Los ocho puntos que explican por qué ganó Carlos Vielmann

Cuando decidió resistirse a la extradición y optó por ser juzgado en España, el exministro Carlos Vielmann, un hombre acostumbrado a el éxito económico y político, hizo una apuesta que resultó ganadora.

Al elegir España, el exministro de Gobernación, eligió un país en el que podía esperar en su casa a ser juzgado, a diferencia de lo que hubiese ocurrido en Guatemala, donde la prisión preventiva se aplica a todos los procesados. Esa era una ventaja indudable en un juicio que duraría 7 años.

Finalmente, pese a cargar con una acusación de diez homicidios y una solicitud de condena de casi dos siglos, Vielmann pasó 40 días preso y depositó una fianza de un millón de euros (entonces unos Q10 millones) que le fue devuelta cuando fue absuelto.

El resto del tiempo esperó en su apartamento, sin poder salir de España, pero cerca de su familia. Los años pasaban y crecía el deseo de Vielmann de que todo se resolviese lo antes posible y aumentaba su desesperación por la lentitud incomprensible de la justicia española, pero poco a poco, se fueron dando las condiciones para su absolución. .

Lo sucedido no podría entenderse sin estos ocho factores:

1. El cambio de Fiscal General de España

España ha sido un país férreamente bipartidista desde 1982 hasta 2014. El sistema de justicia es un reflejo de ello. Todos los integrantes de la entidad que gobierna a los jueces, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), equivalente a la Corte Suprema de Justicia en Guatemala, son nombrados por el parlamento. Tradicionalmente, los dos partidos dominantes negocian y se reparten la designación de los integrantes del Consejo. El Partido Popular nombra miembros conservadores y el Partido Socialista, progresistas. Los dos bloques suelen ser perfectamente identificables. Su comportamiento, previsible. Unos votan en bloque, y normalmente se oponen a lo que quieren los otros.

La fiscalía, a diferencia de lo que ocurre en Guatemala, es dirigida por un fiscal general directamente elegido por el Gobierno (sin comisión de postulación que filtre candidatos). Cada presidente ha elegido a un jefe del Ministerio Público afín, y éste a su vez, ha nombrado jefes de fiscalía de su misma tendencia. Así, cuando gobierna el Partido Popular, la fiscalía la ocupa un conservador, y cuando lo hacen los socialistas, un progresista.

Es cierto que existen muchas excepciones, jueces y fiscales difíciles de encuadrar en uno o en otro bando, pero también es cierto que este esquema no puede omitirse al describir el funcionamiento de la justicia española.

El caso de Vielmann en España, que empezó en 2010 durante el gobierno socialista de José Luis Rodríguez, estuvo en un principio marcado por la participación de jueces y fiscales progresistas.

El juez que lo detuvo y encarceló en octubre de 2010, cuando fue emitida una orden internacional en su contra por la ejecución extrajudicial de siete reos en la cárcel de Pavón y tres fugados de El Infiernito, fue Santiago Pedraz, un conocido progresista que años antes había ordenado la detención del general Efraín Ríos Montt por genocidio.

Cuando, meses después, Guatemala renunció a la extradición, el caso contra el exministro fue impulsado por el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, un progresista que favoreció que España juzgara crímenes graves cometidos en el exterior aplicando el principio de justicia universal. El fiscal jefe Zaragoza sostuvo varias reuniones con el excomisionado de la CICIG, Francisco Dall’Anese, y creyó en la solidez del caso.

Pero a medida que el tiempo pasaba y Vielmann esperaba, España dejó de ser ese país. El gobierno cambió, y la nueva administración conservadora del Partido Popular de Mariano Rajoy prohibió que los jueces españoles siguiesen aceptado casos de delitos cometidos fuera del país. Javier Zaragoza fue sustituido como Fiscal General por Jesús Alonso, portavoz de una asociación de fiscales conservadores.

Meses después, cuando Vielmann fue absuelto, el fiscal Alonso daría la orden de no apelar la sentencia, y dar por terminada la participación de España en el caso.

2. El cambio de un juez clave

La Sección Segunda de la Audiencia Nacional, el tribunal de alto impacto que juzgó a Vielmann, está integrada por cinco magistrados. Para cada caso, se forma un tribunal con tres de ellos. La forma en que se elige a estos tres es aleatoria y debe ser conocida con antelación.

