La fe no se impone: reflexiones sobre la laicidad del Estado

A nivel teórico, el Estado democrático-liberal aspira a ser neutral respecto a la difusión de una idea del bien, es decir, no pretende entrometerse en la vida individual diciéndole al ciudadano en qué consiste vivir una vida buena; de manera que se limita a tareas de índole administrativas y protectoras que garantizan los derechos individuales. Se parte de la confianza en que el ciudadano, a título personal, es capaz de saber qué es lo que más le conviene; en qué quiere dedicar su tiempo; y qué finalidad tienen sus proyectos, o por lo menos, es capaz de saberlo mejor que un tercero. Para que esto sea posible, es fundamental que se promueva desde todas las instituciones la tolerancia como un pilar indispensable a fin de garantizar la convivencia en sociedad.

La tolerancia se hace más necesaria en aquellos lugares donde la pluralidad, entendida en los términos en que la planteó Hannah Arendt – “como condición de la vida política” –, es más amplia por el contexto en el que la sociedad se ha desarrollado. Es decir, a más pluralidad mayor tolerancia. Es aquí donde la democracia cobra sentido porque solo cabe ponerse de acuerdo si somos diferentes.

El momento en el que yo experimenté más de cerca la pluralidad, la primera vez que cobro sentido ser parte de Guatemala, fue durante las manifestaciones masivas del 2015. Para muchos, incluyéndome, fue como un despertar ciudadano en el sentido más pleno de la palabra. Percibí de cerca el poder que emerge de la unión y la oportunidad que se nos presentaba para dar una respuesta a la indiferencia con la que los gobernantes veían las demandas sociales.

Durante estas jornadas aprendí en la práctica lo que había escuchado anteriormente en la teoría sobre el espacio público: lugar donde, según Arendt, nos mostramos ante los demás y donde, a diferencia de lo que ocurre en los espacios cerrados ‘entre pares’ de los condominios, la diversidad se hace palpable, nos encontramos y reconocemos como iguales, humanizándonos, siendo capaces de acciones espontáneas que manifiesta el poder civil ante el Estado. 

La iniciativa de ley que pretende instaurar el Día Nacional de la Oración atenta contra la finalidad del espacio público dentro de un estado laico como el nuestro. Para empezar, ¿porqué creen que pueden –los gobernantes– decirnos qué hacer –con fuerza de ley– en un espacio que no les pertenece? El absurdo está en que aquellos que hoy por hoy quieren reunirse para hacer oración en cualquier espacio ya pueden hacerlo cuando deseen, sin necesidad de leyes vacías de fondo que pretenden levantar simpatías a través de las formas. El imperio de las formas se manifiesta en aquellos que hablan sin decir nada. Tal vez porque no tienen nada que decir. 

Como contraejemplo recuerdo lo que pude ver en las plazas del 2015. Fuimos, desde nuestra libertad, aquellas personas que considerábamos necesario hacerlo. Fuimos bajo la bandera del hartazgo de la corrupción, que surgió de manera espontánea motivadas por un conjunto de factores. Estoy de acuerdo con Miguel Ángel Sandoval cuando afirma en su libro Recuperar la política o perder el país, que no hubo ni ha habido, movimiento o partido detrás de las demandas de la plaza, y mucho menos, han sido capaces de canalizarlas en un proyecto de país, por lo que el descontento continua.

Hasta ahora, las primeras dudas que me surgen son las siguientes. Si el artículo primero se establece “como día conmemorativo para invocar el nombre de Dios”, ¿qué pasa con aquellos creyentes en algo diferente a Dios? ¿A qué Dios nos referimos? ¿Podremos invocar el nombre de Zeus?  O, peor incluso, ¿qué sucede con los ateos que también son creyentes de la inexistencia de dios? ¿Permitirán invocar el nombre del no-dios? Me queda claro que se dirige a un colectivo específico, sea mayoritario o no, pero la iniciativa de ley impone un criterio que excluye a otros y los relega a sus espacios privados. Por último, ¿se convocará también un día Nacional para que los agnósticos o los que no pertenecemos a un culto religioso?

Además, ¿qué pintan los militares en todo esto? Los que apoyan esta iniciativa de ley pretenden que los militares salgan también a la calle –los que representan la fuerza– para dar sensación de seguridad a los que salgan a rezar. Histórica unión de dos instituciones que han sido tradicionalmente represivas e irracionales.

El laicismo en Guatemala está siendo amenazado ante un creciente conservadurismo social que impregna con sus posturas intolerantes e irracionales nuestras instituciones políticas. Quedó claro tras el álgido debate que ocasionaron las iniciativas de ley que pretendían criminalizar absolutamente cualquier caso de aborto. En Centroamérica todavía destacan los casos de El Salvador, Honduras y Nicaragua donde el aborto está penalizado en cualquier circunstancia. Muy conocido es el triste caso de Imelda Cortez que fue violada por su padrastro y puede ser condenada.   

El Estado laico y liberal no tiene nada que decir a los individuos sobre cómo vivir la vida privada, pero defiendo que las diferentes instituciones y comunidades –religiosas, educativas, culturales– sí pueden hacerlo. La ventaja de que sean las instituciones comunitarias las que tengan la posibilidad de promulgar una idea de bien es que estas son  –por lo menos dentro de un Estado tolerante y plural– variadas. Pueden tener ideas contrapuestas, pueden ser manejadas de manera democrática, y –lo más importante– es que su adhesión es libre: puedes unirte y dejar de hacerlo en cualquier momento.

En cambio, el Estado es uno, posee el monopolio de la fuerza, la cual se suele utilizar más en casos de imposición y no de convencimiento racional. El laicismo debe recuperar su espacio en la política, en los espacios público, y lo debe de hacer a través de su mejor herramienta: el diálogo moderado y racional, que respeta la libertad fundamentada en la tolerancia que hace posible la igualdad entre los diferentes.