La gran estafa de Consuelo Porras

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A Consuelo Porras, la jefa del Ministerio Público (MP) y Fiscal General, la superan sus contradicciones. En público habla de lucha por la justicia, contra la corrupción y la impunidad, pero en privado evita comunicarse con Iván Velásquez, quien dirigió los esfuerzos contra las grandes estructuras criminales incrustadas en el Estado y no quiere contratar al equipo guatemalteco que trabajó en la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

El jueves 29 de agosto, la Fiscal Porras inaugura la nueva “FECI” (Fiscalía Especial contra la Impunidad, la unidad del MP que trabajó junto a la CICIG).

Hace dos semanas, en medio de cuestionamientos mediáticos por resistirse a contratar a 60 investigadores y fiscales guatemaltecos que trabajan en la Comisión, adelantó detalles de sus planes. Prometió en la FECI una Unidad de Apoyo Técnico con 60 personas, incluidas investigadores de la Policía Nacional Civil y analistas de la Intendencia de Verificación Especial (IVE).

El número de personas a contratar (60) confundió a muchos, pero lo cierto es que en el grupo nuevo de la fiscal Porras no incluye a quienes trabajaron en la CICIG, aunque la misma Comisión le pidió que fueran “absorbidos” para garantizar que no se perdiera la metodología de trabajo que permitió las investigaciones de 70 estructuras de crimen organizado enquistadas en el Estado y las grandes redes de corrupción del Partido Patriota, la UNE y FCN.

¿Por qué la fiscal Porras no los quiere contratar? En el programa de radio ConCriterio, su secretario de Asuntos Internacionales, Ángel Pineda, dijo que el 17 de julio la Fiscal recibió un listado con el personal de la CICIG que puede ser contratado. Pero haber sido parte de la CICIG no le pareció suficiente y ella lo remitió el 22 de julio a la Dirección de Recursos Humanos del MP, donde analizarán si los contratan.

Esta fue la explicación del secretario Pineda, en la línea argumental de su jefa:

–Del 17 de julio para el 3 de septiembre, que finaliza el período de la Comisión, es imposible, por el aspecto procedimental de la propia entidad, que puedan ser contratadas estas personas. Ante esa realidad y derivado del diagnóstico por el apoyo del gobierno de los Estados Unidos, se determina la creación de una Unidad de Apoyo Técnico, dijo Pineda.

En palabras del secretario del MP, que antes fue vocero de la Corte Suprema de Justicia, el tiempo está en contra los trabajadores de la CICIG, ya que el listado con sus nombres y contactos llegó “muy tarde”. Pineda aseguró que Consuelo Porras pidió esos datos en marzo y que la CICIG los entregó en julio. Fuentes consultadas por Nómada aseguran que la CICIG insistió durante meses sobre el futuro de esos trabajadores, que ella alargó las discusiones y que fue hasta el 16 de julio que la Fiscal pidió ver el listado con los nombres. Un día después lo recibió.

Además, desde el año pasado en la FECI había 18 plazas vacantes –de 82– que la fiscal Porras tampoco suplió. Eso provocó que durante meses la Fiscalía trabajara con el 25% menos de personal; todo ese equipo tiene denuncias en su contra y Juan Francisco Sandoval, el jefe, acumula 22, una de ellas de la ex candidata presidencial de la UNE, Sandra Torres. Las denuncias siguen el trámite en el MP, a pesar de que pudieron haber sido desestimadas, y los fiscales han tenido que contratar a sus propios abogados defensores.

• Leé esta entrevista con el fiscal Sandoval: Temo que el personal de la FECI se desespere por tanta criminalización

Se le pidió una entrevista a la fiscal general Consuelo Porras, quien pidió las preguntas por escrito. Le fueron enviadas hoy y serán agregadas cuando sean respondidas.

Se le pidió una entrevista a Juan Francisco Sandoval, jefe de la FECI, pero no accedió a hablar para este reportaje.

El secretario Ángel Pineda sí accedió a hablar tanto con Nómada como con otros medios.

