Estamos en campaña electoral y hay muchas dudas en el ambiente. Hicimos una recopilación de cuáles son las principales inquietudes electorales y las respondemos en este cuestionario. Se trata de un ejercicio de ciudadanía, vital para ir a las urnas con buena información.
Hay 160 curules en el Congreso que deben ser ocupadas. Esos cargos se reparten entre un listado nacional y 23 listados distritales. Son electos 32 en el listado nacional y 128 en los distritales. Cada votante recibirá dos papeletas el día de las elecciones para votar por los diputados —en las últimas elecciones han sido verde y celeste—. El listado nacional es igual para todos los votantes del país y el distrital que depende de la residencia de cada persona. Los distritos y curules se distribuyen así:
- Guatemala: 19
- Central: 11
- Huehuetenango: 10
- San Marcos: 9
- Alta Verapaz: 9
- Quiché: 8
- Quetzaltenango: 7
- Suchitepéquez: 5
- Escuintla: 6
- Chimaltenango: 5
- Petén: 4
- Totonicapán: 4
- Sacatépequez: 3
- Jalapa: 3
- Jutiapa: 4
- Izabal: 3
- Santa Rosa: 3
- Chiquimula: 3
- Sololá: 3
- Retalhuleu: 3
- Zacapa: 2
- Baja Verapaz: 2
- El Progreso: 2
La cantidad de escaños que se le asigna a cada distrito depende del censo. Por ejemplo, el distrito que elige más espacios es el de Guatemala y abarca a todos los municipios del departamento, menos el municipio de Guatemala que tiene su propio listado —el central—. En el territorio del distrito de Guatemala habitan más de 942 mil 388 personas y por eso eligen 19 representantes. En cambio en el distrito de El Progreso hay al menos 139 mil 490 habitantes, entonces eligen solo a 2 diputados.
Fuente: LEPP Art. 205 y decreto 1-2019 del TSE.
El TSE utiliza una fórmula para computar los votos y asignar las curules a los partidos. Este sistema se llama Método d’Hondt —creado por el belga Victor d'Hondt hace 141 años y usado en al menos 41 países—. Se basa en una representación proporcional a las listas según los votos recibidos por cada partido y los escaños asignados al distrito.
El reparto se hace al finalizar el conteo de votos. Se aplica una fórmula de cocientes y divisores a cada lista y se ordena de mayor a menor el resultado para asignar las curules.
En 2018 se intentó hacer una modificación a este sistema para que se pudiera votar de manera directa por los candidatos y eliminar el sistema de listas pero no fue aprobado. En el actual modelo, es el partido el que decide a través de las casillas en los listados y el votante solo elige el partido.
La Ley Electoral y de Partidos Políticos ha sido reformada en al menos cinco ocasiones y la última vez fue en 2016. Uno de los cambios es que ahora se eligen 160 diputados y no 158. El método de elección no se modificó por lo que, al igual que en los procesos anteriores, los listados para elegir a los representantes del Congreso son cerrados. Esto significa que no se puede elegir a un candidato específico de los listados, sino que se elige la lista completa y de acuerdo a la cantidad de votos que reciba esa lista se asignan los cargos utilizando el Método d’Hondt.
El Parlamento Centroamericano (Parlacén) es una institución que se integra con funcionarios de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana. Es un foro deliberativo para el análisis de los asuntos políticos, económicos, sociales, culturales y de seguridad del Istmo. Es un órgano que pretende fomentar la relación entre la región.
Estos seis países ingresaron al Parlacén a través del Sistema de Integración Centroamericana (Sieca) y de la aprobación en sus congresos nacionales. Por lo que no puede ser solo un país el que lo elimine o reforme, sino que debe hacerse en conjunto con los demás miembros. Como cada nación se unió de manera voluntaria y con la aprobación de su Congreso, esa es la manera de salirse.
