Lo ocurrido en las faldas del volcán de Fuego fue un desastre político además de un desastre natural. La erupción evidenció la falta de capacidad de respuesta y rendición de cuentas del gobierno y las entidades responsables, desde el primer comunicado del presidente Jimmy Morales hasta el manejo de la alerta a las comunidades y la búsqueda de cuerpos. De acuerdo con datos de la Conred al día de hoy, 113 personas murieron entre las cenizas y flujos piroclásticos y se desconoce el paradero de cerca de 329. El número de muertes posiblemente sea mayor, pero no se cuentan con datos poblacionales actualizados. A esto se suman las 3,587 personas desplazadas por la erupción, quienes de momento se encuentran en albergues temporales. No hay planes de reubicación definitiva.
La erupción fue inevitable, pero nadie debió haber muerto. Es inaceptable argumentar que los afectados tenían la culpa por vivir allí. En muchos casos, no tenían alternativa. ¿Quién eligiría vivir en las faldas de un volcán activo y en condiciones precarias? La exclusión social y económica de estas comunidades tiene su origen en políticas públicas que sistemáticamente han marginado a gran parte de la población a través de nuestra historia. El desastre tiene causas políticas y la política ha hecho a la sociedad cómplice.
Dos semanas después del desastre, el 17 de junio de 2018, el gobierno suspendió la búsqueda de personas en San Miguel Los Lotes y El Rodeo. Sin embargo, los sobrevivientes siguen buscando a sus familiares; algunos rentan excavadoras privadas por casi Q1,600 al día. ¿Por qué permitir que la negligencia de las autoridades le niegue a las víctimas la digna sepultura de sus familiares? No podemos aceptar que se repitan los errores del conflicto armado en el país.
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Y ahora, ¿qué? Es nuestro deber como ciudadanos, grupos de la sociedad civil (y cualquiera que valore la dignidad humana) exigir que se reanude la búsqueda de cuerpos en las zonas afectadas y se provea un conteo de víctimas real. Los sobrevivientes deben recibir un asentamiento digno y libre de riesgo. La Conred debe clarificar la falta de preparación y acción ante la erupción.
La coordinación institucional entre el Insivumen y la coordinadora debe ser una prioridad. Más allá de esto, las instituciones gubernamentales a cargo de la prevención de riesgos y mitigación de desastres deben contar con censos actualizados y planes para la potencial reubicación de comunidades en riesgo. Y que jamás se vuelva a escuchar al presidente de Guatemala decir que el gobierno no puede actuar frente a un desastre de esta magnitud.
Es necesario que todos seamos parte de esta discusión. Es inaceptable que ciertas poblaciones sólo reciban atención cuando son arrasadas por un desastre natural. Seamos una voz disonante con nuevas narrativas que nos ayuden a construir una sociedad más justa y digna. Exijamos un gobierno que priorice la lucha contra la corrupción y esté obligado a rendir cuenta a todos los ciudadanos de Guatemala.
Mario Lopez /
Nuestro paisno esta en la pocision de cuidarse y monous aun de proveer para sus habitantes. Nuestros goviernos nunca se han preocupado por la poblacion, muestra de ello es la pobresa extrema, la baja posibilidad de educacion y trabajo y el descuido, particualrmente, en tiempos de desastre.
Ahora tenemos muestras del extemo tan vil al que llega esta administracion. No han actuado, no han esclarecido y siguen ocultando la mas basica informacion estadistica que se le debe al publico.
Hoy, en los medios de comunicacion, se ha ventilado los gastos inecesarios, que se hacen por casas dañadas inexistentes. Son casi 19 millones de quetzales que se perderan en la ayuda necesaria para los damnificados. Esto es tan solo una muestra mas de la frialdad, de lo maquiavelico y lo voraz que este govierno es y que no reconoce su maldad.