Nuestra institucionalidad sostiene la corrupción

Y aquí estamos otra vez, ante el discurso que predica la defensa de la institucionalidad y que se internaliza nuevamente en la ciudadanía, adquieriendo la forma y el contenido de una idea conservadora que impide continuar el camino hacia la depuración de un Estado que se ha construido, y sostenido, para servir a las mafias. 

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Esta es una opinión

Monte, Heredia, Ixcamey, Porras y Beltrán. Los miembros de la Comisión Pesquisidora.

Esta idea, esgrimida principalmente por los grupos que se han visto afectados por la persecución del MP y la CICIG por los casos de corrupción, tan fácil de aprender y de repetir, es potencialmente la llave que puede cerrar de manera indefinida la puerta que se entreabrió en el 2015 para el mejoramiento de la institucionalidad pública.

Lo de ahora es un nuevo intento de aplastar la posibilidad de renovar esta sociedad necesitada de mejores servicios públicos y, principalmente, de una mejor participación y representación política. Lo lograron en el 2010, cuando instalaron la idea de la “defensa del debido proceso” para tirar por la borda el juicio por genocidio a través del cual se recuperó la memoria y se impartió justicia por los atroces crímenes cometidos contra la población ixil durante el gobierno de facto de Efraín Ríos Montt.

El conservadurismo de esta sociedad, uno de los elementos más representativos de la ideología de las élites económicas, la dominante, la hegemónica, se traduce bien en una defensa férrea por parte de la población de un modelo institucional que no ha servido para otra cosa que para acrecentar las fortunas de quienes imparten las directrices de este país, y para favorecer la generación y fortalecimiento del crimen organizado y la impunidad. O bien para asumir la cosa pública desde la indiferencia, el hartazgo y la parálisis social. O bien para la participación ciudadana pero dentro de los estrechos márgenes que ha impuesto el propio sistema para corregir desviaciones pero que impide cualquier tipo de transformación estructural.

Y entonces, dos años después, nos encontramos de nuevo en el mismo lugar. Nos pasamos 180 grados más allá del cambio que supuestamente iniciamos a través de las movilizaciones en los principales centros urbanos del país. Dimos la vuelta completa y, por respetar a rajatabla las formas de un sistema corrompido, tenemos en la Presidencia a un tipo acusado de financiarse de manera ilícita durante la pasada campaña electoral.

Durante su etapa de comediante, cuando se basaba en estereotipos racistas y clasistas para generar chistes, Jimmy Morales provocaba pena y liporia. Ahora, atrincherado en la silla de gobierno, prepotente como él solo, acomodado bajo un discurso mesiánico de salvación y de moralidad y utilizando los recursos que tiene a la mano desde tan importante puesto de poder para defender sus propios intereses y los de su familia y para librarse de la justicia y garantizarse impunidad, el presidente provoca, además de la pena, enojo e indignación.

Pensábamos que el Partido Patriota, esa estructura criminal que adquirió la forma de una organización política para cooptar la institucionalidad pública, era la representación culmen de un Estado arrebatado a su ciudadanía. Sin embargo, los eventos de las últimas semanas, el empecinamiento de Jimmy Morales por imponer su voluntad para echar a Iván Velásquez del país, mostrándose cínico y evasivo para informar a la población sobre las causas de tan funesta decisión, y el respaldo que le han dado los grupos tradicionales de poder, como la gremial de empresarios, los líderes de las iglesias evangélicas, medios de comunicación, activistas vinculados con grupos de militares retirados, partidos políticos, intelectuales orgánicos, columnistas de prensa y hasta narcotraficantes, nos colocan de frente con nuestra Historia y con nuestra realidad y nos muestran una vez más la podredumbre que carcome al Estado de Guatemala.

Se cumplió lo temido: en el Congreso, los diputados le dieron la espalda a la ciudadanía y al esfuerzo por depurar las instituciones como primer paso para garantizar su buen funcionamiento. Con el ímpetu que ofrece el gran acuerdo nacional que se ha alcanzado desde ya de manera fáctica entre las élites para asegurar la permanencia del sistema, no se lograron los 105 votos necesarios para levantar el derecho de antejuicio del que goza actualmente Jimmy Morales. Lo tendremos ahí, ocupando un puesto de poder para el cual nunca estuvo capacitado.

La sonrisa que seguro esbozó Jimmy Morales cuando se sintió triunfador por haberse librado, por el momento (y quizá para siempre), de la justicia, puede que tenga un dejo de comedia, pero también de burla, de sorna, porque en él se ha concretado y sintetizado todo el conservadurismo de la sociedad guatemalteca que la hace defender una institucionalidad que le da la espalda y la golpea. Por eso, a través de Jimmy sonreirán aún con más fuerza las élites económicas y el crimen organizado, porque sus intereses se mantienen resguardados.

Y entonces, frente al estruendo que provocan las risas de quienes sostienen a esta precaria institucionalidad, quizá se fortalezca el movimiento social que rechaza por principio el conservadurismo hegemónico. Si algo ha dejado claro esta coyuntura es que las modificaciones de las formas únicamente serán efectivas si responden y son acompañadas por un cambio de las estructuras sociales y por una nueva concepción sobre la participación y representación política. El camino empieza a ser más claro.

Ricardo Marroquín
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Soy periodista, comunicador social, catedrático universitario, con una maestría en Estudios Estratégicos y en proceso de elaboración de la tesis de Sociología. Soy, además de fanático de los rompecabezas de mapas antiguos, cinéfilo y lector permanente de literatura, historia, periodismo y teoría social.


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