Desde abril de 2016, cuando se supo que sería la Sección Segunda la que juzgaría a Vielmann, quedó claro que la integración del tribunal se haría con Concepción Espejel, Ricardo de Prada y Julio de Diego. Ellos tres conocían todos los casos cuyo expediente terminaba con el número ocho y ese era precisamente el número con el que finalizaba el expediente de Vielmann.

Sin embargo, cuando en enero de 2017 comenzó el juicio, uno de estos jueces no estuvo presente. ¿Qué había ocurrido?

En el tribunal al que inicialmente se le asignó juzgar a Vielmann, no había un mayoría clara progresista o conservadora.

La magistrada Concepción Espejel es una conocida conservadora que está el Consejo a propuesta del Partido Popular. El segundo era Ricardo de Prada, un prominente progresista, coautor de la sentencia contra un militar argentino que fue juzgado en España en la que época en la que el fiscal jefe Zaragoza dirigía la fiscalía de la Audiencia Nacional.

El enigma era el tercer miembro del tribunal: Julio de Diego.

Era previsible que la magistrada conservadora Espejel tendiera a ser benévola con un hombre como Vielmann y que el magistrado progresista de Prada optara por la dureza. Desde el punto de vista conservador, el hombre que se sentaba en el banquillo era probablemente un respetable empresario que al que, a lo sumo, podría culparse por no poder controlar a los policías corruptos y asesinos que tenía a su cargo. En la visión progresista, el exministro, en cambio, encaja con el estereotipo del oligarca latinoamericano acostumbrado a disponer de la vida y la muerte de los humildes.

¿Pero qué pensaría de Vielmann el magistrado Julio de Diego?

En sus manos estaba inclinar la balanza hacia uno u otro lado.

De Diego es un conservador, pero moderado, y ha votado en el mismo sentido que Espejel, pero también que de Prada.

De Diego, por ejemplo, junto con de Prada, votó a favor de apartar a Espejel de un caso de corrupción vinculado al Partido Popular porque consideraron que al haber sido nombrada por los conservadores para integrar el Consejo podría no ser imparcial.

Recientemente, en ese mismo proceso, De Diego y de Prada votaron a favor de convocar como testigo a Mariano Rajoy, la primera ocasión en la que un presidente español en el poder comparece en un juicio. A esta decisión, se opuso el magistrado, también conservador, que sustituyó a Espejel tras su recusación.

Y aquí viene el cambio.

Cuando el pasado 10 de enero de 2017 comenzó el juicio contra Vielman, en el tribunal se sentaban Espejel y de Prada, pero de Diego no estaba. Sorpresivamente, había sido sustituido por Juan Pablo González, un conocido conservador, que al igual que Espejel integró el Consejo a propuesta del Partido Popular.

La balanza del tribunal se había inclinado del lado de Vielmann.

Una fuente que conoció de cerca el proceso considera que este cambio de magistrado no fue casual y es la principal prueba de que los contactos políticos de Vielmann, que presidió la Cámara de la Industria y es cercano a la cúpula empresarial en Guatemala, incidieron sobre el juicio. “Este es uno de lo procesos más politizados con los que yo me he enfrentado”, dijo esta fuente.

Aún sabiendo que el magistrado de Diego estaría ocupado en el caso Vielmann a partir el 10 de enero de este año, algo que ya era conocido en julio de 2016, la justicia española programó en los mismos días otro proceso en el que el magistrado también tenía que participar.

Cuando la Audiencia Nacional se dio cuenta de la coincidencia de fechas, a mediados de noviembre de 2016, se decidió que de Diego integraría el otro tribunal, y que en el caso de Vielmann, entraría un nuevo magistrado.

¿Por qué se eligió al conservador Juan Pablo González como sustituto? Alguien lo decidió así en la Audiencia Nacional y esa decisión sería crucial. El magistrado González solo estaba previsto que interviniera en los procesos cuyo expediente terminaba en cuatro y en siete, y ese no era el caso de Vielmann, por lo que su elección no se basó en un sistema preestablecido.

Precisamente por eso, esta decisión fue protestada sin éxito tanto por el fiscal del caso, Pedro Martínez, como por Manuel Ollé, el abogado de los familiares de dos víctimas y representante de una oenegé llamada Asociación Pro Derechos Humanos.

