Los indígenas no vivimos en un submundo como cree el mundo occidental

No existe una definición específica de qué es un “pueblo indígena”. Naciones Unidas, fijó criterios para establecer qué son los pueblos indígenas y entre ellos, que se trate de un grupo de personas que tiene una cultura común y, sobre todo, una conciencia de una identidad propia. De ahí que uno de los principios sea la auto identificación, porque esa conciencia sólo puede ser reivindicada por la propia comunidad, consciente de su historia.

En Guatemala, en 2010, se debatió ante ante la Corte de Constitucionalidad si los pueblos indígenas existen legalmente. Esta duda fue planteada por Telgua, como tercero con interés en un amparo promovido por la Municipalidad Indígena de Chichicastenango que reclamaban la propiedad histórica de un bien inmueble despojado en 1973 en el marco de la guerra.

La tesis de Telgua fue que la Municipalidad Indígena no tenía ningún derecho a reclamar porque no podía acreditar su representación legal, pues el Estado sólo reconoce a las municipalidades estatales.

La sentencia de la CC, dentro del expediente 1101-2010, marcó un precedente importante cuando interpretó el artículo 66 de la Constitución Política de la República y el artículo 8 del Convenio 169 de la OIT. Consideró que las municipalidades indígenas son instituciones propias de los pueblos indígenas y que por tratarse de formas propias de organización social, estas debían ser reconocidas de hecho y no necesitabna acreditar personería jurídica autorizada por el Estado.

Aunque la CC reconoció la existencia de la Municipalidad Indígena, no admitió su derecho de propiedad y ordenó tramitar dicho reclamo ante un juez civil.

En una publicación realizada por la Unidad de Asuntos Indígenas de la Corte Suprema de Justicia, la magistrada Silvia Patricia Valdez analizó la sentencia y concluyó que debió otorgarse en definitiva el amparo. Según ella, era evidente que la Municipalidad indígena no dio su consentimiento, por lo que el negocio jurídico de 1973 era nulo y, por lo tanto, debió devolvérsele sus tierras debidamente inscritas en el Registro de la Propiedad el 14 de diciembre de 1905.

Ese derecho de propiedad aun se discute ante un juzgado civil, a siete años de la sentencia.

¿Vinculante o no?

Mientras algunos juristas consideramos que el debate sobre la existencia jurídica de los pueblos indígenas estaba superado, de nuevo se pone en duda la existencia o no del pueblo xinca.

El Pueblo Xinca denunció al ministerio de Energía y Minas de violar su derecho a la consulta libre, previa e informada al autorizar una licencia de explotación en sus territorios. La respuesta esa cartera fue que no la realizó "porque el pueblo xinca no existe”.

¿Quien decide si un pueblo existe o no? El sector empresarial está interesado en desconocer a este sujeto de derecho histórico, y al Estado no le interesa dialogar con los pueblos indígenas, porque los negocios se firman con los inversionistas sin importar el derecho a la vida, el derecho a un medio ambiente sano. Pareciera que los intereses individuales prevalecen sobre intereses sociales.

La discusión es tal que el aparato estatal –ministerio de Trabajo, Congreso de la República y Corte Suprema de Justicia–, se alinea al servicio de las empresas para interpretar los derechos de pueblos indígenas. Han mutilado, inclusive, los principios generales del derecho, con premisas tales como “los pueblos tienen derecho a ser consultados, pero su resultado no es vinculante”. ¿Qué objeto tendría la consulta si su resultado no tiene ningún efecto jurídico?

La estrategia parece ser la misma a la adoptada en Perú: convertir el derecho a la consulta en un mero trámite, un requisito administrativo, una mera encuesta. No parece que exista un interés real del Estado de dialogar con los pueblos indígenas y darles participación a través de sus autoridades legítimas.

En tanto los pueblos dialogan entre sí, y empiezan a provocar el dialogo a través de procesos judiciales, la CC parece no estar segura del siguiente paso le pidió a la Universidad del Valle y a la Universidad de San Carlos de Guatemala demostrar, a través de peritajes antropológicos, si los xincas existen o no. El plazo de 15 días para entregar el informe ya venció, pero nadie puede hacer un dictamen pericial en tres semanas.

Mientras los pueblos indígenas sigan siendo excluidos, mientras no nos reconozcan como pueblos vivos, la democracia es una farsa: No cabemos todos –con nuestras propias diferencias e identidades–, y por lo tanto, no podemos ver la vida colorida como un güipil.