El lunes la canciller Sandra Jovel sostuvo una reunión con António Guterres, secretario general de las Naciones Unidas, para entregar una carta de denuncia contra el acuerdo de creación de la CICIG. Siguió una conferencia de prensa en la que el presidente Jimmy Morales también denunció el acuerdo e invitó a familiares de señalados por CICIG para que expusieran ante los medios lo que ellos califican como “violaciones a los derechos humanos”.
Al espectáculo mediático —narrado como un cuento por Jimmy Morales— se unió el CACIF en un comunicado con el siguiente mensaje: “La terminación anunciada por el Organismo Ejecutivo es una decisión que está dentro del marco de sus competencias por virtud de la Constitución Política”.
El plan del Gobierno sigue su curso con oídos sordos. Este martes en el diario oficial se publicó el acuerdo gubernativo 2-2019 firmado por el presidente y sus ministros donde da por concluido el acuerdo de creación de la CICIG. A pesar de que la ONU respondió ayer mismo.
La comunicación del secretario Guterres llegó minutos después de la conferencia de Sandra Jovel en la ONU y durante la presentación de Jimmy Morales. El portavoz de la ONU, Stephane Dujarric, dijo que el Secretario General rechazó enérgicamente la denuncia y que no retiraría a la CICIG antes de septiembre del 2019.
Esto es lo que pasó en Guatemala y tiene una apariencia sombría, sin embargo, hacia afuera es evidente cómo Jimmy Morales jugó su última carta y ahora le toca esperar a que la ONU quiera sentarse a negociar. De acuerdo con el excanciller Fernando Carrera, el gobierno se confundió y consideró que denunciar significa terminación, cuando no es así.
—El Gobierno cree que tiene la capacidad jurídica de terminar el acuerdo, y no la tiene. Ni siquiera la Constitución le da ese derecho al Presidente porque el Derecho Internacional no permite que un Estado termine un acuerdo internacional, solo puede denunciarlo. Como el Derecho Internacional busca mantener la estabilidad de relaciones, no permite la terminación solo la negociación—, explica el excanciller Carrera.
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“La CICIG se queda hasta que no haya un acuerdo con Naciones Unidas”
A pesar de que el gobierno de Jimmy Morales insiste en que esperaron 16 meses por una respuesta, esa no era una negociación. Era una resolución de conflictos entre las partes. La negociación solo se da a raíz de una denuncia, y esa no fue interpuesta antes sino hasta ayer.
De acuerdo con el análisis de Fernando Carrera, el acuerdo de CICIG sigue vigente hasta que se termine el plazo o se resuelva la negociación que surge de la denuncia.
—Nada cambia jurídicamente hasta que se pongan de acuerdo las dos partes, y con la respuesta negativa enérgica de Guterres, eso va para largo—, resalta el excanciller.
La ONU protegió a la CICIG y sus intereses cuando redactaron el convenio y pactaron que solo el organismo internacional podría salir del acuerdo, y no el país.
—Definitivamente el convenio no prevé la denuncia para Guatemala solo para la ONU. A nosotros nos toca aguantarnos hasta que se venza el plazo—, explica la abogada internacionalista, Mariana Rohrmoser.
La lectura sobre la terminación unilateral la comparten el excanciller Fernando Carrera y Edgar Gutiérrez, también excanciller y experto en el tema del mandato de CICIG.
—Deben estar de acuerdo con el Secretario General de las Naciones Unidas—, asegura Gutiérrez.
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La comparación con Venezuela y Nicaragua
Los argumentos con los que la canciller Jovel está intentando expulsar a la CICIG del país son los mismos que ha sostenido en sus viajes a Naciones Unidas. Las explicaciones varias veces expuestas no fueron suficiente para que la ONU removiera a Iván Velásquez, aunque aceptaron nombrar a un comisionado o comisionada adjunta. Según Edgar Gutiérrez esta es una situación muy difícil para las relaciones exteriores del país.