Por ejemplo, si Guatemala desea dejar de ser parte del Parlacén, el Gobierno debe denunciar ante el Congreso el tratado mediante el cual se unieron y si la mayoría de diputados está de acuerdo, se publica en el diario oficial y el país deja de pertenecer. También se debe de comunicar a la OEA y a la ONU, por ser mecanismos de relaciones multilaterales. Esto es solo comunicación de trámite, no se necesita de aprobación.
Según el excanciller Edgar Gutiérrez, que el país se salga del convenio sería un caso particular porque Guatemala es sede y se tendría que buscar otro lugar. Además, Guatemala fue “el principal promotor del Parlacén en 1987, cuando se trabajaban los Acuerdos de Esquipulas”, explicó Gutiérrez.
Por primera vez los votos nulos contarán y tendrán peso en los resultados electorales.
El Tribunal Supremo Electoral acordará y declarará la nulidad de las elecciones si más de la mitad de los votos emitidos resultan nulos en las votaciones presidenciales, de diputados o de alcaldes.
Si eso sucediera, los partidos políticos tendrían que volver a postular candidatos para la repetición de las elecciones, que se celebrarán un domingo de octubre.
Expertos consideran que es muy difícil que se repita una elección presidencial, pero sí es posible que ocurra en la elección de alcaldes.
Es imposible anticipar si habrá un fraude electoral o un amaño de los resultados. El Tribunal Supremo Electoral asegura que está trabajando para que el proceso se desarrolle con transparencia, desde el momento de las votaciones hasta la transmisión y presentación de los resultados.
Una manera de apoyar el proceso es ser parte de la ciudadanía activa que contribuya para que funcione y sea más transparente. Por ejemplo, participar en las mesas receptoras de votos, esto para verificar la identidad del votante, entregar las papeletas vacías, explicar el proceso y comprobar la colocación de los papeles en el espacio asignado. Quienes integran las juntas cuentan los votos al final de la jornada.
Los requisitos son: hallarse en el ejercicio de sus derechos ciudadanos, saber leer y escribir, tener vecindad en el municipio en el que desea apoyar, no tener cargo directivo en algún partido político —sí puede estar afiliado—. De acuerdo con Lorena Sandoval, la coordinadora de las Juntas Electorales Municipales de Guatemala, en el departamento cada municipio se organiza de forma diferente para adherir voluntarios.
Otra forma de contribuir es participar como voluntarias o voluntarios en las misiones de observación que organizan instituciones como CACIF, Universidad de San Carlos y la Procuraduría de Derechos Humanos, entre otras.
Cada partido debe hacer públicos sus listados y planes de gobierno a través de sus propios canales de información. En elecciones anteriores, algunos no lo hicieron y no se conoció mucho sobre sus propuestas, más allá de lo ofrecido en mitines o en su campaña.
Existen diferentes iniciativas ciudadanas que exponen detalles de la oferta política, por ejemplo: porquienvoto.org.gt, que busca acercar a los partidos con la población; Fáctica, que verifica el discurso de los candidatos; confirmado.org, que presenta análisis e información sobre el proceso; la Iniciativa 3 de 3, que promueve la honestidad y la transparencia de los candidatos, entre otros.
El TSE incluyó en su página web una pestaña que se llama “Inscripción de candidatos” en donde se pueden ver los listados y las corporaciones municipales inscritas. Y cada partido político ha difundido por diferentes medios los nombres de sus candidatos, sus listas para diputados nacional y distrital.
Si ya revisaste los listados de cada partido. Si ya consultaste los planes de trabajo y las ofertas electorales, ahora tenés que poner atención a sus discursos. No solo lo que los medios de comunicación logren publicar, también perseguí a tu opción electoral y revisá lo que publica en sus redes, en sus transmisiones en vivo —si las tiene— en los foros, entrevistas y en cualquier lugar donde pueda participar.
Analizá tu postura sobre los temas de empleo, corrupción, seguridad, desarrollo social, etcétera y confrontala con el binomio del partido que te interesa. Además de interés, buscá afinidad, revisa cómo pondrá en marcha lo que dice, la viabilidad para ejecutar sus planes, etcétera.
