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Las champurradas de la red Tigo-Baldetti, y los obstáculos de CICIG-FECI para acusar a la telefónica

La investigación revela cómo la telefónica compró a Roxana Baldetti y los diputados del PP entre 2012 y 2015. El caso alcanza al ministro Acisclo Valladares, al candidato Estuardo Galdámez (FCN), y muestra cómo tres magistrados –Dubón, Chávez y Casasola– están obstaculizando el caso.

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Acisclo Valladares, actual ministro de Economía y exgerente de asuntos corporativos de Tigo, habría comprado al Congreso para aprobar leyes.

Foto: Carlos Sebastián

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1. La red Baldetti-Tigo

En abril de 2014, hace cinco años, en el apogeo del poder de Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, en el Congreso se aprobó una de las leyes con dedicatorias más explícitas. De un día a otro hicieron una tregua entre PP y Líder y, bajo las órdenes de la Vicepresidencia, con el apoyo de otros partidos minoritarios como CREO, Encuentro por Guatemala, UCN y Todos, se aprobó una ley para que Tigo pudiera instalar antenas telefónicas en todo el país, sin contrapesos municipales, y sin capacidad de sus rivales Claro y Movistar de competir.

La FECI y la CICIG encontraron –con base en emails, chats, fotos, testimonios de guardaespaldas, asesores, diputados y compra de vehículos en efectivo– que entre el 2012 y el 2015, Tigo y Baldetti controlaron la bancada del Partido Patriota con la promesa de un sobresueldo bimestral de Q50 mil (US$6,500), casi el doble de sus sueldos como diputados. El dinero, según la investigación, salía de Tigo por órdenes de los gerentes Luis Valladares y Acisclo Valladares, excomisionado presidencial de Competitividad y ministro de Economía desde el final del gobierno Otto Pérez Molina, y mantenido y ascendido por los presidentes Alejandro Maldonado Aguirre y Jimmy Morales.

 

Baldetti, cuando dominaba el Gobierno y el Congreso. Foto: Prensa Libre

Los sobornos de Tigo y la Vicepresidencia para los diputados patriotas tenían una palabra clave en la jerga de la red criminal: ‘champurradas’. De acuerdo con la investigación, Tigo entregaba el dinero en maletas azules a los guardaespaldas de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad (SAAS), quienes firmaban una hoja de recibido, que luego lo transportaban a la casa de la exvicepresidenta en la zona 10. Allí sus empleadas del hogar enviaban fotografías a Baldetti para que después lo recogieran sus asistentes y lo trasladaran a la Casa Presidencial para ser distribuído en sobres y bolsas a los diputados a cambio de que siguieran sus instrucciones.

Allí intervenían los sublíderes de bancada del Partido Patriota, quienes eran llamados ‘jefes de línea’ o ‘brochas’, y tenían a su cargo grupos de entre 8 y 9 legisladores. Su labor era trasladar a sus colegas las instrucciones de la Vicepresidencia para votar, entrar o salir del hemiciclo y repartirles los sobornos de Tigo, las champurradas.

Los jefes de línea eran Estuardo Galdámez, actual candidato a presidente por el partido gubernamental FCN-Nación, Juan José Porras (Viva), Gustavo Medrano (unionista), Haroldo Quej (UNE), Mirma de Coro y varios que ahora son parte de la alianza PAN-Podemos, de Roberto Arzú: Boris España, Marco Antonio Orozco y el exdiputado Valentín Gramajo. También figuran otros exdiputados Marvin Sagastume, Aleksánder Castillo, Gudy Rivera, Edgar Cristiani, Emilenne Mazariegos, Manuel García Chutá y Gustavo Echeverría (QEPD).

El dominio de Baldetti sobre la bancada era posible gracias a champurradas.

La subordinación se mantuvo a lo largo del Gobierno del Partido Patriota a través de al menos 38 reuniones en el Hotel Intercontinental, el Club Guatemala y la Casa Presidencial, donde la vicepresidenta giraba las instrucciones y los congresistas esperaban que ella los ungiera para ocupar un puesto importante.

