Honduras, o cómo es la vida en una dictadura del Pacto de Corruptos

1. El estallido tras la corrupción en el Seguro Social

Mauricio Fuentes no se va de Honduras. Hace más de dos años que no tiene trabajo, sus ahorros apenas le alcanzan para malcomer dos tiempos al día y está a punto de ser desalojado de la casa que alquila en un barrio pobre de Tegucigalpa, La Lomita. Podría ser un migrante más de la caravana de ya 7,500 refugiados, pero dice que jamás abandonaría a su esposa, quien dejó de caminar en los últimos tres años por una enfermedad degenerativa en las rodillas.

A mediados de 2015, las prótesis estaban listas para la esposa de Mauricio Fuentes y las cirugías estaban programadas. Pero los planes cambiaron cuando salió a luz el desfalco en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), el más grande en la historia del país centroamericano. Más de US$290 millones fueron sustraídos del seguro social, y de esos, US$83 millones se desviaron a las arcas del Partido Nacional, del presidente Juan Orlando Hernández. Eso provocó una crisis política y administrativa, que le pasó la factura a los servicios de salud con la suspensión de la atención para miles de pacientes.

El escándalo de corrupción en el IHSS generó una ola de indignación que llevó a los hondureños a protestar en las calles durante cuatro meses. Ese año, el mundo se ilusionaba no solo con una primavera guatemalteca sino una centroamericana. En el punto más intenso, los ciudadanos hicieron protestas nocturnas con antorchas que demostraron el poder de la organización social. Al principio solo pedían justicia por la corrupción en el seguro social, pero pronto las demandas evolucionaron a exigir la renuncia del presidente y la instalación de una comisión internacional contra la impunidad, igual a la CICIG que funciona en Guatemala, una CICIH, una CICIHON.

Como era de esperarse, gobierno de Juan Orlando Hernández no accedió a la demanda ciudadana.

La crisis del servicio de salud se complicó luego de un caso de corrupción en el IHSS.

En cambio, Juan Orlando Hernández —antes el presidente del Congreso que validó el golpe de Estado en 2009— buscó una estrategia para calmar al pueblo hastiado por la corrupción, que funcionara como una válvula de escape para la indignación acumulada durante años. Y al final, después de discusiones con la sociedad civil y presiones del gobierno estadounidense de Barack Obama y Joe Biden, se creó la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), auspiciada por la Organización de Estados Americanos (OEA), que empezó a trabajar en abril de 2016. “La Maxi”, le dicen en Honduras.

Para Mauricio Fuentes y muchos otros hondureños, la Misión ahora es la única esperanza de un cambio en su país con la investigación de casos de corrupción pública y privada, y el fortalecimiento de las instituciones hondureñas para que sean capaces de investigar, juzgar y desarticular a las mafias.

—Si mi esposa no puede caminar hoy es por culpa de los políticos corruptos. Y también por culpa de ellos es que muchos escapan hoy hacia Estados Unidos, huyendo de la pobreza, de la violencia. Ahora la MACCIH es todo lo que tenemos, es la única alternativa contra los poderosos que tienen hundido a este país.

Pero la MACCIH no tiene las cosas a su favor.

2. Honduras no es São Paulo

Luis Almagro, el secretario general de la OEA, es también el jefe de la MACCIH, pero para términos prácticos el brasileño Luiz António Marrey, de 63 años, es el vocero y responsable de la Misión. Tiene experiencia en la investigación y persecución de las mafias, luego de una larga carrera de 38 años en el sistema de justicia de São Paulo; fue el equivalente del Fiscal General de un estado brasileño con más población que Guatemala, El Salvador y Honduras juntos, 33 millones de personas.

Luiz António Marrey, vocero de la MACCIH.

No es lo mismo trabajar del lado de la justicia en el estado más rico y poblado de Brasil, que en un país centroamericano considerado con altos niveles de violencia, instituciones débiles y dominado por élites corruptas. Además, a Honduras la atraviesa una compleja historia como un laboratorio del anticomunismo de Estados Unidos en tiempos de la guerra fría, y un pasado reciente autoritario con un golpe de Estado contra Manuel Zelaya en 2009, seguido de elecciones sin observadores electorales y el fraude electoral de Juan Orlando Hernández, en diciembre de 2017.