Su tu opción electoral aún no menciona nada del tema que te interesa, escribile para que lo ponga en su agenda. Recordá que el voto tiene que ser bien informado.
El voto para la comunidad guatemalteca en Estados Unidos será de manera presencial y solo en cuatro ciudades donde se concentra la mayor cantidad de inmigrantes.
Según el decreto 3-2019 la implementación del voto extranjero será gradual y comenzará en Estados Unidos. Serán cuatro ciudades porque no es viable instalar mesas de votación en todas las ciudades de Estados Unidos ni en otros países, según el TSE.
Las ciudades son: Los Ángeles, California, Silver Spring, Maryland, Nueva York, Nueva York y Houston, Texas. La votación se desarrollará de 7 a 18 horas, correspondiente a cada ciudad.
El ciudadano solo se empadrona una vez en su vida. Durante el periodo de empadronamiento que concluyó el 17 de marzo podías actualizar la dirección de tu domicilio para votar en un centro de votación cercano. Si ya has votado, cambiaste de domicilio y no actualizaste los datos, votarás en el mismo lugar de siempre.
Por ejemplo: si te empadronaste cuando vivías en Ciudad San Cristóbal, Mixco, pero en el 2016 te mudaste a la zona 2 de la Ciudad de Guatemala y no actualizaste tus datos, votarás por el alcalde de Mixco y no por el de la capital. Además, no votarás por el listado del distrito central, sino por el del distrito de Guatemala.
La ley establece que no se puede inscribir a personas con procesos o antecedentes penales ni policiales. Al inicio de la primera etapa del proceso electoral, el director del Registro de Ciudadanos, Leopoldo Guerra, inscribió a algunas personas como Mauricio Radford —candidato presidencial del partido FUERZA— a pesar de estar enfrentando un juicio penal en su contra. En su momento, el registrador explicó que se debía a que Radford no tiene antecedentes penales y el Registro de Ciudadanos no tiene capacidad de verificar los procesos judiciales.
Si bien Mauricio Radford no tiene antecedentes penales porque no ha sido condenado, ni policiales porque no fue capturado, su juicio está todavía por la etapa intermedia. Él no ha sido condenado, pero tampoco absuelto, y sigue ligado al proceso penal. Las pruebas de esto las presentó el MP, a petición del Registro de Ciudadanos y Leopoldo Guerra revocó la inscripción. Según las explicaciones del director del Registro de Ciudadanos, no se inscribirá a personas con antecedentes penales ni policiales, y aún si logran limpiar su récord —como lo hizo el hermano del presidente, Sammy Morales— y están enfrentando un proceso penal no serán inscritos.
La Constitución exige que los candidatos a presidente sean guatemaltecos de origen, ciudadanos en ejercicio y mayores de 40 años.
En otros países de la región los requisitos son similares. Por ejemplo, en Costa Rica se exige ser costarricense de nacimiento, no formar parte del clero y ser mayor de treinta años.
Hasta hace poco, España también exigía requisitos mínimos a quienes querían ser parte de su gobierno: ser español, mayor de edad, disfrutar de los derechos de sufragio activo y pasivo, así como no estar inhabilitado para ejercer empleo o cargo público por sentencia judicial firme.
Pero en 2015, España aprobó la Ley reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, que establece los requisitos puntuales para que solo opten a altos cargos públicos personas honorables e idóneas.
Fernando Linares Beltranena, quien integró la Asamblea Nacional Constituyente —que redactó la Constitución de 1985— explica que se plantean requisitos mínimos para que haya más libertad en el ejercicio de elegir y ser electos.
—No exigimos que un candidato a presidente tenga cierto nivel académico porque esa es cuestión de los electores; habrá quienes lo consideren importante y apoyen a un licenciado o magister, y otros electores que se fijen en otros aspectos. La libertad lo importante.
