, arresto domiciliar, obligación de firmar en la fiscalía cada 15 días, la prohibición de acercarse al Registro General de la Propiedad, y el pago de Q100 mil de fianza. Así que a partir del22 de febrero, ninguno de los familiares debería pasar una noche más en prisión. Estuvieron recluidos en el cuartel general de Matamoros por 32 días, desde el 18 de enero del 2017.

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El tribunal explicó que para la resolución se tomó en cuenta que los acusados se habían puesto a disposición de la justicia, y que lo habían hecho voluntariamente, por lo que no existía un riesgo de fuga u obstrucción para la investigación.

Es importante recordar que se pusieron a disposición de la justicia sólo después de que la jueza Silvia de León mencionara sus nombres públicamente en el caso Botín Registro de la Propiedad.

Quizás para compensar la decisión, el juez González Dávila decidió aumentar los delitos por los que se les investigaría. En ese entonces también se les investigaría, a Sammy Morales y Mario Estuardo Orellana, por lavado de dinero.

Arzú, el otro protegido

El magistrado González Dávila tiene otros fallos relacionados con figuras importantes y conocidas, como el fallecido alcalde Álvaro Arzú, quien estuvo en un proceso judicial de antejuicio por incitar a la violencia, desde diciembre de 2016. El ex alcalde se negó a asistir a las audiencias que agendó la jueza pesquisidora, Silvia Morales.

La primera cita a la que el alcalde decidió no llegar fue el 18 de enero de 2017, por lo que se reprogramó para el 25 de enero, y tampoco llegó. El 6 de febrero, fecha en que se le citó por tercera vez, Álvaro Arzú recibió un amparo provisional, por parte del tribunal que lidera el magistrado Jaime González Dávila.

La resolución de la Sala fue provisional. El magistrado González explicó a Nómada que se decidió así para poder hacer las averiguaciones necesarias. Tanto la decisión de las prisiones domiciliares para los familiares del presidente Jimmy Morales y el amparo provisional para Arzú fueron respaldados por las otras dos juezas de la Sala.

El juez juzgado

Los casos en los que se ha visto involucrado el magistrado Jaime González han sido varios. Hace dos años estuvo cerca de perder su inmunidad porque la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) solicitó un antejuicio en su contra. El motivo: intento de proteger a los diputados miembros de la Junta Directiva de Luis Rabbé, acusados de crear plazas fantasmas en el Congreso.

La FECI considera que Jaime González Dávila firmó el acta de una sesión plenaria de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en la que no participó. La magistrada que se percató del incidente fue María Eugenia Morales Aceña, quien denunció lo ocurrido, al MP y a la Junta de Disciplina del Organismo judicial.

El magistrado González Dávila, explicó que lo que ocurrió en ese caso fue un error humano y administrativo. Como él fungió como magistrado de la CSJ, debido a que otros representantes se excusaron de conocer algunos casos, pero ‘no les pidieron que firmaran las actas el mismo día sino que unos días después’, se confundió. “Revisé las fechas de las dos actas primeras, pero la tercera no, y esa era de un sesión en la que no estuve yo”, dice el magistrado.

Es decir, firmó que había participado de una discusión en la Corte Suprema de Justicia en la que no estuvo.

En enero de 2017, se conoció que algunos magistrados titulares de la CSJ y otros magistrados de la Corte de Apelaciones decidieron que no había que quitar la inmunidad a González Dávila por el caso de Plazas Fantasmas. Aunque por el otro caso de la firma fraudulenta, el magistrado González Dávila se encuentra todavía bajo investigación por la FECI y la supervisión de tribunales del Organismo Judicial.

“No hubo mala fe”, dice González Dávila, “y si en algún momento se demuestra lo contrario pues ni modo”.

Al magistrado Jaime González Dávila también se le recuerda por ser parte del tribunal que permitió que Eduardo Vernon González, aquel abogado asesor de la exvicepresidenta Roxana Baldetti, no esté preso a pesar de tener una sanción de 5 años en prisión por participar en el delito de tráfico de influencias con el exdiputado Gudy Rivera, cuando ambos intentaron chantajear a la jueza Claudia Escobar para apoyar a Baldetti en el caso del Tribunal Supremo Electoral a cambio de su reelección.