El asesinato de los periodistas Danilo López y Federico Salazar, ocurrido el 10 de marzo en el parque central de Mazatenango, demandó que dos de los cinco investigadores que tiene la Unidad de Delitos contra Periodistas del Ministerio Público (MP) se trasladaran a esa ciudad de Suchitepéquez para tomar las riendas del caso.
Los enviados debían tomar declaraciones, revisar documentos, pedir diligencias y tramitar allanamientos. Aunque se trataba de un caso de alto impacto, el jefe de la oficina, Benito Herrera, no podía asignarle más personal. Su equipo está conformado por cuatro auxiliares fiscales y un oficial dedicado a labores administrativas en la oficina.
Una semana después del doble crimen, Herrera mantenía a la mitad de sus investigadores comisionados en Mazatenango para coordinar las diligencias por la muerte del tercer periodista, ocurrida en Suchitepéquez el 13 de marzo. Mientras tanto, los otros expedientes que tenían asignados en la capital debían esperar.
La de Herrera es una unidad sobrecargada de trabajo. En promedio, cada auxiliar fiscal tiene asignados 32 expedientes, mientras que al jefe, además de supervisarlos, le corresponde presentar todas las acusaciones ante el Organismo Judicial. El buzón de su oficina tiene 130 expedientes con el estatus: “bajo investigación”.
Del caso Carpio al de Suchitepéquez
La Unidad de Delitos contra Periodistas recibe las denuncias de cualquier persona que se dedique a recabar información y la difunda por cualquier medio de comunicación. Entre los 130 casos que conoce está el de Marlon Puente, alias Pirulo, locutor y líder de la porra del equipo de fútbol Municipal que denunció al club porque no le permitió ingresar al estadio El Trébol. Se cuenta también la queja de un periodista de la Radio Sonora contra empleados de la Municipalidad de Guatemala que supuestamente lo agredieron mientras él reportaba el incendio en el Palacio de Correos. El hecho ocurrió el 12 de febrero y el MP actuó de oficio.
En la lista de casos por resolver figura el de Rolando Santiz, el reportero de Telecentro 13 Noticias asesinado en 2009 mientras conducía su vehículo en la zona 1, y la investigación del asesinato del político y dueño de medios, Jorge Carpio Nicolle, ocurrido en 1993. El expediente fue reactivado en 2009, tras la condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado guatemalteco por violación a los derechos humanos, pero no contiene nuevos indicios, solo documentos antiguos para consultar, como la sentencia de 1996 que terminó con la absolución de los seis acusados. Del caso de Santiz hay un testigo que no aportó mayor información para la investigación.
La fiscalía a cargo de Herrera también fue la encargada de coordinar desde mediados de marzo pasado las medidas de protección para 20 periodistas de Suchitepéquez, algunos de los cuales fueron testigos del asesinato de López y Salazar.
A pesar de que esta oficina tiene una mesa llena de expedientes sin resolver y no hay ofrecimientos de la jefatura del MP para fortalecerla con más personal, el Ministerio de Gobernación (Mingob) propone que el MP tenga un papel más activo en la protección de periodistas. No solo en lo que respecta a la investigación de los delitos cometidos contra cualquier comunicador, sino que se involucre en la prevención, protección y análisis de los riesgos que supone ejercer su trabajo. Eso es lo que refiere la propuesta del Programa de Protección para Periodistas que se presentó este año y donde también participarían el Mingob y la Comisión Presidencial de Derechos Humanos (Copredeh).
Ileana Alamilla, directora del Centro de Reportes Informativos sobre Guatemala (Cerigua), considera que para que ese programa funcione es indispensable que se fortalezca la Unidad de Delitos contra Periodistas con más personal, pero también con insumos y vehículos, para que puedan atender las diligencias asignadas en todo el país.
Margarita Castillo, la consultora contratada por el Ministerio de Gobernación para redactar el Programa de Protección para Periodistas, está consciente de la debilidad institucional en el MP y en el Mingob para poner en marcha la propuesta. “Hemos identificado que falta recurso humano preparado para enfrentar el tema. De qué sirve tener en papel un programa efectivo si no hay personal que lo lleve a la práctica”, se pregunta.
La unidad para los periodistas
La Unidad de Delitos contra Periodistas se creó en 2011 bajo la jurisdicción de la Fiscalía de Derechos Humanos. Antes, los casos denunciados por comunicadores y sindicalistas se conocían en una misma oficina, hasta que la entonces fiscal, Claudia Paz y Paz, resolvió dividirlas.