El finiquito es un documento legal que la Contraloría General de Cuentas extiende a cualquier ciudadano para demostrar que no tienen ningún juicio de cuentas o señalamiento por hacer mal uso de recursos públicos. El nombre formal del finiquito es Constancia Transitoria de Inexistencia de Reclamación de Cargos.
Este documento es uno de los requisitos indispensables para ser inscrito como candidato a un cargo público. Esto está estipulado en el artículo 53, inciso 1 del Reglamento de la Ley Electoral.
Como antecedente, para las elecciones del 2015, 35 personas a las que se les denegó el finiquito de parte de la Contraloría buscaron obtenerlo de forma judicial, a través de amparos.
Desde el 18 de marzo es permitido el proselitismo y la promoción de candidatos y propuestas, pero solo en los medios autorizados por el TSE. A los partidos se les autorizaron 24 vallas publicitarias a nivel nacional distribuidas en tres ciclos de ocho vallas cada uno. De esos ocho espacios, cuatro deben ser utilizados por el binomio presidencial, dos por corporaciones municipales y las otras dos para promocionar las diputaciones. Además de las vallas, cada partido cuenta con cerca de cuatro anuncios diarios con 20 segundos de duración cada uno en radio y televisión.
En redes sociales pueden compartir contenido sobre sus candidatos y planes de gobierno, pero no pueden pagar para que sea promocionado y compartido con personas que no les siguen en sus canales propios.
La LEPP prohíbe ciertas prácticas de propaganda en elecciones. Por ejemplo, los partidos políticos no pueden pegar o pintar rótulos en paredes, señales, vallas publicitarias no asignadas, puentes y monumentos. Pueden utilizar los postes, siempre y cuando la publicidad no utilice uno o más postes en el mismo anuncio. Está prohibido limitar el uso de los postes, que es gratuito. Esto no incluye los espacios que sean propiedad del partido, de alguien de la organización o cuenten con la autorización del dueño. Tampoco pueden usar recursos o bienes del Estado para hacer campaña. Ni ofrecer regalos o cualquier retribución que podría considerarse clientelismo electoral.
El padrón electoral se cerró el 17 de marzo a las 12 de la noche con el dato preliminar de 7 millones 953 mil 187 ciudadanos que podrán votar en proceso electoral. Sin embargo, en los procesos anteriores se ha observado que la participación ciudadana nunca es del 100% de personas empadronadas. Por lo que no se puede decir con cuántos votos ganará un candidato, porque no se sabe cuántas personas empadronadas emitirán su voto. Pero sí se puede explicar que gana el candidato que más votos reciba y represente más del 50% de la población votante.
Por ejemplo, en 2015 el padrón fue de 7 millones 556 mil 873 personas y la participación en primera vuelta fue del 71.33% —5 millones 390 mil 5 votos—. Y la segunda vuelta fue de 56.32% —4 millones 253 mil 417 votantes—.
Jimmy Morales ganó la primera vuelta con 1 millón 167 mil 30 votos, que representaron el 23.85% del total de votantes. Por eso se realizó una segunda vuelta entre él y la segunda más votada, Sandra Torres, y ganó con 2 millones 393 mil 269 votos, que representaron el 65.48% del total de personas que votaron en esa segunda vuelta.
No hay forma de asegurarnos de que un candidato cumplirá con sus promesas de campaña en caso de que llegue al poder, pero sí hay pautas para analizar si su oferta electoral es realizable.
Primero, es necesario leer los planes de gobierno y establecer si, además de proponerse objetivos puntuales, se explica cómo los van a alcanzar, si contarán con presupuesto suficiente para ejecutar sus planes y si tienen viabilidad legal.
Por ejemplo, sin un candidato promete quitar la comida a los presos y usar esos recursos para la refacción escolar, vale la pena preguntarse cómo lo hará, qué comida le darán a los privados de libertad —en el marco de respeto a la legislación vigente—.
La clave está en revisar los planes de gobierno, determinar si se plantea una ruta para cumplir con las metas y se explica el origen de los recursos con los que se piensa ejecutar sus proyectos.