—Nos pueden aplicar algo como el Nica Act. Primero, nosotros no estamos certificados dentro de las asignaciones globales que exige el Plan de Alianza para la Prosperidad. Segundo, acaban de desmantelar las unidades antinarcóticas que eran las que mejores resultados habían dado hasta el momento (en muchos años) alrededor del decomiso de droga. Y tercero, con este acto a favor de la impunidad otros países pueden aplicarnos alguna ley contra corrupción y sacarnos del sistema financiero multilateral—, explica Gutiérrez
La misma opinión comparte la experta Rohrmoser, quién considera que el mensaje que se transmite es el de “un país que rompe con el Derecho Internacional y público, con tendencias dictatoriales e intereses privados y militares”.
Las reacciones por parte de la comunidad internacional no se han hecho esperar. La noche del lunes se conoció una carta, enviada por el senador Patrick Leahy. El funcionario estadounidense reclama al gobierno de Jimmy Morales su actuar en contra de CICIG.
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—Presidente Jimmy Morales y su equipo que defiende estas acciones no son bienvenidos aquí—, dijo.
Además anuncia la suspensión de toda ayuda a Guatemala, hasta que Morales “cambie el curso de su decisión o sea electo un presidente que sí ponga los intereses y el bienestar de los ciudadanos primero”.
—El problema de esto podría ser el aislamiento, estas acciones nos convierten en un estado paria, que no acepta sus compromisos internacionales—, dice Fernando Carrera. El excanciller, además, insiste en que —el apoyo internacional para CICIG es tan grande, en Estados Unidos y más en Europa, que puede suceder que Guatemala se aleje del resto.
—El aislamiento de Guatemala es algo que no sucedía desde el año 83, cuando Ríos Montt era presidente—, explica Carrera.
Aunque en los últimos 33 años, desde el primer gobierno democrático en 1985, el país logró posicionarse correctamente en la comunidad internacional hasta llegar al Consejo de Naciones Unidas en 2012, todo ese avance se ve amenazado tras la decisión del gobierno de Jimmy Morales.
—A nivel continental eso solo se puede comparar con Venezuela o Nicaragua—, asegura en su análisis Fernando Carrera.
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Lo que peligra es Guatemala
—El punto más serio dentro de esta situación es que el presidente y su equipo de gobierno han violado la constitución—, insiste Edgar Gutiérrez.
—Independientemente de CICIG sí o CICIG no, se han cometido actos tipificados en el código penal como la desobediencia, el abuso de autoridad, y la usurpación de funciones de la PGN. El Presidente se metió en una camisa de once varas y metió a sus ministros en esa misma camisa—, continúa el analista y excanciller.
—A este altura lo que está en juego es la legalidad en Guatemala. Debemos confiar en nuestras instituciones y utilizar el mecanismo de la CC como el mecanismo de control. Eso es lo que la Constitución define y es lo que tenemos que exigir. Así como se hizo en el Serranazo del año 93, cuando el papel central lo jugó la CC—, recuerda y advierte Fernando Carrera.
—Los que van a tener que arremangarse las mangas son la fiscal general y los magistrados de la CC y la CSJ—, añade Edgar Gutiérrez.
—Dejemos que la CC opere en estas condiciones. Si el gobierno quiere salirse de la legalidad no puede, porque hay CC que es una fuerza que domina—, asegura Carrera.
Al final de su discurso, Jimmy Morales intentó poner en duda las funciones y actuaciones del MP y la CC.
—La más grande impunidad en Guatemala, será que el Ministerio Público no investigue a fondo estos casos y que la comunidad internacional en Guatemala siga en silencio y consintiendo este proceder inescrupuloso e inaceptable de la CICIG—, fueron algunas de las críticas del presidente Morales.
Morales volvió a cuestionar a los magistrados de la CC:
—Tengan moral y conciencia nacional, ustedes fueron designados, no electos democráticamente. Ustedes fueron designados para velar por el cumplimiento de la Constitución Política de la República de Guatemala, no para hacer política. El que quiera hacer política dentro de pocos días el Tribunal Supremo Electoral convocará a elecciones libres.
Con estas palabras Jimmy Morales ha demostrado que, de no lograr expulsar a la CICIG, su próximo objetivo será la Corte de Constitucionalidad.
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