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El gobierno de Jimmy promueve una reforma con receta de los ochentas

El proceso de Reforma impulsado por el actual gobierno, corresponde al enfoque de la década de los ochenta y noventa, que generó desfinanciamiento y debilitamiento y acceso desigual de la población a servicios de salud.

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Esta es una opinión

Foto: Carlos Sebastián

Recientemente, se ha difundido en algunos medios de comunicación que el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social -MSPAS- impulsa una Reforma de Salud y una serie de cambios organizacionales en el nivel central de dicha cartera. Sin embargo, la información divulgada hace referencia a acciones puntuales de las actuales autoridades, sin abordar realmente cuál es la orientación de dicha Reforma, sus implicaciones en materia de política social y las repercusiones en el cumplimiento del derecho humano a la salud.

De ahí que, sin restar importancia a la necesidad de reestructurar el Ministerio de Salud; en este espacio queremos abordar el trasfondo del Proceso de Reforma. Y lo haremos a partir de una lectura crítica del documento: Proceso de la Reforma al Sector Salud de Guatemala. Construyendo el futuro de la salud. Vicepresidencia de Guatemala. Ministerio de Salud y Asistencia Social. Versión actualizada abril 2018.

El documento está estructurado en una narrativa que pone en el centro el derecho a la salud, la Atención Primaria en Salud -APS- y las Redes Integradas de Servicios de Salud -RISS, posicionando el fortalecimiento institucional del Ministerio de Salud como ente rector. Sin embargo, es importante develar que desde la presentación, hasta su culminación con la proyección de etapas, posee una orientación clara hacia una reforma de salud basada en postulados neoliberales y mecanismos de mercado.

En ese marco, el fortalecimiento del Ministerio de Salud como ente rector, se vuelve una estrategia de generación de condiciones para edificar un sistema inequitativo y excluyente de acceso a paquetes de servicios mediante seguros médicos que dependerán de la capacidad económica individual. 

¿Cuáles son los problemas de fondo?

1. Tenemos poca o ninguna priorización del gasto público y ausencia de planificación:

Al abordar la problemática del sistema de salud, el documento del Ministerio de Salud vincula la falta de acceso y cobertura universal a “los mecanismos financieros no sostenibles”, cuando lo que ha ocurrido históricamente ha sido la falta de priorización del gasto público y la carencia de planificación de corto, mediano y largo plazo para alcanzar el acceso universal a la salud de forma progresiva.

2. La red pública es insuficiente

El documento hace referencia a la segmentación (1) y fragmentación (2) como principal problemática a resolver por la Reforma, cuando en realidad el mayor problema es la falta de una red de servicios públicos de calidad que brinde acceso a la salud a toda la población guatemalteca.

Actualmente la brecha estimada es superior al 40%, por lo que existe una gran deuda social. Si no se fortalece y amplía la red de servicios públicos, cualquier medida sanitaria que se impulse no logrará llegar a la mayor parte de la población.

3. No tenemos un proyecto de nación que incluya a toda la población

Consideramos que la situación actual del sistema público de salud es más bien la consecuencia de carecer de un proyecto de nación, que impulse políticas económicas y sociales redistributivas e incluyentes.

¿Cuáles son los riesgos de este planteamiento de reforma?

A lo largo del documento, se van planteando diversos mecanismos de mercado. A continuación se explican los riesgos que conllevan alguno de ellos:

1. Diversificar las fuentes de financiamiento: implica contar con fuentes adicionales a los impuestos y contribuciones al IGSS. Esto nos remite a mecanismos de pre-pago de seguros, que por lo general  incluyen la cancelación de copagos o deducibles, que incrementan el gasto de bolsillo y cuyo costo varía según la  cobertura médica o del paquete.

2. Incluir diferentes proveedores de salud: se hace referencia a la necesidad de contemplar distintos proveedores de servicios de salud, que de no ser el Ministerio de Salud y el IGSS, lleva a pensar en ONGs, municipalidades y proveedores privados. Eso abre paso a la contratación de terceros con el consecuente riesgo de corrupción y aumento de los costos.

3. Introducir nuevos esquemas de aseguramiento: se propone crear nuevos esquemas de seguros y carteras de servicios para grupos específicos y se habla de calcular sus costos (léase paquetes básicos dirigidos a grupos priorizados). La principal dificultad de los paquetes básicos es que priorizan solo ciertos problemas o enfermedades, dejando fuera el resto.

4. Contemplar alianzas público – privadas: relacionando este mecanismo con lo que hemos comentado en el punto 2, orienta a pensar en la participación de instituciones privadas en la administración o prestación de servicios de salud. 

