Pérez y Baldizón impiden la renuncia y toman la ofensiva

El jueves el camino parecía seguro. La sola amenaza de pasar el resto de su mandato asistiendo a defenderse a tribunales había hecho que Roxana Baldetti renunciara a la Vicepresidencia el 8 de mayo. Lo mismo debería haber ocurrido con Pérez Molina. Pero el general parece más obstinado y con menos autoestima. Su reducidísimo círculo de asesores (los que no están en la cárcel o salieron por investigaciones de corrupción) lo convenció que no renunciara porque creen que es viable una presidencia siendo investigado por la justicia por su participación en el escándalo de corrupción en el IGSS que mató a 13 personas y en el desfalco aduanero en el caso La Línea por más de Q300 mil millones ($4 mil millones). Sí, miles de millones.

Nómada publicó ese jueves que con la decisión de la Corte de pedirle al Congreso que le quitara la inmunidad, #JusticiaYa estaba a punto de lograr la renuncia de Otto Pérez Molina. Que faltaba sólo uno de cinco pasos: 1) Que el Congreso le quitara la inmunidad, 2) Que se llenara la plaza central de manifestantes este sábado, 3) Que la CICIG y el MP hagan público que también está vinculado al caso de La Línea 4) Que los empresarios le pidan la renuncia, 5) O que empresarios, campesinos y ciudadanos convoquen a un paro nacional.

Y ante esta presión, Pérez Molina recurrió a las profundidades de sí mismo y de su sistema de corrupción e impunidad.

La estrategia defensiva de Pérez Molina

Para salvarse del primer punto, que el Congreso le quitara la inmunidad esta semana, se alió con su mancuerna Manuel Baldizón, el candidato presidencial del partido Líder, que encabeza las encuestas con un 30 por ciento de intención de voto. Su principal aliado en el sistema de corrupción e impunidad desde 2014. No sólo los partidos de ambos aprobaron un presupuesto repleto de corrupción, sino que juntos eligieron también a los 13 jueces de la Corte Suprema y los 120 de las salas de apelaciones. Esto para hacer que el sistema de corrupción nunca fuera castigado y quedara en la impunidad.

Por una maniobra parlamentaria, el viernes fue el día que Baldizón salvó a Pérez Molina. Ambos lo celebraron con entrevista en una radio progubernamental.

Para salvarse del segundo punto, que los ciudadanos siguieran presionando, empezó a prepararse desde hace semanas. Hizo campañas negras en mensajes telefónicos o cadenas de whatsapp haciendo creer que la “guerrilla” (1960-1996) es la que organiza esta indignación ciudadana. Además, sus sindicalistas amigos hicieron un bloqueo de las entradas de la ciudad el viernes de hace diez días, para hacer creer que el movimiento ciudadano tomaba una agenda guerrillera también. Y empezaron a meter protestas legales para impedir que siga el proceso para retirar la inmunidad a Pérez.

A esto se sumó el conformismo de una parte de los manifestantes. Después de tres manifestaciones de más de 20,000 personas (una de 60,000) que asustaron a los políticos y a los jueces, muchos pensaron que ya no era indispensable que asistieran. Y este sábado fueron menos.

Diez mil mostraron su hartazgo con la corrupción y la impunidad del gobierno Pérez Molina y su aliado Baldizón.

Insuficientes para meterle miedo real a los políticos (que tiemblan cuando llegan a 20,000), pero suficientes para recordar que los ciudadanos no están apaciguados (y pueden defender a los más débiles).

La estrategia ofensiva de Pérez Molina y Baldizón

Pero Pérez Molina y Baldizón no se quedarán tranquilos para que el primero llegue hasta el 14 de enero y el segundo logre que hayan elecciones el 6 de septiembre con estas reglas que permiten campañas multimillonarias sin reglas ni filtros de dinero sucio.

Abogados simpatizantes de Baldizón demandaron el viernes a uno de los que ha cuestionado la legitimidad de las elecciones de septiembre en estas condiciones, Edgar Gutiérrez, el director del centro de investigaciones de la Universidad de San Carlos. Baldizón lo celebró en la radio: “Vemos hoy que se denuncian ahí a un par de personajes porque están intentando cancelar las elecciones. (…) Nos dejemos llevar por gente que quiere ver que corra sangre en nuestras calles; no nos dejemos llevar por gente que quiere que se viole la ley”.

Además, casi al final de la manifestación del sábado, el Gobierno, por medio de 300 policías –incluido el director de la PNC– detuvo a un bus de manifestantes que habían llegado desde San Juan Sacatepéquez. Decían que buscaban a dos hombres con orden de captura por el conflicto con la poderosa Cementos Progreso. Manifestantes, en especial estudiantes, denunciaron el acto como intimidación y protegieron a los sanjuaneros. Delegados de la oficina del Procurador de los Derechos Humanos llegaron al lugar. Hilda Morales, procuradora adjunta, intercedió para liberar a los ciudadanos.

Más allá del conflicto legal en San Juan, el acto parece una estrategia gubernamental para intimidar a los manifestantes –ensañándose con los más débiles– y chantajear al sector privado para que no se sume a los grupos que piden su renuncia. Si pudiera traducirse en una frase, sería: “sin mí en la Presidencia, el caos para los empresarios”.

El anzuelo fue mordido por un medio digital que combina periodismo con radicalismo de derecha, que celebró el intento de captura de manifestantes y que manipuló una convocatoria estudiantil “diciendo que impedirían el libre derecho a circular este martes”.

Los miedos que planean sobre Pérez Molina y Baldizón

Pero a pesar de los intentos de dividir al movimiento y de haber sobrevivido al fin de semana, Pérez Molina (y Baldizón) todavía tienen el agua al cuello. Hay actores que opinan que Estados Unidos ya no se opone decididamente a una renuncia. Y hay una mayoría de cámaras empresariales que ya ven a Otto Pérez como un factor de inestabilidad y como un aliado de Baldizón. En los próximos días estas cámaras intentarán que sea un consenso y que toda la patronal le pida la renuncia. Esto sería demoledor para un presidente que ha gobernando con el apoyo y para el favor de los empresarios organizados.

Además del fantasma de la petición de la renuncia de los empresarios, sobre Pérez Molina y Baldizón sobrevuelan otros tres miedos.

El primero es que haya más investigaciones de la CICIG y el MP o más evidencias que vinculen al presidente en los dos escándalos de corrupción que están en tribunales.

El segundo es que pueda haber un paro nacional de organizaciones campesinas, el movimiento ciudadano o el sector privado.

Y el tercero es que tome forma una iniciativa de reforma electoral –de la USAC y del Tribunal Supremo Electoral–. El miedo de Baldizón es que la iniciativa incluya que se cancele este proceso electoral de septiembre (que no tiene reglas que impidan el dinero sucio en campañas), que se hagan reformas legales, y que después se convoque a otro proceso electoral que termine con elecciones en diciembre (primera y segunda vueltas).

Esto para que no se rompa el (sacrosanto) artículo constitucional que establece que la transmisión de mando será el 14 de enero de 2016.

* Participó en este reportaje Jody García.