Violencia contra las mujeres: Nos afecta a todas

Ese día, hace tres años, 41 niñas y adolescentes murieron por asfixia y quemaduras fatales en un incendio en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción en San José Pinula, a 25 kilómetros de la Capital, que también dejó 15 personas heridas. Las víctimas habían sido tachadas como rebeldes o desestabilizadoras tras intentar huir del Hogar, denunciando violaciones de sus derechos, incluyendo tratos indignos y violencia sexual.

[¿Aún no recibís La Jugada? Suscribite aquí y recibí en tu correo una explicación de lo más importante del día.]

Como consecuencia de su manifestación, las niñas y adolescentes fueron encerradas bajo llave en una habitación de 7 por 6.8 metros durante una noche entera; sin agua, comida, ni facilidades para poder atender sus necesidades primarias. En un intento de obligar a abrirles la puerta a las mujeres policías encargadas, las niñas y adolescentes prendieron fuego a uno de los colchones. El personal de l Hogar y las policías se negaron abrirles inmediatamente, lo que tuvo consecuencias fatales.

Las víctimas se encontraban bajo la —supuesta— protección de una dependencia estatal, por lo que la negligencia en este caso podría constituir un delito de lesa humanidad, y el encierro tortura. Según Edgar Pérez, abogado del Bufete de Derechos Humanos que actualmente lleva el caso legal:

—Yo creo que el caso es transcendental porque revela abandono de Estado sobre la niñez en general. […] refleja la falta de atención real de estos centros. Se han convertido en centros de corrupción.

Pérez también considera que la niñez es instrumentalizada para la corrupción, y resalta el hecho de que los abusos en el Hogar Seguro se venían denunciando públicamente.

[Leé también: Hace falta más que amor para acabar con la violencia de género, por Aron Lindblom]

Muchas de las niñas y adolescentes se encontraban en el Hogar tras haber vivido otras violaciones de sus derechos en el ámbito privado: estaban bajo la tutela del Estado por haber sufrido violencia sexual o intrafamiliar. Sin embargo, según una revisión de redes sociales realizada por la columnista Marielos Monzón, incluso después del incendio se les tachaba como niñas y adolescentes conflictivas: “mareras”, “delincuentes”, “escoria de la sociedad”.

Dos mujeres lloran frente al Hogar Seguro el día de la tragedia.

Este tipo de trato no se limita sólo a las mujeres, adolescentes y niñas más vulnerables en la sociedad guatemalteca, sino que permea todos los estratos sociales y en todos los ámbitos.

La jueza de Juzgado D de Mayor Riesgo, Erika Aifán, considera que en Guatemala se normaliza las manifestaciones de la violencia misógina y femicida:

— En los problemas de familia nosotros vemos frecuentemente que las personas llegan a decirnos que las discusiones que se dan entre esposa y esposo son frecuentes, son normales. Entonces llegamos a normalizar el proceso. [Debemos] tratar que las personas entiendan que la violencia no es normal en ningún contexto, y menos en una relación de pareja.

A pesar de los riesgos que el mismo hogar puede presentar para las mujeres —especialmente en un contexto en que la violencia es normalizada— este ámbito sigue siendo visto como el lugar “natural” para las mujeres.

Incluso, mujeres que hayan logrado un alto nivel de éxito en sus carreras académicas y profesionales pueden contar experiencias personales de este prejuicio. En una entrevista realizada en 2019, la jueza Erika Aifán habló de varios momentos en que le discriminaron por ser mujer. En una ocasión escuchó -por detrás de una persiana- la reacción de dos abogados (hombres) al enterarse que la jueza era mujer:

— Viene uno y dice “Dice que es mujer la que nombraron ahora. […] ¿Cómo se les ocurre nombrar a una mujer en este Juzgado?” Y entonces le dice el otro, “sí, a las mujeres lo que deben hacer es el Juzgado de Familia. ¿Cómo se les ocurre darles un juzgado penal?” Y el otro responde, “no, a las mujeres ¿qué juzgado de familia? Les corresponde la cocina. Ella lo que debería estar haciendo es cocinando.” Y entonces yo abro la persiana, y les digo “buenos días, fíjense que para la cocina soy malísima, pero creo que trabajo mejor de lo que cocino.”

[Leé también: Más de 60,000 mujeres denunciaron ser víctimas de violencia en 2019, por Ojo con mi pisto]

La reacción hacía la violencia contra las mujeres y violencia femicida en Guatemala, a menudo es de descalificar casos: como indica la jueza Claudia González, “… empiezan a buscar cualquier excusa [para la violencia], menos el ver que esa mujer fue violentada por el hecho de ser mujer”.

La institución de la familia pareciera valer más que los derechos de las mujeres en Guatemala. Por ejemplo, artículo 200 del Código Penal hasta 2005 indicaba que, en casos de violación sexual y otros delitos de abuso sexual, “la responsabilidad penal del sujeto activo o la pena, en su caso, quedarán extinguidas por el legítimo matrimonio de la víctima con el ofensor, siempre que aquella fuere mayor de doce años y, en todo caso, con la previa aprobación del Ministerio Público”. Estaba implícito en este artículo que la violación de derechos en casos de violación sexual contra una mujer no se consideraba -hasta 2005- como la violación en contra de su integridad física, sino en contra de la institución del matrimonio.

Reformas más recientes al Código Penal guatemalteco -como la Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas en 2009, y en 2017 la prohibición del matrimonio de menores de edad, sin excepciones- han representado avances importantes en el reconocimiento de los derechos de las mujeres, adolescentes y niñas. Sin embargo, los cambios en las instituciones de justicia que se requiere para poner estas leyes en práctica son más lentos. Claudia González considera que

— [Hay] algunos avances, pero lamentablemente no es que la institución haya cambiado, sino que tiene que ver con la empatía, el conocimiento, y la mística de trabajo de la persona que está atendiendo el caso. Entonces el principal reto sería crear políticas públicas, […] hacer alianzas estratégicas, para que realmente se vea la necesidad que las mujeres sean tratadas en igual dignidad [que] los hombres.

Parte importante de esa equidad son las oportunidades que tienen las mujeres de participar en ámbitos de la vida social, económica y política fuera del hogar. Por ejemplo, sin la posibilidad de participar en actividades económicas propias, se profundiza la dependencia en las relaciones dentro del hogar. Por esta razón, se debe celebrar el avance de la Ley de Desarrollo Económico de las Mujeres (decreto 5452), que el 25 de noviembre pasado (el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer) recibió dictamen favorable de la Comisión de la Mujer.

Faltan muchas leyes y políticas públicas de este estilo para que la equidad de género ya sea una realidad institucionalizada para la población en todas las etapas de la vida, y no sólo algo que depende de la voluntad (o no) de individuos dentro del sistema de justicia y la gestión pública. Como ente ratificador desde 1982 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW), el Estado guatemalteco tiene la obligación de impulsar y velar para que así sea.