3. Las decisiones de los dos magistrados conservadores

Aunque no se puede prever cuál hubiese sido el comportamiento del magistrado De Diego durante el juicio, la entrada del magistrado Gónzalez facilitó que los criterios de la magistrada Espejel, la presidenta conservadora del tribunal, se impusieran siempre.

Los magistrados González y Espejel estuvieron de acuerdo en todas las decisiones más importantes que se tomaron durante el juicio. De Prada siempre se opuso a ellas, y siempre se quedó solo.

El esquema conservadores contra progresistas se repitió una y otra vez.

Los magistrados González y Espejel se opusieron a que se produjera el testimonio de Leonel Jocol, guardaespaldas el ex subdirector de la PNC, Javier Figueroa. Jocol presenció varias de las siete ejecuciones que se produjeron en el penal de Pavón en septiembre de 2006, y su testimonio fue clave para condenar al director de la policía Erwin Sperisen en Suiza por estos hechos (la sentencia fue recientemente suspendida y Sperisen está pendiente de una nueva resolución mientras espera en la cárcel).

El guardaespaldas Jocol no pudo viajar a España desde Canadá, donde ha recibido asilo, porque no tenía su pasaporte vigente, y no deseaba acercarse al consulado guatemalteco para renovarlo por temor a ser identificado. La fiscalía española propuso que Jocol testificara a través de videoconferencia desde alguna instalación del Estado canadiense, pero los dos magistrados conservadores se opusieron, considerando que una declaración en esas condiciones no reunía los requisitos legales. Los magistrados González y Espejel también rechazaron que se tomaran en cuenta las declaraciones que dio un grupo de policías en el proceso que se celebró en Guatemala contra el jefe policial Víctor Hugo Soto Diéguez, condenado por el asesinato de tres de los fugados del penal El Infiernito en 2005.

Dos de estos testimonios, el de los policías Guadalupe Ruiz y Felipe Camajá, eran especialmente importantes porque ellos vieron al asesor venezolano Víctor Rivera comunicándose con Vielmann tras el asesinato de Edwin Santa Cruz, uno de los reos fugitivos.

Los dos magistrados conservadores estimaron que estos policías debieron ser convocados como testigos en España y que su declaración en un juicio en otro país no podía considerarse válida.

Cuando sucedió esto, la fiscalía solicitó la intervención de uno de los testigos, Camajá, por videoconferencia, pero los juzgadores resolvieron que su inclusión en la lista de testigos se tenía que haber solicitado antes y también la rechazaron.

Finalmente, Espejel y González estuvieron de acuerdo en los más importante: la sentencia. Ambos reconocieron que los reos fueron asesinados por agentes del Estado, pero decidieron que no había pruebas suficientes para considerar que Vielmann lo supo o lo permitió. Desdeñaron a los principales testigos de la toma de Pavón: Alfredo Linares y Raúl Pérez Esquivel, y esencialmente, dieron por cierto los puntos clave del testimonio de Vielmann: solo ingresó a Pavón cuando todo había terminado y nunca vio a hombre enmascarados seleccionando reos; no tuvo nada que ver con el plan para recapturar a los fugados de El Infiernito; él fue un reformador que luchó contra la impunidad y trajo al país a la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG).

Como en toda las otras decisiones claves, de Prada se quedó solo. El magistrado progresista emitió un voto razonado en el que considera que el exministro debió ser condenado por haber permitido una campaña de “terrorismo de Estado” contra delincuentes de la que se benefició políticamente él y el gobierno de Óscar Berger (2004-2007).

A pesar de que no hubo unanimidad en la resolución y de que el fiscal del caso, Pedro Torrijos, quiso apelar la sentencia, el jefe de la fiscalía de la Audiencia Nacional, el conservador Jesús Alonso, decidió que el caso no debía seguir adelante.

El mismo país que un día quiso buscar justicia por la muerte de 10 reos en un país lejano, siete años después, consideraba que ya había tenido suficiente.

4. Las debilidades de la investigación

La justicia española terminó por no escuchar importantes testigos. Esto ocurrió, en parte, porque la mayoría conservadora del tribunal decidió no facilicitar las cosas, pero en realidad, esto se pudo prevenir.