Eugenio Sosa, profesor de sociología de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), explica que el país centroamericano ha sido gobernado durante el último siglo por las élites económicas a través del Partido Nacional y el Partido Liberal, los únicos dos partidos con más de cien años en Centroamérica. Estos dos grupos políticos están opuestos en las urnas durante las elecciones, pero se coordinan para operar en conjunto cuando sus intereses y privilegios —y los de sus financistas— están en riesgo, añade el sociólogo. Juntos, tienen el control de la política hondureña.

—Esa sinergia de los dos partidos más poderosos permitió que se diera el golpe contra Zelaya en 2009 cuando intentó consultar a los hondureños si estaban de acuerdo o no con la reelección, porque temían perder el control del país. Y también dio lugar a la reelección ilegal de Juan Orlando Hernández, aún cuando la constitución lo prohíbe, porque eso les garantizó continuidad en el poder. Ahora, unen esfuerzos contra la MACCIH.

Eugenio Sosa, profesor de la UNAH.

El trabajo de la Misión pasa por investigar y desarticular a las mafias incrustadas en la política y en todos los círculos de poder que funcionan alrededor, según Sosa. Y hace eco de Iván Velásquez, el jefe de la CICIG: “El financiamiento electoral ilícito es el pecado original de la democracia”.

El reto de la MACCIH ahora es ayudar a conseguir condenas en los casos de corrupción, desarticulando estructuras criminales. Además, proponer reformas que garanticen mejoras en las instituciones hondureñas de seguridad y justicia. Para eso tiene un presupuesto de unos US$30 millones, provenientes de donaciones internacionales.

La Misión además debe enderezar el rumbo, luego de que empezara sus funciones sin el apoyo popular, con señalamientos de intervención por el Gobierno y la OEA, y la ruidosa renuncia del primer vocero Juan Jiménez Mayor.

—La MACCIH tuvo un problema de origen y es que las movilizaciones ciudadanas pedían una CICIH y en cambio les dieron otra cosa. Así que las organizaciones sociales no le dieron de entrada ningún crédito; poco a poco tiene que ganarse la confianza de los hondureños, aún cuando tiene debilidades a partir de su creación, expone el sociólogo Sosa.

Una de las principales críticas es que, a diferencia de la CICIG, la MACCIH no puede presentar demandas en tribunales. Por eso necesita de la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad y la Corrupción (UFECIC), del Ministerio Público, para participar en los casos. Eso desanimó en un inicio a la sociedad civil hondureña, aunque hasta ahora no ha sido una limitante para cumplir con su mandato.

En cuanto al primer jefe de la misión, el peruano Jiménez Mayor, anunció su dimisión en una carta abierta compartida el 15 de febrero de 2018 en Twitter. En el documento expresó que “lamentaba la falta de comunicación” con el secretario Almagro. Y además denunció que no tuvo apoyo en cuestiones de seguridad, la asignación de recursos fue limitado y la interferencia de políticos hondureños dificultó su gestión. ¿“La OEA es más que Venezuela, también es Honduras”, dijo en una entrevista.

Dos días antes, el secretario general de la OEA envió una carta a Juan Orlando Hernández, donde criticaba a la MACCIH por no haber “sido capaz” de dar resultados suficientes en casi dos años, a pesar del apoyo del organismo internacional.

En abril renunciaron otros dos funcionarios de la MACCIH: Julio Arbizu y Daniel Urrutia, quienes denunciaron que en un 90 por ciento les tocó lidiar con corrupción proveniente de la misma OEA mientras cumplían funciones en el país centroamericano.

A pesar de todo esto, el nuevo jefe de la misión, el brasileño Marrey, es optimista. Cree que la MACCIH tiene altas posibilidades de éxito y confía en que continuará el trabajo conjunto entra la Misión y el Ministerio Público hondureño, pero considera que el verdadero cambio en Honduras depende de sus ciudadanos.

—Las misiones son temporales. Así que los ciudadanos deben ser los protagonistas del cambio. Y ellos tienen que exigir a sus representantes las reformas que quieren para su país.

El problema es que hay un divorcio entre las demandas ciudadanas y la actuación de la clase política.

