Empresarios Arenas y Botrán se benefician con la piñata de impunidad

La reforma que hizo el Congreso al delito de financiamiento electoral ilícito entró en vigor y llevó al Ministerio Público a solicitar el cierre del caso contra los empresarios Rodrigo Arenas y Andrés Botrán, por el financiamiento ilegal a la campaña electoral de Jimmy Morales. Ambos fueron intermediarios entre empresarios y el ahora presidente, para pagar gastos del partido FCN-Nación sin reportarlos al Tribunal Supremo Electoral.

Hace un mes los diputados modificaron el Código Penal para garantizarse impunidad y evitar ser juzgados por el financiamiento anónimo de mega empresarios a las campañas electorales de FCN-Nación, UNE, Encuentro por Guatemala y Líder.

Con 97 votos reformaron el delito que les quitaba el sueño. El artículo 407N castigaba con cárcel a los secretarios generales de los partidos políticos y a los financistas que no reportaran al Tribunal Supremo Electoral el dinero destinado a gastos en las campañas electorales y con esto salvar de los procesos a quienes estaban señalados por el MP y CICIG del delito entonces vigente.

El efecto de las alianzas políticas en el Congreso llegó al sistema de justicia. La Fiscalía de Delitos Electorales del Ministerio Público solicitó al juzgado de Erika Aifán que cierre el caso contra Arenas y Botrán porque la ley en la que basaban su investigación fue modificada.

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Oscar Schaad, jefe de la Fiscalía, dijo que la decisión se tomó luego de analizar las reformas y cada uno de los casos que se conocen en esa unidad.

—Como Ministerio Público somos respetuosos de la ley y tenemos que actuar con la ley que se encuentra vigente. Las circunstancias del hecho son las que llevaron a la conclusión de que correspondía solicitar el criterio de oportunidad (el cierre del caso). Es indistinto del trabajo de investigación que realizó la fiscalía y es indistinto con los medios de convicción (pruebas) con los cuales cuenta la fiscalía para probar lo que se está solicitando.

Se le preguntó cuál fue el resultado del análisis de este caso y por qué llegaron a esa conclusión y respondió que esos detalles se darían a conocer en una audiencia programada para el 20 de noviembre, donde expondrán sus argumentos a la jueza Aifán.

Matías Ponce, vocero de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), respondió en el mismo sentido.

Arenas y Botrán fueron ligados a proceso penal por financiamiento electoral ilícito en abril de este año. El Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), los acusó de reunir dinero de un colectivo de corporaciones empresariales que se hacía llamar Grupo Antigua para el pago de gastos de la campaña electoral de Jimmy Morales, sin ser detectados por el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Ambos movieron sus influencias para ayudar a que Jimmy Morales llegara al poder. Con sus gestiones lograron que las empresas Cementos Progreso, Banco Industrial, Cervecería Centroamericana, Corporación MultiInversiones, e ingenios azucareros, depositaran al menos Q8 millones en las cuentas de una empresa de la familia Paiz Riera, Novaservicios, S.A., utilizada para canalizar el dinero recaudado y pagar personal que trabajó para el partido durante la primera y segunda vuelta electoral del año 2015.

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La postura de los fiscales en este caso era sólida y confiada. Entre las evidencias estaba la declaración de Paulina Paiz, la dueña de Novaservicios, que confesó que prestó su empresa para captar las donaciones y pagar gastos de la campaña de Morales. Además, entre la evidencia documental hay decenas de cheques que prueban las transacciones.

Botrán y Arenas a la salida de su primera audiencia.

Arenas y Botrán no solo se defendieron del caso en Tribunales, también llegaron al Congreso a pedir que se cambiara el delito por el cual, a unas cuadras en la zona 1, estaban siendo procesados.

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La versión anterior del delito no hacía distinción entre las formas de financiamiento electoral ilícito. Lo mismo condenaba el financiamiento proveniente de fuentes ilícitas, como el narcotráfico, que el que se entrega de forma anómala a un partido o que sólo no es registrado en la contabilidad. Por eso la Corte de Constitucionalidad pidió que fuera reformado para establecer sanciones y condenas para cada forma de financiamiento anómalo.

El fiscal explicó que no precisamente todas las investigaciones por financiamiento electoral ilícito de campañas políticas tendrán el mismo resultado. Cada caso se analiza por separado. Actualmente hay expedientes contra Orlando Blanco, de la Unidad Nacional por la Esperanza (UNE), Nineth Montenegro, de Encuentro por Guatemala y contra Jimmy Morales, ex Secretario General de FCN-Nación, además de empresarios que entregaron fondos que no fueron reportados.