¿Por qué las Cámaras se oponen a la CICIG? Esta lista lo explica (y los contradice)

Entre todos los actores políticos, las condenas al Pacto de Corruptos y a las políticas de Jimmy Morales contra la CICIG y la Corte han sido unánimes. O casi unánimes. Solo las cámaras empresariales agrupadas en el CACIF han guardado silencio, han justificado al presidente Jimmy Morales o han cuestionado la marcha del 20S. Esta lista explica por qué. Y también por qué es un espejismo creer que la CICIG es anti-empresarial.

Entender la política

El Cacif, en conferencia, en 2015.

Fotos: Carlos Sebastián

Estas posiciones de las cámaras pueden deberse a un resentimiento por la gran cantidad de sus agremiados acusados por la CICIG o por el MP. No obstante, no representan ni el 10% de los casos de la Comisión en los últimos cuatro años.

Este es un extracto de la nota El Cacif invirtió Q1 millón en lobby en Washington; asegura que no es contra la CICIG”, publicada el 19 de septiembre.

La lista de empresarios acusados por el MP y la CICIG empieza en mayo de 2015 con la captura de Max Quirín, expresidente de Anacafé, por el caso IGSS-Pisa. A Quirín, quien era directivo del Seguro Social, se le acusa, junto a otras 16 personas, de no haber sido un contrapeso para evitar que por un soborno de Q18 millones ($2.4 millones), se entregara un contrato de diálisis a una empresa prácticamente de cartón. La Junta Directiva no está acusada de haber recibido ningún centavo de este negocio que costó la vida de más de 50 pacientes. Por retardos maliciosos de la defensa de algunos de los acusados (como el militar retirado Juan de Dios Rodríguez) y porque el anterior juez que llevaba el caso se inhibió de conocerlo en la penúltima audiencia, tres años después todavía está pendiente de una sentencia. Los defensores de Quirín cuestionan que haya pasado tres años en prisión preventiva cuando la pena del delito –si es encontrado culpable– podría ser de esa cantidad de tiempo.

Los casos continuaron en 2016 con las capturas de decenas de empresariosdescubiertos en el financiamiento ilegal al Partido Patriota por medio de Roxana Baldetti en 2011. Encabezaron la lista el expresidente de la Cámara de Construcción Eduardo Mayorga y miembros prominentes de la Cámara de Finanzas. También se acusó al gerente general de la telefónica Claro o de la minera Montana Exploradora. Estas empresas también están asociadas a la Gremial de Telecomunicaciones y a la Gremial de Industrias Extractivas.

Continuó en 2017 con grandes constructores que dieron sobornos al exministro Alejandro Sinibaldi entre 2012 y 2015.

Este año se incluyó en el caso a José González Campo, quien presidió también la Cámara de la Construcción y fue presidente del mismo Cacif en 2016, el año en que la patronal se opuso a las reformas constitucionales para el sector justicia que promovían el MP y la CICIG.

En agosto de 2018, como parte del caso Construcción y Corrupción 2, se le citó a una primera declaración sobre financiamiento electoral ilícito.

En la primera fase de ese caso nueve empresarios que se declararon culpables y fueron condenados a cinco años de prisión conmutables y pago de multas entres los Q500 mil y Q100 mil. Entre ellos estaban Álvaro Mayorga, José Luis Agüero, Rafael Ángel Díaz Fion, Juan Luis Tejada Argueta, Allen Robert Krebs Wickfors y Pedro Luis Rocco Arrivillaga.

En 2018, el turno llegó para quienes están acusados de financiar de manera ilícita la campaña electoral de Jimmy Morales y FCN en 2015. Entre ellos los grandes empresarios Felipe Bosch, Guillermo Castillo, José Miguel Torrebiarte, Fraterno Vila y Salvador Paiz. Todos son parte de las mayores corporaciones del país y eran de la directiva de Fundesa, el think tank del sector privado organizado. Todos ofrecieron disculpas públicas por el financiamiento electoral ilícito, pero solo Salvador Paiz se abstuvo de contradecir la acusación del MP y la CICIG en las audiencias.

Los empresarios que financiaron ilegalmente a Jimmy Morales: Stefano Olivero, Felipe Bosch, Salvador Paiz, Guillermo Castillo, Herbert González y Fraterno Vila.

Los casos no se limitan a financiamiento electoral ilícito.

Otro de los empresarios acusados ha sido Luis Fernando Leal, CEO del Grupo Magdalena y parte de la Asociación de Azucareros de Guatemala (Asazgua). Fue capturado la mañana del 25 de enero. El MP y la CICIG lo acusaron de sobornos para trámites de impuestos.