3. La maquinaria de impunidad en marcha

En los últimos 12 meses, los hondureños han visto explotar tantos casos de corrupción como nunca antes en la historia desde la UFECIC y la MACCIH, muy similar a lo que ha ocurrido en Guatemala desde 2015. Diputados, exfuncionarios, empresarios y hasta una exprimiera dama han sido señalados y detenidos.

—¿Cómo consiguió la justicia derrotar a los grupos criminales en tan poco tiempo, se le cuestiona a un político opositor.
—La respuesta es bastante simple: No se les ha derrotado. Los casos de corrupción se han hecho visibles con las investigaciones y los funcionarios son detenidos, pero al final el sistema de justicia sigue al servicio de los más poderosos, dice Anibal Calix, exdiputado del Partido Anti Corrupción y una de las voces más críticas de la actual legislatura.

El caso más reciente, y probablemente más importante, se llama “Caja de Pandora”. El 13 de junio de 2018, la UFECIC y la MACCIH revelaron cómo se desviaron US$11,7 millones de la Secretaría de Agricultura y Ganadería para el financiamiento de las campañas del Partido Nacional, el Partido Liberal y (en menor medida) el Frente Amplio entre noviembre de 2011 y abril de 2014.

La sociedad civil vio con buenos ojos la instalación de la MACCIH, pero el Pacto de Impunidad ha impedido que tenga un buen desempeño.

La investigación apunta que los 38 implicados en esta trama son diputados, funcionarios y exfuncionarios, empresarios y particulares. Ellos debían ejecutar los recursos en programas de apoyo a pequeños productores agrícolas, pero los desviaron hacia las arcas de sus partidos.

Parecía que por fin la justicia tocaba a la clase política hondureña, pero el 28 de julio la jueza a cargo del caso, Lidia Álvarez Sagastume, emitió una resolución que benefició a 25 de los 29 imputados, que pudieron salir de prisión para cumplir con una orden de arresto domiciliario. Para eso, la juzgadora cambió la acusación del delito de lavado de activos por encubrimiento, que tiene una pena máxima de 5 años y que se puede cambiar por multas. A otros 3 les dictó sobreseimiento y el único que quedó en la cárcel por ese caso fue el exministro de Agricultura, Jacobo Regalado.

Lidia Álvarez no es cualquier jueza. Es en realidad una magistrada. Y fue designada para conocer el caso “Pandora” como “jueza natural” porque la Constitución hondureña establece que a la Corte Suprema de Justicia le corresponde “conocer de los delitos oficiales y comunes de los altos funcionarios de la República”.

Es decir, los magistrados electos directamente por los políticos —y no jueces de carrera que pueden ser más independientes— son quienes tienen que juzgar los delitos de los políticos.

El político Cálix señala que hay un evidente conflicto de interés porque los 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia responden a los intereses del Partido Nacional y el Partido Liberal, ya sea porque han militado en esos grupos, por conexiones familiares, por intereses ocultos o porque fueron electos por ellos mismos. Y esto hace que la justicia no sea independiente cuando el MP acusa a altos funcionarios.

Los 128 diputados del Congreso eligen en una votación secreta a los 15 magistrados de la Corte Suprema —de una lista de 45 candidatos—. Esos aspirantes se definen a través de un proceso de postulación que está a cargo de la Junta Nominadora, en donde participan un representante de la Corte Suprema de Justicia, un representante del Colegio de Abogados de Honduras, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, un representante del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), un representante de los Claustros de Profesores de las Facultades o Escuelas de Ciencias Jurídicas, un representante de las organizaciones de la Sociedad Civil, y un representante de las Confederaciones de Trabajadores.

"Abierto, Plural y Democrático", es el eslogan del Congreso de Honduras. Sin embargo, es imposible realizar una cobertura periodística con los diputados.

La magistrada Álvarez que dejó libres a 25 de los 29 acusados, por ejemplo, fue funcionaria del Instituto de la Propiedad durante el gobierno de Porfirio Lobo, del Partido Nacional (2010-2014). Y además fue presidenta de la Sala de los Constitucional que benefició a Juan Orlando Hernández, también del Partido Nacional, al no admitir un recurso que quería declarar nula su inscripción como precandidato presidencial por ser inconstitucional. De acuerdo con Cálix, eso explica que la magistrada beneficie a los políticos que la han apoyado a escalar en el sistema de justicia.

