La Brigada, Mixco
Las cámaras apagadas que redujeron la violencia
La Brigada es una colonia de Mixco priorizada por Estados Unidos para disminuir los asesinatos. Sin embargo, casi ningún plan de los que financiaron sigue en funcionamiento y ninguna institución sabe por qué bajaron las muertes un 29%.
Textos: Elsa Cabria y Ximena Villagrán
Fotos: Carlos Sebastián y Sandra Sebastián
De cartón está hecho el cartel que anuncia la sección de Análisis y Estadística en la comisaría modelo de Mixco. Lo hizo el agente Rodas, de 25 años, hijo de padre policía y madre policía, para ubicar su oficina. Este experto en datos, que rechaza dar su nombre de pila, estudia tendencias en el crimen y sugiere patrullajes, con una unidad policial a la que denomina núcleo de reserva. De frente a su mesa, una gran pizarra recubre la pared con los datos escritos con marcadores de delitos desglosados por colonia y zona, por día y por mes. Atrás de su mesa, los muertos.
El agente Rodas trabaja como analista en la comisaría modelo de Mixco y analiza tendencias en los homicidios.
El agente Rodas propuso que el núcleo de reserva patrullara en La Brigada, esta colonia periférica del Oeste de la capital. En los últimos meses la violencia ha escalado en el barrio. Sin embargo, esta colonia, en la zona 7, es una de las que más ha reducido en sus cifras de homicidios, con una bajada del 29% en números absolutos, al pasar de 17 a 12 casos entre 2008 y 2016. En ese periodo hubo 97 asesinados, que representan el 4% de las muertes violentas de Mixco, donde, según la municipalidad, no viven más de 3,000 familias. En Mixco viven 498,000 personas, según las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística.
La cuarta calle de la colonia parece de discotecas. A las siete de la noche, música en vivo a todo volumen y vigilantes en los accesos. Pero no son discotecas. Son iglesias evangélicas y aquí hay muchísimas. La Brigada es un barrio de palomares; miles de habitaciones en alquiler, muchas para guatemaltecos de otros departamentos del país, salvadoreños y hondureños que llegan a trabajar.
Sara Zelaya vive en una habitación con su segundo marido y su hijo. Pero esta noche está sentada en el pupitre de Melany, en el centro estudiantil de la iglesia Familia de Cristo Bethel. Ese es el nombre que aparece escrito en la mesa. Esta hondureña de 29 años y llegó de Tegucigalpa a Guatemala a los 22 años.
Iba para Estados Unidos, pero le robaron todo en Esquipulas y de ahí se fue directo a la capital guatemalteca. “Vine a trabajar de algo que no hubiera querido; mejor me quedo en mi país”, dice tragando saliva.
Esta exbailarina de barra show y exprostituta vestida de negro y blusa blanca, rasca con sus uñas azules el escritorio mientras cuenta su historia. “Yo andaba tomada, vivía decepcionada. Todavía tengo sed”. Alcohólica e hija de un padre maltratador del que huyó para meterse en la pandilla Barrio 18, acabó en prisión a los 14 años acusada de venta de drogas. Ahora está casada con un hombre de la colonia y espera que su mamá, que vive en Honduras, tenga razón cada vez que le dice que Dios ya la perdonó.
La Brigada se encuentra en el grupo de cuatro colonias que acumulan el 24% de los asesinatos de Mixco en nueve años, junto a sus vecinas Belén y San Ignacio. Está a 4 kilómetros del centro comercial Eskala Roosvelt, a orillas de la calzada con el mismo nombre. De los 13 municipios del área metropolitana, Mixco se encuentra entre los cuatro que más han reducido su tasa de homicidios. Sólo han reducido más la violencia San Miguel Petapa, San Pedro Sacatepéquez y San José Pinula.
Mixco y el municipio de Ciudad de Guatemala, la capital, aparentan ser un solo municipio. Desde inicios de la década de los 70 este lugar se convirtió en un área de desarrollo urbanístico para familias de clase media. Actualmente es el tercer municipio más poblado del área metropolitana, solo por debajo de Guatemala y Villa Nueva.
