Sin financiamiento y sin inversión: el presupuesto 2016

En la Comisión de Finanzas y Moneda del Congreso de la República se discute el proyecto de presupuesto nacional 2016 presentado por el Ejecutivo. Luego de que dicha comisión traslade su dictamen al pleno, se decidirá la aprobación –o no– del proyecto. Hasta ahora, lo que ha prevalecido en las discusiones es el monto total del presupuesto, los recortes a algunos ministerios y el aumento en otros, así como el aumento de la deuda pública.

Opinión P369
Esta es una opinión

El Congreso tiene en sus manos la aprobación de un presupuesto que no responde a las necesidades de la población.

Foto: Carlos Sebastián

Al respecto se han generado distintas opiniones de conocedores del tema con tendencia conservadora, pero no se abrió una discusión profunda con los diversos sectores del país. Lamentablemente, ahora es tarde para hacerlo, y eso será una tarea para los próximos años: generar proyectos de presupuesto con base en una amplia participación.

Al analizar el proyecto que ahora se discute en el Congreso, específicamente lo que respecta al presupuesto de ingresos, se contemplan ingresos totales por Q57.9 millardos, con un déficit fiscal de 1.9%. Los ingresos tributarios representan el 75.3% del total de recursos, con una carga tributaria del 10.4% –la más baja de los últimos años–, sustentada en un marco macroeconómico estable, pero que no se traduce en beneficios para la población.

El presupuesto de gastos recomendado en el proyecto, está dividido de la siguiente manera: gastos de funcionamiento, 64.4% (Q46.6 millardos); inversión, 18.4% (Q13.3 millardos) y pago de deuda pública 17.2% (Q12.5 millardos). Esto evidencia un nivel mínimo de inversión, que además deja de manifiesto la rigidez presupuestaria imperante.

Este es un presupuesto desfinanciado que traerá consigo aún más deuda pública –algo que ha sido tendencia durante los últimos años– y que no plantea una solución de fondo a la política tributaria injusta, inequitativa y regresiva que prevalece en el país.

El presupuesto 2016 no presenta cambios sustanciales en su estructura, y por ello no responde a la población en pobreza y pobreza extrema, sino que sigue privilegiando los programas asistencialistas y clientelares, así como el pago de la deuda pública. No prioriza el gasto social, lo cual se evidencia en los aumentos y disminuciones propuestas a las diferentes carteras en relación al 2015.

Ante tal panorama, en la aprobación del Presupuesto General de la Nación debe prevalecer el bien común, para garantizar que los diferentes ministerios y demás dependencias del gobierno respondan a las necesidades más urgentes de la población, especialmente en alimentación, salud, educación, desarrollo rural, desarrollo de las mujeres y de la niñez. Para ello es necesario reorientar los recursos y programas de los diferentes ministerios. El gasto social deben ser ‘blindado’, para que no sufra recortes en el transcurso del año. Si el monto del Presupuesto 2016 asciende a Q70 millardos, será el más bajo de los últimos años en relación al PIB (13.39%).

La ciudadanía debe ver como una oportunidad la discusión y aprobación del presupuesto por parte del Congreso. Para ello es necesario exigir que en su aprobación prevalezca lo siguiente: aumentos importantes salud preventiva, programas dirigidos al desarrollo integral de las mujeres, desarrollo rural integral, educación, seguridad alimentaria; transparencia en la ejecución del gasto y la calidad del mismo, no priorizar programas clientelares y asistencialistas en los diferentes ministerios; no manipular el listado geográfico de obras; si hubiera aumento de la deuda pública, debe estar dirigida a la inversión; que el Ministerio de Finanzas y la SAT expliquen detalladamente las estimaciones y metas de recaudación y el plan de fiscalización para alcanzar dichas estimaciones y metas. Es importante recordar que el Presupuesto es el principal instrumento para redistribuir la riqueza.

Alejandro Aguirre Batres
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Licenciado en Gestión para el Desarrollo, con posgrados en Transparencia y Buen Gobierno y en Gestión para la Participación Ciudadana. Tiene 12 años de experiencia sindical y 19 años en el sector de ONG de Desarrollo. Coordinador del Instituto por la Democracia de CONGCOOP.


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