El secretario Pineda aseguró en ConCriterio que las plazas en la FECI ya empezaban a suplirse; sin embargo, información recabada por Nómada da cuenta que a la Fiscalía llegaron solo tres personas nuevas: una fiscal sin experiencia, una persona que tiene miedo de laborar en esa unidad y una abogada que fue asistente de Rony López, ex jefe de la Fiscalía contra el Crimen Organizado acusado por la CICIG de manipular la investigación de la muerte del padre del general Erick Melgar Padilla, hermano de Herberth Melgar Padilla, diputado de FCN. La FECI se opuso a ese último nombramiento.

El secretario Pineda aseguró que en la FECI hay 82 personas trabajando. La realidad, es que con las 18 plazas vacantes actualmente laboran 64 personas que tienen a su cargo unas 120 investigaciones.

Las discusiones para que al finalizar el mandato el equipo de 60 personas de la CICIG fuera integrado al MP vienen desde las gestiones de Claudia Paz y Paz y de Thelma Aldana. En los últimos meses, desde la Comisión se le planteó a Consuelo Porras un proyecto con financiamiento para crear una secretaría técnica que permitiera contratar a técnicos nacionales y asesores internacionales para asegurar que los casos en tribunales y las nuevas investigaciones no se vieran afectadas. La fiscal Porras no quiso escuchar del plan y pidió quiénes eran los donantes porque ella “no necesitaba intermediarios”.

La especialización de 80 personas de CICIG está en el aire. Algunos de los abogados e investigadores que se quedarán sin trabajo a partir del 3 de septiembre incluso han denunciado que temen por su integridad física.

Las acciones de la fiscal Porras contra la CICIG han sido estratégicas.

La FECI ha funcionado como una unidad especializada para investigar y desarticular estructuras de cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad (CIACS), así como de redes político-económicas ilícitas (RPEI). Procesaron a más de 70 en los últimos 12 años.

Lo hicieron con el apoyo de 150 investigadores y analistas latinoamericanos y europeos de la CICIG. La FECI funciona con unidades de análisis e investigación sofisticadas y científicas, con personal de experiencia nacional e internacional, ciencia y métodos especiales para investigar estructuras.

En este método, un fiscal organiza y dirige la investigación y la desarrolla con analistas financieros, analistas criminales, forenses y policías especializados. Si un caso fuera un plato quebrado, la ciencia aportada por la metodología de la FECI-CICIG permitiría reconstruir los pedazos pulverizados para volver a pegar todas las piezas.

El exfiscal auxiliar Julio Prado, uno de los investigadores del Caso La Línea, lo explicó en el conversatorio público de despedida de la CICIG:

– No es lo mismo trabajar con policías que están perfectamente entrenados para investigar una organización criminal dedicada a la corrupción, que un policía local que apenas tuvo seis meses de entrenamiento y que después formó parte de una unidad en la que, con muchas carencias, ha tenido que iniciar procesos de investigación. El caso La Línea no hubiera tenido el éxito que tuvo si no hubiéramos tenido el equipo policial adecuado.

El exfiscal Julio Prado durante el foro público organizado por la CICIG.

Esta experiencia no parece ser suficientemente atractiva para los planes de la fiscal Consuelo Porras.

El secretario Pineda aseguró que 20 policías que trabajaban con el MP y que fueron asignados a la CICIG ya fueron integrados a la FECI, pero esto ocurrió meses antes, por lo que no son parte del listado de las 60 personas que la CICIG pedía que fueran integradas.

Sobre la contratación del personal de CICIG, el secretario Pineda dijo que espera que cumplan los requisitos para ser parte del proceso en Recursos Humanos del MP. Esos requisitos son, inicialmente, presentar su DPI y currículo.

—¿Cuáles son los parámetros para establecer quienes son las personas idóneas para estar en la FECI?, se le preguntó a Pineda.
—Eso hay que determinarlo todavía porque el listado (de CICIG) no incluía profesiones y especialidades de las personas, en consecuencia hay que atender caso a caso de forma individual sus capacidades y posibilidades de trabajo y en consecuencia indicar la forma de hacer su contratación. (Esto) si es posible hacerla porque el análisis depende de que la gente esté dispuesta a hacer (llenar) su expediente. Y que habiéndolo conformado se cumpla con esos requisitos de ley (...); en este momento no tenemos conocimiento de las capacidades y perfiles de cada uno de ellos.