Los policías Camajá y Ruiz pudieron ser convocados ante el tribunal español, o al menos la fiscalía de la Audiencia Nacional pudo haberlos interrogado en Guatemala, como parte de una comisión rogatoria (un tipo diligencia que se práctica cuando un país acude a otro para recabar pruebas). Pero la fiscalía española ni llamó a testigos importantes ni fueron a buscarlos a Guatemala.

Los investigadores españoles confiaron en que los testimonios que se presentaron en el juicio guatemalteco por los mismos hechos serían suficientes. La mayoría del tribunal consideró que las pruebas practicadas en un juicio de otro país no eran válidas y simplemente las ignoró.

La fiscalía española tuvo casi siete años para preparar el caso, pero omitieron practicar pruebas que podrían haber cambiado el rumbo del proceso.

Las única diligencia que se realizó antes de la apertura del juicio oral fue tomar declaración a un grupo de seis testigos que la CICIG llevó a España, aprovechando que tenían que dar su testimonio en el juicio que se celebraba en Austria contra el exsubdirector de la policía Javier Figueroa por los siete asesinatos de Pavón.

Esta actitud contrasta con la que tuvieron las autoridades suizas durante la investigación del caso contra el exdirector de la policía Sperisen.

La justicia de Ginebra hizo todo lo que la española omitió. Los suizos viajaron a España (para entrevistarse con Vielmann), a Austria (para hablar con Figueroa) y estuvieron en Guatemala (donde recogieron multitud de testimonios, además de los principales de la CICIG). También solicitaron reportes de llamadas telefónicas de los implicados (aunque CICIG les informó que los registros habían sido borrados) y encargaron un informe pericial sobre las fotografías que se tomaron en Pavón, durante el asalto a la cárcel, que resultó fundamental.

Pero en España no se hizo nada de eso.

Pese a la dificultad que entraña juzgar hechos ocurridos en un país totalmente diferente, España no logró organizar una comisión rogatoria a Guatemala. Los policías que presenciaron los tres asesinatos de fugados de El Infiernito nunca fueron escuchados. De todos los reos que estaban en Pavón aquel 25 de septiembre de 2006 en el que los líderes del penal fueron asesinados por las autoridades solo testificaron dos (Nelson Rodríguez “El Morado” y Carlos Bendfeldt) y ninguno de ellos tenía algo relevante que decir sobre la participación de Vielmann en los hechos.

La fiscalía española tampoco fue a Austria a explorar la posibilidad de que el exjefe policial Javier Figueroa hablara. El exsubdirector declaró en el juicio en Suiza contra Sperisen y dijo cosas como que el asesor Víctor Rivera era el cerebro detrás de la “limpieza social”, que organizaba operativos de los que “nadie salía vivo” y que Vielmann había dado la orden a la policía de no interferir en sus actividades. A pesar de que este testimonio podría ser decisivo para condenar a Vielmann y que desde el comienzo de este caso Figueroa fuera un potencial colaborador de la justicia, la fiscalía de la Audiencia Nacional no contempló incluirlo en el proceso.

Por último, las autoridades españolas no tuvieron en cuenta el proceso que se celebró en Suiza. Si lo hubiesen hecho, se hubiesen dado cuenta que estaban omitiendo evidencias contra el exministro.

Al viajar a Guatemala, la fiscalía suiza interrogó a ocho personas que estaban recluidas en Pavón aquel 25 de septiembre de 2006. Dos de ellos coincidieron en que vieron a Vielmann a primera hora de la mañana, antes de que ocurrieran la mayoría de las ejecuciones, frente a la iglesia del penal hablando con Carlos Barrientos, uno de los reos que sería asesinado poco después. Barrientos era el “banquero” de la cárcel, uno de lo internos más ricos, el preso que controlaba la compraventa de casas en Pavón, prestaba dinero y tenía el monopolio para ingresar algunos alimentos y bebidas.

Según estos dos testimonios, Vielmann y el director de presidios, Alejandro Giammattei, llamaron a Barrientos, que en ese momento ya estaba esposado y hacía fila junto con otros reos, charlaron con él, y después hombres encapuchados se lo llevaron hacia la casa de Jorge Batres, El Colombiano, donde aparecería muerto.