El lema en la academia policial del lejano departamento de Huehuetenango, de donde salió el agente Rodas con 20 años, fue: ‘Somos la generación del cambio’. La idea era acabar con “ciertas malas prácticas” en la Policía Nacional Civil (PNC), dice el agente al usar un eufemismo para hablar de las estructuras criminales que operan dentro de la institución y que defenestraron la imagen policial desde el inicio de los años 2000, cinco años después de que fuera creada como una nueva institución tras la firma de los Acuerdos de Paz.
Antes de ser ‘el agente Rodas’, este joven huehueteco trabajó en publicidad, en dos call center y en un centro recreativo, pero la influencia de su papá, que también fue militar, lo llevó a formar parte de la primera generación de policías graduados de la academia para poner ejemplo en la comisaría modelo, el proyecto insignia para reducir la criminalidad financiado por la embajada de Estados Unidos en Guatemala.
En 2012, pasó la prueba del polígrafo de la oficina Internacional de Asuntos Antinarcóticos de la embajada, más conocida como INL, en inglés. Era el examen para entrar en la primera comisaría modelo de Mixco, inserta en la comisaría 16. De los 1,500 agentes de la comisaría, 100 fueron seleccionados por INL. Pero desde 2013 ni él ni nadie ahí ha vuelto a pasar el polígrafo. “Lo dejaron pausado”, dice.
INL creó esta delegación policial especial para reducir los delitos violentos a través de centros de monitoreo que contaban con la presencia de todas las fuerzas, incluidos los bomberos, y de patrullajes combinados entre la Policía Municipal de Tránsito (PMT) y una PNC mejor formada. En la Embajada las denominan las Model Police Precinct (MPP) y es uno de los seis ejes de su política en prevención en Guatemala. Este modelo que nació en comisarías de Estados Unidos, priorizó el municipio de Mixco, y en particular colonias violentas como La Brigada. Hasta junio de 2017, había 29 comisarías modelo en el país, que iniciaron en Mixco y Villa Nueva, y su plan es tener 99 a final de año.
El guardia que vigila el acceso a la comisaría 16 está instalado en un intento de atril hecho con ladrillos, pero sin cemento. A veinte metros está la sede policial. En la entrada recibe el agente Vásquez, jefe de Operaciones, porque hoy el jefe de la estación está en San Juan Sacatepéquez, a hora y media de distancia de La Brigada, pues también es parte de la Comisaría 16.
En el despacho del jefe de la comisaría, el agente Vásquez, veterano policía, dice que también ha hecho seis cursos pagados por INL, el último de liderazgo. Con esa formación, afirma que el principal problema de La Brigada son las pandillas, pero se confunde con los nombres. Dice Mara 18 y Barrio 13. Son Barrio 18 y Mara Salvatrucha. Está acompañado del disciplinado agente Rodas, el analista, que accede a dibujar un mapa sencillo sobre la clica que opera en la calzada principal de La Brigada: Little Psycho Criminal, de la pandilla Barrio 18. Él igual ha hecho varios talleres de formación, con policías colombianos, pagados por la misma vía. Ninguno enfocado en pandillas, todos en análisis.
Saliendo de su oficina, en otro edificio, el único renovado de toda la comisaría, hay unas puertas de vidrio azulado. Dentro está el centro de monitoreo. Hay dos agentes sentados a la entrada: uno está encargado de la revisión de placas y chasís de los carros que detiene la policía y el otro es administrativo. En el centro de monitoreo, un hombre y una mujer revisan una computadora. La amplia sala tiene muy poquita luz para iluminar lo que hay dentro: 36 computadoras y una pantalla de dos metros apagadas y conectadas a 1,139 cámaras que no funcionan.
En 2015, Mixco cedió espacio en los postes a Intelelco y a Tigo para instalar las cámaras; el servicio lo pagaba el Ministerio de Gobernación. La municipalidad tenía acceso al servicio a cambio de no cobrar el impuesto por uso del poste.
