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Nicaragua, el país donde 16 personas son capturadas por llevar botellas con agua

Olga es defensora de derechos humanos. Desde muy joven luchó por el acceso de las personas a una vivienda digna. En el 2018 se exilió en Costa Rica, desde donde colaboró para que muchos nicaragüenses pudieran permanecer en un entorno seguro. Gracias a su pasión, sus conocimientos y su compromiso, ideó numerosas acciones para visibilizar las violaciones de derechos humanos que se potenciaron a partir de abril de 2018; día a día luchó por lograr la libertad y seguridad de decenas de personas. A inicios del 2019 decidió regresar a Nicaragua y continuar desde ahí su labor de defensa de derechos humanos, si bien estaba insegura, creyó que era hora de volver.

Blogs Daniel Ortega Nicaragua P369
Esta es una opinión

Algunas de las 16 personas detenidas por ayudar a las madres que están en huelga de hambre.

Foto: Confidencial

El pasado 14 de noviembre, decidió salir a dar apoyo a varias Madres de Abril, mujeres que perdieron a sus hijos durante una de las masacres más cruentas perpetradas por las fuerza policiales del régimen de Ortega, quienes se encontraban en huelga de hambre en la Iglesia San Miguel, en Masaya. 

Ese día Olga Valle y otras 16 personas fueron detenidas arbitrariamente por parte de la policía orteguista. Lamentablemente no llegaron a su destino. Cuatro días después, se les acusó de tráfico ilegal de armas. La foto de su presentación pública ejemplifica la palabra dignidad.

En Nicaragua, nada está normal.  Han transcurrido 19 meses desde que inició la crisis y el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo continúa ejerciendo su poder de manera autoritaria. Los hechos recientes demuestran, una vez más, que no existe espacio democrático para protestar, disentir, criticar, ni siquiera para mostrar la solidaridad llevando unas cuantas botellas de agua.  

Ante el abuso de poder que demuestra la policía orteguista una quisiera soñar que existe un Ministerio Público objetivo que vele por los intereses de la ciudadanía, o un Poder Judicial independiente con capacidad de ser contrapeso, pero la realidad es distinta y lamentablemente ninguna de las personas que integran estos órganos ha querido estar a la altura de las circunstancias. 

Recientemente, varias organizaciones nicaragüenses y regionales presentaron información a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la falta de independencia del Poder Judicial en este país: integrantes nombrados por su militancia política y no por sus méritos profesionales, procesos sin transparencia ni participación ciudadana, ausencia de carrera judicial, operadores de justicia que responden a las órdenes del partido en el poder y no a la ley. Hace unos días se hizo pública la presencia del fiscal que acusa a las 16 personas defensoras de derechos humanos solidarias con las madres de abril, en una actividad partidista del Frente Sandinista, cabe destacar que, según la legislación

nicaragüense, la fiscalía debe actuar de manera objetiva para defender los intereses de la ciudadanía y no los del gobierno de turno. 

Otros países de la región centroamericana también carecen de garantías suficientes para la independencia judicial, en el caso de Guatemala, hemos sido testigos de cómo la cooptación de la Corte Suprema de Justicia y del propio Ministerio Público han tenido graves consecuencias en la lucha contra la corrupción y la impunidad. En Nicaragua, para entender la situación actual se debe entender cómo, desde hace muchos años, se desdibujó la división de poderes. 

Este 28 de noviembre se llevará a cabo la audiencia preliminar para decidir si el juicio avanza o no en contra de estas 16 personas defensoras de derechos humanos; como ocurrió en ocasiones anteriores, la misma será privada pese a que la legislación y los estándares internacionales señalan que este tipo de audiencias deben ser públicas. En este contexto, esperar que las 16 personas recién detenidas o las otras que permanecen privadas de su libertad, superando más de 130 personas presas por razones políticas tengan acceso a la justicia, cuenten con un debido proceso o puedan ejercer su derecho de defensa, es simplemente una utopía.

Pese a este panorama, como centroamericanos nos corresponde incrementar la presión nacional e internacional para que se abran las vías que permitan el retorno a la democracia en este país. Los y las nicaragüenses necesitan más fuerzas y voces que reclamen la paz, la democracia, la justicia y el respeto a los derechos humanos. Por Olga y las más de 100 personas que permanecen en prisión injustamente, por las 325 personas asesinadas, por las madres de abril, por las víctimas de violencia sexual, por las 80 mil personas en el exilio, hoy más que nunca debemos gritar #LaSolidaridadNoEsUnDelito.

Marcia Aguiluz
/

Abogada, experta en derecho internacional de los derechos humanos. Ha trabajado durante más de 15 años en Centroamérica y México, aportando en el fortalecimiento del Estado de derecho.


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    James /

    29/11/2019 2:06 PM

    Encubridores de delincuentes ahora para la oposición todo maleantes es político 😂 😂 😂

    ¡Ay no!

    2

    ¡Nítido!



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