¿Quién combate (o no) la corrupción en Guatemala?

Esto generó descontento en diversos sectores. Fuera de Guatemala, se interpreta que la declaratoria aduce a motivaciones personales del Presidente ante un comisionado que le incomoda, haciendo que incluso se le compare con el autoritarismo venezolano. Adentro el descontento se incrementa. Sin embargo, a pesar del antagonismo generado entre figuras, el combate a la corrupción parece ser ignorado en la práctica por el Ejecutivo.

Ante esto, las movilizaciones sociales no se hicieron esperar, recordando las jornadas del 2015 pero con una importante variante: la dimensión política. Esta variable es evidente cuando se presentan posiciones antagónicas, sobre todo movidas por páginas de propaganda, voceros que desinforman e incitan a la confrontación. El mejor (¿peor?) ejemplo de lo último, el desafortunado exabrupto del expresidente Arzú que “firmó la paz pero que puede hacer la guerra”, intentando alegar que la justicia es un juego de suma cero, como si con cada corrupto capturado ganara un grupo mientras pierde el otro, cuando en realidad con cada captura gana todo el país.

El errático actuar del Presidente como consecuencia de su inexperiencia y un mediocre asesoramiento, pone en evidencia que, o bien es un político tradicional, o definitivamente es el peor comunicador. Sin embargo, ambas opciones van en detrimento de las condiciones sociales, pues han implicado profundizar la polarización, mantener un equilibrio inestable que se contamina con rumores que en ocasiones se cumplen y que da como resultado, además de la convulsión social, una gran incertidumbre que tiene fuertes repercusiones económicas.

Aunque estas posiciones antagónicas intentan identificar si es necesario respaldar al Presidente o al comisionado, más allá de eso resulta importante identificar en dónde se ha centrado el combate a la corrupción y en dónde no.

Jimmy Morales llega a la presidencia por ser el outsider de la contienda, lo cual no es impensable en un sistema presidencialista como el guatemalteco.Dejando de lado la irresponsabilidad histórica de asumir el cargo sin planes claros, no es necesariamente algo negativo en sí mismo si el objetivo es que responda a la demanda electoral. Sin embargo, su condición de outsider no se la da necesariamente su nula participación política. Él ya había participado en la contienda electoral por la comuna mixqueña en el 2011. Deriva su mayor atractivo de una consigna clara: ni corrupto, ni ladrón. Además, llegó refrendando constantemente el trabajo de la fiscal Aldana y el comisionado Velásquez, sin mostrar animadversión sobre la forma en la que comunicaban las investigaciones, hasta que le tocó a él.

Este contexto volátil no debiese ser impedimento para identificar que la consigna de campaña del Presidente Morales terminó el día en que tomó posesión. Adicionalmente a su posible implicación en los casos judiciales, en ningún lugar de las seis páginas de su plan de gobierno se contempló una sola política pública clara que combatiese frontalmente la corrupción enquistada en todas las instituciones del sector público, interrelacionando con sectores privados. En todo caso, los esfuerzos desde el Ejecutivo han sido principalmente por transparentar las finanzas públicas, lo cual responde más a un mérito del Ministerio de Finanzas que del presidente Morales. Además, la transparencia no es una política anticorrupción, sino más bien una evidencia.

Es fácil identificar que el combate a la corrupción ha sido tanto liderado como implementado institucionalmente exclusivamente por el trabajo del Ministerio Público y la CICIG, específicamente gracias a la voluntad de trabajo de la fiscal Aldana, el fiscal Sandoval y el comisionado Velásquez. Esta variable no es descartable, considerando que las anteriores autoridades no habían dinamizado tanto el trabajo como sí lo han hecho las actuales.

Lo importante a notar es que los tribunales y el sistema de administración de justicia tienden a tener medidas reactivas y correctivas a la corrupción. Las causas de ésta encuentran su origen en el poder político, y principalmente en los partidos políticos tradicionales, por lo que combatirla requiere necesariamente políticas públicas que respondan a ese objetivo. El 2015 dejó claro que mover presidentes no implica erradicar la corrupción. Se requieren partidos políticos nuevos, que surjan con dinámicas distintas al financiamiento electoral ilícito, con programas políticos que incluyan planes explícitos de combate a la corrupción y no consignas que terminen con la campaña.

En cualquier caso, si algo podemos concluir con total certeza de todo este contexto es que, en definitiva, si alguien no ha hecho nada por combatir la corrupción en Guatemala es el Presidente Jimmy Morales.