El actual ministro de Gobernación, Francisco Rivas, no puede restituir los contratos. El Ministerio Público, a través de la Fiscalía contra la Corrupción, investiga los contratos de videovigilancia firmados por el exministro preso Mauricio López Bonilla, que costaban más de Q45 millones al mes (US$6 millones mensuales).
El centro sólo estuvo operativo un año. El 8 de agosto de 2016 dejó de funcionar. Tigo canceló el contrato porque el Ministerio de Gobernación no podía pagar las cámaras instaladas. No sólo en Mixco, tampoco en Villanueva, ni en la Ciudad de Guatemala. Hubo tres empresas encargadas y la deuda, sólo con Tigo, llegaba a los Q1,200 millones.
NL capacitó a los más de 90 agentes que observaban los cientos de cámaras de Mixco. Ahora, todos ellos fueron reasignados a estaciones de la comisaría 16, en las que cumplen tareas que no están relacionadas con su especialización.
Las cámaras siguen instaladas y la Policía quiere creer que al menos tienen carácter disuasivo en Mixco. Aunque la violencia redujo en La Brigada, el proyecto estrella de seguridad no puede relacionarse con la reducción porque no ha habido continuidad en los proyectos: ni en las pruebas poligráficas de confianza ni en los patrullajes combinados ni, sobre todo, en el uso de cámaras porque están apagadas. Desde 2011, Mixco experimentó una tendencia a la baja en su nivel homicida, y las cámaras, aunque están desde 2015, supusieron un factor disuasivo, según la PNC, que pudo influir en la reducción.
El inicio de la reducción tampoco se debió a la presencia de militares, que aumentaron desde 2012 bajo el gobierno de Otto Pérez Molina. Tampoco a la desarticulación de bandas desde el Ministerio Público, que no tiene casos en La Brigada en los años de persecución penal estratégica.
A pesar del descenso de los homicidios en Mixco, todavía está lejos de unas cifras que permitan vivir con tranquilidad en los barrios menos acomodados. O en la municipalidad, en donde un pintoresco alcalde usa a veces traje de policía.
Una marca de bala en una ventana de su despacho atestigua su enfrentamiento con las pandillas. Desde el 5 de junio, día de los cuatro disparos –sólo uno en la ventana–, las oscuras cortinas están cerradas.
La suave voz de Neto Bran choca con su fornido cuerpo, que ha vestido de súperman, policía, romano o bombero. De policía municipal se vistió el 6 de junio para avisar a los vecinos de la colonia 1° de julio que iba a aumentar la vigilancia, después de que apareciera un cuerpo desmembrado y una nota amenazante, presuntamente del Barrio 18. Tres semanas después, un jueves a las seis de la tarde, vestido de traje, se sienta enérgico en su sofá de cuero.
El oscuro espacio del alcalde está vestido por una virgen de Guadalupe, tres de Santo Domingo –patrón de Mixco–, cuatro fotos con el alcalde de la Ciudad de Guatemala y varias con su familia, además de un libro con un Cristo yacente de portada, un rosario y cuatro pantallas en la pared, las que usa para ver las oficinas, alrededores de la municipalidad y las cámaras de tránsito.
Si bien la comisaría modelo nació entre 2012 y 2015 en ese periodo, el entonces alcalde e hijo del ex presidente, Otto Pérez Leal, no compartió el material de las cámaras de la municipalidad más que con el ejército, explica el alcalde Neto Bran. De 1,900 militares destinados en todo el país en ese periodo, Mixco tenía 900. “Ahora hay 300”, dice este alcalde que tiene muy buena relación con el director general de la PNC y que no acepta la retirada progresiva del ejército de las calles.
Y aunque Bran se oponga a la retirada del ejército de las calles de Mixco, como mostró en la manifestación que organizó en enero de este año para que se quedaran, el ministro de Gobernación, Francisco Rivas, cree que “los militares no tuvieron ningún aporte a la seguridad real y efectiva del país”. Aunque concluye diciendo que si influyeron “en la percepción”.
– ¿Cuál es su relación con la comisaría modelo?
– No hay, ya no hay [relación], se destruyó.