5. Analizar opciones para actualizar la base jurídica del aseguramiento en salud: esto sugiere de entrada la revisión del marco legal del IGSS y la creación de nuevos esquemas de aseguramiento.

Mención aparte merece el papel propuesto para los gobiernos locales y municipios en la cofinanciación, la gestión y la supervisión de las redes integradas de salud….”, tema que fue objeto de debate cuando se publicó la primera versión del documento en el 2016, ya que además de aumentar la fragmentación, se correría el riesgo que los recursos para agua y saneamiento se reorienten a la  prestación de servicios a cargo de entidades con debilidades técnicas e institucionales en salud pública, lo que influiría negativamente en el cumplimiento de normas y calidad de la atención.

¿Por qué la Reforma restringiría el acceso a la salud de la población?

El proceso de Reforma impulsado por el actual gobierno, corresponde más al enfoque predominante en la región en la década de los ochenta y noventa, que generó consecuencias adversas en el desfinanciamiento y debilitamiento de los Sistemas Públicos, así como en el acceso desigual de la población a servicios de salud.

Actualmente ese modelo de reforma, mediante ciertos “correctivos”, como el fortalecimiento de la rectoría y la gobernanza, busca tener cabida a través de la propuesta de “aseguramiento universal”, pero continúa defendiendo la incorporación de mecanismos de mercado incentivando la privatización en el sector salud.

La estrategia detrás es la separación de funciones del sistema de salud. Es decir: dejar al Estado la regulación, pero abriendo y fomentando la “competencia” entre lo público y lo privado en lo que corresponde a la administración, compra y prestación de servicios. 

En vez de asumir el derecho humano a la salud y la obligación del Estado a garantizarlo, se parte de una concepción de la salud como bien privado, por lo que debe ser financiada por formas de aseguramiento individual, de acuerdo con la capacidad económica de la población. Desde luego el énfasis se centra en problemas o enfermedades en desmedro de las acciones de promoción y prevención en salud pública.   

— Leer más: ¿Qué pasa si privatizan la salud y no podés pagarla?

¿Qué necesitamos para que una reforma de salud incluya a toda la población?

La salud es un derecho humano y es responsabilidad del Estado proveerla. Es urgente una reforma de salud en Guatemala que garantice el acceso universal a servicios públicos de salud, oportunos, pertinentes y gratuitos para toda la población.

En Guatemala, existe una Propuesta de Reforma de Salud Integral e Incluyente que toma como referente a los Sistemas Públicos Universales de Salud, cuyo enfoque central es la salud como derecho humano exigible y bajo la responsabilidad del Estado.

Este modelo, propone el acceso universal con base territorial y la financiación con recursos fiscales provenientes de impuestos; recaudados, administrados y canalizados por instituciones públicas sin intermediarios ni costos de transacción. Al ofrecer servicios públicos para todas las personas, tienden a reducir el gasto de bolsillo.

Las ventajas de estos sistemas sobre los de aseguramiento, es que pueden partir de una planeación estratégica nacional y como son públicos, se construyen sobre las necesidades reales de salud de las poblaciones.

Poseen un mayor margen para actuar sobre las condiciones económicas y sociales que afectan a la salud, al integrarse a mecanismos interinstitucionales e intersectoriales. Este planteamiento parte de la desmercantilización del ámbito de la salud y del papel redistributivo del Estado a través de las políticas sociales.

La Propuesta de Reforma de Salud Integral e Incluyente, plantea soluciones a los problemas de fondo del Sistema de Salud en el país. Busca la universalización de las garantías constitucionales y el cumplimiento de los derechos de los pueblos, entre ellos el derecho a la salud. Se centra en las personas, reconoce sus diferencias y crea redes que reconoce como propias para atender todas las necesidades de salud con pertinencia intercultural, equidad de género y en armonía con la madre naturaleza.

 

 

(1) Instituciones con esquemas diferentes de financiamiento dirigidas a distintos grupos de población; generando segmentación social por capacidad de pago o por el tipo de inserción laboral. Por ejemplo: el Ministerio brinda servicios a quienes carecen de IGSS o de seguro privado (aunque existe una gran brecha), el IGSS cubre a los trabajadores asalariados, y los privados a las personas según capacidad de pago.+

(2) Co-existencia en el territorio de distintas instituciones que brindan servicios sin coordinación ni integración.

Lidia Morales
/

Médica, Cirujana y Partera. Maestría en Desarrollo, especializada en Políticas y Sistemas de Salud. Docente de la Maestría de Salud Pública de la Universidad Rafael Landívar. Directora del Instituto de Salud Incluyente -ISIS-.


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