Del lado izquierdo de la sala de audiencias en Santa Cruz del Quiché está el joven periodista, la mirada firme determinada, que de cuando en vez se dirige a sus agresores. Valiente Oswaldo Ical. Frente a él estos dos disque líderes comunitarios, Antonio y Diego Itzep, en realidad herederos de los métodos violentos y represivos de la ex Patrullas de Autodefensa Civil, con otros cargos encima por hechos violentos, acostumbrados a controlar y a manipular territorios.
En medio de los tres, una jueza que, como muchos de sus colegas, evidencia la necesidad de que las y los operadores de justicia guatemaltecos actualicen sus conocimientos, sobre todo en materia de derechos humanos, para que el sistema de justicia deje de ser sistema de impunidad.
Es el día de la sentencia, pero en realidad la justicia ya comenzó a denegarse antes, cuando la jueza, haciendo evidente su desconocimiento en la materia, decidió no juzgar el caso como uno de tortura, alegando que esta solo se produce en tiempos de guerra y solo puede ser perpetrada por militares y policías.
Hoy, entonces, ella juzga por delitos con penas bajas y no es de extrañarse que la pena impuesta no responda a la gravedad de los hechos sucedidos y probados. Los hermanos Itzep no irán a prisión, cada uno pagará unos Q7,300 y evitará la pena de cuatro años de cárcel. Además, en su sentencia la jueza generosa los eximió de pagar costas procesales.
Mal mensaje para nosotros los periodistas, y para la sociedad guatemalteca en general, pues nos dice que gente como los Itzep, acomodados como figuras públicas en un Cocode pueden detenernos ilegalmente, torturarnos, amenazarnos de muerte, convocar a una comunidad para que nos linche, golpearnos y no ver la cárcel. Todo lo contrario a lo que debe hacer un estado que se comprometió internacionalmente en 2012 a proteger a las y los periodistas, para que la sociedad guatemalteca se entere de las acciones de los poderes abusivos que ahogan nuestras posibilidades de desarrollo.
Vi a los Itzep retirarse muy contentos. Vaya, me dije, la impunidad ríe. Pero Oswaldo Ical sigue determinado, exigiendo justicia, pidiendo que el caso se juzgue conforme a la gravedad de los hechos cometidos aunque la decisión de una jueza hoy lo deje más vulnerable ante sus agresores, reconocidos culpables, sí, pero libres, al fin y al cabo.
Oswaldo Ical fue retenido y agredido por los hermanos Antonio y Diego Itzep, en agosto 2014, cuando realizaba la cobertura de un secuestro de una niña en Uspantán, lo acusaron de ser el responsable de la desaparición de la niña. Ellos se desempeñaban como alcalde auxiliar y presidente del Consejo Comunitaria de Desarrollo (Cocode), respectivamente. Cuando se percataron de que no era así, lo dejaron en libertad no sin antes obligarlo a firmar documentos que los eximía a ellos de cualquier responsabilidad. Ayer fueron declarados culpables.
Alberto /
Acá es donde debemos ver la presencia de los derechos humanos. Aparecieron para defender los derechos del periodista???? Más claro que esto, no se puede ya confiar en donde los criminales son más protegidos que los ciudadanos. No sirven los derechos humanos..