Neto Bran duda de si la comisaría 16 se podría seguir llamando comisaría modelo. “Diría más que se retomó la relación de gestión en conjunto”, dice en referencia al alejamiento que hubo entre EEUU y su antecesor. “Porque la comisaria 16 tiene un gran centro de monitoreo, precioso”. Precioso pero inefectivo porque está apagado desde agosto de 2016.
Hasta el año pasado, la incidencia criminal se movía por otras áreas del municipio. Y ante la falta de policías, el agente Rodas, analista de la comisaría modelo de Mixco, tuvo que mover los patrullajes a esas zonas. En 2017, la violencia aumentó en La Brigada y por eso definió que el núcleo de reserva entrara a la colonia. Es la primera vez que ese grupo, integrado por al menos siete agentes con horarios y recorridos definidos por el agente Rodas, vigila el barrio. Previo a esto en la colonia únicamente patrullaban si el personal y las patrullas se daban abasto.
La reducción de homicidios se dio aunque la Policía vigilaba sólo si se daba abasto.
A las 15:15 de la tarde del 28 de junio, el núcleo de reserva de la PNC sale a patrullar a La Brigada, que por estar llena de túmulos, obliga al paseo lento. En el picop van dos delante, dos detrás y tres sentados estratégicamente en la palangana. Seis hombres delgados comandados por el orondo agente Patzán. Rastrean la colonia buscando lo que ellos consideran sospechosos: grupos de hombres en esquinas, tiendas o cantinas, de preferencia con ropa ancha y gorra plana. Así caracterizan en su imaginario a posibles pandilleros. Cada vez que se detienen, si suena la música, degolpe alguien la apaga ante su brusco salto de la camioneta.
En un lateral del mercado de la avenida La Brigada, el agente Patzán da una charla rápida a un grupo de seis hombres que beben cerveza sentados en lavacera. A todos les pide el DPI, pero ninguno tiene.
–Sólo tengo mi celular, soy comerciante.
–Mi país está lleno de delincuencia, de muertos, de asesinatos. No sabemos quiénes son. ¿Y el perfil? Hombres, grupitos.
Tampoco el comerciante que ejerce de negociador con la policía tiene DPI. A todos les revisan que no lleven armas o tatuajes. Algunos se ríen. A lo largo de la hora y media de patrullaje, la mayoría de la treintena de hombres que detuvo la policía, esboza una sonrisa al ser detenidos.
–¿Por qué se ríen?
– Porque no tenemos cómo probar que son pandilleros. No tienen ningún ilícito. Cómo probarlo ante un juez, dice un agente de ojos claros y sonrisa pícara. Cree que la risa que emiten sus sospechosos es una burla hacia los policías.
La policía municipal de Mixco también patrulla por La Brigada en picop y motos, pero no hace patrullajes vehiculares combinados con la PNC. Hay 140 policías municipales en Mixco y la idea es poner 150 más. Para los futuros altos mandos, el alcalde busca militares graduados después de los Acuerdos de Paz. Él, que como salió de la universidad pública San Carlos odiaba a los militares, valora dos cosas de ellos: su trabajo de inteligencia y su disciplina. “La gente pasó de odio a respeto por ellos, porque hoy la guerra está en las calles”, dice este político que siente que encontró su identidad en la iglesia y que casi cualquier aparición suya, pública o en redes sociales, va acompañada de filias y fobias.
Para los futuros altos mandos, el alcalde busca militares graduados después de los Acuerdos de Paz. Él, que como salió de la universidad pública San Carlos odiaba a los militares, valora dos cosas de ellos: su trabajo de inteligencia y su disciplina. “La gente pasó de odio a respeto por ellos, porque hoy la guerra está en las calles”, dice este político polifacético que siente que encontró su identidad en la iglesia.
“Como se ha ido pagando la extorsión, no matan, no asesinan”. Así explica el alcalde de Mixco por qué redujo la violencia en La Brigada. La pacificación de la zona no es un éxito de la Policía ni del ejército ni de las cámaras. Es que el Barrio 18, que domina la colonia, ha cambiado su giro”, dice. “Media vez la gente pague, no va a haber muertos. Es un negocio”, explica Neto Bran, pasadas las siete de la noche ante la atenta mirada de su vocero.