Las fotografías de chats de Whatsapp extraídos del teléfono de Baldetti, evidencian que incluso acudían a ella para ser nombrados en la Junta Directiva.

Una de las leyes que fue aprobada a través de ese sistema fue la de Control de las Telecomunicaciones Móviles en Centros de Privación de Libertad y Fortalecimiento de la Infraestructura para la Transmisión de Datos, más conocida como Ley Tigo.

Los hallazgos de la investigación apuntan a que la primera parte del nombre de la ley fue la fachada para evitar el escrutinio público y que el fin era sobre todo, beneficiar a la empresa de Mario López, principal accionista de Tigo, con quien Pérez Molina y Baldetti a menudo desayunaban. De hecho, después de la orden de captura contra el entonces presidente, fue el empresario Mario López quien salió en su auxilio.

Lea: El multimillonario rescata a OPM (a cambio de un tesoro)

“La actuación de agentes privados en contubernio con funcionarios públicos convirtieron al Congreso en un tramitador de intereses corruptos. Al punto que los legisladores ni siquiera leían las iniciativas de Ley que proponían, pero que su trámite les significaría un beneficio (soborno)”, señala la investigación de FECI-MP y CICIG.

Los emails encontrados muestran que la iniciativa de ley fue enviada antes a los gerentes de Tigo, Luis Valladares y Acisclo Valladares, para su aprobación. Y los testimonios recogen que Acisclo Valladares somató en una ocasión una mesa de reuniones en la Vicepresidencia exclamando: “No pagamos Q10 millones por nada”.

2. Por qué Tigo tiene la mejor señal

Interrumpir la señal en las cárceles como una medida para prevenir las extorsiones nunca fue el objetivo real. Era la fachada para que la ley fuera aprobada sin cuestionamientos mediáticos porque serviría para bloquear el uso de celulares en las cárceles.

 

Un día después de la aprobación de la ley Tigo en 2015, una subsidiaria empezó a instalar postes. Foto: Carlos Sebastián.

El objetivo real era que Tigo ampliara su infraestructura para la transmisión de datos y que pudiera instalar antenas, postes, fibra óptica y cableado en terrenos públicos y privados sin autorizaciones municipales ni trámites en la Superintendencia de Telecomunicaciones (SIT). La ley, de hecho, enviaba a la cárcel a quienes se opusieran a la instalación de las antenas.

La ley fue tan agresiva que si un funcionario público o municipalidad se oponía a la instalación, podía enfrentarse a multas de hasta Q25 mil y prisión de uno a tres años. Una persona particular podía pasar hasta los ochos años de cárcel por el delito de obstaculización a la instalación y mantenimiento de equipo de telefonía. Un caso se concretó en Quetzaltenango, donde dos mujeres de 57 y 63 años, fueron capturadas al protestar por la instalación de una antena cerca de sus viviendas.

El cabildeo para la aprobación de esta ley lo hicieron Acisclo Valladares y Luis Valladares, en la Casa Presidencial. Según la declaración de una asesora del diputado Juan José Porras, el 8 de abril de 2014, se reunieron en una oficina contigua al despacho de Baldetti tres representantes de Tigo y Ernesto Herrera, asesor legislativo de Baldetti y diputado al Parlacen por el PP.

La investigación apunta a que fue Acisclo Valladares quién pidió que en el proyecto de ley se incluyera el bloqueo de las señal en las cárceles, para generar apoyo a la ley en la población. Minutos antes de que iniciara la sesión en la que se aprobó, el resto de diputados que votarían a favor, recibieron el documento con el título de la ley cambiado.

