El Gobierno de Otto Pérez ha sido responsable del aumento de la conflictividad en San Juan Sacatepéquez, y según actores de primera línea consultados por Nómada, no ordenó a la fuerza pública impedir la masacre del 20 de septiembre de 2014. 8 personas murieron, la mayoría trabajadores de Cementos Progreso.
Tras esta masacre, al día siguiente el Gobierno del Partido Patriota decretó estado de prevención en San Juan para mediar en la tensión sociopolítica generada. En Guatemala, según la Ley de Orden Público, el estado de prevención restringe libertades constitucionales básicas: libre reunión, de prensa, de huelga, todo a través de la militarización y de disolución a la fuerza. Se prolongó hasta el 1 de noviembre.
En San Juan, el acuerdo marco entre autoridades y comunitarios se ha enfocado en los comunitarios que sí estaban de acuerdo con la obra de la carretera que conectará a la Cementera, pero no se ha contado en la negociación con los líderes opositores. Durante el estado de prevención, hubo 34 detenciones, según la Dirección de Operaciones Conjuntas (DOC) de la PNC. No se aclara cuáles de estos son líderes.
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