Todo el camino y los pulsos de las reformas, resumido

Antes de que lleguen al referendo, las reformas que promovieron los entes políticos más legítimos del país, el MP y la Cicig, están a un paso de ser desechadas por completo o desfiguradas por los diputados, por la oposición de actores claves en el sistema de cooptación del Estado y opositores conservadores.

Pese a las diferencias políticas, la lectura de abogados corporativos o de la sociedad civil coinciden en que las reformas son necesarias para fortalecer la independencia y el funcionamiento de la justicia. Pero los obstáculos son políticos y mediáticos.

Las propuestas, en una síntesis de 5 puntos, buscan asegurar mayor independencia judicial por medio de mecanismos nuevos de selección de jueces y buscan destrabar el sistema de justicia reconociendo jurídicamente el sistema de justicia indígena.

Que iban a haber problemas para que pasaran las reformas tal cual, ya estaba cantado.

El sector privado organizado, apagado en la discusión política de 2016 después de sonados casos de evasión fiscal de grandes empresas y la acusación de la CICIG y el MP de que algunas de sus empresas asociadas fueron parte de la cooptación corrupta del Estado junto al Partido Patriota, ha regresado a sus intentos por vetar reformas políticas.

1. El proceso democrático discreto

Cuando los opositores dicen que no se han discutido las reformas no dicen la verdad.

La propuesta de reformas la impulsó el grupo Cicig, MP, PDH y OACNUDH y la secretaría técnica de este grupo promotor organizó una campaña de diálogo en el país para dar a conocer la propuesta y recibir opiniones. El objetivo: hacer reformas que por primera vez en la historia recogerían recomendaciones de todas las personas que quisieran participar en ellas. De hecho, el portal en internet sobre las reformas hizo un esfuerzo de transparencia obvio.

La tarea no era simple, recuperar tantos insumos y procesarlos era un reto. De hecho, varias personas cuestionaron al grupo promotor por la metodología misma que usaron. Pero al final todos los que participaron en el proceso jugaron el juego: sentarse a hablar, cara a cara, respetando la palabra de cada una de las personas participantes, y construir reformas en conjunto. En la fase II del diálogo, las cuatro mesas de diálogo fueron espacios plurales, con participación equitativa de representantes del empresariado y de autoridades jurídicas maya.

Ver el listado de participantes por mesa (PDF).

Esto no quita que hubieran ya posturas predefinidas e intentos de dirigir el diálogo en una dirección específica. Pese a los comentarios del presidente del Cacif, José González-Campo, que pedía la oportunidad de dialogar sobre las propuestas en una entrevista en elPeriódico, la manera como el Cacif se desplegó en las mesas de diálogo atestigua un intento de imponer una visión específica para el país, en el mejor de los casos, o boicotear el proceso.

Es decir, ya dialogaron, y tuvieron toda la oportunidad de hacerlo. La participación indígena no estaba tan estructurada. Es que presentar una posición de bloque requiere años de coordinación, que están aún lejos de alcanzar los representantes de los intereses comunitarios.

De manera organizada, el Cacif se desagregó en Cámaras a la hora de participar en el diálogo nacional. Todos compartieron el mismo discurso: rechazar de manera tajante cualquier modificación sobre pluralismo jurídico. “¿Cómo es que funcionan los sistemas indígenas? y ¿Cómo sabemos que no violan Derechos Humanos?”, eran preguntas que hicieron el ex magistrado constitucional Roberto Molina Barreto, en representación de los azucareros, y Stuardo Ralón, de la Cámara del Agro, en la primera sesión de debate sobre pluralismo jurídico, en la mesa 1. Pero hubo oposición, en cantidad, a la estrategia del Cacif. Por primera vez, se puede decir, por cada Cámara, fundación o tanque de pensamiento afiliado al empresariado, había una contrapropuesta de alcaldías indígenas, autoridades ancestrales, juristas o abogados mayas, o defensores de Derechos Humanos. El mismo Molina Barreto, en la ceremonia de entrega de las reformas, ya había cambiado su perspectiva sobre las reformas.