Los beneficios para la empresa fueron que el mismo día de la aprobación de la ley presentaran en la Superintendencia de Telecomunicaciones 33 expedientes para la instalación de postes y cables. La autorización les llegó dos semanas después. Durante casi dos años de vigencia de la ley, el 91% de los permisos que la SIT emitió para la instalación de cable y fibra óptica fueron para Tigo y sus empresas. También el 79% de las autorizaciones para instalar postes y el 98% de los requerimientos para instalar antenas.

La buena racha para Tigo terminó el marzo de 2016, cuando la Corte de Constitucionalidad declaró que varias partes de la ley violaban la Constitución.

Esta es solo una de las ramas a las que puede extenderse este caso. La investigación se ampliará al posible lavado del dinero producto del sobresueldo. Por ejemplo, el MP y la CICIG documentaron que en 2015, el diputado Juan José Porras compró un BMW y un Porsche que pagó con un solo desembolso de dinero; Estuardo Galdámez, en tres días de noviembre de 2012 adquirió tres vehículos; Mirma Figueroa de Coro compró un carro Toyota con un solo cheque por Q237 mil, al igual que Marco Orozco, que pagó un automóvil con Q307 mil en efectivo.*

Los sobornos como sobresueldos no alcanzaron solo para esta ley de 2014. La investigación de la CICIG y la FECI-MP apunta que también se dieron desde la Vicepresidencia las instrucciones para votar por los magistrados para la Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones, de un listado definido previamente por Manuel Baldizón, del partido Líder, y Alejandro Sinibaldi, del Partido Patriota. También fue así la votación para elegir a Carlos Mencos como Contralor General de Cuentas. Mencos es ahora candidato a diputado por la UNE y su delegado en la Contraloría es quien frenó la inscripción de Juan Francisco Foppa, exfiscal y exjefe de la SAT, y de Thelma Aldana, exjefa del Ministerio Público.

No obstante, hubo más leyes que beneficiaron a Tigo por parte del PP.

 

El presidente Otto Pérez y el empresario Mario López celebran la inauguración de la planta solar en febrero de 2015.

El 20 de noviembre de 2012, PP y Líder, junto a Todos –de Felipe Alejos– aprobaron la prórroga de las frecuencias radioeléctricas por 25 años, sin pagarle un solo centavo al Estado por usarlas.

Telefonía, radios, televisiones, todos podrían usar esos bienes públicos gratis. Según dijo entonces Orlando Blanco, diputado de la UNE (que se opuso a la ley), los archienemigos de PP, Líder y Todos se habían puesto de acuerdo por cabildeo de Tigo. 

Tigo logró también, gracias a la oposición del PP y Líder primero y el favor de la UNE de Sandra Torres después, que en 2010 no aprobaran un impuesto a la telefonía.

Además de su veto legislativo de 2010 y su control sobre el Congreso entre 2012 y 2015, hay otras victorias. En los años 80, cuando se abrió el mercado de telecomunicaciones, el entonces ministro de Comunicaciones, Mario López, se convirtió en accionista de Comcel-Tigo. Entre 2000 y 2003, se quiso asegurar un espacio privilegiado para competir con sus rivales de Claro y Bell-South (luego Telefónica), e hizo varios cheques al expresidente Alfonso Portillo, quien les adjudicó una banda específica.

3. ¿Por qué no hay capturas?

Tigo no es una empresa más en Guatemala. Controla el 43% del mercado de telefonía e internet y su principal accionista, Mario López Estrada, es el primer billonario centroamericano según la revista Forbes. Tigo es, probablemente, la empresa que más control ejerce sobre el Estado de Guatemala.

 

El MP y la CICIG allanaron Tigo en 2017.

El MP y la CICIG allanaron Tigo en 2017.

Pero no solo sobre los políticos o el Gobierno. Dos exempleados suyos –desde la Fundación y la Gremial– son candidatos a vicepresidente de los dos partidos que dominarán la reelección de magistrados en octubre de este año: la UNE y Todos.

Así, Tigo parece contar con suficiente influencia entre jueces oscuros –empoderados por la alianza presidencial y empresarial contra la CICIG– para evitar capturas en contra de sus dirigentes.