El caso “Red de Diputados” es parecido. El 11 de diciembre de 2017, la MACCIH y el MP expusieron cómo cinco diputados pidieron que el Congreso transfiriera US$250 mil a una oenegé, que luego desvió los recursos a sus cuentas personales.

La magistrada Alma Consuelo Guzmán García, quien actuó como jueza natural, no emitió órdenes de captura contra los congresistas y les permitió presentarse voluntariamente a la corte. Luego archivó el caso cuando los diputados aprobaron una ley que imposibilitó continuar con ese proceso. A esa estrategia de los congresistas para blindarse se le llamó Pacto de Impunidad.

La magistrada Guzmán es cercana al Partido Liberal.

La periodista Vienna Herrera, del medio Contracorriente, investigó las relaciones entre organizaciones no gubernamentales y políticos, y las transferencias de recursos públicos en ambos sentidos.

La investigación periodística ‘Una vida mejor para la corrupción y no para los pobres’ expone cómo oengés vinculadas a la primera dama Ana García de Hernández se han beneficiado con transferencias de recursos públicos, gracias a las disposiciones financieras de Juan Orlando Hernández.

—Todavía hay mucho qué investigar sobre el manejo de los programas sociales a través de oenegés que se benefician de las transferencias autorizadas por el Gobierno y los diputados. Estos casos tienen en la mira a Juan Orlando Hernández y su esposa.

La MACCIH y la UFECIC no parecen rendirse. En otros casos, con más presión social y sin interferencia de la Corte Suprema, la MACCIH ha conseguido avances. En la causa por el desfalco al IHSS hay diez sentencias, incluyendo la del exdirector de la institución, Mario Zelaya Rojas, quien fue condenado a 15 años de prisión. Estos procesos son conocidos por jueces ordinarios, y no por magistrados, ya que se trata de exfuncionarios.

En el caso “Caja chica de la Dama”, la exprimera dama Rosa Elena Bonilla de Lobo (2010-2014) es acusada de apoderarse de unos US$680,000 y crear una red de blanqueo de capitales para ocultar dinero proveniente del Estado y que estaba destinado a obras sociales. Aunque los bienes que le fueron confiscados regresaron a su poder, la esposa de Porfirio Lobo sigue en prisión.

4. El bombardeo contra la MACCIH

Como si el boicot por medio de los magistrados de la Suprema Corte de Justicia no fuera suficiente, los diputados intentan hacer lo propio, como el Pacto de Corruptos guatemalteco. En Honduras le dicen Pacto de Impunidad.

La magistrada Guzmán se demoró lo suficiente con el caso Red de Diputados para que el Congreso aprobara reformas que establecen que la única entidad capaz de auditar los fondos públicos es el Tribunal Superior de Cuentas, la contraloría. Algo parecido al Pacto de Corruptos de Guatemala, el acuerdo por medio del cual los diputados intentaron cambiar las leyes en 2017 para procurarse impunidad.

El Congreso aprobó el 20 de enero de 2018 una reforma a la Ley Orgánica del Presupuesto, que ordena al Tribunal Superior de Cuentas hacer una auditoría especial de la ejecución de fondos públicos del 2006 al 2018. Y además especifica que mientras esté en marcha esa auditoría, no procede ninguna acción judicial para reclamar algún tipo de responsabilidad, sea administrativa, civil o penal.

La embajadora de Estados Unidos, Heide Fulton, dijo que la ley “facilita la impunidad de ciertas personas dentro del Gobierno, incluidos los miembros del Congreso Nacional”. Y tenía razón: con esa norma se archivó el caso Red de Diputados.

Algo parecido a la Piñata de Impunidad para el financiamiento electoral ilícito que aprobaron la UNE y el partido de Jimmy Morales con los aplausos de la patronal del Cacif.

Pero los diputados hondureños no quieren quedarse con reformas para proteger sus delitos, sino quieren impunidad para otros delincuentes, como el Pacto de Corruptos de 2017 en Guatemala.

Los diputados también analizaban una reforma que habilitaría a los jueces a otorgar medidas sustitutivas en casos que involucren 21 delitos, que actualmente merecen prisión preventiva.

La MACCIH lo advirtió en un comunicado:

“Eso tendría como consecuencia el debilitamiento de la respuesta penal a graves delitos cometidos, entre ellos los de homicidio, asesinato, femicidio, tráfico de drogas, secuestro, asociación ilícita, extorsión, robo de vehículos, violación y lavado de dinero, entre otros”.