Es el único mandatario o alto cargo oficial, entrevistado para esta serie, que atribuye la bajada a una supuesta inacción homicida de la pandilla: “Lo comprendí hace unos días: el negocio son las armas y [para tener armas], se manda a los niños a cobrar. Empiezan a generar mayores fondos mediante la extorsión... ¡Ah! Y el programa Convivimos”.
La atribución del éxito de la reducción de los homicidios desde 2011 a un programa de 2015 carece de sustento lógico.
Desde 2015, la cooperación estadounidense priorizó La Brigada con el proyecto Convivimos: con un presupuesto de US$5 millones hasta 2020, trabaja en seis municipios del área metropolitana, coordinado por Mercy Corps Guatemala, en alianza con la jesuita Fe y Alegría, Flacso, Fundaespro y Iepades, y con apoyo del Ministerio de Gobernación. Cada institución trabaja su fuerte: apoyo educativo, liderazgo estudiantil y comunitario, trabajo social, investigación y cabildeo con las municipalidades. Del proyecto, aún no hay medición de resultados porque está en proceso.
Con fondos de Usaid, el equipo de Convivimos hizo que Neto Bran aprobara en junio una oficina de protección de la niñez. También, con US$80 mil a través de Mercy Corps, Iepades apoyó a la Comisión de Prevención local (Comupre) para que presentara la primera Política Pública de Prevención del Delito del municipio.
Convivimos es un programa que trabaja en el Instituto Clemente Marroquín Rojas. El panorama no es esperanzador, sólo 150 alumnos, de 524, no están en riesgo de abandonar su educación. El riesgo de abandono se mide en base a los alumnos que pierden al menos una clase.
La realidad es que entran 60 en primero básico y a tercero llegan 35, dice Nancy González, orientadora de este enorme y arbolado centro, ubicado en la calzada principal de La Brigada.
Como parte de Convivimos, Édgar Núñez, orientador de Fe y Alegría, reúne en un aula, pasadas las dos de la tarde, a 21 estudiantes que son parte del llamado gobierno escolar, donde la mayoría son alumnos bien portados, buenos estudiantes, con ambición de liderazgo.
Histriónico y expansivo, el pedagogo les enseña cómo resolver un proyecto para tener agua pura en el centro. Es su forma de abordar una solución para un problema. Tras casi dos horas, a petición de estas periodistas, pregunta a los jóvenes cómo es vivir en sus barrios. De 21, nueve son de La Brigada.
Una adolescente responde:
–¿Cómo es La Brigada?
–Bonito, llevo 12 años viviendo ahí.
–¿Dicen que es violento?
–No, porque nos conocen.
–¿Alguien ya no quisiera estar ahí porque es muy violento?
Nadie asiente.
Nueve niños de la Brigada defienden en grupo que es un lugar menos violento del que se presume.
La joven dice que está bien en La Brigada, pero Carlos Humberto Camey, director del Instituto, ha visto hasta seis jóvenes abandonar la escuela por la presión de las pandillas. La mayoría mujeres. “No he percibido la reducción de violencia”, dice este docente de voz nasal y cara rechoncha. Es la opinión de la mayoría de habitantes de Guatemala, que no se han enterado de que la violencia disminuyó.
Este director, además, que defiende el trabajo de los vecinos armados y organizados de su pueblo San Juan Sacatepéquez, aunque las estadísticas de homicidios en ese municipio no mantienen una tendencia a la baja, como en la mayoría de municipios del área metropolitana.
Los centros educativos son islas: afuera el peligro persigue hasta la puerta, pero dentro son espacios de relativa seguridad. Al Instituto Clemente Marroquín Rojas llegan alumnos graduados de la escuela primaria Berta Herrera Ruano, en la que Fe y Alegría trabaja en representación de Convivimos. Hace nueve años, Mariola Castellanos, directora del turno de mañana de esta escuela que queda en la colonia San Ignacio, veía violencia dentro del establecimiento. Ahora ya no. “Afuera los niños están metidos en cosas feas, pero acá está tranquilo”, dice esta docente que lleva el suéter y los pantalones azules que usa para dar clases vespertinas en una universidad.