Otro preso le contó a CICIG algo muy similar en 2010, aunque para 2013, cuando el fiscal suizo llegó al país, este reo ya no pudo ser localizado o no quiso testificar.

Este mismo testimonio fue ratificado ante el tribunal de Ginebra, durante el juicio oral, por el reo Phillip Biret, un ciudadano francés que estaba interno en Pavón y que se presentó voluntariamente a declarar.

Estos relatos hubiesen puesto en aprietos a Vielmann, cuya estrategia de defensa en España se basó en sostener que él ingresó a la cárcel hacia las 9 de la mañana, cuando todo había terminado, y nunca vio a hombres encapuchados seleccionando a los reos que después morirían.

Pero la fiscalía española nunca fue a buscar nunca a estos testigos.

La versión de Vielmann también habría quedado desacreditada por el informe pericial realizado por la policía científica suiza con base en las fotografías que fueron filtradas a la CICIG sobre lo que ocurrió aquel día, y en un video titulado “Asalto Este”, tomado por la policía.

Este informe, primero, acreditó la presencia en Pavón del asesor venezolano Víctor Rivera y algunos de sus hombres, “Los Riveritas”. Esto es importante porque Rivera no formaba parte de la jerarquía policial y si estaba allí debía ser a las órdenes del único superior presente: el propio Vielmann. El exministro sostuvo en el juicio que nunca vio a Rivera aquel día.

Durante el juicio español, la naturaleza de la relación entre Vielmann y el venezolano fue un asunto a debate. La defensa insistió en que el exministro apenas trabajaba o se reunía con él. La acusación, sin embargo, no solo no pudo rebatir esto con argumentos, sino que tampoco pudo probar que Rivera estuvo presente en la toma de Pavón.

El peritaje también estableció una cronología de los sucesos de aquella mañana con base en el análisis de la luz y los relojes que aparecen en el video y la fotografías. En el informe se establece que Vielmann, como mínimo, estaba dentro del penal entre, las 8:00 y las 8:35 y que se encontraba en la zona de la plaza, solo unos minutos antes de que, muy cerca de allí, uno de los encapuchados (uno de los hermanos Benítez Barrios) sacó de la fila a Mario Misael Castillo, quien después sería asesinado (probablemente por error porque era un panadero que llevaba solo unos meses en Pavón).

En España, sin embargo, no se realizó ningún peritaje de ningun tipo.

Finalmente, la fiscalía española ni siquiera pudo probar que Vielmann estuvo en Pavón antes de las 9 de la mañana o que vio vivos y sometidos por la policía a los reos que murieron.

En realidad pudo haberlo hecho, pero las omisiones en la investigación lo impidieron.

5. La ausencia de un relato

La fiscalía española comenzó retratando a Vielmann como la cabeza de una estructura criminal dedicada a la limpieza social, el sicariato y el tumbe de drogas. Después el discurso fue evolucionado. Primero se comenzó a reconocer que el exministro quizás no fue el jefe del grupo, pero sabía todo lo que ocurría y estaba de acuerdo con ello. Después, solo quedó por presentar a Vielmann como un funcionario irresponsable que probablemente ni era el jefe, ni parte de la estructura criminal, pero el hecho de que no se diese cuenta de todo lo que ocurría ante sus ojos, ‘tenía’ que indicar que era cómplice de ello.

Ninguno de estos supuestos, ni siquiera el último, pudo ser probado con la suficiente contundencia para convencer a la mayoría del tribunal.

España logró evidenciar que las 10 muertes fueron ejecuciones extrajudiciales, es decir, asesinatos por parte de agentes del Estado (algo que los tres magistrados reconocieron) pero no pudo ofrecer un relato coherente del papel jugó Vielmann en los hechos.

Al no llevar ante el tribunal a los policías que fueron testigos de la ejecución extrajudicial de los tres fugados de El Infiernito, la fiscalía española, en la práctica, renunció a lograr un relato convincente sobre la participación del ministro en estas muertes.

Lo sucedido en Pavón podían describirse de manera más sólida. Sin embargo, sin apenas testimonios de presos (sobre unos hechos ocurridos dentro de una prisión) y sin pruebas científicas como el peritajes de videos y fotografías (como sí se hizo en Suiza), el relato quedó debilitado.