En este caso no se giraron órdenes de captura porque Tigo ha bloqueado la investigación de varias formas desde que allanaron sus oficinas en 2017.

La primera fue presentar un recurso para separar del caso a Silvia Morales, jueza Novena del Ramo Penal. Pese a que Tigo no era parte del expediente, logró que tres magistrados, Gustavo Dubón, Robaldo Isaías Chávez y Eduardo Gálvez Casasola, rechazaron el recurso pero de igual manera cambiaran el caso de Juzgado. Trasladaron el caso al Juzgado Décimo, a cargo de Víctor Cruz, el mismo juez que hace unas semanas emitió una orden de captura en contra de Thelma Aldana, ex Fiscal General, pese a que el Ministerio Público no requirió que fuera detenida.

Los abogados de Tigo también intentaron minar la investigación en la sede del MP, con tres denuncias en contra de los fiscales del caso, incluida una contra todo el personal de la FECI.

Se pidió a la gerencia de Tigo su opinión sobre este caso, pero no respondieron al requerimiento de entrevista. Se pidió también una opinión al ministro Acisclo Valladares, pero no respondió. FCN publicó que se trata de una conspiración en su contra.

La fiscal general, Consuelo Porras, ha sido ambivalente. Por una parte mantuvo el caso a cargo de la FECI a pesar de las objeciones de Tigo, pero por otra parte, Sonia Pérez, corresponsal de AP, tuiteó en su cuenta personal que el caso estaba listo en el despacho de Consuelo Porras desde enero de 2019, hace cuatro meses.

Ahora quedará por ver cómo actúa en este caso la mayoría de la Corte Suprema de Justicia, electa en 2014 gracias a los sobornos –las champurradas– que le pagó Tigo a los diputados de PP-Líder que los eligieron.

***

* Este párrafo se actualizó el lunes 10 de junio a las 11:20 horas. Se había publicado que Juan José Porras fue presidente de la Cámara de Industria de Guatemala, lo cual es incorrecto, él no ha ocupado dicho cargo. Solo ha sido asesor legal de la Cámara.

Jody García
/

Periodista. También lectora y pintora. Trabajó dos años en Diario La Hora cubriendo el sistema de justicia. Llegó a Nómada por el futuro. @Jody_Garcia_


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    Araya Leonor /

    10/05/2019 12:04 AM

    pacto de corruptos, votaremos: votoAldana sobre toda la papeleta
    para que se repitan las elecciones y se pueda inscribir Aldana
    sandra corrupta #SandraNoTeToca
    comparte esta idea con toda la gente honesta, todavia hay una salida de estos corruptos.

    ¡Ay no!

    ¡Nítido!

    Silvia Sánchez /

    09/05/2019 7:40 AM

    Es una investigación fascinante, felicito a los señores de CICIG y del MP por tan brillante labor. Ahora falta investigar a Marco Vinicio Cerezo Arévalo con propietario de Tigo-Comcel,S.A. y como concesionaron las bandas e telefonía celular sin pagar un centavo. Esta empresa es del pueblo y se la deben de devolver. Los ladrones deben ir presos y el pueblo pauperrimo de Guatemala merece una mejor vida.

    ¡Ay no!

    ¡Nítido!

    Lucas /

    08/05/2019 9:20 PM

    Parece que Acisclo Jr. Aprendio bien las mañas de Acisclo Papi...

    ¡Ay no!

    ¡Nítido!

    Guillermo Maldonado C. /

    08/05/2019 7:37 PM

    No olvidar al nuncio apostólico, aliado del afanado y famoso Pacto de Corruptos. Sobre todo por respecto a los de buena fe.

    ¡Ay no!

    ¡Nítido!