Por ese mismo caso fueron detenidos, Hugo Alberto y Juan Milton Molina Botrán, quienes dirigen la palmera más grande del país, REPSA, del Grupo HAME y fueron ligados a proceso por sobornos y defraudación tributaria. Según el Ministerio Público, para agilizar el pago del crédito fiscal, hicieron pagos al exvicepresidenciable de la UNE Mario Leal Castillo y al tramitador Giovanni Marroquín para acelerar los trámites en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT). El mecanismo utilizado era poner amparos para dar apariencia de legalidad a los trámites que apuraban las devoluciones fiscales.

Eso sí, ha habido voces críticas dentro del mismo Cacif por esta cantidad de acusados de corrupción. En 2016, la directora de la Cámara del Agro, Carla Caballeros, aplaudió que se persiguiera casos de corrupción en la construcción de obras públicas, que restan competitividad a su sector. Aquí, la entrevista: “Ser parte de Cacif no te hace inmaculado”.

Hay una lista mayor que los contradice: los no-empresarios

Las acusaciones del MP y la CICIG no se han limitado a empresarios. En los últimos 4 años van más de 650 acusaciones, especialmente contra estructuras de contrabando, funcionarios públicos del gobierno del Partido Patriota, exdiputados e integrantes del partido Líder de Manuel Baldizón, el gabinete completo del gobierno de Álvaro Colom (UNE), funcionarios de la municipalidad del exalcalde Álvaro Arzú (Unionista), líderes de partidos que podrían cobijar la candidatura presidencial de Thelma Aldana (Encuentro por Guatemala y Semilla), jueces, militares, dueños de medios de comunicación, abogados y ciudadanos que han sido beneficiarios del sistema de corrupción e impunidad.

El comisionado Iván Velásquez, que dirige la CICIG desde finales de 2014, redirigió la estrategia de la Comisión no solo hacia las estructuras paralelas que producen impunidad, sino hacia las estructuras que las proveen de financiamiento (que después usan para comprar jueces o crear estructuras que impiden la justicia).

Encontró que ha habido dos fuentes principales de estos fondos: el contrabando aduanero y el financiamiento electoral ilícito.

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    Francisco Rodas /

    19/10/2018 2:01 PM

    A favor de un periodismo serio, me parece que el texto "líderes de partidos que podrían cobijar la candidatura presidencial de Thelma Aldana (Encuentro por Guatemala y Semilla)" es lastimosamente tendencioso.
    El caso de N. Montenegro no se ha dado una sanción definitiva. En cuanto a Semilla, supongo que piensan en Fuentes K.. En este caso, al parecer, si han habido charlas, y si es así, ellas se dieron mucho después que unos de sus fundadores (FK) se viera en el juzgado. Recuérdense que lo de FK está también por ventilarse.
    Entiendo que FK, para no perjudicar a su partido, decidió retirarse. ¿Por qué dejar en la atmósfera, el aroma que Semilla esté involucrado en un asunto que no le corresponde?

    ¡Ay no!

    ¡Nítido!

    Manuel Duende /

    24/09/2018 2:37 PM

    Excelente reportaje sobre los responsables de que el país esté en quiebra económica, moral, social y humana. Señalarles hasta hace poco tiempo era pecado mortal, gracias a la CICIG, al MP y a todas las personas valientes que quieren un país mejor para todas y todos, poco a poco, se les va desenmascarando. Estos personajes NUNCA HAN QUERIDO AL PAIS y mucho menos al resto de habitantes. Lo único que aman son sus intereses personales que son egoístas y exclusivos. La Cosa Nostra!

    ¡Ay no!

    ¡Nítido!

    frank lopez hurtarte /

    22/09/2018 4:28 PM

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    URGE DESBARATAR EL RÉGIMEN DICTATORIAL OLIGARCA (RDO)

    Ayer fue "La Patria del Criollo" (Severo Martínez Peláez. 1970).
    Hoy una edición actualizada sería de ésta obra sería: "La Patria del CACIF".

    Si no damos golpe de Estado a éste sistema corrupto empresarial —disfrazado de democracia—, donde el Ejército y la Clase Política hacen de sus peones, ni 10 CICIG, ni 10 Iván Velásquez podrán sacar adelante a Guatemala.

    Gracias, Nómada, por desenmascarar a las mafias del CACIF.
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    ¡Ay no!

    ¡Nítido!

    LUIS FRANCISCO GARCIA RODRÍGUEZ /

    21/09/2018 7:12 PM

    Es obvio que el CACIF tiene cola que le machuquen y pues conviene màs quedarse callados y sin CICIG y todo volverìa a ser como siempre ha sido.

    ¡Ay no!

    ¡Nítido!



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