La fiscalía se limitó a constatar que los presos murieron asesinados y que varios testigos señalan que Vielmann estaba en el penal mientras eso sucedía, por lo que él tuvo que saber lo que ocurría.

6. Se ignoró el relato que construyó la fiscalía suiza

En Suiza, los investigadores ordenaron todas las pruebas y compusieron un relato completo de los hechos que pone en evidencia que Vielmann tuvo que ser consciente de lo que ocurrió en Pavón. Este sería más o menos así:

Cuando aún está oscuro, hacias las 5 de la mañana, tiene lugar una primera reunión en el puesto de mando de la operación, junto a la entrada del penal. Allí están las principales autoridades, el ministro Vielmann; el director de la policía, Sperisen; el director de presidios, Alejandro Giammattei; y su segundo, Mario García Frech. Mientras hablan, llegan dos picops. Van llenos de hombres armados, encapuchados y vestidos de negro. Al menos dos de ellos se bajan de los vehículos: son el subdirector policial Javier Figueroa y el jefe de la División de Investigación Criminal de la policía (DINC), Víctor Soto Diéguez. Saludan a los mandos y se dirigen hacia el lado opuesto del penal, donde se encuentra la casa donde vive el reo Jorge Batres, un narcotraficante colombiano.

Al aproximarse a la cerca que delimita la cárcel, uno de los encapuchados, el hermano de Javier Figueroa, Stefano (un civil), y su guardaespaldas se separan del grupo. Stefano Figueroa sube a una de las torretas de la cárcel con un fusil de gran calibre que utiliza un bípode.

Al amanecer, el resto de hombres, entre los que también se encuentran algunos de los “Riveritas”, los hombres de Soto Diéguez y los hermanos José y Danilo Benítez Barrios (civiles, que serían asesinados en 2008), cortan la malla y entran en el penal.

Van directos a la casa de Jorge Batres, “El Colombiano”, la famosas casa de estilo canadiense de dos niveles que el reo se había hecho construir. Buscan a Batres pero no lo encuentran. Los presos, que ya sabían lo que iba a ocurrir, se estaban concentrando en la llamada plaza cívica del penal, donde se estaban entregando a los cientos de policías que ya han entrado en Pavón con la misión de vaciar el penal y transferir a los internos a otra cárcel.

Algunos de los agentes estatales encapuchados se quedan en las cercanías de la casa de Batres. Otros se dispersan y comienzan a buscar a los reos en los que están interesados. Figueroa y sus guardaespaldas usan una herramienta para quebrar los candados de las puertas de las casas de algunos presos que viven en el llamado sector talleres. Allí precisamente, los hermanos Benítez Barrios ven a Luis Alfonso Zepeda, ‘el presidente Zepeda’, líder de la organización que gobierna la cárcel. Zepeda es interceptado y desvestido.

Se informa de ello por radio a Erwin Sperisen que para este momento, alrededor de las 7, ya está en la plaza, donde también se encuentran el director Giammattei, el subdirector García Frech y el ministro Vielmann. Poco antes, en la plaza, ha sido identificado el reo Carlos Barrientos, el banquero de Pavón, que es capturado por los encapuchados tras intercambiar unas palabras con el ministro y el director penitenciario.

Al recibir la noticia de la captura de Zepeda, Sperisen y sus guardaespaldas se dirigen hacia la vivienda canadiense, a donde están siendo conducidos todos los capturados. Vielmann se queda en la plaza.

En el entorno de la casa de Batres, ya se encuentra el asesor Víctor Rivera y el jefe de la DINC, Soto Diéguez. Llegan los primeros capturados y se producen las primeras muertes. Llegan también Sperisen y Figueroa, entre otros, y se produce una pequeña reunión poco antes de las 8 de la mañana.

Figueroa y Sperisen vuelven a la plaza, donde aún se encuentran Vielmann, Giammattei y García Frech. Se produce otra reunión entre ellos. Es entonces cuando el asesor penitenciario Alfredo Linares asegura que oyó decir a Vielmann cuatro palabras claves: “que se apuren aquellos”. Son cerca de la 8:30.