—¿Qué necesita la FECI (si no es su personal actual)? ¿Qué están buscando en estos expedientes que van a evaluar?
—Eso no es que lo necesite la FECI. Esto es una acción que deriva de la Dirección de Recursos Humanos.

Consuelo Porras.

La fiscal bromista y anti-Iván Velásquez

La no contratación de ese personal es solo la punta del iceberg de su relación con la CICIG. Nunca tuvo una comunicación fluida con el comisionado Iván Velásquez, quien seis meses después de que asumiera como Fiscal General, fue vetado por el Gobierno para ingresar a Guatemala.

La fiscal Porras se negó a trabajar con él a través de skype, la única forma que tenían para coordinarse a distancia, y la forma en la que ha seguido dirigiendo la CICIG durante el último año, pues Jimmy Morales impidió el ingreso al país del comisionado.

La primera vez que Iván Velásquez intentó hablar con Porras a través de una videollamada, la conversación duró 30 segundos, ella lo saludó y se despidió diciéndole que solo podía hablar por persona física. Después de eso le pidió notas escritas con cartas de presentación para identificar a los interlocutores de la Comisión.

La última vez que Porras habló con el comisionado fue en mayo de este año, cuando él estaba en El Salvador. Ella aceptó una llamada por skype y tras un corto saludo bromeó diciendo “a ver si nos comemos unas pupusas”, haciendo referencia a la comida tradicional de ese país, lo que daba a entender que quizás la Fiscal viajaría para reunirse con él. Por unos segundos pareció posible la coordinación entre Velásquez y la jefa del Ministerio Público, pero después lanzó una frase que recordó su apatía por la CICIG: “Paso a recordarle que los mensajes de la FECI son con la Fiscal General”. Eso porque en octubre de 2018 Juan Francisco Sandoval, jefe de la FECI, viajó San Salvador a reunirse con Velásquez.

La llamada finalizó en presencia de miembros del equipo de ambas instituciones. El MP está en trámite una denuncia que interpuso la Fundación contra el Terrorismo en contra Sandoval por acudir a esa reunión en 2018.

Las barreras en la comunicación fueron más complejas porque la Fiscal General, quien dirige las investigaciones contra los criminales en Guatemala, no utiliza celular. Todos los requerimientos, incluidos los de la CICIG, su aliada estratégica, se hacen a través del correo de su asistente Claudia Arrecis.

Desde que asumió como Fiscal General, Porras nunca visitó la sede de la CICIG, ubicada en la zona 14. Ni el 31 de agosto de 2018, cuando el Ministerio de Gobernación desplegó vehículos J8 donados por Estados Unidos para la lucha contra el narcotráfico, para intimidar a los trabajadores de la Comisión y a la misma embajada norteamericana. Su antecesora, Thelma Aldana pasó en la CICIG todo el 27 de agosto de 2017, el día en que Jimmy Morales declaró non grato al comisionado Iván Velásquez.

La alternativa de Consuelo: UNDOC y EEUU

El 18 de julio de 2019, Consuelo Porras firmó un convenio de entendimiento entre el Ministerio Público y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, en inglés).

La fiscal Porras anunció esta colaboración como un paso para continuar la lucha contra la corrupción, pero el documento que firmaron señala la alianza es más amplia, es para promover objetivos comunes en contra del crimen organizado transnacional y el tráfico de drogas ilícitas, armas, recursos naturales, contrabando, trata de personas y tráfico de migrantes, además de cibercrimen, terrorismo y acceso a la justicia. Todavía no está claro de qué forma se ejecutará esa colaboración.

Durante el seminario de despedida de la CICIG, #JuntosLoHicimos, la activista Helen Mack explicó que entre 2003 y 2007, cuando se negociaba el acuerdo de creación de la CICIG, las organizaciones especializadas en seguridad y justicia se opusieron a que la contraparte el MP fuera la UNDOC porque solo se limitan a dar recomendaciones y no a investigar.

Mientras eso cuaja, es incierto lo que Consuelo Porras hará con los casos que investigará “la nueva FECI”. El secretario Pineda dijo que los casos de corrupción serían conocidos por la Fiscalía contra la Corrupción y que la FECI investigaría procesos de “alto impacto”, sin definir qué expedientes recibirán esa calificación. Pineda agregó que se está analizando la distribución de los expedientes que tiene actualmente esa unidad.