Aunque esa separación serviría para que las denuncias se conocieran de manera más especializada y ágil, no le asignaron suficiente personal. Empezó con un auxiliar fiscal y un oficial y luego le asignaron a un agente para que asumiera la jefatura. En cinco años ha tenido tres jefes: Alex Yat, Sandra González y Herrera, quien llegó con dos investigadores más para sumar seis empleados.
Ángel Ramírez, un auxiliar fiscal que lleva el registro de los casos en esta oficina, detalla que en 2014 investigaron 74 denuncias que involucraban 98 delitos, la mayoría por falsedad material (alteración de documentos), abuso de autoridad y coacción, cometidos por funcionarios gubernamentales. El registro oficial del MP al que se tuvo acceso reporta que de 2011 a la fecha, esta unidad ha tenido a la vista 264 denuncias y generó ocho sentencias (no se indica si fueron condenatorias o absolutorias).
El fiscal Herrera admite que tiene casos a los que no les ha dado solución. De las 74 denuncias de 2014, desestimaron 26. La mayoría venía acumulada de 2012 y 2013. El resto tiene el estatus: “en investigación”.
Solo consiguieron una sentencia condenatoria por el asesinato de Jorge Mérida, corresponsal de Prensa Libre en Coatepeque, Quetzaltenango, ocurrido en mayo de 2008; tres criterios de oportunidad y cuatro acusaciones. También logró 20 detenciones y 12 audiencias de primera declaración.
Si los casos no avanzan, y las estadísticas lo confirman, se debe a que los denunciantes no colaboran, asegura Herrera. Otros auxiliares fiscales se quejan de que con frecuencia llaman a las víctimas para pedirles más información, pero se las niegan. Los testigos enmudecen cuando les piden que revelen detalles de lo que vieron o saben.
Un informe sobre libertad de expresión publicado por el Centro de Reportes Informativos sobre Guatemala en 2013 revela que la situación de la prensa a nivel departamental es “sumamente peligrosa”. Cita acciones del crimen organizado y del narcotráfico, de políticos locales, alcaldes y diputados que provocan la autocensura, la censura y amenazas contra los reporteros locales.
De las denuncias presentadas por periodistas en 2014, el 50 por ciento involucran a agentes policiales y el resto, a concejales, alcaldes y trabajadores gubernamentales. La coacción y el abuso de autoridad son los delitos más comunes contra los comunicadores, después de las amenazas.
La situación se complica por la falta de confianza en el sistema de justicia. En varios
casos, los afectados prefieren pedir auxilio al Procurador de los Derechos Humanos (PDH) antes que acudir a la Policía o al MP. De 2013 a 2015, esta institución recibió 32 denuncias por agresiones físicas, intimidaciones, agresiones verbales, amenazas de muerte, difamaciones, mensajes y fotografías intimidatorias contra periodistas.
Dos de estas fueron recibidas diez días después del último asesinato ocurrido en Suchitepéquez. Los reporteros acudieron ante el PDH para revelar que recibían intimidaciones y reportes falsos de hechos noticiosos. La PDH redirigió el caso al MP. La oficina de Herrera gestionó las medidas de protección y ahora les da seguimiento.
Piden intervención de la CICIG
Después del asesinato de los tres comunicadores de Suchitepéquez, el MP ha detenido a cinco personas, pero no ha logrado identificar a los autores intelectuales del ataque contra López y Salazar. Entre los sospechosos por los primeros dos crímenes se encuentran alcaldes, pero no hay suficientes elementos para acusarlos.
El ambiente no parece propicio para que los casos lleguen a buen término. La Fiscalía de Mazatenango ha recibido intimidaciones por teléfono para que deje de averiguar quiénes mataron a López y Salazar. El MP solicitó a la Cámara Penal que el doble crimen sea conocido por un juzgado de mayor riesgo en la capital. Al cierre de esta nota, no se había resuelto la petición.
Mientras tanto, grupos de periodistas de distinos lugares del país han realizado manifestaciones públicas para pedir protección y justicia. Además, 45 comunicadores pidieron por escrito a Iván Velásquez, titular de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), que esta entidad se involucre en las investigaciones debido
a que en los asesinatos de López y Salazar existen “redes complejas que propician la impunidad, en las que participan miembros del poder judicial y de las alcaldías municipales del departamento”.
La fiscal general Thelma Aldana también ha considerado pedirle apoyo a la CICIG para llevar la investigación. Mientras se decide, la pequeña oficina que investiga los delitos contra periodistas dirige las averiguaciones. La principal hipótesis que sostienen es que a Danilo López lo querían callar debido a sus publicaciones y las investigaciones que tenía en marcha. Todas, vinculadas con la corrupción y el uso inapropiado de los fondos públicos en comunas de Suchitepéquez.
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