Vayamos por partes.
Los alcaldes son los encargados de dirigir la administración de los recursos de un municipio, inspeccionar y controlar los servicios públicos y las obras municipales. En Guatemala hay 340 municipios por lo que se eligen 340 alcaldes. Ellos y ellas se convierten en la autoridad del municipio y en los y las representantes legales de ese territorio.
Los concejales son los encargados de integrar el concejo municipal junto al alcalde y los síndicos. Son los que sustituyen al alcalde en caso de ausencia temporal. Su deber es proponer medidas para evitar abusos o corrupción dentro de la Municipalidad. Se eligen democrática y proporcionalmente de acuerdo a los votos recibidos entre los partidos que participan por la alcaldía.
Los diputados son los representantes del pueblo en el Congreso de la República. A su cargo está la presentación, discusión y aprobación de leyes para reglamentar la conducta de una sociedad. Plantea respuestas a los problemas o situaciones que atraviese el país. Son 160 los escaños que deberán ser ocupados por los diputados dentro del Hemiciclo.
Los ministros son las 14 personas que el o la Presidente de Guatemala eligen para llevar a cabo su plan de gobierno y son las autoridades especializadas en los temas estructurales del país como: economía, trabajo, salud, educación, etcétera. Estas personas no son electas de manera democrática por lo que no es posible conocer sus nombres, hasta que son designadas para el cargo o si los candidatos a presidente y vicepresidente deciden hacer públicas sus propuestas de profesionales.
El presidente de Guatemala es el jefe de Estado y representante de la unidad nacional. Por ser la máxima autoridad del país debe cumplir y hacer cumplir Constitución. Dirige las políticas públicas del país y vela por el orden dentro del territorio. El período de gobierno dura cuatro años y no tiene posibilidad de reelección. Este cargo es electo de manera democrática.
Medir con exactitud quiénes son los candidatos con mayores posibilidades de ganar o con mayor apoyo entre el electorado, no es posible. Sin embargo, días previos y durante la campaña se publican encuestas que miden una posible intención de voto entre la ciudadanía guatemalteca.
Hay firmas que difunden sus estudios de preferencia como CID-Gallup, Politik y la de medios de comunicación como Prensa Libre y Guatevision.
Estos estudios no son definitivos. Son un termómetro sobre la preferencia de los electores. En los últimos procesos no han sido concluyentes. Incluso, su relevancia ha sido cuestionada.
Hay estudios de opinión que fracasaron, como el del Brexit y el referéndum sobre la paz en Colombia; sin embargo, son un elemento crucial de las campañas electorales. Esto, porque marcan el pulso del electorado y orientan el mensaje de los candidatos.
Por ejemplo, Hillary Clinton dominó en casi todas las encuestas que se publicaron en los medios en Estados Unidos. Solo la publicada por el diario Los Angeles Times —a cargo de la Universidad del Sur de California— puso a Donald Trump codo a codo con Clinton. Los resultados finales favorecieron al republicano y sorprendió a todo el país.
Hay varias formas de identificar las cuentas dedicadas a desinformar o a elevar la imagen de algún candidato. El fenómeno de los netcenter se ha extendido y durante la campaña electoral dedican sus energías para orientar la opinión a temas específicos, criticar oponentes o exaltar la figura de algún personaje político.
La manera más efectiva de reconocer estas cuentas —especialmente en Twitter— es dudar del mensaje, como primera medida. Luego revisar la cuenta. Los nombres de estas cuentas suelen terminar con secuencias numéricas extensas. Las fotografías no son de personas. Su relación entre seguidores y seguidos son muy distintas: siguen a más cuentas de las que los siguen a ellas. Revisá el tipo de cuentas que sigue. Hay patrón común: se dedican monitorear a medios de comunicación, periodistas, opositores políticos e influencers.
Otro dato importante, revisá las publicaciones que hacen. Casi siempre son RT o comentarios a temas puntuales. Sus mensajes son casi siempre los mismos al igual que sus respuestas.