El fiscal Sandoval durante su participación en un reciente foro organizado por la CICIG.

Exfiscales hablan y cuestionan la estrategia de Consuelo Porras

Si el Ministerio Pública necesita modernidad y rapidez para investigar crímenes, eso es justo lo que Consuelo Porras no le va a dar.

Fuentes consultadas identifican el retroceso en el Ministerio Público más allá de la FECI: el “Modelo de Gestión Fiscal”. Es decir, la lógica a la que correspondió la resolución de los casos en los últimos 9 años.

Juan Francisco Solórzano Foppa, exfiscal de la FECI y exjefe de la Dirección de Análisis Criminal (DAC, “el cerebro del MP¨), dijo que este es un retroceso más de fondo y posiblemente más marcado, que no se ha visto del todo pero que ya se está empezando a notar.

—¿Cómo funcionaba exactamente el modelo y cuántos años llevó construirlo?
—Empezó con Claudia Paz y Paz y fue perfeccionado con Thelma Aldana. Funcionaba como unidades especiales para cada área, para investigación, para análisis de caso y para litigio. Se trabaja esa trilogía entre análisis, investigación y litigio.

—¿Qué resultados dio ese modelo?
—Quedó demostrado con estudios que en las áreas donde se aplicó el nuevo modelo de gestión fiscal habían aumentado la cantidad de acusaciones, pero lo más importante es que mejoró muchísimo la efectividad de esas sentencias, en cuanto a cantidad de personas que salían condenadas. (...) Hay que ser conscientes, el modelo tiene muchos retos, hubo fiscalías donde no se implementó bien y no se llevó a trabajar al 100%, pero lo que ha dicho la fiscal y lo que está haciendo es regresarnos a antes de 2009. Si uno revisa las estadísticas del MP en temas de impunidad, del 1994 a 2009, son los peores años del MP. ¿Entonces cómo podemos regresar a un modelo de gestión que funcionaba en los años donde peor funcionamiento tuvo el MP? Esa es la decisión estratégica que está tomando Consuelo Porras; eso es destruir el MP.

Juan Francisco Solórzano Foppa.

El modelo anterior a 2009 resolvía caso por caso. El modelo después de 2009 busca patrones en las denuncias y las evidencias para detectar estructuras criminales a través de grandes unidades de análisis. Así, por ejemplo, municiones de una misma arma en varias escenas del crimen permitían identificar estructuras de sicariato.

Ese modelo tuvo mejores resultados en la Fiscalía de Delitos contra la vida, donde de resolver el 5% de los casos, el MP pasó a tener resultados en el 30%, un incremento del 600% de efectividad. Ese fue uno de los logros que más destacó Claudia Paz y Paz en su informe de labores del año 2012.

El plan de Consuelo Porras es volver al modelo donde un fiscal investiga, arma el caso y él mismo lo lleva a tribunales, señala Foppa.

Uno de los indicios de esos cambios son sus planes para la Dirección de Análisis Criminal (DAC), el brazo que genera la inteligencia que hace que la fiscalía detecte fenómenos criminales y los resuelva con la menor cantidad de recursos. Porras nombró como jefe a Abdi Ariel Guerra Guzmán, esposo de su sobrina Wendy Lisseth Contreras Porras.

A diferencia de los requerimientos para los trabajadores de CICIG, la Fiscal General nombró a esta persona a dedo por ser “un puesto de confianza” que no se regula mediante convocatoria.

Además de eso, las fuentes consultadas cuestionan la estrategia tras la inauguración de 30 agencias fiscales en todo el país. La metodología de trabajo que están aplicando funcionan bajo el modelo de gestión antiguo. Foppa lo cuestiona:

—¿Cómo queda el MP regresando a un modelo anterior ante la sofisticación de las estructuras criminales?, se le preguntó a Foppa.
—Esas estructuras complejas requieren gente que esté analizando, que esté estructurando, viendo e investigando cómo se mueven, y por eso el modelo de gestión fiscal tiene la parte de análisis criminal. Sin ese componente lo que tenemos son fiscales que van a seguir investigando caso por caso, que no podrán tener un panorama más completo y complejo de lo que está pasando y de cuál es la criminalidad a la que se están enfrentando.