Si se aprobase esa reforma, los acusados de esos delitos podrían quedar en libertad, y eso aumentaría la posibilidad de su fuga, y además podrían ejercer violencia contra los testigos o desaparecer pruebas.

El diputado José Barahona, del opositor Partido Libre, señala que la alianza del Pacto de Impunidad, encabezada por el Partido Nacional y el Partido Liberal, pretende “atacar” con armas legislativas todos los esfuerzos de la MACCIH y el Ministerio Público para luchar contra la corrupción.

—Ellos están tratando de salvarse a sí mismos, pero también están protegiendo a los corruptores, es decir, los empresarios, que están involucrados en los negocios sucios. Y recordemos que son ellos quienes financian sus campañas y están detrás de sus partidos. Son las élites que se resisten a los cambios.

José Barahona, diputado del Partido Libre.

Además de procurar impunidad con reformas, el Pacto de Impunidad también mantiene engavetadas las propuestas para fortalecer la investigación penal. El caso más claro es que los diputados no han aprobado la Ley de Colaboración Eficaz, para permitir la reducción de penas a cambio de testimonios contra otros implicados.

También se ha rehusado a derogar la Ley de Secretos, sobre acceso a documentos públicos relacionados con la seguridad y defensa, que es vital en las investigaciones de corrupción.

El empecinamiento de los diputados quedó claro cuando la Misión impulsó un proyecto de ley para aumentar el tiempo y el rango de castigos en casos de corrupción, pero el Congreso redujo las sanciones.

El presidente Juan Orlando Hernández, quien es la figura con más poder en el Partido Nacional y cuenta con la capacidad de vetar las decisiones de los diputados, no ha tomado acciones para evitar esos ataques.

Tal vez el ataque más serio salió de los abogados que representan a los 5 congresistas señalados en el caso “Red de Diputados”. Ellos presentaron una acción de inconstitucionalidad contra el convenio de creación de la MACCIH. La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia emitió una resolución confusa que avala la legalidad de la Misión, pero pone en tela de duda la validez del UFECIC.

En Tegucigalpa, Nómada intentó cuestionar a los diputados que dominan el Congreso, pero su equipo de comunicación impidió todas las posibilidades de entrevistas con diputados del Partido Nacional y el Partido Liberal.

5. La fórmula: Dictadura del Pacto de Corruptos y caravanas de miles de refugiados

El brasileño Luiz Marrey asumió el control de la MACCIH el 1 de julio pasado. Dice que no opinará sobre el papel de los magistrados en los casos de corrupción o las tácticas de los diputados para boicotear la lucha contra la impunidad. Con tono diplomático, insiste en que respeta la soberanía de las instituciones hondureñas y sus actuaciones.

El fiscal brasileño insiste en que continuarán trabajando para cumplir con el mandato de la Misión. Pero el tiempo es un factor en su contra: a mediados de 2020 termina la vigencia del acuerdo entre la OEA y Honduras para el funcionamiento de la MACCIH.

Sede de la MACCIH en Tegucipalga, Honduras.

El profesor Eugenio Sosa cree las élites políticas y económicas continuarán bloqueando las investigaciones y blindándose con reformas legislativas. Y cuando llegue el fin del Mandato presionarán a los políticos para que no se renueve por otro periodo de cuatro años.

—La experiencia de la CICIG en Guatemala está a la vista. Está claro que a estos grupos no les conviene la lucha contra la corrupción y se van a resistir hasta llegar a las últimas consecuencias—, dice el sociólogo Sosa.

De regreso en el hospital del Seguro Social, conocido como La Granja, en Tegucigalpa, Mauricio Fuentes espera noticias sobre la primera operación de rodilla de su esposa. Tiene fe en que su esposa vuelva a caminar y así retome su trabajo, que es el único ingreso fijo para su familia.

—Lo mejor que puede hacer Estados Unidos hoy para que ya no haya migrantes, es dejar de darle la mano a Juan Orlando Hernández y a los demás corruptos, que son los que se roban el dinero del pueblo. Acá se necesita la MACCIH, pero también que dejen de apoyar a los dictadores que nos tienen en la miseria.