El tema que no se toca en campaña: las mujeres propietarias

Amalia Mejía Pérez proviene de una familia mam de diez hermanos. Nació en Playa Grande, Ixcán, Quiché. Durante 15 años vivió en México, país en donde se refugiaron por el conflicto armado. Ahora coordina la Alianza de Mujeres Rurales que reclama acceso a la tierra.

La organización, en donde participan los grupos Mama Maquín e Ixmucané, ha negociado, por medio del Fondo de Tierras (Fontierra), terrenos para algunas comunidades. Sin embargo, los títulos de propiedad han salido a nombre de una persona: no el de ella, sino del marido. Y lo que ellas persiguen es que en el registro figuren los nombres de cada uno.

Según el informe Tierra para Nosotras, a cargo de la Red Centroamericana de Mujeres Rurales Indígenas y Campesinas (Recmuric) con el apoyo de Oxfam y la Unión Europea, tres de cada cuatro mujeres cultivan una tierra que no les pertenece El documento, que analiza la situación de más de 10 millones de mujeres rurales y campesinas de El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, agrega que la mayoría “tiene cada vez menos tierra, de peor calidad y con menor seguridad jurídica”.

La Red también critica al Fondo de Tierras (Fontierra), que está obligado a emitir los títulos de propiedad a nombre de ambos miembros de la pareja, pero en la práctica las escrituras salen a nombre de empresas o cooperativas integradas casi exclusivamente por hombres.

Esto fue lo que le sucedió a María Raquel Vásquez, de 42 años, que creció con sus padres y sus cinco hermanos en el oriente del país. La familia se trasladó a Petén para sembrar maíz y frijol que luego vendería a los mexicanos, pero también huyó a causa de la guerra.

Abandonaron las 64 manzanas que el papá compró al Instituto de Transformación Agracia (Inta) y durante 16 años vivieron en Campeche y Quintana Roo. Regresaron pero no pudieron recuperar las tierras, ubicadas a inmediaciones del Usumacinta, porque fueron declaradas área protegida.

Vásquez acudió a Fontierra, pero fue excluida porque no estaba casada y tampoco tenía hijos. Debió conseguir el respaldo de una cooperativa para adquirir cinco manzanas en Santo Domingo Suchitepéquez. Según el estudio We effect, realizado por Justicia Alimentaria Global VSF, el 18.2% de las mujeres han accedido a la tierra por la vía de la compra, como es su caso.

La Recmuric, de la que Vásquez es coordinadora, propone “una reforma legal para que la titulación sea conjunta o mancomunada a nombre de ambos miembros de la pareja. Esta medida impediría que el hombre venda o alquile la tierra sin el acuerdo de la mujer y protegería los derechos de herencia de las mujeres viudas”.

Rosa García, de 53 años, es madre de nueve hijos y no es propietaria ni del suelo que pisa y trabaja. Su esposo es el dueño de las dos manzanas de tierra que espera repartir entre sus hijos. Ella, como lo refleja el informe, no es jefe de familia y trabaja más de doce horas al día. Ve la siembra, da de comer a los animales, busca agua, cuida a los hijos y a los mayores y participa en actividades comunitarias. Además, busca la manera de aportar un ingreso a la casa.

La falta de tierra le impide a García acceder a otros recursos y servicios como el crédito y la asistencia técnica porque no tiene un terreno que pueda dar en garantía. También queda fuera de la mayoría de los programas estatales de inversión productiva y asistencia técnica “que a menudo exigen contar con tierra propia donde desarrollar la producción”, como cita el informe Tierra para Nosotras de la Red de Mujeres Centroamericanas, presentado este día.

Estas historias son tan solo un ejemplo de la realidad que viven las mujeres en el interior de la República. La desigualdad es evidente en el momento de repartir la tierra: el jefe de familia otorga lo mejor de su propiedad, en calidad y cantidad, a los varones. Si al hombre le dan 20 cuerdas, a la mujer, cinco. El argumento único es porque son mujeres y el marido les deberá dar tierra*.

* Nota del autor: Lo he visto, lo he escuchado y lo he vivido.