Ángel Pineda, secretario de cooperación del MP, defendió la propuesta y confirmó que los planes de Consuelo Porras son descentralizar a la DAC, hacer que deje de funcionar como una unidad central y crear pequeñas unidades que trabajen dentro de las Fiscalías.

—Hay 1 millón 240 mil casos en mora; es obvio que el modelo de gestión no está funcionando. Dentro de esos casos en mora 150 mil ya están preescritos, lo que quiere decir que hay víctimas que nunca recibieron una respuesta del MP y que no la van a recibir. Entonces hay qué hacer algo, los números arrojan que no estaba funcionando, dijo.

Claudia Paz y Paz, Fiscal General entre 2010 y 2014, es directora para Centroamérica del Centro de Justicia y Derecho Internacional (CEJIL), habló con Nómada sobre el modelo de trabajo que implementó.

—Hicimos apuestas y eso es algo muy importante. Tú tienes unos recursos finitos, humanos y financieros, y nosotros apostamos por lo que era el mayor problema en ese momento, esclarecer los homicidios, ya fueran de narcotráfico y de pandillas. Las fiscalías que más se fortalecieron fueron la de la Vida, la de Violencia contra la Mujer, contra el narcotráfico, contra el crimen organizado. Así como hicimos grandes apuestas para resolver estos casos con más recursos por su gravedad, en las otras fiscalías especializadas en la Ciudad y en el interior había una directriz político criminal que darle prioridad a estos casos. Prefería yo rendir cuentas sobre que se esclarecieran los homicidios, aunque posiblemente los (otros) daños podrían tener una mora.

Para la fiscal Paz y Paz, el modelo de gestión dio frutos y necesitaba ser mejorado, pero “el peor error sería volver a la gestión de caso por caso y a la investigación ciega”, porque aumentaría la ineficiencia.

—Se evidenció en la caída de los homicidios, en el 2009 teníamos una tasa de 46 por cada 100 mil habitantes y ahora estamos en 23 por cada 100 mil habitantes. Bajamos de estar en los primeros países porque el derecho penal comenzó a actuar como disuasor; ya tenía un costo más alto (cometer un homicidio), una consecuencias para las pandillas, narcotráfico y sicariato.

Thelma Aldana, en última conferencia de Prensa como fiscal general.

La era post CICIG

La relación MP-CICIG de los últimos años cambió el patrón de impunidad en Guatemala. La ex Fiscal General, Claudia Paz y Paz asegura que la colaboración permitió fortalecer la unidad de protección a testigos, el departamento de seguridad de la Fiscalía y los primeros casos fueron clave para los fiscales sobre cómo investigar redes.

—CICIG hizo lo que tenía que hacer, tanto desmantelar redes criminales como desnudar un sistema de corrupción e impunidad para élites políticas y económicas. Fracasaron varias instituciones del país y creo que es en lo que nos tenemos que empeñar los guatemaltecos para fortalecerlo porque ahora está en nuestras manos, dijo Paz y Paz.

Thelma Aldana, fiscal general entre el 2014 y 2018, habla de que lo sucederá a partir del 3 septiembre, cuando finalicen los 12 años de trabajo de la Comisión.

—El problema que hay en Guatemala es de voluntad política. Yo estoy segura que los fiscales de la FECI tienen todas las herramientas y capacidad para investigar.

—¿Qué puede pasar con el sistema de justicia capturado y sin el contrapeso de la CICIG?
—El Estado capturado funciona para la impunidad y uno como guatemalteco se preocupa porque lo que reine sea la impunidad y el tráfico de influencias. Con la salida de la CICIG se avecina a Guatemala un invierno, un invierno muy fuerte, aunque sabemos que después del invierno siempre llega la primavera. Un día habrá un sistema de justicia sano y una democracia real en el país, enfatizó Aldana.

La gran estafa de Consuelo Porras no son sus discursos, sino sus actos. En 15 meses de gestión se comprometió a luchar a favor de una justicia efectiva, pero acabó con la relación con la CICIG, mantiene una incertidumbre sobre el futuro de la FECI y, de momento, regresó al MP a un sistema de trabajo obsoleto que beneficia a las estructuras que producen impunidad.