Hay datos para apoyar el alcance democrático del diálogo. A nivel nacional, más de 3,200 personas participaron en línea y 964 boletas de opinión fueron recibidas. Se recuperó un total de 245 propuestas técnicas de reforma, con cambios específicos a artículos de la Constitución.

Todos los jueves, durante 3 meses, alrededor de 80 participantes se reunieron en Casa Ariana para debatir las reformas.

Al final de cada sesión, se designaba a un relator por mesa, sin discriminar a los grupos representados, para redactar los acuerdos. La semana siguiente, se presentaban los resultados de la sesión pasada, en plenaria, y luego se pasaba a trabajar por mesas. Así, en once sesiones, de 3 de la tarde a 7 de la noche.

Hace menos de dos meses, el 5 de octubre, en el Palacio Nacional, se presentó oficialmente la propuesta final al Congreso. El grupo promotor presentó la iniciativa de reforma por primera vez. 52 de 158 diputados la apoyaron de entrada y la firmaron públicamente, bajo la mirada de Iván Velásquez, Thelma Aldana y los tres presidentes de Estado. 20 de la bancada FCN firmaron. Toda la dirigencia firmó. Incluyendo a Melgar Padilla y Edgar Ovalle. Entre los demás firmantes estaba la dirigencia de la UNE, Felipe Alejos de Todos y Oscar Chinchilla, el presidente del Congreso para 2017.

Pero esas firmas llegaron antes de la presión pública.

2. Los argumentos de los opositores

La pomposa ceremonia que organizó el presidente Jimmy Morales ese entonces para presentar las reformas parece que fue en vano. Pese a las acciones públicas de respaldo, ni su partido FCN (compuesto por militares, ex diputados de Líder y PP), ni su aliado MR (ex PP) parecen estar dispuestos a apoyar las reformas, dos meses después.

Diputados como Alberto Melgar Padilla (FCN, exmilitar acusado de espionaje ante la CICIG y el MP) o Boris España (MR) no reconocen el diálogo y piden que se discutan o que se eliminen elementos de las reformas. Les preocupa el artículo que más poder les quita a los políticos, la eliminación del derecho antejuicio (inmunidad) como obstáculo para que el MP pueda investigar a los diputados.

Los diputados que formaron las bancadas de PP, Líder o ahora FCN, pelearán hasta el final para que se mantenga el procedimiento para que el MP no pueda investigarlos sino hasta que el Organismo Judicial y un juez lo validen previamente.

Al preguntarle a Boris España (MR), fue tajante: no hay que quitarles el derecho a antejuicio porque cualquier persona podría enjuiciarlos para evitar que trabajen.

Pero afirmar esto es torcer el sentido de la reforma. En esencia, la reforma le da más capacidades al MP de investigar a funcionarios, sin que esto impida que trabajen.

El Colegio de Abogados y la Universidad de San Carlos, dos de los entes que perderán derecho de picaporte en la selección de jueces porque se propone eliminar las cuestionadísimas comisiones de postulación, han manifestado que se oponen a las reformas.

En una reunión organizada por ATAL –el brazo técnico de la fundación empresarial Fundesa– la directora de Fundalibre, Carolina Castellanos, arremetió contra las reformas llamando al Consejo Nacional de Justicia un cuarto poder, todopoderoso, y al pluralismo jurídico una medida racista. La extrema derecha le hizo eco.

Los medios han dado empujones, sutiles, a la idea de rechazar las reformas. Prensa Libre publicó el 22 de noviembre una entrevista de dos páginas con Mario Fuentes Destarac, un abogado conservador del sector privado, con un mensaje claro: “No a la iniciativa 5179”. Fuentes Destarac se ha opuesto al Diálogo desde el inicio, pese a que fue una de las personas que promovió la propuesta de reforma constitucional como asesor del entonces presidente Otto Pérez Molina en 2012.