Arriba, también está el despacho de la directora. “Papás, niños y gente de fuera nos avisan que algunos niños andan en cosas”, dice la directora matutina para no decir pandillas.
A un niño lo esperaban fuera. Su misión era dejar un paquete en la cocina y salir. Y eso hizo. El niño informó de lo que le habían pedido hacer en una charla escolar con policías. Por ese hecho de 2016, la directora visitó comisarías, llevó una carta a la municipalidad de Mixco, habló al ministerio de Educación, a la Procuraduría General de la República y al destacamento militar de Mixco. Los investigadores de Antinarcóticos dijeron que podía ser una bomba.
La directora pidió que llegara una patrulla de Escuelas Seguras, que son lo que el Ministerio de Gobernación considera su plan perfecto de seguridad escolar: vehículos de la PNC que vigilan la entrada y salida de los centros. Pero todavía sigue esperando. Ninguna escuela en Mixco cuenta con el sistema de Escuelas Seguras, heredadas del gobierno del Partido Patriota.
– ¿Y su seguridad personal?
– Lamentablemente, ahí sólo Dios.
Aunque la sede física del proyecto Convivimos está en La Brigada, el consorcio no trabaja en la escuelita de esa colonia. Durante el patrullaje, el núcleo de reserva de la PNC pasa dos veces por la esquina donde está otra escuela, la Sara de la Hoz Méndez Montenegro. Los patrulleros dicen que justo detrás, en un callejón sin salida, es un punto peligroso.
A la hora de entrada, un fuerte temblor de 6.7 grados ha dejado casi vacía la escuela Sara Méndez Montenegro. Sólo tres niños juguetean en el patio a las diez de la mañana. Idalia de Paiz, directora del centro en el turno de mañana, mandó a todos a casa por seguridad.
El timbre de la escuela es una canción a todo volumen. La directora hace el ejercicio simulado para que suene ‘Don’t worry, be happy’, de Bobby Mcferrin. “Muchas veces salen bailando, salen felices”, dice De Paiz, que lleva diez años de directora en el turno matutino de la escuela Sara de la Hoz Méndez Montenegro, bajo el ruido del timbre motivacional. Se trajo la idea de un curso que hizo en Israel en 2016. Sólo si hay temblor, como hoy, suena el clásico timbre de chicharra.
“Aquí sí hemos tenido varios problemitas”, dice esta mujer de ojos pequeñitos y cola planchada que posa sus manos sobre el calendario de su mesa. Problemitas como el hecho de que muchos de los alumnos son hijos de hombres o mujeres que están encarcelados.
Decenas de personas en La Brigada, y en muchos municipios visitados para esta serie, hablan de que el mal viene de fuera. Ya sea de otro municipio o directamente de otro país. La culpa de la violencia es responsabilidad extranjera para muchos. “No sólo los hondureños causamos problemas o andamos en bares o prostituyéndonos”, dice Sara Zelaya, la hondureña que vive en un palomar con su esposo e hijo. “La mayoría de mujeres en bares son guatemaltecas”, dice quien hoy es cocinera del centro estudiantil.
Zelaya, la mujer hondureña que pasó por el abuso paterno, por el Barrio 18, por el alcohol y las drogas, por una barra show y por la prostitución, desliza sus uñas por la mesa en la iglesia evangélica en la que trabaja de cocinera: “Demasiada basura en la que me metí por ser desobediente”. Se lleva mal con su suegra, que desconoce su pasado porque ella eligió ocultárselo, pero se siente muy responsable de su hijo, que la espera fuera de la habitación con su papá.
Cada día, en la cocina, esta madre cuenta que escucha a hijos de extorsionistas, a niños de pandilleros, a menores maltratados. Ella sabe por qué están pasando ellos. Muchos niños llegan y le abrazan. Es el abrazo de algunos de hijos de La Brigada, la colonia que redujo los asesinatos al menos en un 30%.
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