Lo recomendable es el bloqueo y la denuncia de estas cuentas. Son como virus que se expanden cuando más atención se les pone. Así que podés contribuir a que la desinformación no se difunda y ayudá a que las personas en tu entorno no se dejen engañar o manipular con mensajes falsos.
Hay candidatos a favor de la CICIG, otros en contra y otros más que no tienen un postura clara.
Pablo Ceto, de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG); Benito Morales, de Convergencia y Manuel Villacorta, de Winaq, también apuestan por la continuidad de la Comisión, pero con más capacidades.
El resto de candidatos no está de acuerdo con la CICIG. Alguno, incluso, han sido más críticos sobre su presencia en Guatemala.
En Guatemala no hay un candidato presidencial que se declare abiertamente a favor de los derechos de la población LGBTIQ+ o que presente propuestas específicas para esa comunidad.
El único partido que contempla entre sus principios y fundamentos ideológicos el respeto a la diversidad es el Movimiento Semilla.
“En las acciones que emprendamos, se evidenciará la inclusión y el respeto profundo a la diversidad sexual, a la comunidad LGBT y a diferentes formas de vida producto de las decisiones inalienables de cada grupo o individuo. Conscientes de que la comunidad LGBT es vulnerable a una serie de violaciones a sus derechos humanos fundamentales, incluida la violencia homofóbica, urge la creación, implementación y fortalecimiento de medidas adicionales que permitan protegerla de actos de violencia y discriminación debido a su orientación sexual o a su identidad de género”, señala Semilla en un documento interno sobre su ideología.
Hay otros partidos, como URNG, Convergencia y Winaq con posturas a favor de la diversidad sexual con una perspectiva de derechos humanos, pero no es un tema clave en su oferta electoral.
Por otro lado, Amilcar Rivera, del Partido Victoria, defiende el matrimonio ‘entre hombre y mujer’ y rechaza abiertamente el matrimonio homosexual. Sin embargo, esta es solo una técnica para atraer a los electores conservadores, ya que las leyes vigentes hacen inviable el matrimonio igualitario —entre personas del mismo sexo— y por eso no tiene sentido usar este tema como una bandera de campaña.
Otros candidatos simplemente no se han referido al tema o lo abordan superficialmente, como Roberto Arzú que no está de acuerdo con la diversidad sexual o Pablo Ceto, que promueve la integración y el respeto por la diversidad en la sociedad.
El último reporte más completo sobre financiamiento electoral que los partidos políticos entregaron es el de diciembre de 2018. A finales de marzo —y primeros días de abril— se tuvo que entregar una nueva actualización. A partir de entonces se pueden hacer solicitudes de acceso a la información para conocer a fondo las finanzas que los partidos exponen al TSE.
Sin embargo, aún no se sabe si es posible conocer los nombres de las empresas o personas que financian a las organizaciones políticas. Esto se debe a que Giovanni Rodríguez, jefe de la unidad de fiscalización, dice que se deben de registrar o habilitar los libros contables para quienes quieran financiar. Pero los partidos insisten en que solo basta con extender un recibo.
Esta es una tarea permanente de los medios de comunicación, sin embargo, los mismo votantes deben de exigir a sus candidatos que revelen a detalle quiénes son los que financian sus campañas y con qué objetivo.
El TSE incluyó en su página web una pestaña que se llama “Inscripción de candidatos” en donde se pueden ver los listados y las corporaciones municipales inscritas. Y cada partido político ha difundido por diferentes medios sus listados nacional y de los diferentes distritos electorales.
En Nómada publicaremos una tabla actualizada con todos los nombres y cargos que aspiran.
El miércoles 13 de septiembre de 2017, en el Congreso, 111 de los 158 diputados aprobaron dos decretos que legalizaron la corrupción, la del financiamiento electoral y otra para que fueran conmutables 400 delitos del código penal que iban desde corrupción (para protegerse) hasta pornografía infantil y extorsiones. A eso se le llamó Pacto de Corruptos.
