La Costa Caribe de Nicaragua, compuesta por una población multiétnica (indígenas, afrodescendientes y mestizos), por lo general se muestra pasiva ante los vaivenes de la política nicaragüense y de las decisiones del poder. Sin embargo el pasado 3 de abril se sintió amenazada por la quema de más de 6,000 hectáreas de bosque de trópico húmedo en su reserva más conservada, la Indio Maíz, ubicada en el territorio de pueblos indígena Rama y afrodescendiente Kriol (Creole) en la Región Autónoma del Caribe Sur.
El incendio de bosque primario fue supuestamente producto de la quema de media manzana de tierra para la siembra de arroz. Esto fue relatado por el campesino Miguel Díaz quien, después de la investigación de la policía, presentó un encendedor como prueba de lo que provocó el incendio.
Ante este incendio forestal –que el experto nicaragüense en temas medioambientales Jaime Incer Barquero calificó como la de mayor proporción en toda la historia del país–, los estudiantes de la Universidad Centroamericana (UCA) comenzaron protestas con plantones y demandas al gobierno central para el cuido y la conservación ambiental. El gobierno reaccionó tarde ante el siniestro, porque rechazó la ayuda del cuerpo de bomberos de Costa Rica. El ejército tampoco permitió la entrada de ningún medio de comunicación para cubrir el desastre. Más bien, restringió el área siniestrada como si se tratara de un sitio de alto interés militar del país. Pocos días después, se permitió el acceso de brigadas ambientalistas progobierno para reforestar el mismo sitio del siniestro.
Fue en este contexto de protestas medioambientales que surgió un fuerte estallido social en Managua, nadie lo vio venir. La decisión de Daniel Ortega de emitir un decreto presidencial inconsulta para reformar la Ley del seguro social, que afectaría a los cotizantes y pensionados con un corte del 15 y cinco por ciento de sus pensiones, parece que fue el detonante.
La protesta comenzó el jueves 18 de abril y fue protagonizada por los mismos jóvenes universitarios que protestaron por la quema de la Reserva del Indio Maíz. Ortega, sin consultar con los sectores económicos agrupados en el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) y organizaciones sociales del país, aprobó unas reformas que en su esencia iba a incrementar los impuestos al seguro social que cotizan los trabajadores y la patronal. Esta decisión no agradó a la población y provocó una ola de protesta de los adultos mayores que dependen de sus pensiones para sobrevivir. Nicaragua es uno de los más pobres en Latinoamérica, con una tasa de desempleo de aproximadamente 75 por ciento aun cuando la macroeconomía presenta cifras muy alentadoras de crecimiento anual.
Después de nueve días de protesta y con un saldo de 63 muertos, 15 desaparecidos y un número considerable de personas en las cárceles, la Asociación Nicaragüense pro Derechos Humanos (ANPDH) presentó acusación ante la Fiscalía de Nicaragua en contra del gobierno de Nicaragua y los altos mandos policiales por crímenes de lesa humanidad. Demandó la investigación de las muertes de los jóvenes incluyendo la muerte de un periodista de Bluefields en el ejercicio de sus funciones. También la búsqueda de los desaparecidos y la excarcelación de las personas ligadas a las protestas del derogado decreto del seguro social que la presidencia de Nicaragua había realizado el pasado domingo 29 de abril, donde pretendía calmar la protesta de los universitario que también denunciaban otros asuntos de interés nacional como los fraudes electorales, el nepotismo de la familia gobernante, la violación de la libre expresión de la población, la violación a la Constitución Política y leyes del país y la violación a los derechos humanos de todos los nicaragüenses.
Como medida de la sublevación del pueblo nicaragüense, el Ejecutivo pidió a la Iglesia Católica servir de mediador y testigo de un dialogo entre el gobierno y los estudiantes universitarios ahora conocidos como Movimiento 19 de abril, con la sociedad civil y el Movimiento "No al canal" que con 98 marchas han protagonizado la resistencia campesina para la derogación de la Ley 840 (ley de concesión del canal interoceánico en Nicaragua). Estos dos movimientos sociales (campesinos y estudiantes) han sido víctima de la agresión brutal de la policía por las demandas que han presentado en cuanto al respeto de sus derechos. A esto se suma las represiones que el gobierno ha hecho a las organizaciones de sociedad civil con la cancelación de personería jurídica, restricción a los recursos económicos, cierre de espacios de comunicación de periodistas independientes y la incapacidad del gobierno de investigar los asesinatos y desapariciones de personas indígenas así como la invasión de tierras comunales de la Costa Caribe nicaragüense.
En este estallido social poca atención se ha dado a los problemas de la Costa Caribe de Nicaragua, el problema se enfoca en Managua. En la capital, el gobierno ha querido ejercer un férreo control a los medios de comunicación para evitar que denuncien los problemas de los pueblos indígenas y afrodescendientes que han sufrido persecución, muerte de comunitarios indígenas, invasión de colonos en tierras comunales, así como explotación irracional de los recursos naturales como lo que sufrió la Reserva de Indio Maíz.
En la mesa de diálogo no se escuchan las voces de los pueblos indígenas y afrodescendientes, porque no han sido mencionados como sujetos de derechos que deben ser escuchado. El gobierno no ha invitado a este sector como lo ha hecho con los estudiantes, los campesinos y la sociedad civil. Esto sólo demuestra que para el ejecutivo los problemas sociales, políticos, económicos y culturales de la Costa y su autonomía no deben ser considerados en el diálogo. Esto es irrisorio cuando el proceso de Demarcación y Saneamiento de las tierras comunales ha cobrado más de 30 vidas de indígenas que ha motivado medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Estas obligan al estado nicaragüense a respetar las vidas de los indígenas y afrodescendientes, a sus tierras comunales amparados en la constitución política, el Convenio 169 de la OIT y las leyes especiales de Autonomía y Demarcacón territorial.
La Costa Caribe no ha sido llamada a la mesa de diálogo con el gobierno aun cuando territorialmente representa a más del 50 por ciento del territorio nacional, representa el 11 por ciento de la población nacional, está organizada bajo un régimen de autonomía, con sus tierras comunales protegidas por leyes especiales y que existen dos personas asesinadas en estas protestas que hoy claman justicia.
La voces nicaragüenses demandan un cambio estructural en Nicaragua y a eso se suma las voces multiétnicas de la Costa Caribe, especialmente cuando sus consejos regionales autónomos han sido producto de los fraudes electorales, cuando las concesiones de sus recursos naturales son explotadas sin el consentimiento libre previa e informada de las autoridades comunales, cuando hay injerencias en los asuntos comunales y territoriales, y cuando el estado nicaragüense no pretende cumplir con las sentencias de la CIDH en los casos de Awas Tingni versus Estado, para el caso de Yatama versus Estado y en el caso de la Dra. María Luisa Acosta versus Estado nicaragüense.
Si el estado y el gobierno de Nicaragua no cumplen con estos temas de trascendencia para los pueblos de la Costa Caribe, los estallidos sociales no lograrán solucionar las grandes necesidades de la población nicaragüense y dejará nuevamente a la Costa Caribe como un territorio anexado abierto a la explotación y sin alternativas viables para el desarrollo y el respeto a los derechos humanos de su población multiétnica compuesta por indígenas, afrodescendientes y mestizos de habla castellana.
*Este texto fue producido/seleccionado por el equipo de la red-plataforma centroamericanista O Istmo (www.oistmo.com ), donde ha sido publicado originalmente, y editado conjuntamente con el equipo de Nómada para reproducción en su página web como parte del proyecto de intercambio colaborativo entre O istmo y Nómada.
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