Canal Antigua, por su parte, no sólo ha invitado a opositores y promotores. Incluó en su programa A las 8.45 a Maria Fernanda Cabral, una diputada colombiana del partido de extrema derecha del ex presidente Alvaro Uribe y férreo opositor de Iván Velasquez. La diputada Cabral llegó a Guatemala invitada por la Fundación del líder empresarial Dionisio Gutierrez. La postura de la Fundación sobre las reformas es opositora.

Hay impulsos claros en los medios conservadores –envalentonados quizás por las victorias conservadoras en referendos en Gran Bretaña, Colombia y la elección en Estados Unidos– para apoyar el ‘no’ a las reformas.

Ayer, un día antes de que se discutan en último debate las propuestas de reformas en el pleno, la plataforma de extrema derecha República GT circuló una noticia de un ataque por parte de un grupo indígena contra un opositor acusándolo de ser una evidencia de lo violento que puede ser el ‘derecho indígena’, en una falta a la verdad. El Procurador de los Derechos Humanos intentó salir a aclararlo desde redes sociales, señalando la mala intención de acusar de ‘derecho indígena’ a un crimen que no tiene nada que ver con justicia ancestral y que pedirá que el MP esclarezca.

3. Las propuestas técnicas de reforma

En círculos de análisis, progresistas y conservadores, se reconoce que las reformas son una necesidad para fortalecer la justicia del país.

El dictamen técnico de la comisión legislativa del experimentado diputado Oliverio García Rodas incluye las opciones moderadas del consorcio USAC-URL-Asíes y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales, y las opiniones técnicas de instituciones empresariales como CACIF, su cámara de comercio y ATAL, el brazo técnico de la fundación empresarial Fundesa.

El prestigioso economista Mario García Lara, director de ATAL y exvicepresidente del Banco de Guatemala, hizo énfasis en hacer algunas modificaciones al Consejo para evitar que este fuera cooptado. En cuanto al pluralismo jurídico, argumentó que es un reconocimiento político, de un sistema que ya existe en la práctica, y que por su eficiencia representa “un gran ahorro para el Estado”.

Las posturas de apoyo a las reformas también piden modificaciones de forma, pero no de fondo. La Fundación Myrna Mack apoya las reformas pero ha expresado preocupación por la manera como está pensado el Consejo Nacional. La clave esta en asegurar que el organismo judicial conserve su independencia de los otros poderes, y que en el Consejo no haya intromisión ni del Congreso ni del Gobierno. Su postura no es tan diferente de la técnica de Fundesa.

La Universidad Rafael Landívar, cuya facultad de Derecho es la más prestigiosa del país y que fue clave en su apoyo a las investigaciones del MP-CICIG y las protestas de 2015, publicó un comunicado urgiendo a que los diputados no dilaten y que aprueben las reformas.

Otro comunicado de organizaciones ciudadanas y estudiantiles, sociedad civil y juristas mayas (justicia Ya, Fundación DESC, UsacEsPueblo, Asociación de Abogados y Notarios Mayas, Asociación de Profesionales Mayas de Ixcán, entre otros) pide también que se aprueben las reformas, al reconocer la oportunidad histórica en la que se encuentra el país, y el esfuerzo colectivo detrás de la iniciativa de cambio.

Finalmente, el dictamen de la comisión de Oliverio García Rodas, le dio su visto bueno a las reformas, pero mencionó la necesidad de hacer cambios de forma. Estas modificaciones ya están listas y serán presentadas en tercera lectura.

En uno de los últimos intentos del año por apoyar a la iniciativa antes de que el Congreso entre en su receso de diciembre, el presidente legislativo Mario Taracena –ya en franca minoría contra las bancadas de FCN, MR y Todos– logró agendar para este lunes 28 de noviembre la discusión en tercera lectura de las reformas.

El jefe de la CICIG, Iván Velásquez, pidió el apoyo ciudadano en un tuit.

Es necesaria la presencia de una nueva ciudadanía activa que impulse, acompañe y vigile el buen funcionamiento del Congreso de la República.

— Iván Velásquez Gómez (@Ivan_Velasquez_) 27 de noviembre de 2016