Cubrir un secuestro y terminar secuestrado

El supuesto grupo de seguridad asumió que Oswaldo, por ser de fuera de la aldea, era el secuestrador de la niña. Los líderes de la operación eran los hermanos Itzep, Antonio y Diego. El primero era alcalde auxiliar de Uspantán y el segundo, presidente del cocode. Ellos querían que él confesara su crimen.

– Él (Antonio Itzep) empezó a hacer llamadas y llegaron muchas personas. Me advirtió que las hacía para convocar a otros líderes. ‘Para que te des cuenta que yo tengo poder, yo manejo 12 comunidades’ me decía”, cuenta Oswaldo Ical.

Una de esas llamadas fue a la PNC para anunciar que tenía a un criminal capturado y que iba a tomar la justicia por mano propia. Les advirtió que no se acercaran agentes, ni personal del PDH, ni periodistas porque les iba a pasar lo mismo.

– Escuchar eso fue algo terrible para mí porque … ¿qué te hace pensar eso?, recuerda.

Los pocos aliados que podría tener fueron eliminados de la ecuación.

Luego de horas de tortura sin obtener una confesión, los secuestradores liberaron al periodista, pero no sin antes negociar con la policía. Ambas partes coincidieron en obligarlo a firmar un acta en la que se declara que se le detuvo por sospechoso y que lo entrevistaron “de manera formal sin hacerle ningún daño”. Antes de dejarlo libre, lo amenazaron de no decir nada y también debió firmar que se comprometía a “no vengarse” con los líderes de la comunidad.

Oswaldo expuso este mismo testimonio ante el juez. Los agentes de la PNC corroboraron los hechos en sus declaraciones durante la cuarta audiencia, el 2 de septiembre. La Oficina Nacional De Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes también presentó su informe, solicitado por el Ministerio Público, el 31 de agosto. La investigación concluye que sí hubo delito de tortura. Calderón Salazar no aceptó ninguna de estas pruebas.

En el reporte de se lee:

“Dadas las circunstancias en que fue perpetrado el hecho contra el señor OSWALDO ICAL JOM, podrían encuadrar en la definición de TORTURA, en virtud que según la denuncia efectuada por el agraviado, los señores ANTONIO ITZEP LÓPEZ Y DIEGO ITZEP LÓPEZ conjuntamente con sus acompañantes podrían haber actuado como un grupo organizado para realizar este hecho delictivo, bajo la calidad de autoridad con la que se encontraban investidos al momento de ocurrir los hechos investigados”.

Oswaldo Ical es originario de Chicamán. fue retenido por Diego y Antonio Itzep en Uspantán. Foto: Carlos Sebastián.

Justicia en donde no existe CICIG

El juicio de Oswaldo Ical Jom se detuvo cuando había transcurrido cinco audiencias. Se retomó seis semanas más tarde cuando la Sala de Apelaciones de Quiché nombró a la jueza Alma Lissette Herrera Girón para retomar el caso y determinar si el periodista fue víctima de tortura.

El caso de la tortura en 2014 se suspendió el 20 de septiembre de 2016, cuando el juez Mario Calderón Salazar decidió dejarlo porque aceptó que estaba siendo parcial, como había protestado el abogado de Oswaldo Ical. El juez Calderón había rechazado todas las pruebas de tortura presentadas durante las audiencias. Su opinión es que los problemas “de tipo tortura”, como el que experimentó el periodista, suceden todo el tiempo y quedan impunes. El mismo juez dijo que había sido víctima de algo similar y no recibió justicia.

Oswaldo Ical logró que su caso avanzara durante los últimos dos años gracias al apoyo de organizaciones de Derechos Humanos. Centro Civitas estuvo presente desde el primer día. Lo motivó a denunciar ante la Unidad Fiscal de Delitos Contra Periodistas del Ministerio Público y dio a conocer el caso al Centro para la Acción Legal de los Derechos Humanos (CALDH). Esteban Celada fue el abogado asignado al caso por esta última organización. La Unidad de Protección de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos (Udefegua) también le brindó apoyo cuando se refugió en la Ciudad de Guatemala por seguridad.

¿Y mañana?

Que su caso se haya reactivado abre las puertas a que la nueva jueza, Herrera Girón, admita el delito de tortura. Si esto sucede, el debate se trasladará desde el Tribunal de Sentencia Penal de Quiché a los Juzgados de Mayor Riesgo en la Ciudad capital.

La siguiente audiencia será durante el 2017 pero aún no existe una fecha exacta. Octubre, noviembre y diciembre son los meses más lentos del Organismo Judicial porque incluyen períodos de vacaciones.

¿Qué tan probable es que se acepte el delito de tortura en el caso de Oswaldo? Según estadísticas del MP, desde enero del 2014 hasta octubre del 2016, hay un total de siete denuncias por tortura y ninguna recibió sentencia.

Desde esta misma fecha, la Unidad Fiscal de Delitos contra Periodistas obtuvo apenas 7 sentencias de 369 denuncias presentadas, de las cuales 158 corresponden al delito de amenazas. De estas ninguna ha concluido con una sentencia.

De las 7 sentencias, sólo una es por asesinato (hay 4 más impunes) y seis más por delitos menores.

Con esta realidad para los periodistas en los departamentos, ¿cómo se van a informar los ciudadanos?