Mientras, siguiendo con el plan establecido, los presos hacen fila y esperan ser transferidos al penal vecino, Pavoncito. Antes de salir, un grupo de encapuchados los selecciona. Allí serán apartados varios de los que reos que morirán poco después en la casa del colombiano Batres. Misael Castillo y Abraham Tiniguar son dos de ellos.

El director Sperisen y el subdirector Figueroa se dirigen de nuevo a la casa de Batres. Allí, bajo el mando del asesor Víctor Rivera (que sería asesinado en 2008) y el director del DINC, Soto Diéguez (condenado), se están produciendo los asesinatos y la preparación de la escena del crimen para hacer que parezca un enfrentamiento.

El reo colombiano Batres no puede ser localizado. Ha logrado escapar a la selección a la salida del penal y está ya en Pavoncito. Cuando los encapuchados se dan cuenta de ello, van al penal vecino y capturan a Batres. Son cerca de las 10 de la mañana. Los hermanos Benítez Barrios lo traen a la casa canadiense en un picop. Poco después es asesinado.

Ya está todo listo para que entre el Ministerio Público y la prensa, y se anuncie que, desgraciadamente, siete detenidos murieron en el operativo como resultado de un enfrentamiento con la policía.

Antes del retorno de Batres a la que era su casa, Carlos Vielmann pudo estar en del perímetro de la vivienda, dentro del cercado que rodeaba la propiedad. Dos policías le vieron allí, según dijeron en Suiza, aunque solo uno de ellos, Raúl Flores Esquivel, mantendría esta versión durante el proceso español, por lo que su versión perdió fuerza, al ser el único testigo que vio al ministro tan cerca del lugar de los crímenes.

El relato de Flores Esquivel fue desechado por los dos magistrados conservadores en la Audiencia Nacional, con el argumento de que parecía muy inseguro en sus palabras. Él en Suiza había explicado que temía por su vida y que quienes cometieron estos asesinatos “tenían el poder en Guatemala”.

El resto de los hechos de esta narración fue confirmado en Suiza por múltiples testigos y por el peritaje sobre las fotografías y videos que se tomaron el día de la toma de la cárcel.

La fiscalía española tuvo la ventaja de las autoridades suizas ya habían armado este rompecabeza para el momento en el que Vielmann fue juzgado. Sin embargo, en la Audiencia Nacional no se pudo ofrecer un relato tan completo y coherente de lo sucedido aquella mañana.

7. La falta de continuidad en la CICIG

Cada caso es la pequeña criatura de un fiscal y su equipo. Su éxito depende en gran parte del empeño de los investigadores, de su capacidad para apoyar a los testigos y comprometerse con el proceso hasta el momento final, el instante en que el tribunal delibera y toma una decisión.

El caso contra Carlos Vielmann fue algo parecido a una criatura huérfana.

Sus primeros padres, la fiscal costarricense Gisela Rivera y su equipo, renunciaron a finales de 2009 en medio de la mayor disputa interna que ha conocido la CICIG, desencadenada precisamente porque los investigadores consideraban que no estaban recibiendo el apoyo suficiente del Comisionado Carlos Castresana para acusar a Vielmann por este caso.

Quien se quedó a cargo después, el fiscal costarricense Christian Ulate, también se comprometió con sacar adelante el caso, pero no pudo acompañarlo hasta el tribunal. En 2010, tuvo que entregarlo a unos nuevos responsables que vivían al otro lado del Atlántico, en España, un país lejano en el que nadie había escuchado hasta ese momento de un poderoso hombre llamado Carlos Vielmann y en el que esta historia sobre una cárcel gobernada por reos que son asesinados por policías que matan por venganza, dinero o placer parecía irreal.

Quizás por ello, los nuevos padres españoles aceptaron caso pero en realidad confiaban en que los anteriores responsables les explicaran siempre qué hacer. Pero los años pasaron y los españoles dejaron de tener contacto con los antiguos padres. El costarricense Ulate dejó la CICIG en 2015 para fundar un bufete privado y el caso quedó a cargo de la investigadora Maya Fernández, también a cargo de muchos otros casos en el momento en el que Guatemala ya era otra. La mayor ola de casos de corrupción e impunidad de la historia del país tenía ocupada a la CICIG en casos como los del Partido Patriota, Líder, La Línea y Cooptación del Estado. Muchos investigadores tenían nuevas criaturas que sacar adelante. El gobierno de Óscar Berger, de diez años antes, en el que se produjeron los hechos que se juzgaban en España, parecía de otro tiempo. Ya no era una prioridad para la CICIG.