    Eduardo Solorzano /

    08/05/2019 7:17 PM

    Bueno esta es la razón por la cual vi desde hace como dos años, personal de tigo tejiendo telarañas en todos los postes de luz en Xela, por lo que han investigado, esta es una empresa voraz; en xela ya absorbió a todas las pequeñas y grandes empresas de cable, Xelacable, cable DX y no se si habrán mas, la programación de canales que nos pusieron ahora es peor que la que teníamos antes con menos canales y mas caro, pues subieron las tarifas, sin embargo y a pesar de que prácticamente ya no tienen competencia a excepción ce Claro, mi percepción es que la estrategia es que todos caigamos directamente a tigo pues a la fecha siguen con el disfraz de las anteriores empresas, pero por las calles hay fuerza de ventas de tigo, ofreciendo el servicio de cable y demás; algo que se me hace ilógico si ya compraron las otras empresas cableras en xela. Pero bueno que siga el caso y si todo va bien a lo mejor con el tiempo tenemos cable gratis, gracias a la extinción de dominio.

    ¡Ay no!

    ¡Nítido!

    Miriam /

    08/05/2019 4:41 PM

    Causa indignación ese grado de cinismo de la ex vicepresidenta y esos legisladores corruptos y esos empresarios. ¡Con razón les urge que se acabe la CICIG si son coyotes de la misma loma! URGE depurar el congreso y los otros poderes del estado. Y a la Baldetti mis deseos para que los 4 procesos que le falten le traigan 25 años cada uno para que no le alcance la vida para pasarla en la cárcel.

    ¡Ay no!

    1

    ¡Nítido!

    Guillermo /

    08/05/2019 11:13 AM

    El Estado guatemalteco ha sido usurpado por un atajo de hampones, ignorantes, fanáticos religiosos y miserables políticos. Convirtieron al incipiente Estado guatemalteco en un narcoestado y sacrificaron el futuro de este país. Y entonces...que vamos a hacer? A la plaza, al menos, no? Ya cancelé mi número telefónico en esa empresa corrupta.

    ¡Ay no!

    ¡Nítido!

      Guillermo Maldonado C. /

      08/05/2019 7:25 PM

      No olvidar al nuncio apostólico, aliado del afanado y famoso Pacto de Corruptos. Sobre todo por respecto a los de buena fe.

      ¡Ay no!

      ¡Nítido!

    frank lopez hurtarte /

    07/05/2019 9:02 PM

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    LA DEMOCRACIA ES SOLO UNA FACHADA

    El verdadero régimen impuesto por la oligarquía en Guatemala —a sangre, plomo y dinero—, se denomina Dictadura Oligarca Chapina Neocolonial.

    Un sistema económico en donde el Ejército —brazo armado del CACIF para la sostenibilidad del régimen— y la Clase Política actúan como peones del sector empresarial.

    Estas acciones mercantilistas comprueban nuestra tesis. Y lo hemos dicho y lo repetiremos hasta el cansancio:

    Urge dar Golpe de Estado a la Dictadura Oligarca Guatemalteca.
    .
    .
    .

    ¡Ay no!

    ¡Nítido!

      frank lopez hurtarte /

      07/05/2019 9:17 PM

      Felicitaciones, Jody, magnífica narración de hechos. Aunque es pago bimestral, y no "bimensual" :)

      ¡Ay no!

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      ¡Nítido!

    iMorales /

    07/05/2019 8:31 PM

    ........ por otro lado, escuchado que muchas radios dan la >NOTICIA, pero se aseguran de no mencionar a la empresa (TIGO).... sera porque tienen mucha publicidad y seria mal negocio! (Emisoras Unidas por ejemplo)

    ¡Ay no!

    ¡Nítido!

    iMorales /

    07/05/2019 8:27 PM

    Esta mierda de tIGO ya apestaba, pero NADIE le ponía atención, solo esperamos que haya un final de condena, pero ante todos los involucrados y lo COOPTADO de las cortes (pues nadie muerde la mano de quien te alimenta).DUDO que avance !!

    ¡Ay no!

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    ¡Nítido!







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