Esos 111 diputados forman parte de partidos políticos que ahora participan en las elecciones presidenciales, de diputados y alcaldes:
UNE —Sandra Torres—
TODOS —Fredy Cabrera—
Partido Unionista —Pablo Duarte—
UCN —Mario Estrada—
Winaq —Manuel Villacorta—
FCN-Nación —Estuardo Galdámez—
Partido Productividad y Trabajo (PPT) —José Luis Chea Urruela—
PAN —Roberto Arzú—
Julio Solórzano, el magistrado presidente del TSE, ha respondido en numerosas ocasiones que un fraude en las elecciones no es factible. Sus razones para estar convencido de esto es que las juntas receptoras de votos, que son quienes califican el voto, las integran guatemaltecos comprometidos con el proceso. En una entrevista con Prensa Libre, el magistrado garantizó a la población que no existe fraude e invitó a las personas con dudas a visitar al pleno del TSE para que les expliquen dónde y cómo creen que podría darse el mismo.
El magistrado Solórzano ha negado las declaraciones de diferentes actores, incluido el presidente Jimmy Morales.
El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras, también conocido como CACIF o el sector privado organizado, no apoya a un candidato a la presidencia.
El CACIF está conformado por las cámaras del Agro, de Comercio, de Finanzas, de la Construcción, de la Indusatria, de Comercio y Servicios, la Asociación de Azucareros, la Asociación de Exportadores y la Federación de la Pequeña y Mediana Empresa.
Entre las cámaras, y también afuera de ellas, hay diferencias en cuanto a sus preferencias políticas. Así que no puede decirse que haya un candidato de su preferencia.
Sin embargo, históricamente hay una clara orientación del sector empresarial hacia los políticos de la derecha con enfoque económico liberal, es decir, los que apuestan por menos controles y regulaciones laborales, ambientales y sociales.
En la campaña del 2015 los mega empresarios del Banco Industrial, Cervecería Centro Americana, Cementos Progreso y Corporación Multi-Inversiones, a título personal —y no en nombre del CACIF— apoyaron a Jimmy Morales. Y eso se descubrió gracias a una investigación de la CICIG y el Ministerio Público que dejó en evidencia los aportes ilegales de financiamiento electoral ilícito.
Los partidos políticos se financian con dinero público y privado, y la suma de ambos no puede superar el techo de campaña. El primero se les entrega a través del TSE y ese dinero sí es distribuido con fines específicos. Según el artículo 21 bis de la LEPP, las organizaciones políticas destinarán el financiamiento en un 30% para la formación y capacitación de afiliados, 20% para actividades nacionales y funcionamiento de la sede nacional, 50% para el funcionamiento y otras actividades departamentales y municipales en donde los partidos tengan organización vigente. Y en el año electoral pueden destinar toda su cuota anual de financiamiento público para gastos de la campaña.
El financiamiento privado no tiene fines específicos y puede ser utilizado como las organizaciones quieran. Pueden usarlos para propaganda en artículos, como playeras o gorras o lo que quieran, lo único que no pueden hacer es contratar pauta en medios: televisión, prensa y radio.
Decreto 1-2019 del TSE: https://www.tse.org.gt/images/Decretos2019/1-2019.pdf
LEPP Art. 205: https://www.tse.org.gt/images/LEPP.pdf
https://www.contraloria.gob.gt/index.php/finiquitos/
Memoria de Labores elecciones 2015, TSE
Julio Solórzano - Magistrado presidente del TSE
Rosa María Bolaños - Directora Unidad de Medios
Lorena Sandoval, coordinadora de las Juntas Electorales Municipales de Guatemala
Edgar Gutiérrez, excanciller y analista.
Periodistas de Nómada
Textos:
Gladys Olmstead y Javier Estrada Tobar
Edición:
Eswin Quiñónez
Diseño:
Lucía Menéndez
Desarrollo:
Javier Castillo
Nómada 2019