8. El cambio en el relato de los testigos

Pero hay cosas que no cambian, como el poder de los poderosos, o el temor de testigos humildes que un día se atrevieron a testificar contra el exministro de Gobernación pero que en siete años tuvieron tiempo suficiente para reconsiderar su posición.

En el momento clave de su vida, la criatura se quedó sola.

La fiscalía española asegura que en los meses anteriores al juicio, que comenzó en enero de este año, no tuvieron contacto con la CICIG. Uno de los testigos que presentó en el juicio de Madrid por videoconferencia explicó que fue avisado de que tenía que comparecer solo tres días antes. Cuando este testigo se puso en contacto con otro que también declaró, este le contó que estaba preocupado, que tenía miedo, y que no habían sentido el respaldo de CICIG desde hacía mucho tiempo.

Carlos Bendfeldt, uno de los dos reos que declaró en el juicio español, fue herido de bala en un incidente ocurrido en julio de 2016.

El otro, Nelson Rodríguez, ‘El Morado’, inicialmente no se presentó en la sede del Ministerio de Público de Guatemala para la videoconferencia. Cuando lo hizo, al día siguiente, aseguró que no deseaba declarar. Solo prestó su testimonio cuando los magistrados de la Audiencia Nacional le explicaron que por su calidad de testigo no tenía ese derecho.

A pesar de ello, ‘El Morado’ mantuvo lo esencial de su relato. Vio como Víctor Rivera y Soto Diéguez conducían a la muerte a El Colombiano, que era su amigo, y lo contó tal y como lo había contado en Suiza.

Quién sí cambió radicalmente su relato fue un exguardaespaldas de Javier Figueroa llamado Moisés Archila, quien durante la toma de Pavón acompañó al hermano de Figueroa, Stefano. En Suiza, el guardaespaldas Archila explicó cómo ayudó a Stefano Figueroa a subir su fusil a una de las torres de la prisión, cómo le vio disparar, y como después ingresó al penal con él y fueron a la casa de Batres, donde escuchó disparos y vio a varios hombres encapuchados. Cuando llevaba una media hora allí, vio entrar a Vielmann en el cercado que delimitaba la casa de El Colombiano. Esto es lo que también presenció el policía Raúl Flores Esquivel.

En el juicio español, ya no recordaba apenas lo que sucedió ese día. Aseguró que cargó un bulto para Stefano Figueroa (cuyo nombre tampoco recordaba), pero que no sabe si era un arma de gran calibre u otra cosa. Al entrar en el penal, se quedó en una zona en la que había “casitas”, muy cerca de la plaza, pero no recordaba ninguna en particular ni la presencia de un un comando de encapuchados. Allí fue donde vio a Vielmann.

Al cambiar su testimonio, Archila desacreditó al policía Flores Esquivel, uno de los testigos más importantes de la CICIG, y con ello debilitó la teoría de la fiscalía.

La criatura estaba herida de muerte.

***

El futuro

El 15 de marzo pasado, Vielmann fue absuelto en España. En los cuatro meses pasados desde entonces, el exministro volvió a Guatemala y la fiscalía de la Audiencia Nacional dio a conocer que no apelará la sentencia.

Quien sigue adelante con el caso es Manuel Ollé, abogado de la acusación particular, que defiende los intereses de la madre y la esposa de Mario Misael Castillo y Abraham Tiniguar, respectivamente, ambos asesinados en Pavón.

A finales de mayo, Ollé interpuso un recurso ante la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo, que busca anular la sentencia y que el juicio se repita.

En el escrito presentado ante el máximo tribunal el abogado alega que los magistrados de la Audiencia Nacional impidieron testimonios clave como los de los policías Camajá, Ruiz y Jocol y que no quisieron valorar pruebas documentales recabadas en el proceso que se celebró en Guatemala contra algunos de los autores de los hechos.

Pueden pasar aún meses hasta que este recurso sea resuelto. De éste procedimiento depende el futuro del caso. En él están depositadas las últimas esperanzas de quienes piensan que Carlos Vielmann promovió o permitió la ‘limpieza social’.